Imaginemos por un momento —ese ejercicio incómodo que la política mexicana siempre evita— que el escándalo de Chihuahua no tuviera sello panista, sino guinda,es decir Moreno. Que el operativo con “turistas” estadounidenses, la renuncia exprés del fiscal y la narrativa de “nadie me avisó” ocurrieran bajo un gobierno de Morena. No estaríamos hablando en cadena nacional de violaciones a la Ley de Seguridad Nacional .
Pero como el guion lo firma el PAN, el escándalo es mas que accidente burocrático y se asoma la cara de violacion de la ley, no error de comunicación, ni “omisiones” casi domésticas. La tragedia, como siempre, depende del color.
“La investigación no termina con una renuncia”
La Presidenta Claudia Sheinbaum,con esa terquedad selectiva que le caracteriza cuando ve que la paja en el ojo propio es una viga en el ojo ajeno, afirmó que la investigación sobre la presencia de dos agentes de Estados Unidos en operativo en Chihuahua no terminará tras la renuncia del Fiscal estatal.
«Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando. Ese es no solamente un pensamiento de la Presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación. Entonces, ya la Fiscalía podrá dar su información respecto a esto.»…Presidenta Claudia Sheinbaum
El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.
Traducción hipotética en clave morenista: si esto hubiese ocurrido bajo un gobierno de Morena, ni siquiera el fiscal habría renunciado, tendríamos a la presidenta defendiendo el punto sin necesidad de maniobras de contención: sin cortar una cabeza para salvar al cuerpo.
“La Fiscalía ya trae la investigación”
Aquí es donde el sarcasmo se escribe solo. Si Morena fuera la implicada, la Fiscalía “ya trayendo la investigación” sería sinónimo de carpetazo en cámara lenta, de autonomía ficticia, de fiscalía domesticada y de expedientes diseñados para morir antes de judicializarse, es y ha sido el sello de la casa.
Un botón de muestra
En Tamaulipas,bajo el gobierno de Americo Villarreal ,podemos citar el caso del ahora Fiscal General Jesús Eduardo Govea ,como “ejemplo claro” de que pasa cuando eres de la misma camada.
Con un solo mensaje en redes el 26 de Septiembre de 2025 del propio Fiscal, y atendiendo la literalidad de la Ley de Seguridad Nacional , se configura una zona de riesgo legal donde es perfectamente defendible de nuestra parte, afirmar que su conducta encaja en una hipótesis de posible violación u omisión frente a la Ley de Seguridad Nacional.
Qué exige exactamente la Ley
De la reforma de 18 de diciembre de 2020 al Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional se desprenden tres puntos letales para cualquier fiscal que se “reúna” alegremente con gringos y luego lo presuma en redes:
- Artículo 69: los agentes extranjeros solo pueden estar en México para intercambio de información dentro de convenios y programas formales, con acreditación, circunscripción territorial y aval de SRE, SSPC, SEDENA y Marina.
- Artículo 70:
- Todo servidor público, incluidos los de entidades federativas, debe apegarse a esta Ley y a los lineamientos del Consejo; la inobservancia puede ser responsabilidad administrativa o penal.
- Cualquier reunión, intercambio de información, llamadas o comunicaciones con agentes extranjeros debe:
- Ser autorizada previamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
- Tener presente a un representante de la SRE.
- Reportarse por escrito a SRE y SSPC en los tres días siguientes.
- El conjunto de artículos 71 a 74 refuerza que la supervisión es permanente, que no hay inmunidad y que cualquier desvío de la ruta formal puede generar responsabilidad tanto para los agentes extranjeros como para los funcionarios mexicanos que cooperen fuera del cauce.
Traducción política: la ley está escrita justo para que cualquier funcionario que se brinque los conductos federales quede colgado de la brocha.
Qué hizo Govea
Govea, como fiscal anticorrupción del gobierno de Américo, acudió a una reunión de trabajo en la Embajada de Estados Unidos en CDMX, convocada por personal del FBI, con fiscales de la CONAFA.
Él mismo enfatiza la colaboración y la existencia de canales de comunicación directos con autoridades de EE.UU que a decir de la Ley de Seguridad Nacional violan la formalidad y situa su conducta en zona de riesgo legal” por las adiciones de 2020, al grado de afirmar que “debería ir a la cárcel otra vez”, pues ya estuvo 7 meses en penal de alta seguridad en 2001, si se aplicara la ley con rigor.
El punto clave: el propio Govea desde sus redes reconoce la reunión convocada por FBI en embajada, en el ejercicio de su cargo, y fuera de cualquier referencia visible como advierte la LSN: autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, presencia de SRE en la reunión, o envío del informe en tres días a SRE y SSPC.
Eso abre la puerta para plantear, al menos, tres posibles violaciones:
- Inobservancia del artículo 70 (no seguir las normas y parámetros, sin acreditar el paso por el Grupo de Alto Nivel, ni la presencia de SRE, ni el informe a SRE/SSPC).
- Posible responsabilidad administrativa por esa omisión, derivada directamente de la norma (“su inobservancia será causa de responsabilidad administrativa o penal”).
- Posible configuración de responsabilidad penal si se acreditara que la interacción dio lugar a gestiones o acuerdos que rebasan el marco formal de convenios y supervisión previsto por los artículos 71 a 74.
Como se adviérte,la ley castiga cualquier conducta,incluso loable, pues su articulado adicionado en 2020 tenia el propósito de cerrarle al puerta a EE.UU,cuando ya estaban abiertas de par en par las del narco.
La ley es la ley:
Bajo el Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, cualquier rebanada de esa escena exige ruta federal: autorización previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, presencia de la SRE en la reunión y reporte por escrito a SRE y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los tres días siguientes.
Govea no ha mostrado un solo papel que acredite que cumplió esos requisitos, y en sus propios mensajes se jacta del canal directo con autoridades estadounidenses. De acuerdo con el artículo 70, esa inobservancia, por sí sola, ya es causa de responsabilidad administrativa o penal.
Si la ley de AMLO se aplicara con el mismo celo con que se invoca la “soberanía” en los discursos mañaneros, el fiscal morenista estaría desfilando otra vez por un proceso penal, no dando entrevistas sobre su cruzada anticorrupción. La ironía es brutal: la coartada de soberanía que se diseñó para blindar al arreglo narco-político convierte en sospechoso, por escrito, al funcionario que se atreve a cooperar en serio con Estados Unidos sin pedirle permiso al altar burocrático.
El contraste político es demoledor: al PAN se le da trato de “escándalo por soberanía”, pero el morenista que hace algo que también incomoda al articulado legal, queda protegido por silencio y por la misma norma que lo podría reventar,si se aplica literal y a rajatabla.
La pregunta que queda no es si hubo irregularidades —todo indica que sí—, sino si alguna vez veremos el mismo estándar aplicado sin importar el color del gobierno.
Con informacion: ELNORTE/ LEY SEGURIDAD NACIONAL/ @REDES/
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: