La extradición de mexicanos desde Argentina puede prolongarse durante meses cuando se trata de delitos de delincuencia organizada, como en el caso del Contralmirante Fernando Farías Laguna, a diferencia de expedientes de personas acusadas por fraude u otros ilícitos donde el proceso puede resolverse en pocas semanas.
Si alguien en México creia que bastaba con pedir “favor de devolver al prófugo” y listo, la realidad en Argentina funciona con otro manual: uno más lento, más jurídico… y bastante menos complaciente.
La extradición de mexicanos desde Buenos Aires no es trámite exprés cuando el expediente huele a delincuencia organizada. Ahí no hay fast track, ni atajos diplomáticos, ni conferencias mañaneras que aceleren el reloj. Lo que hay es un proceso judicial que puede arrastrarse durante meses —o más bien, un año completo— como ya lo demostró el caso del ex funcionario estrella de Segalmex, Manuel Lozano Jiménez.
Lozano cayó en mayo de 2023 en el aeropuerto de Ezeiza, como caen muchos: confiado, con pasaporte en mano, hasta que el sistema escupe una ficha roja de Interpol y se acabó el viaje. De ahí en adelante, lo que siguió fue un viacrucis legal: casi doce meses para que un juez argentino, Federico Villena, dijera “sí, procede la extradición”. ¿La razón? Porque cuando hay redes financieras, peculado y delincuencia organizada, los argentinos no firman entregas a ciegas: revisan, escuchan a la defensa, analizan y, sobre todo, se toman su tiempo.
Mientras tanto, México también jugó a su propio ritmo: la Fiscalía General de la República tardó casi un año en formalizar la solicitud de extradición. Porque si algo caracteriza a estos casos es la sincronía… pero para la lentitud.
El expediente Lozano no es cualquier cosa: forma parte del festín de Segalmex, donde se pagaron más de 142 millones de pesos por azúcar fantasma. De 7 mil 800 toneladas, llegaron poco más de 3 mil. El resto, como muchos recursos públicos en México, simplemente se evaporó.
Y justo en ese mismo carril —el de los procesos largos, complejos y judicializados— aparece ahora el contralmirante Fernando Farías Laguna. Detenido también en Buenos Aires, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas mexicanas, Farías ya entró al circuito serio: tribunales federales en Comodoro Py, bajo la lupa del juez Julián Ercolini.
Traducción: esto ya no es un trámite administrativo. Es un pleito judicial completo, con audiencias, recursos, defensa activa y revisión minuciosa de cada papel enviado desde México. Y eso, inevitablemente, significa tiempo.
Porque Argentina no extradita por reflejo. Primero verifica que los delitos existan también en su legislación, que el expediente esté bien armado y que se cumplan los tratados internacionales. Y si algo falla, el proceso se atora.
Por si fuera poco, Farías trae equipaje extra: problemas locales por presunto uso de documentos falsos al entrar al país. Otro frente legal que puede meterle más freno al asunto.
Pero el verdadero giro está en la estrategia: Farías ya dijo que no piensa regresar a México. Rechazó allanarse a la extradición y anunció que pedirá asilo político, bajo el argumento clásico de manual: riesgo a su vida e integridad.
El dato no es menor. Cuando un acusado pide asilo, el reloj se vuelve todavía más elástico.
Su abogado, Epigmenio Mendieta, lo dejó claro sin rodeos: no hay intención de cooperar con la entrega. Y aunque la solicitud de asilo debía presentarse de inmediato, ni eso salió a tiempo. La audiencia se pospuso por falta de documentos. Porque sí, incluso la defensa necesita ordenar sus papeles.
Así que el panorama es bastante claro: si alguien en México espera ver a Farías Laguna pronto en un tribunal nacional, más vale que se siente.
En Argentina, la justicia no corre… camina. Y cuando se trata de corrupción, redes criminales y expedientes incómodos, camina todavía más despacio.
Con informacion: ELNORTE/
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