En el siempre edificante teatro del derecho mexicano —donde la toga a veces sirve más de escudo que de símbolo—, el caso del magistrado Salvador Mondragón Reyes viene a recordarnos que el principio de igualdad ante la ley es, en el mejor de los escenarios, una aspiración constitucional y, en el peor, una ficción procesal con excepciones bien remuneradas
Resulta que el Órgano de Administración Judicial (OAJ), en estricto cumplimiento de una ejecutoria que huele más a control de daños que a justicia restaurativa, tuvo que desembolsar la módica cantidad de 13 millones de pesos de los impuestos,de donde mas, para resarcir al magistrado caído… y posteriormente resucitado por obra y gracia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo ello, tras declararse la nulidad de buena parte del acervo probatorio que sustentó su defenestración.
El pecado original: en 2018, cuando Mondragón fungía como director del Instituto de la Judicatura Federal, se filtraron —y presuntamente comercializaron— las preguntas de un concurso para designar jueces federales. Un detalle menor en un sistema donde la meritocracia suele ser más ornamental que operativa.
La entonces todopoderosa maquinaria disciplinaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) actuó con la contundencia que suele reservarse para casos mediáticos: destitución, inhabilitación por una década y reiteración de la sanción. Todo muy ejemplar… hasta que la Corte intervino y, bisturí jurídico en mano, empezó a desmembrar el expediente.
¿El hallazgo clave?
Que las comunicaciones privadas utilizadas como prueba fueron obtenidas en franca contravención al marco constitucional. Porque, aunque parezca un tecnicismo —y vaya que en derecho los tecnicismos mandan—, los jueces sólo pueden autorizar intervenciones en materia penal, no en procedimientos administrativos. Traducido al castellano llano: el caso se cayó porque la autoridad investigadora jugó fuera de las reglas.
Así, lo que parecía una sanción firme terminó convertido en un ejemplo clásico de la doctrina del “fruto del árbol envenenado”: si la prueba nace viciada, todo lo que de ella derive también lo está. Y en ese escenario, la responsabilidad administrativa se desmoronó como expediente mal integrado.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), ya en modo cumplimiento, hizo lo que mejor sabe hacer el derecho cuando se le acaba el margen: reducir el escándalo a una falta menor.
¿La sanción final?
Una amonestación y una suspensión de 30 días por reunirse fuera de instalaciones oficiales con una participante del concurso. Una infracción casi doméstica frente al tamaño del caso original.
Pero aquí viene el giro digno de nota al pie de página: esa suspensión ya estaba “compurgada”. Es decir, el magistrado ya había pagado —y con creces— una sanción que ahora se reconoce como jurídicamente insostenible. Resultado: reinstalación, pago retroactivo de salarios desde 2020 y reincorporación al cargo. Todo conforme a derecho, por supuesto.
El TDJ fue claro en su orden: reincorpórese, adscríbase y páguese lo conducente. Una frase que, en términos prácticos, se traduce en millones de pesos del erario para corregir un proceso mal armado. Porque si algo enseña este caso es que en el derecho administrativo sancionador, la forma no sólo importa: lo es todo.
Hoy, Mondragón,por si quiere ir a saludarlo para felicitarlo , despacha tranquilamente en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Naucalpan, y hasta tuvo la cortesía de informar a la Corte que se encuentra “satisfecho” con el cumplimiento de la sentencia. Difícil no estarlo cuando el sistema no sólo te absuelve, sino que además te paga los años caídos.
La moraleja no es nueva, pero sí persistente: en México, todos somos iguales ante la ley… hasta que intervienen quienes la interpretan, la administran o —en este caso— la corrigen. Porque cuando la justicia depende más de la licitud de la prueba que de la gravedad del hecho, el resultado no siempre es verdad jurídica, sino simplemente un expediente técnicamente impecable.
Y así, entre nulidades procesales, derechos vulnerados y cheques millonarios, doña justicia vuelve a confirmar su viejo criterio discrecional: no trata igual a todos… trata mejor a quien sabe cómo litigarla y exhibir esa verdad procesal que nunca o casi nunca, es la neta del planeta.
Con informacion: ELNORTE/
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