En México, la justicia también viaja en tren… pero sin frenos y con destino incierto. La última estación de esta ruta surrealista la marca una jueza federal que decidió apagar el caso del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca —14 muertos y decenas de heridos— con una fórmula tan elegante como inquietante: todos libres, gracias a la magia del acuerdo reparatorio.
Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control en Cintalapa, Chiapas, decretó la extinción de la acción penal contra el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el jefe de despachadores Ricardo Mendoza Cerón. Ambos estaban tras las rejas en El Amate, pero la justicia mexicana, siempre creativa, encontró una salida administrativa para un problema penal: si hay firmas, hay perdón; si hay compensación, no hay delito.
La decisión no cae del cielo. Llega después de que la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, anunciara el 8 de abril que 145 víctimas firmaron un acuerdo con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec —empresa bajo control de la Secretaría de Marina— para “resarcir el daño”. Traducido al lenguaje realista: el Estado negocia consigo mismo, paga con recursos públicos y, acto seguido, borra responsabilidades penales. Un círculo perfecto.
Porque aquí no solo se indemniza a las víctimas; también se indemniza al sistema. El mensaje es claro: cuando la tragedia tiene sello oficial, la solución es administrativa, no judicial. Y así, lo que en cualquier otro contexto sería un caso de homicidio culposo con consecuencias penales, se convierte en un expediente archivado por consenso.
El único que no alcanzó boleto en esta operación de limpieza es el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, quien permanece prófugo. La narrativa oficial lo señala —junto con el “exceso de velocidad”— como causa del siniestro. Un sospechoso ideal: ausente, sin voz y útil para cerrar el relato sin incomodar a la estructura.
Mientras tanto, la pregunta incómoda sigue sin abordarse: ¿cómo un proyecto ferroviario estratégico, operado por una empresa estatal vinculada a la Marina, termina en una tragedia atribuida a factores individuales y resuelta con chequera pública? La respuesta, por ahora, no está en los tribunales.
Está en los acuerdos.
Y en la velocidad —no del tren—, sino de una justicia que, cuando conviene, corre más rápido para desaparecer que para esclarecer.
Con informacion: ELNORTE/
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