En Chihuahua la cobardia panista gubernamental, timorata ante la federación y una ley que no por justa es ley, sino que debería haber sido justa para ser la ley ,descubrio una fórmula novedosa para resolver la en su diferendo con el gobierno de Claudia Sheinbaum: si el problema escala a nivel federal, se baja al barranco… literalmente.
Primero, el hallazgo incómodo: dos ciudadanos estadounidenses muertos en un accidente, incrustados en un operativo estatal que —según la versión oficial— no eran, no parecían, no actuaban y casi ni existían. Nada de placas, nada de armas, nada de insignias. Una especie de turistas tácticos con pasamontañas que, por pura coincidencia, sólo hablaban con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera. El mismo que convenientemente también murió en el accidente.
Un detalle menor: nadie reportó su presencia. Nadie los registró. Nadie los vio… hasta que se desbarrancaron.
La narrativa oficial es una joya de contorsionismo burocrático: sí iban en el convoy, pero no participaban; sí estaban ahí, pero no operaban; sí eran extranjeros, pero no representaban a ninguna agencia… aunque luego resultaron ser “enlaces” de la Embajada de Estados Unidos y d acuerdo con The Washington Post,agentes de la CIA. Es decir, estaban, pero sin estar. Operaban, pero sin operar. Existían, pero administrativamente eran fantasmas.
Y como todo buen fantasma institucional, sólo se materializaron cuando el vehículo se fue al fondo del barranco.
Mientras tanto, el operativo —la destrucción de un meganarcolaboratorio— quedó reducido a nota al pie. Porque lo verdaderamente explosivo no era la droga,ni lo loable del propósito, sino la pregunta obvia: ¿desde cuándo agencias extranjeras participan “extraoficialmente” en operativos locales con panistas sin que nadie de la federación morena se entere?
La respuesta implícita parece ser: desde siempre… pero esta vez que todo salio muy bien pues resulta que al final salió mal.
Ante el incendio político dolosamente provocado, llegó la segunda fase del manual: control de daños. Y ahí entra la figura clásica del sistema mexicano: el funcionario que “asume la responsabilidad”.
El fiscal César Jáuregui renunció. No porque haya ordenado la operación, no porque haya autorizado la presencia extranjera, sino porque —según su propia versión— fallaron los mecanismos de control. Una forma elegante de decir: nadie sabía nada… hasta que ya era imposible ocultarlo.
Su salida cumple varias funciones simultáneas: ofrece una cabeza para calmar a la federación que en vez de hacer el bien,solo quiere verse bien, manda el mensaje de que “se actuó”, y, sobre todo, encapsula el problema en un error administrativo, no en una práctica sistemática.
Porque aceptar lo segundo implicaría algo más grave…para la federación : reconocer que hay cooperación operativa contra el narco con agencias extranjeras fuera del marco legal, sin supervisión y sin registro. Es decir, una política de facto, pero clandestina.
Así, el caso queda narrativamente resuelto:
- Los estadounidenses no eran oficialmente agentes.
- El director que los integró ya murió.
- El fiscal que no se enteró ya renunció.
Y con eso, el sistema vuelve a respirar.
Un muerto explica la operación. Otro funcionario absorbe la culpa. Y el resto de la estructura sigue intacta porque en Chihuahua no sólo combaten al crimen organizado; también dominan el arte de organizar la versión oficial.
Por qué cobardia:
Lo ocurrido no es un error: es un reflejo.
Cobardía para admitir que sí hay coordinación informal con agencias extranjeras cuando conviene, pero negarla cuando estalla. Cobardía para transparentar la cadena de mando y, en su lugar, esconderse detrás de tecnicismos: “no estaban”, “no operaban”, “no se identificaron”.
Cobardía institucional para dejar que el único que podía explicar la operación —el director— sea también el único que no puede hablar. Y, acto seguido, convertir su muerte en cortina de humo.
Y cobardía política, la más útil de todas: sacrificar a un fiscal que no diseñó el esquema, pero sí sirve como fusible. La renuncia no corrige el problema; lo encapsula, lo administra y lo vuelve digerible.
Porque aquí nadie aclara qué se autorizó, quién lo permitió y bajo qué marco legal. Sólo se reordena la narrativa para que la responsabilidad se diluya entre muertos, omisiones y “fallas de comunicación” en un caso donde si bien es cierto la normatividad se transgrede,no asi el propósito principal, combatir al narco.
No es rendición de cuentas.
Es control de daños con apariencia de ética.
Con informacion: ELNORTE/
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