En la Ciudad de México donde “todo está bajo control” —según el discurso oficial del sesudo estratega Omar García Harfuch—, una escena de horror se instaló puertas adentro de una vivienda en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco: cuatro personas, una familia completa, fueron asesinadas con arma blanca. Sin disparos, sin operativo, sin prevención. A la antigua: a cuchillo limpio.
Las víctimas, de acuerdo con los primeros reportes, eran un hombre y una mujer de 47 años, junto con dos menores de 17 y 12. Es decir, no hubo margen para el error ni para el azar: alguien entró con la intención clara de borrar a todos.
Vecinos reportaron gritos provenientes del domicilio marcado con el número 146 de la calle Guanábana. Gritos que, como suele pasar, llegaron primero al oído colectivo que a la reacción efectiva del Estado. La patrulla apareció alrededor de las 14:00 horas. Los peritos, esos que llegan a reconstruir lo que ya no se pudo evitar, hicieron acto de presencia hasta las 15:20. Una hora y veinte minutos después. Tiempo suficiente para que la escena se enfríe… y también algunas pistas.
La línea que empieza a tomar forma —porque en México la violencia rara vez es gratuita— apunta a la extorsión. La familia estaba vinculada a un negocio en la zona, lo que los coloca automáticamente en el radar de cobro de piso, ese impuesto criminal que opera con más eficiencia que cualquier esquema fiscal gubernamental.
Aquí es donde la narrativa se vuelve incómoda: Azcapotzalco no es precisamente el epicentro mediático de la violencia en la capital, pero eso no significa que esté blindado. Al contrario, este tipo de ejecuciones domésticas sugieren algo más estructural: redes de extorsión operando con información precisa, capacidad de intimidación y, sobre todo, con la certeza de que la reacción institucional será tardía o insuficiente.
El dato clave no es solo que los mataron. Es cómo: sin armas de fuego, sin prisa, dentro de su propia casa. Eso habla de control, de cercanía o de absoluta impunidad.
Mientras tanto, la Fiscalía capitalina abre carpeta, levanta indicios y probablemente repita el guion: “no habrá impunidad”. El problema es que esa frase, en el contexto actual, funciona más como consigna que como garantía.
Porque cuando una familia entera es exterminada en su hogar por una posible red de extorsión, la pregunta ya no es quién fue.
La pregunta real es: ¿quién los dejó operar?
Con informacion: ELNORTE/
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