La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el 14 de marzo un proyecto que invalida las facultades de las Fuerzas Armadas para involucrar directamente a civiles en investigaciones por delitos militares, solicitar intervenciones de comunicaciones privadas, clasificar como confidencial toda la información recabada o asegurar activos financieros sin orden judicial.
El Ministro Luis María Aguilar propuso al Pleno de la Corte anular porciones de 29 artículos de los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, reformados en mayo de 2016 e impugnados desde entonces por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La invalidez de cualquiera de los artículos impugnados por la CNDH requerirá el voto de al menos ocho de los once Ministros.
El punto central del proyecto es aclarar que fiscales y policías militares no pueden entrar en contacto directo con civiles, lo que extiende el criterio que la Corte fijó en casos fallados en 2011 y 2018, al aclarar que el fuero castrense no puede procesar ningún delito de militares que involucre a civiles, sea como cómplices o como víctimas.
"Cualquier disposición que prevea facultades en favor de las autoridades militares para imponer, por sí, obligaciones o cargas relacionadas con la investigación con delitos o faltas a la disciplina castrense equivale a sujetar a una persona civil a la jurisdicción militar, resulta contraria al artículo 13 de la Constitución", sostiene el proyecto.
"Lo anterior no implica que las autoridades militares estén imposibilitadas para recabar información o medios de prueba que consideren necesarios para la integración de las carpetas de investigación relacionadas con delitos de disciplina militar", agrega.
Con base en este principio, Aguilar propone invalidar normas que permiten a ministerios públicos y policías militares requerir información a cualquier persona, sea o no parte integrante de las Fuerzas Armadas, así como hacerla comparecer o imponerle medidas de apremio si no colabora.
También plantea invalidar facultades de fiscales militares para solicitar a jueces la intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
"No existe alguna disposición que establezca si esta facultad sólo puede ser ejercida respecto de militares o si se extiende también sobre comunicaciones privadas de civiles", explica el proyecto.
Aguilar también propuso anular un articulo que clasifica como "confidencial" toda la información obtenida por los militares durante las investigaciones, lo que quiere decir que nunca podría ser abierta al público.
En cuanto a la facultad de asegurar activos financieros, se requerirá orden judicial.
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