El Ejército de México se ha visto envuelto en polémicas durante las distintas Administraciones que han gobernado el país. Los últimos ejemplos han podido verse en dos puntos del Estado de Tamaulipas: En la última semana, cinco estadounidenses desaparecieron en Matamoros; y apenas unos días antes, un grupo de militares agredieron en Nuevo Laredo a un grupo de jóvenes que volvían de una noche de fiesta, un suceso que terminó con cinco muertos.
No solo ha sido la violencia, la controversia también ha llegado por su aumento de poder —con la incorporación de la Guardia Nacional y el encargo de proyectos como el Tren Maya— y por espiar a periodistas y activistas. En este episodio de La Vespertina, el periodista Salvador Camarena repasa junto a la directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, los retos del país ante las recientes polémicas en que se han visto involucradas las Fuerzas Armadas.
“Estamos en inmersos en un proceso de transferencias sistemática y cuasi permanentes de funciones de presupuestos, de poder y de toma de decisiones hacia las fuerzas armadas que los hacen un actor político particularmente relevante, y sobre todo muy poderoso”, cuenta Sánchez en el podcast. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido en numerosas ocasiones que desde su Gobierno no se espía a la gente, y argumenta las críticas defendiendo que se tratan de “labores de inteligencia”. “No es cierto que se espíe a periodista o a opositores. No somos como los [Gobiernos] anteriores”, aseguraba durante una de sus conferencias mañaneras.
Las explicaciones de López Obrador llegaban después de la filtración de miles de documentos por la organización Guacamaya, un hackeo conocido como los Guacamaya Leaks. En estos documentos, se observaban listados que las Fuerzas Armadas había hecho con nombres de periodistas y líderes relevantes del activismo social. “En este contexto de empoderamiento de funciones que no les corresponden [al Ejército], están gastando recursos para el monitoreo de lo que ellos consideran que perjudican su imagen”, indica la presidenta de MUCD. La situación, “reduce la posibilidad de los civiles para pedir cuentas”.
fuente.-Diario Español/
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