La prensa de sociales en Tamaulipas parece más interesada en pulir coronitas que en mirar quién trae la zeta tatuada en la frente. Es un aparador de candidatos hechos de papel maché, sostenidos a fuerza de narrativa, no de realidad.
El aspirante de Morena a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, Carlos de Anda Hernández, aseguró que los gobiernos encabezados por Carlos Canturosas Villarreal y la actual alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal representan la etapa de mayor transformación que ha vivido la ciudad, al destacar que los resultados alcanzados durante ambas administraciones consolidaron un proyecto político con visión de largo plazo.
Los gobiernoZ con la zeta tatuada
Que Carlos de Anda, un secretario de Obras Públicas salga a decir, sin pestañear, que “los mejores gobiernos” de Nuevo Laredo han sido los de los Canturosas, es casi un performance de realismo mágico. El elogio llega justo cuando llueven notas por abandono de parques, crisis de agua, obras inconclusas, corrupción y desfalcos millonarios: pero la prensa de sociales recoge la frase como si fuera verdad revelada y la coloca enmarcada, sin una sola pregunta incómoda.
En lugar de diseccionar los vínculos con los Zetas, con quienes por ahora se vive una paz fingida sostenida únicamente por la economía oficial que comparte ganancias al entregarles el control de muchas áreas bajo responsabilidad del municipio —que ambos administran como negocios gracias a la clara omisión y sumisión de Carmen Lilia Canturosas—, el periodismo rosa local se dedica a fabricar personajes “respetables”, con biografías lavadas, como si la hoja de vida se escribiera en la oficina de comunicación social.
Así se construyen candidatos con narrativas que no se sostienen un día en la calle: se les atribuye “transformación”, “visión de largo plazo” y “compromiso con la ciudadanía” mientras la ciudad se cae a pedazos.
Prensa que aplaude y no pregunta
El resultado es una prensa que no cuestiona la censura porque ha aprendido a convivir con ella: elimina el conflicto, borra las conexiones incómodas y normaliza que el poder político venga perfumado de pólvora. A fuerza de repetir elogios y omitir contextos, convierten gobiernos cuestionados en epopeyas familiares y la democracia en un reality donde siempre gana el mismo apellido.
En vez de hurgar en el pasado del ahora “respetuozo” diputado Carlos Canturosas, este se traga la lengua frente al Pollo, sus narconexos y los padrinos ligados al secretario de Osiel Cárdenas,tambien ligado a otra diputada.
Nadie, en la nota de sociales, se pregunta por la censura ni por la autocensura: solo registran la foto, la sonrisa y el discurso de ocasión. Los silencios son tan escandalosos como las portadas, pero el saldo informativo se presenta como si fuera normal que el narco esté en el guion, aunque nunca en el lead, es decir, en el primer párrafo donde debería condensarse lo más importante de la noticia.
En Tamaulipas la extorsión es deporte exclusivo del crimen organizado y de un gobierno gobernado por criminales: es política pública no escrita y modelo de negocios de ambos, con foto oficial del mandatario de Morena, Américo Villarreal, posando junto a Mario Guitián Rosas, el lugarteniente formado en el Ejército Mexicano y deformado en el CDG, que hizo de la actividad extorsiva un imperio político y criminalmente organizado de la mano del Cártel del Golfo en Reynosa, sostenido por todos aquellos que sí se soban el lomo y tienen que pagar cuota, si chivatean, se mueren y si acusan al gobernador, también: “Juan te llamas”.
La “extorsión disfrazada” que todos conocen
Asi ocurre en Reynosa,lo mismo que en Matamoros o Ciudad Mante el crimen no solo cobra piso, además decidió convertirse en proveedor exclusivo de papa, huevo, carbón, cigarros y cerveza, imponiendo un monopolio criminal que todos acatan y nadie se atreve a denunciar, pues saben de la colusion estatal tal y como fue denunciada por Breitbart desde 2022 a la llegada de Morena y Americo Villarreal.
Los comerciantes del Sur de Tamaulipas también sintieron lo duro y lo tupido tras ser nombrado Américo como gobernador, como cita REFORMA.
Ni se diga Ciudad Victoria, la capital de los poderes que no pueden, donde su aliado, el Cártel del Golfo de Alfredo Cárdenas, alias “El Contador”, decide quién paga y quién muere cuando se niega a pagar.
La situación es tan grave que ciudadanos inermes piden ayuda al cártel en vez de al gobierno y sus autoridades, que no gobiernan y no tienen autoridad, incluida la moral.
Un negocio redondo del crimen y gobierno criminal
Todos tienen prohibido comprar con otros proveedores, obligados a pagar sobreprecio por mercancía de tercera “a precio de primera”, mientras el margen de ganancia se les reduce a tres o cuatro pesos y los delincuentes se llevan hasta 20 por kilo.
Cuando algún negocio se atreve a comprar fuera del circuito bendecido por el cártel, aparece un “negociador” escoltado por hombres armados que secuestran de facto al dueño y le imponen una multa de 80 mil pesos, so pena de cierre forzoso o muerte si no paga “a la brevedad”.
El cierre y despojo de la frutería Vaneliz terminó en saqueo, huida del estado y ni siquiera la dignidad de una carpeta de investigación; llamaron al 911 durante el robo y la policía simplemente nunca llegó, pero eso sí, las cifras oficiales presumen que la extorsión “bajó” 62 por ciento.
El estado que abraza a los lugartenientes
Mientras comerciantes huyen sin documentos y sin patrimonio en toda la geografía estatal, el gobernador Américo Villarreal aparece en fotos con Mario Guitián Rosas, alias “La Chispa”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo en Reynosa, operador de una estructura que controla precios, alcohol, mercados y cobro de piso que ha sido cuestionada por la prensa nacional.
En Tamaulipas se habla de control de precios de carne, huevo, cerveza y hasta conciertos, donde solo se puede comprar y vender con proveedores “autorizados” por el crimen organizado, que decide quién vive del comercio y quién firma su sentencia de muerte,todo en sociedad con el cartel del golfo desde la esfera oficial.
Lo de “extorsión disfrazada” es casi un chiste interno: si el kilo de arroz vale 20, el negocio está obligado a venderlo en 25, con cinco pesos extras que no son para el comerciante sino para la estructura criminal que ya opera como Secretaría de Economía paralela.
En este ecosistema, el gobierno estatal queda retratado como espectador nada simpático: mientras los grupos delictivos fijan aranceles del miedo, las denuncias señalan colusión de autoridades estatales, municipales y judiciales, pero la prioridad institucional parece ser cuidar la imagen del mandatario y exigir disculpas públicas cuando lo vinculan con la delincuencia organizada de la que vive politica y criminalmente secundado por un gabinete putrido.
Dinámica “exitosa” de extorsión a escala nacional
El esquema que se documenta en Tamaulipas no es una excentricidad local, sino parte de una estrategia nacional donde el crimen organizado controla precios de la canasta básica, materiales de construcción, gasolina, transporte y hasta servicios de telefonía en al menos nueve estados.
En Tamaulipas,Michoacán, Guerrero, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco se repite la fórmula:bodegas obligatorias, cuotas, cobro de piso y redes de comercios ilegales, donde el consumidor paga más mientras el productor se hunde y el gobierno finge que es “problema de seguridad” y no de captura del mercado por mafias.
Los testimonios describen que si un dueño de tienda no compra en las bodegas del cártel “firma su sentencia de muerte”, y que incluso la gasolina es más cara que en ciudades vecinas porque el transporte y el producto pagan cuota a la delincuencia que tiene harta a la población de todo Tamaulipas,no solo Reynosa.
Productores, comerciantes y transportistas relatan un ambiente de amenaza permanente, sin posibilidad real de denuncia, obligados a pedir ayuda al gobierno federal porque en sus estados, incluyendo Tamaulipas, las autoridades locales no solo están ausentes, no solo son omisas, estan coludidas hasta el tuetano.
Américo, las fotos y el límite de lo que se puede hacer
En paralelo a este control mafioso de mercados, el nombre de Américo Villarreal y de su círculo cercano aparece una y otra vez asociado en investigaciones periodísticas y denuncias a presuntos moches, redes de extorsión y la foto incómoda con “La Chispa”, operador del Cártel del Golfo que controla al Cartel,de acuerdo con la DEA.
No es un detalle menor que, en el contexto de la “extorsión disfrazada” que el cártel practica como deporte en sociedad —y hasta la saciedad— con el gobierno de Villarreal Anaya, se subraye que en el estado donde el gobernador se toma fotos con el lugarteniente del cártel, esa misma organización controla los precios de “todo”: no pagas y te matan, pagas y también, pero eso sí, la autoridad sonríe al lado del operador criminal.
Mientras el mandatario se indigna con los medios que lo vinculan con investigaciones de Estados Unidos y hasta amaga con demandar al influyente diario Los Angeles Times por exhibirlo como presunto traficante de huachicol como esta acreditado ya en investigaciónes en EE.UU que solo aguardan el momento coyuntural.
En tanto, en el territorio que dice gobernar Americo Villarreal, los comerciantes documentan públicamente su salida forzada por la extorsión, sin que la policía aparezca ni por error y cuando aparece es también para extorsionar,robar y secuestrar.
Con un gobernador que abraza y cena como exhibe la foto a lugartenientes del Cártel del Golfo de extracción militar, lo único que se puede hacer contra la extorsión es cambiarle de nombre, maquillar las cifras y esperar que el terror siga sosteniendo la dinámica “exitosa” del cobro de piso en los mercados que el estado dejó en manos del crimen por comodidad politica.
Como se advierte, lastimosamente, en Tamaulipas todo tiene explicación, pero no está en la casualidad, sino en la causalidad.
En Tamaulipas de corte «MORENO CUATRITRANSFORMADO», la administración pública, aun a cargo de Americo Villarreal , parece haber encontrado su vocación más refinada: convertir la seguridad en un club privado, con membresías selectas y contratos dignos de una subasta entre “consentidos”. Según reportes periodísticos, los recursos destinados a proteger a la ciudadanía terminan orbitando en círculos bastante exclusivos, donde la transparencia brilla por su ausencia y la discrecionalidad es regla de oro.
Pero el asunto no se queda en simples favoritismos. Las mismas fuentes apuntan a un detalle casi pintoresco: algunos beneficiarios de contratos públicos no serían precisamente ejemplos de civismo. Al contrario, se habla de perfiles vinculados a redes criminales de alto calibre que, aun así, habrían tenido acceso a millonarios acuerdos con dependencias clave. Una especie de outsourcing del Estado… pero con credenciales que difícilmente pasarían un control de confianza.
Y si la selección de proveedores ya levanta cejas, la integración del equipo tampoco se queda atrás. En áreas neurálgicas aparecen figuras recicladas: desde un ex-presidiario hasta un general cuya trayectoria ha sido cuestionada. Todo esto bajo el mando de un gobierno que, de acuerdo con diversas publicaciones, ha sido objeto de interés por parte de autoridades estadounidenses. Un detalle menor, seguramente, en el gran esquema de las cosas.
Que dice la info:
Casa Casve MX, creada en 2020, ha recibido 350 millones de pesos en contratos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas (Sesesp).
Los contratos con seguridad pública comenzaron a crecer durante la actual administración, con registros que datan de 2023, 2024 y 2025, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La constancia de situación fiscal de Casa Casve MX registra al menos 13 actividades económicas, entre ellas comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía, construcción de inmuebles comerciales e institucionales, obras para telecomunicaciones, equipo y accesorios de cómputo, consultoría en computación, arrendamiento de equipo de cómputo.
Así como servicios inmobiliarios de oficina, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, administración y supervisión de obras de generación y conducción de energía eléctrica, comercio al por menor de automóviles, incluidos vehículos con propulsión eléctrica, e intermediación comercial al por mayor.
Mientras que el acta constitutiva de la empresa contempla 44 tipos de actividades dentro de su objeto social principal.
Ese catálogo, que va de la fotografía a la construcción de infraestructura eléctrica, contrasta con el giro para el que fue contratada por el gobierno de Tamaulipas.
Parte de lo facturado
Algunos de los contratos a los que logró acceder NOTICIERO DE VICTORIA, se celebraron por la adquisición de circuito cerrado de TV, prestación de servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo última milla, y mantenimiento general de inteligencia táctica.
De acuerdo con el acta constitutiva, Ricardo Azel Casanova Márquez, es el dueño de la empresa que inició operaciones en diciembre del 2020, y hoy ha obtenido contratos por adjudicación directa e invitación cerrada por más de 350 millones de pesos con Willy Zúñiga Castillo, actual vocero de seguridad pública.
Pero también con el exvocero Jorge Cuéllar Montoya y el secretario de seguridad Carlos Arturo Pancardo Escudero.»…Noticiero de Victoria/
Así, Tamaulipas parece ensayar una nueva disciplina administrativa: gobernar entre polémicas, asignar contratos entre sombras y normalizar lo que en otros contextos sería escándalo nacional. Porque si algo queda claro, es que aquí la rendición de cuentas no es prioridad… pero la creatividad política, esa sí, está en su mejor momento.
“Nosotros no matamos a inocentes”, dice una voz mientras un grupo de unos 20 hombres armados y con el rostro cubierto sostienen armas largas. Varios de ellos sujetan una manta con las iniciales C.D.S. M-F, que aluden al Cartel de Sinaloa y a la fracción de uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicarios, Mayito Flaco.
En un video difundido ayer lunes, que dura unos dos minutos, los presuntos delincuentes se adjudican el asesinato de 10 personas en Zacatecas, que ha conmocionado al Estado después de que cinco de los cuerpos fueran hallados colgados en un puente el fin de semana.
En la grabación mencionan que ellos “matan y privan de la libertad” a quienes no respetan los acuerdos con ellos y con sus aliados. También mandan un mensaje al gobernador del Estado, el morenista David Monreal. “Le pedimos a usted, señor gobernador David Monreal, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo, y para muestra, ahí está lo que nos encargó“, dicen.
Otro de los nombres a los que hacen alusión los encapuchados es el del general Porfirio Fuentes Vélez, comandante interino de la V Región Militar, el responsable de las operaciones militares en los Estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas que fue profusamente acusado durante su estadía en Sinaloa.
“No piense que nos intimida con sus putas fuerzas especiales que acaban de arribar al Estado”, dicen. Fuentes Vélez, con más de 40 años de servicio, tomó protesta de su cargo apenas en agosto del año pasado en la sede de la región a su cargo, en Jalisco,tras ser removido de Sinaloa por las mismas acusaciones extensivas a otro mando militar en Zacatecas.
El “pacto” dicho en voz alta
Lo que muestra ese video no es un “desliz”, es la radiografía en vivo y a color de un régimen que se jacta de “no mentir, no robar, no traicionar”, mientras un comando del Cártel de Sinaloa le recuerda al gobernador de Morena qué fue exactamente lo que les encargó. En Zacatecas ya ni se molestan en esconder la relación: el narco graba el spot y el gobierno pone la escenografía institucional.
La grabación es un parteaguas porque, por primera vez, la narrativa del pacto no la cuentan “los adversarios”, sino los propios sicarios.
Un tipo encapuchado, rodeado de al menos una veintena de hombres armados, le habla al gobernador David Monreal como quien le recuerda a un empleado que ya hizo el depósito: “ahí está lo que nos encargó”.
El “pequeño golpe de autoridad”
El comando reconoce que el asesinato de 10 personas, cinco de ellas colgadas en un puente de Zacatecas, es apenas “un pequeño golpe de autoridad”.
Con esa frase dejan claro quién manda sobre quién: el Estado no impone el orden, lo subcontrata.
Las víctimas no son anónimos “daños colaterales”: ahí están el exalcalde panista de Sombrerete, Ignacio “Nacho” Castrejón; el abogado Andrés Vázquez Gurrola, exregidor panista; funcionarios de Fresnillo como Fidel Alvarado de la Torre y Jesús Gerardo “Chuy” Muñetón Hernández; y diversos empresarios y productores identificados por la prensa.
La selección de objetivos parece lista negra de alguien con acceso a información y estructuras de poder, no capricho de sicario aburrido.
“Si nos traiciona en los pactos…”
El encapuchado no se anda por las ramas: habla de “pactos que tenemos no solo con usted, también con sus corporaciones”.
No es sólo una amenaza al gobernador, es un dictamen: parte de las estructuras estatales y municipales están, como mínimo, bajo sospecha directa de colusión.
Cuando advierte que, si “traiciona los pactos”, el gobernador y su descendencia terminarán igual o peor que las víctimas, exhibe la degradación total del Estado: la autoridad electoralmente legítima se mueve bajo las mismas reglas que cualquier plaza controlada por un cártel.
Ahí está, desnudo, el modelo: gobiernos que presumen “no militarizar” mientras tercerizan la violencia a grupos criminales, hasta que el socio armado decide ajustarle cuentas al socio político.
El fiscal y la colusión que ya no se puede negar
El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, intenta vestir de lenguaje técnico lo que el video grita sin pudor: una de las principales líneas de investigación son “posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos”.
Traducido: alguien desde adentro del aparato estatal estaba jugando a dos bandas con el crimen organizado y la cosa se les salió de control.
El propio fiscal habla de abrir investigaciones financieras y de una trama de extorsión que toca a funcionarios municipales, particularmente en Fresnillo.
En paralelo, la Fiscalía ha detenido previamente a policías estatales por extorsión y asociación delictuosa, lo que confirma que el problema no es “una manzana podrida”, sino un árbol entero abonado con impunidad.
Morena, Zacatecas y la vieja película del “nuevo” régimen
No es un episodio aislado en un estado cualquiera: es el laboratorio de la llamada Cuarta Transformación en manos de un clan, el de los Monreal, que lleva décadas tratando a Zacatecas como feudo familiar en medio de sospechas, pero mas entre evidencias que han sido soslayadas por calculo politico.
A las denuncias de nepotismo y redes de influencia en el Poder Judicial se suma ahora un comando del Cártel de Sinaloa reclamando el cumplimiento de acuerdos.
Mientras Morena, a nivel nacional, acusa a otros de “narco-partidos”, en Zacatecas se acumulan señalamientos de colusión, desde fotos de operadores morenistas con funcionarios judiciales federales hasta denuncias formales de vínculos irregulares.
La narrativa oficial de “gobernar con honestidad” se estrella contra la realidad de un estado donde los colgados en puentes son más elocuentes que cualquier mañanera.
El narco como poder constituyente de facto
Zacatecas es uno de los escenarios donde se cruzan las guerras entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, y donde el gobierno estatal presume despliegues de fuerzas federales que, según el propio comando, “no intimidan a nadie”.
Cuando los sicarios se burlan de las “putas fuerzas especiales que acaban de arribar al Estado”, no ridiculizan a un general, exhiben a un gobierno que perdió el monopolio de la violencia hace años.
El resultado es un país donde los cárteles hacen conferencias de prensa en video, explican su versión de los hechos y marcan públicamente las reglas de convivencia: quien se manifieste o se oponga, “va a acabar colgado o poquito peor”.
Y el gobierno, atrapado entre su propia narrativa de “abrazos” y la realidad de un narco empoderado, apenas alcanza a prometer investigaciones exhaustivas mientras cuenta cadáveres y redacta comunicados.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/EROKA ROSETE/
