«OTRA POSTAL PUTREFACTA: EXHIBEN EX-PRESIDIARIO en CARGO de SEGURIDAD, JUNTO con GENERAL, ENTREGANDO CONTRATOS que AMÉRICO DIO al NARCO»…en el clan villarreal, ya están comiendo con manteca.

En Tamaulipas de corte «MORENO CUATRITRANSFORMADO», la administración pública, aun a cargo de Americo Villarreal , parece haber encontrado su vocación más refinada: convertir la seguridad en un club privado, con membresías selectas y contratos dignos de una subasta entre “consentidos”. Según reportes periodísticos, los recursos destinados a proteger a la ciudadanía terminan orbitando en círculos bastante exclusivos, donde la transparencia brilla por su ausencia y la discrecionalidad es regla de oro.

Pero el asunto no se queda en simples favoritismos. Las mismas fuentes apuntan a un detalle casi pintoresco: algunos beneficiarios de contratos públicos no serían precisamente ejemplos de civismo. Al contrario, se habla de perfiles vinculados a redes criminales de alto calibre que, aun así, habrían tenido acceso a millonarios acuerdos con dependencias clave. Una especie de outsourcing del Estado… pero con credenciales que difícilmente pasarían un control de confianza.

Y si la selección de proveedores ya levanta cejas, la integración del equipo tampoco se queda atrás. En áreas neurálgicas aparecen figuras recicladas: desde un ex-presidiario hasta un general cuya trayectoria ha sido cuestionada. Todo esto bajo el mando de un gobierno que, de acuerdo con diversas publicaciones, ha sido objeto de interés por parte de autoridades estadounidenses. Un detalle menor, seguramente, en el gran esquema de las cosas.

Que dice la info:

Casa Casve MX, creada en 2020, ha recibido 350 millones de pesos en contratos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas (Sesesp).

Los contratos con seguridad pública comenzaron a crecer durante la actual administración, con registros que datan de 2023, 2024 y 2025, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La constancia de situación fiscal de Casa Casve MX registra al menos 13 actividades económicas, entre ellas comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía, construcción de inmuebles comerciales e institucionales, obras para telecomunicaciones, equipo y accesorios de cómputo, consultoría en computación, arrendamiento de equipo de cómputo.

Así como servicios inmobiliarios de oficina, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, administración y supervisión de obras de generación y conducción de energía eléctrica, comercio al por menor de automóviles, incluidos vehículos con propulsión eléctrica, e intermediación comercial al por mayor.

Mientras que el acta constitutiva de la empresa contempla 44 tipos de actividades dentro de su objeto social principal.

Ese catálogo, que va de la fotografía a la construcción de infraestructura eléctrica, contrasta con el giro para el que fue contratada por el gobierno de Tamaulipas.

Parte de lo facturado

Algunos de los contratos a los que logró acceder NOTICIERO DE VICTORIA, se celebraron por la adquisición de circuito cerrado de TV, prestación de servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo última milla, y mantenimiento general de inteligencia táctica.

De acuerdo con el acta constitutiva, Ricardo Azel Casanova Márquez, es el dueño de la empresa que inició operaciones en diciembre del 2020, y hoy ha obtenido contratos por adjudicación directa e invitación cerrada por más de 350 millones de pesos con Willy Zúñiga Castillo, actual vocero de seguridad pública.

Pero también con el exvocero Jorge Cuéllar Montoya y el secretario de seguridad Carlos Arturo Pancardo Escudero.»…Noticiero de Victoria/

Así, Tamaulipas parece ensayar una nueva disciplina administrativa: gobernar entre polémicas, asignar contratos entre sombras y normalizar lo que en otros contextos sería escándalo nacional. Porque si algo queda claro, es que aquí la rendición de cuentas no es prioridad… pero la creatividad política, esa sí, está en su mejor momento.

Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/

«ENMARRANAN GOBERNADOR y GENERAL: CARTEL de SINALOA DELATA los PACTOS que ACUSA EE.UU y MILITARES siguen DEMORANDO la VICTORIA vs NARCOS… el video no es un “desliz”, es la radiografía en vivo del narcoregimen.

“Nosotros no matamos a inocentes”, dice una voz mientras un grupo de unos 20 hombres armados y con el rostro cubierto sostienen armas largas. Varios de ellos sujetan una manta con las iniciales C.D.S. M-F, que aluden al Cartel de Sinaloa y a la fracción de uno de los hijos de Ismael El Mayo Zambada, Ismael Zambada Sicarios, Mayito Flaco. 

En un video difundido ayer lunes, que dura unos dos minutos, los presuntos delincuentes se adjudican el asesinato de 10 personas en Zacatecas, que ha conmocionado al Estado después de que cinco de los cuerpos fueran hallados colgados en un puente el fin de semana. 

En la grabación mencionan que ellos “matan y privan de la libertad” a quienes no respetan los acuerdos con ellos y con sus aliados. También mandan un mensaje al gobernador del Estado, el morenista David Monreal. “Le pedimos a usted, señor gobernador David Monreal, que cumpla y respete los acuerdos que tiene su gabinete con nuestra organización, ya que por nuestra parte estamos cumpliendo, y para muestra, ahí está lo que nos encargó“, dicen. 

Otro de los nombres a los que hacen alusión los encapuchados es el del general Porfirio Fuentes Vélez, comandante interino de la V Región Militar, el responsable de las operaciones militares en los Estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas que fue profusamente acusado durante su estadía en Sinaloa.

“No piense que nos intimida con sus putas fuerzas especiales que acaban de arribar al Estado”, dicen. Fuentes Vélez, con más de 40 años de servicio, tomó protesta de su cargo apenas en agosto del año pasado en la sede de la región a su cargo, en Jalisco,tras ser removido de Sinaloa por las mismas acusaciones extensivas a otro mando militar en Zacatecas.

El “pacto” dicho en voz alta

Lo que muestra ese video no es un “desliz”, es la radiografía en vivo y a color de un régimen que se jacta de “no mentir, no robar, no traicionar”, mientras un comando del Cártel de Sinaloa le recuerda al gobernador de Morena qué fue exactamente lo que les encargó. En Zacatecas ya ni se molestan en esconder la relación: el narco graba el spot y el gobierno pone la escenografía institucional.

La grabación es un parteaguas porque, por primera vez, la narrativa del pacto no la cuentan “los adversarios”, sino los propios sicarios.

Un tipo encapuchado, rodeado de al menos una veintena de hombres armados, le habla al gobernador David Monreal como quien le recuerda a un empleado que ya hizo el depósito: “ahí está lo que nos encargó”.

El “pequeño golpe de autoridad”

El comando reconoce que el asesinato de 10 personas, cinco de ellas colgadas en un puente de Zacatecas, es apenas “un pequeño golpe de autoridad”.

Con esa frase dejan claro quién manda sobre quién: el Estado no impone el orden, lo subcontrata.

Las víctimas no son anónimos “daños colaterales”: ahí están el exalcalde panista de Sombrerete, Ignacio “Nacho” Castrejón; el abogado Andrés Vázquez Gurrola, exregidor panista; funcionarios de Fresnillo como Fidel Alvarado de la Torre y Jesús Gerardo “Chuy” Muñetón Hernández; y diversos empresarios y productores identificados por la prensa.

La selección de objetivos parece lista negra de alguien con acceso a información y estructuras de poder, no capricho de sicario aburrido.

“Si nos traiciona en los pactos…”

El encapuchado no se anda por las ramas: habla de “pactos que tenemos no solo con usted, también con sus corporaciones”.

No es sólo una amenaza al gobernador, es un dictamen: parte de las estructuras estatales y municipales están, como mínimo, bajo sospecha directa de colusión.

Cuando advierte que, si “traiciona los pactos”, el gobernador y su descendencia terminarán igual o peor que las víctimas, exhibe la degradación total del Estado: la autoridad electoralmente legítima se mueve bajo las mismas reglas que cualquier plaza controlada por un cártel.

Ahí está, desnudo, el modelo: gobiernos que presumen “no militarizar” mientras tercerizan la violencia a grupos criminales, hasta que el socio armado decide ajustarle cuentas al socio político.

El fiscal y la colusión que ya no se puede negar

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho, intenta vestir de lenguaje técnico lo que el video grita sin pudor: una de las principales líneas de investigación son “posibles actos de extorsión y colusión de servidores públicos”.

Traducido: alguien desde adentro del aparato estatal estaba jugando a dos bandas con el crimen organizado y la cosa se les salió de control.

El propio fiscal habla de abrir investigaciones financieras y de una trama de extorsión que toca a funcionarios municipales, particularmente en Fresnillo.

En paralelo, la Fiscalía ha detenido previamente a policías estatales por extorsión y asociación delictuosa, lo que confirma que el problema no es “una manzana podrida”, sino un árbol entero abonado con impunidad.

Morena, Zacatecas y la vieja película del “nuevo” régimen

No es un episodio aislado en un estado cualquiera: es el laboratorio de la llamada Cuarta Transformación en manos de un clan, el de los Monreal, que lleva décadas tratando a Zacatecas como feudo familiar en medio de sospechas, pero mas entre evidencias que han sido soslayadas por calculo politico.

A las denuncias de nepotismo y redes de influencia en el Poder Judicial se suma ahora un comando del Cártel de Sinaloa reclamando el cumplimiento de acuerdos.

Mientras Morena, a nivel nacional, acusa a otros de “narco-partidos”, en Zacatecas se acumulan señalamientos de colusión, desde fotos de operadores morenistas con funcionarios judiciales federales hasta denuncias formales de vínculos irregulares.

La narrativa oficial de “gobernar con honestidad” se estrella contra la realidad de un estado donde los colgados en puentes son más elocuentes que cualquier mañanera.

El narco como poder constituyente de facto

Zacatecas es uno de los escenarios donde se cruzan las guerras entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG, y donde el gobierno estatal presume despliegues de fuerzas federales que, según el propio comando, “no intimidan a nadie”.

Cuando los sicarios se burlan de las “putas fuerzas especiales que acaban de arribar al Estado”, no ridiculizan a un general, exhiben a un gobierno que perdió el monopolio de la violencia hace años.

El resultado es un país donde los cárteles hacen conferencias de prensa en video, explican su versión de los hechos y marcan públicamente las reglas de convivencia: quien se manifieste o se oponga, “va a acabar colgado o poquito peor”.

Y el gobierno, atrapado entre su propia narrativa de “abrazos” y la realidad de un narco empoderado, apenas alcanza a prometer investigaciones exhaustivas mientras cuenta cadáveres y redacta comunicados.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/EROKA ROSETE/

«CASO RUFFO APESTA a TUFO: MAGENTA PUNTUALIZA y EVIDENCIA la MANIPULACION del PROCESO… en momentos en que el oficialismo se ahogaba en escándalos.»

Conozco a Ernesto Ruffo Appel desde aquella década de los 80s cuando pasó a la historia, cuando su lucha por la democracia, lo coronó como el primer gobernador de oposición en la historia del México moderno. Era el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari.

Siempre fue un hombre de principios, que dejó huella a su paso en ese peregrinar para darle a los mexicanos acceso a la tan negada democracia. El nombre de Ernesto Ruffo Appel se transformó, con los años, en un ícono nacional, ejemplo de lucha social que culminó en 2000 con la llegada del primer presidente opositor a Los Pinos: Vicente Fox.

Por eso, sorprendió que el pasado jueves fuera detenido en Ensenada, Baja California, acusado  de delincuencia organizada y de ser integrante de una presunta banda de huachicoleros. Acusan que una de sus empresas, sin ganar, está vinculada al tráfico ilegal de combustibles.

Por supuesto que no es tarea nuestra el juzgar si el acusado es culpable o inocente. Eso corresponde a las autoridades. Pero sí estamos obligados a vigilar que se le respete el debido proceso, que le permita a ese inculpado defenderse, algo que a todas luces no se está cumpliendo. La manipulación del proceso es tan evidente que expide un claro olor a tufo. Cuatro hechos lo evidencian.

UNO, se aceleró la detención de Ernesto Ruffo Appel, un opositor al régimen de la Cuarta Transformación, en los momentos en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está bajo el fuego de nuevos y crecientes escándalos de corrupción que involucran no a opositores, sino a prominentes morenistas. Para muestra, dos botones sólo en la última semana. El escándalo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que evidencia en audios telefónicos que ella busca ser testigo protegido de los Estados Unidos y amenaza con revelar secretos del sistema. Y la renuncia súbita, sin mayores explicaciones, del Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, que investigaba entre otros, el caso de Rubén Rocha Moya.

DOS, el hecho de que para lograr la captura del ex gobernador panista de Baja California debieron reemplazar al juez de carrera Mario Elizondo Martínez, quien había desechado la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía de Ernestina Godoy. Ante semejante “insubordinación” se volvieron a solicitar las órdenes de aprehensión, pero ahora con la jueza electa por acordeón, Alejandra Ramírez de la Vega. Ella, amparada por Morena, se los concedió de inmediato.

TRES, una vez detenido en Baja California, el ex gobernador Ernesto Ruffo Appel fue trasladado a la Ciudad de México y recluido en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano, donde debió someterse a un interrogatorio de 30 horas en el que no fue permitido el acceso ni de medios de comunicación ni de familiares del inculpado. Todo a puerta cerrada. La violación al debido proceso fue flagrante.

CUATRO, la detención de Ernesto Ruffo Appel se da la misma semana en que se le autoriza el reconocimiento como partido político a Somos México, una nueva organización política de oposición, en la que figura como miembro de su Consejo el primer gobernador de oposición en México. Los morenistas creen falsamente que, desprestigiando a Ernesto Ruffo Appel, pueden descarrilar sus proyectos políticos. Que recuerden los casos de Nelson Mandela, en Sudáfrica, y de Lech Walesa, en Polonia, dos líderes que vivieron años en prisión antes de ser electo mandatarios de sus oprimidas naciones.

Lo que sí está claro es que, frente a tanta evidencia del gran negocio del “huachicol fiscal” y las presiones que vienen de Estados Unidos, exigiendo no solo frenar, sino entregar políticos relacionados con el ilícito en el que también participan algunos cárteles mexicanos, la urgencia se les fue por el ex gobernador panista.

La pregunta obligada es ¿por qué la llamada “Fiscalía independiente” no da los detalles de las investigaciones que, desde los días del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, se abrieron contra Andy López Beltrán, Audomaro Martínez, Adán Augusto López, Luis Cresencio Sandoval y Mario Delgado, entre otros morenistas que sí son de verdad el epicentro “huachicolero”, calificado ya como el mayor desfalco en la historia del México moderno?

Quizás, los estertores de la detención de Ernesto Ruffo Appel son una consigna que viene desde Palenque para desviar la atención y que nadie se atreva a cuestionar a quien acabará por descubrirse que es, de facto, el “huachicolero mayor”: Andrés Manuel López Obrador.

Por eso, decimos que la detención y los abusos al caso de Ernesto Ruffo apestan a tufo. Ojalá que en su mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum -ya de regreso de la Final del Mundial FIFA 2026 en Nueva York- haga con el caso Ruffo Appel lo que tanto exige. Dar “pruebas, pruebas, pruebas”.

Por cierto, más allá del futbol ¿de qué hablaron el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, en el Estadio Nueva York? Pronto lo sabremos.

Fuente.-Codigo Magenta/

"LLEGÓ TARDE la LEY Vs FEMINICIDIO: DESPUES de 9 MIL 433 MUJERES, ADOLESCENTES y NIÑAS MUERTAS a MANOS de PEQUEÑO EJÉRCITO de MACHOS... una horda de perpetradores que suele quedar impune.

Hace tan solo unos días, el miércoles pasado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley general para prevenir, indagar, sancionar y reparar el daño por feminicidio, esa atrocidad machista que tanto enluta a nuestra sociedad. Con ese instrumento legal pretende garantizar cero impunidades para los perpetradores, a través de la homologación, en todo el país, de mecanismos de investigación y de sanciones específicas para ese delito.

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías del país se trabaje igual contra el feminicidio”, explicó la Presidenta. Ojalá. Suena bien y es pertinente contar con una legislación así en un país tan misógino como este, una nación infectada por interminables redes de complicidad que derivan en la infausta normalización de las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional (la familia, la escuela, el trabajo, las parejas, las amistades), pero esa acción, hay que subrayarlo, llega muy tarde a la república: arriba después de que 9 mil 433 mujeres, adolescentes y niñas mexicanas ya fueron víctimas de feminicidio desde 2015. Para ser muy preciso, de esas 9,433 personas ultimadas casi el 10% eran menores de edad: 937 niñas y adolescentes. Despacio: novecientos-treinta-y-siete niñas y adolescentes muertas. Siete pequeñas al mes, en promedio, víctimas de feminicidio.

También lea de nuevo y lentamente el total, por favor: nueve-mil-cuatrocientas-treinta y tres niñas, adolescentes y mujeres muertas a manos de un pequeño ejército de machos, una horda de perpetradores que suele quedar impune: así sucede en casi seis de cada diez casos de feminicidio, ya que sólo se lleva a tribunales al 46% de los imputados, según datos del gobierno federal. 

Un horror, la vergonzosa cifra oficial desde 2015 -cuando el feminicidio se empezó a contabilizar como tal, aunque había sido tipificado desde 2012- y hasta mayo de este año. Y por si no fuera una barbaridad ese número (9,433 feminicidios), no olvidemos que en México hay -además- miles de homicidios dolosos contra mujeres que no son clasificados como feminicidios, aunque tengan las características de ese deleznable comportamiento patriarcal: 28 mil 319 mujeres, adolescentes y niñas han sido asesinadas en México en el mismo periodo. De nuevo, despacio para dimensionar: veintiocho-mil-trescientos-diecinueve mujeres víctimas de homicidio doloso en once años y cinco meses. 

¡Uf! Sumemos las espantosas cifras: 9,433 feminicidios más 28,319 homicidios dolosos, lo que da un total de 37 mil 752 mujeres, adolescentes y niñas muertas violentamente en once años y cinco meses. Son al menos nueve casos al día, en promedio. Se trata de deprimentes y vergonzosos números, no me cansaré de decirlo, porque estamos hablando de nombres y apellidos, de vidas truncadas, mutiladas, cercenadas, y con ello, decenas de miles de familias destrozadas. 

Vuelvo al principio: qué bien que finalmente vayamos a contar ya como nación con procedimientos únicos para pesquisar de la misma manera el feminicidio y que éste se castigue de igual forma en todo el país, pero como la Presidenta misma reconoció, es un delito que “lamentablemente” en la mayoría de los casos es perpetrado por un familiar, un colega, una amistad, un conocido de la víctima. 

El enemigo en casa, en la escuela, en el trabajo, en el círculo social cercano, porque el maltrato y la violencia contra las mujeres yace ahí todo el tiempo, está latente cada día y empieza mucho antes del asesinato, con el maltrato machista que en algún momento escala hasta volverse violencia letal. Vea las cifras de agresiones dolosas contra mujeres: 760 mil 721 casos en el mismo periodo. Más de setecientos sesenta mil mujeres golpeadas, pateadas, agredidas violentamente hasta lesionarlas. Espeluznante. Son, en promedio, 189 casos al día de agresiones contra mujeres, adolescentes y niñas, al menos siete por hora.

Retorno a lo que dijo Sheinbaum, que en la mayoría de los casos de feminicidios las agresiones se dan en el primer círculo de las víctimas, ¿qué hacemos? ¿Dónde y cómo se protegen las mujeres si los agresores están en los hogares, las escuelas, los trabajos, las amistades? Hay que romper las cadenas de complicidad. Todas. Las que empiezan desde el maltrato y el acoso y que pueden ir escalando hasta terminar en agresiones y asesinatos. 

¿Da miedo enfrentarse a los energúmenos? Quizá, pero somos los hombres los que tenemos que desechar el silencio cómplice, acabar con la normalización del maltrato y la violencia, y encarar a esos tipos, denunciar a los agresores en cualquier lugar donde se atrevan a maltratar y agredir con sus tolerados “miocromachismos”. Es un deber tomar conocimiento de sus abusos iniciales y exhibirlos, con más razón si las víctimas vencieron el terror y se acercaron a pedir ayuda. Hay que apoyar a esas mujeres, aunque eso conlleve consecuencias para usted como denunciante que ayuda a una víctima, porque un día el confrontar a un sujeto así podría darles paz y seguridad a muchas mujeres e incluso hasta salvarles la vida. Al menos a una. Con eso bastaría para arriesgarse.

Piénselo muy bien cuando vuelva a ver un impune y protegido macho en acción en cualquier lugar: ¿va a ser usted un pasivo cómplice por omisión? La próxima vez la mujer maltratada podría ser su hermana, su hija, su pareja, su madre, su nieta. Vaya usted a saber. O la nieta, la madre, la esposa, la hija, la hermana, la amiga de alguien más que ignora el maltrato que está sufriendo y el riesgo que corre ante el macho impune. 

Voltear hacia otro lado y avalar el machismo con un silencio cómplice es inadmisible, hoy más que nunca. 

Punto.

Fuente.-JUAN PABLO BECERRA/ELUNIVERSAL+ jp.becerra.acosta.m@gmail.com 

LA "HISTORIA SIN FILTRO: la MINISTRA BATRES NOS HABLA de VILLA y lo DOMESTICA para CONSUMO INSTITUCIONAL"... Villa sin pólvora: la versión políticamente rentable.

Ah, Pancho Villa: el héroe inoxidable, el santo laico de la narrativa revolucionaria oficial. En esta versión, cuidadosamente pulida, no hay aristas, contradicciones ni sombras—solo un caudillo casi administrativo, eficiente y generoso, como si gobernar en guerra civil fuera equivalente a dirigir una oficina pública con vocación social.

Se nos presenta a Villa como eje moral de “el mayor movimiento social de la historia”, una afirmación que ya dice más de la intención épica del texto que de la precisión histórica. Porque sí: Villa fue protagonista, pero también fue un líder militar con prácticas de guerra crudas, decisiones arbitrarias y lealtades cambiantes. Nada de eso aparece. Aquí, en cambio, todo es orden, decretos y justicia redistributiva casi quirúrgica.

El relato convierte su brevísimo paso por el gobierno de Chihuahua —apenas un mes— en una especie de laboratorio de política pública ejemplar. Diecisiete decretos, banco estatal, moneda respaldada en bienes confiscados… contado así, suena a programa económico coherente. Lo que se omite es el contexto: economía de guerra, emisión monetaria con problemas de respaldo real, confiscaciones forzosas y una administración sostenida por control militar. No era precisamente un entorno institucional estable, aunque aquí se sugiera.

La confiscación de bienes de las élites —presentada como justicia social— se describe sin matices: no se menciona que también implicó arbitrariedad, disputas internas y, en muchos casos, falta de mecanismos legales claros. Tampoco se problematiza el uso del Banco del Estado como administrador de propiedades expropiadas en medio del conflicto. Todo queda envuelto en una lógica de “ricos malos, revolución buena”.

Luego viene el catálogo de medidas sociales que rozan lo milagroso: reducción del 85% en precios de alimentos, apertura de decenas de escuelas en semanas, reactivación de servicios públicos con soldados multitarea. ¿Posible? Quizá en parte. ¿Sostenible? Esa es la pregunta que el texto evita con elegancia. No hay evaluación de impacto, duración ni consecuencias económicas. Solo resultados inmediatos, casi propagandísticos.

El mismo patrón se repite en seguridad y orden: ley seca, disciplina militar, prohibición de abusos por parte de soldados. Todo suena a un Estado funcional emergiendo del caos, aunque la evidencia histórica muestre una realidad más ambigua, con episodios de violencia, ejecuciones sumarias y control territorial basado en la fuerza.

Particularmente revelador es el tratamiento de la expulsión de españoles. Se menciona, sí, pero suavizada bajo la etiqueta de “acusados de apoyar al usurpador”. No hay reflexión sobre xenofobia, represalias colectivas ni violaciones a derechos. Es un detalle incómodo que se menciona de paso, como quien barre bajo la alfombra.

El cierre tampoco sorprende: Villa queda “catapultado en la memoria de la justicia popular”, una frase que no describe un hecho histórico sino una postura ideológica. Porque la memoria no es neutra; se construye, se selecciona, se edita. 

Y este texto hace exactamente eso: seleccionar al Villa útil para una narrativa contemporánea donde el poder fuerte, redistributivo y legitimado por “el pueblo” se presenta como modelo.

En suma, más que un análisis histórico, esto es una pieza de reivindicación política: una biografía sin conflicto, una revolución sin contradicciones y un caudillo convertido en gestor público ejemplar. Historia, sí… pero con filtro.

Que dijo la Ministra:

Francisco Villa ha sido símbolo, héroe popular de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que vemos en él, junto con Emiliano Zapata, al corazón del mayor movimiento social que ha visto la historia de México y, probablemente, de América Latina: la Revolución Mexicana. Apoyó la lucha de Francisco I. Madero contra la dictadura porfirista. Tras el triunfo inicial de la revolución y posterior asesinato de Madero, en 1913, se unió a la lucha contra Victoriano Huerta. Reunió y organizó fuerzas revolucionarias de Chihuahua, Durango y la región lagunera bajo un mando militar unificado en la División del Norte.

Entre los principales triunfos militares de ese ejército villista se encuentra la toma de Ciudad Juárez, la ocupación de Chihuahua y la batalla de Zacatecas en 1914.

Conforme al Plan de Guadalupe, lanzado por Venustiano Carranza, asumió el gobierno de Chihuahua, en cuyo mando permaneció del 8 de diciembre de 1913 al 7 de enero de 1914. En ese breve mandato, emitió 17 decretos.

En materia económica, determinó la concentración del impuesto del timbre y anuló adelantos del Impuesto de Contribución y Ventas. Suprimió los impuestos de importación en la Aduana de Ciudad Juárez a los productos de consumo básico de la población. Creó el Banco del Estado, que acuñó monedas de plata y emitió papel moneda, respaldado con los bienes confiscados a grandes terratenientes, como los correspondientes a las familias Creel, Terrazas y Falomir.

La confiscación de bienes de los enemigos de la Revolución se concentró en el decreto publicado el 12 de diciembre de 1913, dirigido a las propiedades de Luis Terrazas e hijos, hermanos Creel, hermanos Falomir, José María Sánchez, hermanos Cuilty, hermanos Luján y J. Francisco Molinar. Los bienes serían administrados por el Banco del Estado. Tan sólo la familia Terrazas poseía 2.2 millones de hectáreas.

En cuanto a medidas de carácter social, ordenó la reducción inmediata de 85% del precio de la carne, el maíz y el frijol. La carne pasó de un peso a 15 centavos por kilo. Impulsó una reforma educativa para crear 50 escuelas en menos de un mes y reabrió el Instituto Científico y Literario (que después se transforma en la Universidad Autónoma de Chihuahua). Para mejorar los servicios públicos, ordenó a sus soldados apoyar en labores operativas en el sistema de tranvías, la planta eléctrica, los telégrafos y el suministro de agua potable.

Personas desempleadas de las madereras y minas destruidas por la guerra en Madera, Pearson (Mata Ortiz) y Casas Grandes, recibían diariamente raciones de alimentos con costo al Ejército Constitucionalista, por orden de Villa.

Decretó la ley seca y cerró cantinas. Reorganizó los ferrocarriles, instaló el primer telégrafo inalámbrico del norte e instaló molinos de harina y mataderos de ganado. Además, prohibió a los soldados tomar caballos o cualquier bien de la población. Emitió una “Manifestación Amnistía”, en la que perdonaba a los partidarios del huertismo, que iba acompañada de la orden de entregar todas las armas suministradas por el huertismo en el cuartel general. Sin embargo, expulsó a los españoles de la entidad, acusados de apoyar al gobierno usurpador.

En su gabinete integró a miembros de la Junta constitucionalista formada en El Paso, Texas, semanas después del golpe militar de Huerta contra Madero. El periodista Silvestre Terrazas, director de El Correo de Chihuahua, fue designado secretario general de Gobierno; Sebastián Vargas, tesorero general del Estado, y Matías C. García, director general de Instrucción Pública.

Este breve paso por el gobierno, junto con el posterior impulso de la reforma agraria, catapultó a Villa en la memoria de la justicia popular.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Con información: ELUNIVERSAL+/LENIA BATRES/