«MOCHA SUELDOS desde 2022: ACUSAN CERCANO de AMERICO y su ESPOSA en TRAMA CORRUPTA de OROZCO con ZETA y AMERIQUIN»…es representante de la Secretaria de Gobernación.

Carlos Ernesto Orozco Morales, quien fue nombrado a inicios de 2022 por Américo Villarreal Anaya, gobernador de Morena en Tamaulipas, como «Coordinador General de Desarrollo Intergubernamental» de la Secretaría General de Gobierno, es el mismo a quien el Cártel del Noreste (CDN) le dejó, en noviembre de 2022, un «claridoso narcomensaje» en una cartulina verde junto a un cadáver.

Más recientemente, fue designado o mas bien infiltrado ,como delegado federal, representante en Tamaulipas de la Secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodriguez, debido a la estrecha cercanía a nivel de complicidad que guarda con el mandatario y su esposa, María Santiago de Villarreal, quien últimamente aparece como «arroz de todos los males».

Ahora, Orozco es señalado en otro escándalo de corrupción.

El funcionario que en su ultima declaración patrimonial admite que no tiene deudas y ahora se entiende.

De acuerdo con fuertes trascendidos en fuentes de la misma Secretaría General de Gobierno, estaría implicado, junto con el hijo del gobernador, Américo Villarreal Santiago, alias «Ameriquin y/o Ameriquito», en un moche sistemático desde 2022 de sueldos y compensaciones de al menos una docena de empleados de la «Coordinación General de Desarrollo Intergubernamental», misma que depende estructuralmente de Héctor Joel Villegas, alias «El Calabazo», otra figura profusamente vinculada al crimen organizado.

La acusación, ya formulada incluso por escrito por parte de los afectados —cuyos nombres se omiten para proteger su identidad—, está siendo ocultada dolosamente por el gobierno multiacusado de Morena y Américo Villarreal, tal y como lo ha venido haciendo con todos los constantes actos de corrupción y colusión que involucra a su familia y gobierno.

“Ameriquito” y Orozco han sido señalados desde 2022; el hijo del gobernador, de manera enfática, es quien controla la recaudación de la extorsión en alianza con cárteles, a partir de cobros de cuota de diversas actividades legales a cargo del gobierno , como COEPRIS y la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior, entre muchas otras.

El caso de “Orozco y el Ameriquín” no es aislado. Ha sido tal la desfachatez con la que operan que, en algunas dependencias del gobierno, han sido incrustados perfiles que fungen como intermediarios entre el cártel y la autoridad, con el fin de facilitar la interacción coordinada en esquemas de extorsión.

Con información: @Redes/medios

«PIDE CAPELLA a SHEINBAUM ESCUCHAR en VEZ de SOLO OIR y le RESTREGA la VIOLENCIA de BAJA CALIFORNIA»…menos foto, mas realidad.

Alberto Capella Ibarra —activista, ex jefe policial reciclado en media República y viejo conocido del discurso de “mano firme”— decidió aprovechar la gira presidencial en Baja California para lanzarle un mensaje directo a Claudia Sheinbaum: menos foto, más realidad.

Desde sus redes, Capella pintó un estado que no cabe en los informes optimistas: comercio asfixiado, turismo con miedo, filas fronterizas que desesperan y una rutina de extorsión y homicidios que ya no sorprende a nadie, pero sí desgasta a todos. Básicamente, la postal incómoda que rara vez llega al templete.

El ex secretario no se anduvo con rodeos: pidió que la Presidenta deje de escuchar el eco de los aplausos oficiales y se siente con quienes no salen en la selfie institucional —empresarios, médicos, policías, familias rotas por la violencia—, esa mayoría silenciosa que no encabeza marchas ni ocupa sillas en los presidiums.

Porque, según Capella, Baja California no necesita otro evento bien producido; necesita que alguien voltee a ver lo que pasa cuando se apagan las cámaras.

Y datos hay. El INEGI coloca al estado en los primeros lugares de percepción de corrupción, mientras la semana dejó su propia bitácora roja: ataques contra agentes federales en Tijuana, cuerpos con narcomensajes en Tecate y el asesinato de un mando estatal. Nada que no se sepa… pero todo lo suficientemente grave como para no seguir maquillándolo.

De paso, el mensaje también llevó destinatarios locales: una clase política más ocupada en la siguiente candidatura que en resolver lo básico —gobernabilidad, justicia y algo parecido a la paz. Capella incluso le recordó a Sheinbaum aquel regaño en San Quintín, cuando por un momento —dice— sí pareció entender el hartazgo. Momento fugaz, al parecer.

Y es que, aunque Baja California apenas pese en votos, pesa en vitrina: lo que pasa ahí no se queda ahí. Se mira desde California, cruza fronteras y termina afectando la narrativa del país entero. Por eso la petición no fue menor: que deje de ver críticas como oposición y empiece a verlas como diagnóstico.

Mientras tanto, en la realidad no editada, la gira presidencial en San Quintín no fue precisamente un paseo terso. Maestros bloquearon el paso del convoy para reclamar promesas incumplidas del ISSSTE, colonos exigieron servicios básicos y madres buscadoras intentaron, sin mucho éxito, arrancarle unos minutos a la Presidenta para hablar de desaparecidos.

Pero entre bloqueos, reclamos y protocolos, el vehículo oficial siguió su ruta.

Como casi siempre.

Con información: ELNORTE/

«VA estar DIFICIL CONFIAR en ALACRANES: MORENA SINALIVIO BUSCA en SINALOA un CANDIDATO entre los ESCOMBROS para GOBERNAR en 2027″…un laboratorio de narcogobierno “aspiracional”

Morena está buscando candidato en Sinaloa entre ruinas que ellos mismos ayudaron a levantar; exigir ahora “perfiles intachables” suena a pedirle honestidad al Cartel de Sinaloa.

La casa quemada y luego el casting

Primero dejaron que el proyecto Rocha se infestara de señalamientos por vínculos con el Cártel de Sinaloa, hasta que Washington tuvo que hacer la chamba incómoda y meter al gobernador y a nueve funcionarios a la lista negra. 

Ahora resulta que la prioridad es encontrar a alguien “probo” que exorcice el fantasma del narcogobierno en 2027, como si no supieran quiénes llevaban años operando la plaza. Piden cirujano cuando durante todo el sexenio aplaudieron al pirómano.

El zoológico de cuadros “intachables”

La escena es tragicómica: la senadora Imelda Castro puntea en encuestas, pero en el propio partido admiten que no controla ni un municipio, ni un poder, ni una estructura real; pura simpatía y cero músculo territorial. Es la candidata de los grupos que quieren salvar la narrativa, no el territorio. Del otro lado, los cuadros con verdadera fuerza regional arrastran la marca Rocha tatuada en la frente, justo cuando Estados Unidos ya dejó claro que Sinaloa no era Gobierno, sino franquicia.

Sinaloa, laboratorio de narcogobierno “aspiracional”

Morena dice que no solo se trata de ganar la elección, sino de encontrar a alguien que aguante la presión del crimen organizado, como si el problema hubiera empezado ayer y no llevara décadas institucionalizado. La propia nota pone el contexto: guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, una confianza ciudadana hecha polvo, y un Gobierno incapaz de contener la expansión criminal. Quieren vender “rescatar Sinaloa” cuando, en realidad, lo que están buscando es quién ponga la cara mientras se negocia la continuidad del desorden.

El show del “rescate” y los empresarios redimidos

Ahora improvisan mesas con dirigentes, operadores, empresarios, agricultores, universidades y organizaciones civiles, bajo la etiqueta de “proceso de rescate” del movimiento. Traducido: la marca se les está hundiendo y necesitan que la élite local los vuelva a tratar como partido, no como riesgo reputacional. Hablan de un candidato que pueda “hablar con todos”, pero todos ya aprendieron que Sinaloa no se gobierna con discursos, sino con la lista de a quién no puedes tocar.

Por qué confiar en alacranes es misión suicida

Morena presume que no va a soltar la gubernatura, que ceder Sinaloa a aliados sería un “revés” para el proyecto de Sheinbaum, pero al mismo tiempo reconoce que una victoria sin capacidad de corregir el rumbo podría salir igual o más cara rumbo a 2030. No están pensando en la seguridad de los sinaloenses, sino en el costo político nacional de admitir que el narco les secuestró la plaza. Y mientras posponen la decisión hasta septiembre, la pregunta de fondo sigue intacta: si la estructura que hoy domina Sinaloa nació y creció dentro del mismo partido, ¿a quién quieren engañar cuando prometen que ahora sí habrá “liderazgo limpio”?.

Con información: ELIA CASTILLO/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

«OTRO de SOBRES AMARILLOS: el INE PREVEE EXHONERAR OTRO CARNAL TRAMPA de LOPEZ «HABLADOR»…con la familia de corruptos no hay tos.

Después de cinco años de darle vueltas, tocar puertas y mandar oficios que nadie contestó, el INE está listo para decir lo que ya parecía inevitable: no hay nada que probar, así que Martín Jesús López Obrador queda limpio… otra vez.

La historia es conocida: videos, sobres, dinero en efectivo y un “es para mi hermano” que sonaba más a confesión de sobremesa que a defensa legal. 

El INE se aventó una investigación larga —larguísima— que empezó en 2021, tras el escándalo que destapó Latinus. Buscaron a Martín Jesús en seis domicilios repartidos por media República… y no lo encontraron. Ni rastro. Como si jugara a las escondidas con el Estado.

Mientras tanto, la Fiscalía Electoral hizo lo suyo: nada. Cinco años de oficios ignorados bajo el cómodo paraguas del “secreto ministerial”. Traducción: no te contesto y no pasa nada.

La Unidad de Inteligencia Financiera, por su parte, revisó cuentas y tampoco encontró movimientos raros. Ni depósitos sospechosos, ni retiros por las cantidades que se veían en video. Como si el efectivo simplemente se evaporara o nunca hubiera existido.

Morena, fiel a su estilo, despachó el asunto con una defensa minimalista: un video no es prueba suficiente. Y listo. Caso cerrado desde su perspectiva.

Del lado de David León, la estrategia fue más elegante: pedir que ya dejaran de investigarlo porque el proceso era muy lento y afectaba sus derechos. Básicamente, cansar al sistema… y parece que funcionó.

Al final, el INE concluye lo que en lenguaje burocrático suena técnico, pero en realidad es bastante simple: en el INE dicen que no pudieron conectar los puntos, que no hay “nexo causal”, no hay “certeza”, no hay nada. Y si no hay nada comprobable ni ganas de comprobar, entonces no hubo financiamiento ilegal y fin de la historia.

Así que, después de videos, sobres de dinero y años de ruido político, la conclusión oficial es casi poética: todo ocurrió… pero jurídicamente, no ocurrió porque el sistema que gobierna es parte de lo que ocurrió y nadie en su sano juicio «moral»,se dispara solo.

Con información: ELNORTE/

«HABRA CHICAS BUENA ONDA en…la NOCHE ?: EDIL CATOLICO de SLP INVITA a FESTEJO del DIA del PADRE VERSION HUASTECA»…pueden llevar hieleras, pero no niños.

Mañana, en El Naranjo, San Luis Potosí, no habrá festejo del Día del Padre: habrá after de dependencia pública. El alcalde Rafael Olvera Torres, mejor conocido como “Peluchín”, decidió que la mejor forma de honrar la paternidad es con “chicas buena onda”, cheve en hielera y recursos públicos en modo antro de carretera.

Invitación versión “Peluchín”

Se invita cordialmente a todos los papás del municipio a olvidarse de sus responsabilidades parentales por una noche, pero eso sí, favor de no llevar a los hijos, porque el espectáculo es “para adultos”, de esos que se organizan desde la oficina pero se presumen como si fueran cosa muy privada.

El acceso con hieleras está autorizado, porque si algo distingue a la política de la huasteca potosina es que el alcohol corre más fácil que el agua potable, y a final de cuentas, ¿qué mejor política pública que patrocinar la cruda moral de pasado mañana?.

Día del Padre versión huasteca

Según el Edil, reelegido por la vía independiente pero transmilitar en el Partido Verde, el verdadero reconocimiento al papá de familia no son guarderías, trabajo digno ni seguridad, sino pista, luces y show para que el contribuyente se distraiga tantito de la realidad.

Eso sí, la única política de protección a la infancia que se asoma es el aviso de “no venir con menores de edad”, porque mientras haya baile y botana, la ética administrativa puede quedarse estacionada afuera del salón.

Recursos públicos, diversión privada

Habitantes de la huasteca potosina ya cuestionan que el dinero de todos se use para promover consumo de alcohol y entretenimiento para adultos, pero en la narrativa oficial seguro lo venderán como “estimulación económica del sector servicios”.

Al final, el mensaje es claro: los impuestos se convierten en espectáculo y el Día del Padre en un casting improvisado donde el municipio pone el escenario, el pueblo pone la dignidad y Peluchín presume que en su gobierno “sí se apoya al jefe de familia”.

Con información: ELNORTE/

«SE lo LLEVÓ la PATRULLA en 2018 y RECONOCIÓ el CRÁNEO de su HIJO ARCHIVADO en la FISCALÍA pero 4 AÑOS DESPUÉS se lo ENTREGAN»…es otro estado moreno-criminal

Hace falta un estómago duro —o una vocación cínica— para leer esta historia sin sentir que algo se pudre más allá de lo tolerable. Porque no es solo negligencia: es una forma de violencia institucional que se disfraza de trámite.

Durante cuatro años, el Estado de Guerrero a cargo de Morena,esa organización criminal con nombre de partido politico, tuvo un cuerpo. Cuatro años. No en la clandestinidad, no en manos del crimen organizado, sino dentro de una fiscalía. Bajo resguardo oficial. En teoría, bajo protocolos. En la práctica, bajo el abandono más obsceno. El hijo de Socorro Gil no estaba desaparecido: estaba archivado.

Socorro Gil supo que su hijo estaba muerto desde que vio la foto de ese cráneo en las carpetas del Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco. Ella repasaba minuciosamente esas páginas repletas de imágenes de restos humanos desde que el 5 de diciembre de 2018 una patrulla de la policía municipal detuvo a Jhonatan Romero y ya no lo devolvió. 

En ese cráneo faltaban los mismos centímetros que faltaban en el de Jhonatan. Una fractura grave que el chico se hizo en un accidente de coche cuando tenía 11 años y que le llevó a perder un trozo de hueso frontal, justo encima de la ceja. “No le pudieron poner una placa porque tenía que venir de Alemania y tardaba un mes en llegar”, explica la mujer y después salta en el tiempo: “Nadie puede tener la misma fractura en el mismo lugar. No me quedó duda de que era él”. Ella encontró esa imagen a final del año pasado, pero los restos estaban bajo resguardo de las autoridades de Guerrero desde septiembre de 2022. “¿Cómo es posible que encuentren un cráneo y lo guarden sin hacerle pruebas, sin compararlo con las mamás que estamos activas buscando y que se nos va la vida?”, pregunta. ¿Cómo es posible?

Y ahí es donde el discurso oficial se rompe como yeso viejo. Porque el gobierno insiste en narrarse como solución, como muro de contención frente al horror. Pero casos como este revelan algo más incómodo: que la maquinaria pública no solo falla, sino que prolonga el sufrimiento, lo administra, lo burocratiza. Lo convierte en expediente.

¿Qué nombre tiene retener un cuerpo sin hacer las pruebas necesarias durante años? ¿Ineficiencia? ¿Descuido? ¿O una forma de violencia que no necesita balas porque se ejerce desde el escritorio? Aquí no hay error administrativo inocente. Hay una cadena de omisiones que, sumadas, producen el mismo efecto que aquello que el Estado dice combatir: la desaparición.

Porque desaparecer no es solo que alguien se esfume en manos del crimen. También es que el Estado, teniéndote, decida no nombrarte, no identificarte, no devolverte. Es dejar a una madre en pausa indefinida, condenada a buscar a alguien que ya estaba, literalmente, en custodia oficial.

La tragedia aquí no es solo personal. Es estructural. Es la evidencia de un aparato que opera con la parsimonia de quien no tiene consecuencias. Que puede permitirse cuatro años de inacción sin que nadie pierda el cargo, sin que nadie rinda cuentas, sin que nadie siquiera se sonroje.

Y mientras tanto, el lenguaje oficial seguirá hablando de avances, de protocolos, de compromiso con las víctimas. Palabras limpias para encubrir prácticas sucias. Porque cuando el Estado administra cadáveres con esta indiferencia, deja de ser parte de la solución y se vuelve —aunque incomode decirlo— parte del mismo ecosistema de violencia que dice combatir.

No es solo incompetencia. Es algo más corrosivo: la normalización del abandono.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/BEATRIZ GUILLEN/

«TODO se SALIÓ de CONTROL y FISCALÍA MORENA TERMINÓ INVESTIGANDO EDIL de MORENA por ROBAR a GOBIERNO de MORENA»… no fue un secuestro, fue contabilidad creativa

En Tenancingo,en el Estado e Mexico,gobernado por Morena, no hubo secuestro: hubo guion. Y no cualquier guion, sino uno digno de esa escuela política donde la realidad siempre estorba y la narrativa se escribe primero.

Nancy Flores Pacheco —alcaldesa morenista,presidenta del Consejo Estatal del partido, formada en la disciplina del movimiento y reciclada desde 2017 en sus filas— denunció un plagio exprés con todos los elementos del melodrama: comando armado, amenaza de muerte para toda la familia, rescate de 40 millones y una fuga milagrosa en menos de una hora. Un crimen tan eficiente que ni el crimen organizado lo presume: secuestran, negocian, fracasan y liberan… todo en el mismo acto.

El detalle incómodo es que la historia no resistió ni el primer contraste. Declaraciones contradictorias, tiempos imposibles, decisiones absurdas —como sugerir que el rescate saliera directamente de las arcas municipales— y una logística más cercana a la improvisación que a cualquier operación criminal real. No era un secuestro: era contabilidad creativa con pistola de utilería.

La Fiscalía del Estado de México hizo lo que rara vez hace el poder cuando se investiga a sí mismo: no compró el relato. Y lo que encontró fue más revelador que cualquier denuncia. Según la investigación, el “secuestro” llevaba meses planeado; la propia alcaldesa habría trazado rutas para evadir cámaras, coordinado a los supuestos captores y, cuando un testigo real apareció —ese elemento molesto que no viene en los planes—, ordenó abortar la operación con una frase que resume todo: “esto se salió de control”.

Lo que se salió de control no fue un crimen, sino una coartada. El objetivo, según la autoridad, era simple: justificar un faltante de 40 millones de pesos en las finanzas municipales. Es decir, convertir un desfalco en tragedia personal. La corrupción convertida en víctima.

Y entonces aparece Morena, ese partido que se autodefine como regeneración pero que en los hechos opera como administración de daños. Porque aquí no hay oposición, no hay adversarios externos: todos los actores —alcaldesa, Fiscalía, gobierno estatal— son del mismo color. Morena investigando a Morena por presuntamente robar en un gobierno de Morena. La “cuarta transformación” convertida en circuito cerrado.

La respuesta del partido fue la esperada: abrir un procedimiento interno y suspender derechos. El clásico movimiento de contención, donde la ética se activa justo cuando el escándalo ya es público. Antes, silencio; después, “no somos iguales”.

Mientras tanto, la alcaldesa se declara víctima: de secuestradores, de la Fiscalía, del aparato político y, por supuesto, de un complot. En su versión, todo es persecución; en la de la investigación, todo es simulación. Entre ambas, hay un dato que no cambia: los 40 millones.

Tenancingo, con sus cifras reales de secuestro y violencia, quedó reducido a escenario. Porque en este caso el crimen no fue la privación ilegal de la libertad, sino la banalización de ella. Usar el lenguaje del horror cotidiano como herramienta administrativa.

Y si algo retrata esto con precisión quirúrgica, no es la torpeza del montaje, sino la normalidad del mecanismo: inventar, desviar, culpar, resistir y, al final, disciplinar internamente para que el daño no trascienda.

Morena no es la excepción a la vieja política. Es su versión más sofisticada: la que denuncia la corrupción mientras la reinterpreta, la que promete transformación mientras perfecciona la simulación.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERNESTO NUÑEZ/

EL «RETEN de los BUEYES de la VAQUITA: NO es el CRIMEN ORGANIZADO,es el ESTADO ACTUANDO como CRIMINALES ORGANIZADOS»…detener, inventar irregularidades y negociar en corto.

Con la llegada de la temporada vacacional y el desfile anual de paisanos regresando a casa, también vuelve un clásico del noreste: las denuncias de extorsión en el retén de “La Vaquita”, ese punto kilométrico donde la ley parece ser opcional y la mordida, institucional. Los protagonistas no son improvisados, sino agentes de la propia Fiscalía estatal, que operan el filtro como si fuera caja chica.

Desde la frontera de Tamaulipas, los testimonios coinciden: más acoso, más presión y la misma vieja receta. Detener, inventar irregularidades y negociar en corto. Porque aquí no hay infracciones, hay tarifas.

El caso de una maestra jubilada de Reynosa lo ilustra sin maquillaje. Viajaba a Monterrey para su tratamiento contra el cáncer cuando fue interceptada. 

El guion fue el de siempre: amenazas de decomiso, grúa inflada en 3 mil 500 pesos, multa fantasma de 10 mil… y la pregunta clave, dicha sin pudor: “¿Cómo nos arreglamos? ¿Trae dinero?”.

La mujer explicó que su vehículo estaba en regla. No importó. En este retén, la legalidad es un detalle menor frente a la oportunidad.

“Nomás traigo mil 500 pesos… son para mi medicina”, respondió.

Error. Era exactamente la cantidad que estaban buscando.

Encapuchado y sin identificarse —porque aquí la autoridad también juega al anonimato—, uno de los agentes le arrebató el dinero de la bolsa. Transacción completada. Sin recibo, sin multa, sin vergüenza.

“Puede irse”.

Más adelante, soldados le confirmarían lo que ya era evidente: los responsables eran elementos de la Fiscalía de Nuevo León.

La escena no es aislada. Juan Carlos Ábrego, de la Asociación de Derechos Humanos Internacionales en Apoyo a Migrantes, lo resume sin rodeos: el retén sigue funcionando como punto de ordeña, pese a años de denuncias. Ni siquiera el programa federal “Héroes Paisanos” sirve de escudo; los agentes encuentran “fallas” donde no las hay y convierten dólares en botín.

En “La Vaquita”, el problema no es el crimen organizado infiltrándose en el Estado. Es el Estado operando con lógica de crimen organizado.

Con información: ELNORTE/

«NO CUENTA como HOMICIDIO del DÍA: YA HALLARON DESAPARECIDOS en FOSA CLANDESTINA en el PAÍS donde DESAPARECER EQUIVALE a MORIR»… los enterraron en La Marquesa.

La escena se repite con una normalidad obscena: una búsqueda que empieza como “desaparición” y termina, casi siempre, como exhumación. Esta vez fue en La Marquesa, en ese Valle de El Silencio que ya ni el nombre disimula. Cuatro cuerpos enterrados. Dos nombres que ya dejaron de ser ficha de búsqueda para convertirse en evidencia forense: Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani.

La autoridad habla de hallazgos, de operativos, de coordinación institucional. Pero lo que no dice —o prefiere diluir— es la conversión automática que ocurre en México: aquí desaparecer no es una antesala, es una sentencia diferida. Es homicidio en pausa. Es muerte administrada por el tiempo y la burocracia.

Porque cuando el gobierno presume que bajan los homicidios, pero las desapariciones siguen tragándose personas, lo que en realidad está haciendo es mover el cadáver de categoría. Cambiarle el nombre al crimen no lo vuelve menos crimen. Solo lo vuelve más conveniente.

Guillermo y Zafar no llegaron huyendo de la violencia; llegaron huyendo del desencanto político en Estados Unidos. Buscaron en México algo más habitable, más humano. Recorrieron mercados, caminaron colonias, confiaron. Pensaron —como tantos— que la bondad era una especie de salvoconducto.

Sus allegados señalaron que ambos estaban entusiasmados con su vida en México y disfrutaban recorrer mercados y zonas populares de la Ciudad de México, como La Lagunilla, Tepito y el Mercado de Jamaica.

«Sentían que la gente era buena. Ellos también eran muy nobles y creían que por ser buenas personas no iban a encontrarse con tanta maldad», relató Claudia.

No lo es.

Antes de desaparecer, dejaron un rastro mínimo: una ubicación rumbo a La Marquesa y movimientos bancarios que gritaban lo que ellos ya no podían. Luego, el silencio. Después, la tierra removida.

Y mientras la Fiscalía dice que “aún no hay identificación oficial”, la realidad ya los alcanzó: en este país, la distancia entre desaparecer y ser encontrado en una fosa no es una posibilidad, es una estadística.

El problema no es solo que los maten. Es que primero los borran. Y en ese borrado, el Estado encuentra su coartada perfecta: menos homicidios en el papel, más ausencias en la vida real.

Aquí no hay misterio. Hay método.

Con informacion: ELNORTE/