Desde 1985, dos agentes estadounidenses han sido asesinados en territorio nacional por traficantes de droga, dos murieron en un accidente, dos resultaron heridos de bala y otros dos fueron amenazados de muerte, cara a cara, por un capo del narcotráfico.
El caso más reciente de un incidente relacionado con miembros de corporaciones del país vecino fue el de los dos agentes de la CIAfallecidos en un siniestro automovilístico en Chihuahua, tras presuntamente participar en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
Desde el 21 de abril, en que el diario Washington Post informó que los fallecidos pertenecían a la agencia de inteligencia, el Gobierno federal ha reiterado casi todos los días una postura soberanista y en su conferencia del 28 de abril la Presidenta Claudia Sheinbaum expresó que los agentes fallecidos estaban «fuera de la ley».
En este contexto, al día siguiente Estados Unidos dio a conocer la acusación por narcotráfico contra el ahora Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 políticos, funcionarios y ex jefes policiacos de la entidad.
La difusión de la imputación rompió una regla no escrita con la que Estados Unidos había administrado este tipo de asuntos penales hasta entonces: no tramitar una solicitud de detención con fines de extradición contra un político mexicano en funciones.
En el pasado, las agresiones contra agentes estadounidenses en México tuvieron consecuencias mayores para distintos actores y gobiernos.
El desmantelamiento de organizaciones del narcotráfico que parecían invencibles, la disolución de la policía política de un régimen, la parálisis de la economía en la frontera, el secuestro de ciudadanos mexicanos en territorio nacional y la persecución sin descanso de los responsables, son parte de ese corolario.
Algunos de sus objetivos -como extraditar a uno de sus principales enemigos públicos- no los lograron pronto ni por las vías legales, pero supieron esperar hasta por 40 años para finalmente conseguirlo.
Estos son los cuatro incidentes en los que han estado involucrados agentes estadounidenses en México, previo al caso de Chihuahua.
ASESINATO DE CAMARENA
En 1984 el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala descubrieron el mayor centro de acopio y manufactura de mariguana del que hasta hoy se tenga noticia, en el rancho «El Búfalo», en Chihuahua.
La agencia estadounidense proporcionó a México la ubicación y el 6 de noviembre de ese año el Ejército aseguró el complejo de 10 mil hectáreas, en el que laboraban 4 mil campesinos y se aseguraron más de 6 mil toneladas de mariguana.
Los dueños de esta gran industria cobraron las pérdidas con sangre. El 7 de febrero de 1985 Camarena y Zavala fueron secuestrados en Guadalajara y casi un mes después, el 5 de marzo, sus cuerpos con signos de tortura fueron encontrados en un paraje del municipio de Vista Hermosa, Michoacán.
El crimen marcó la más grave crisis diplomática de México y Estados Unidos en todo el siglo 20. Estados Unidos no sólo lanzó una cacería contra los traficantes sinaloenses implicados en el crimen de Camarena, sino que ejerció por distintos flancos una presión inédita sobre su vecino del sur.
El 16 de febrero, cuando Camarena aún estaba desaparecido, los estadounidenses lanzaron la Operación Intercepción para conseguir pistas de su paradero, lo que significó endurecer los controles de la frontera con México y paralizar la actividad económica en esa zona del País.
Como principales responsables del crimen fueron señalados los capos Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, «Don Neto», y Miguel Ángel Félix Gallardo, todos detenidos entre 1985 y 1989.
Pero la persecución vino acompañada de revelaciones en la prensa estadounidense que implicaban a militares, policías, empresarios y políticos mexicanos con el narcotráfico.
A los pocos días de la desaparición de Camarena, Francis Mullen, el jefe de la DEA, denunció que Caro Quintero había sido detenido y luego liberado para que huyera de México vía aérea.
Después salió a la luz que, para escapar a Costa Rica, el capo usó una «charola» que lo acreditaba como agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Policía política que dirigía José Antonio Zorrilla, quien a su vez estaba bajo las órdenes del Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.
Una de las consecuencias del escándalo fue que el Presidente Miguel de la Madrid disolvió a la DFS el 29 de noviembre de 1985 y, al inicio del sexenio de Carlos Salinas, Zorrilla fue encarcelado como autor intelectual del crimen del periodista Manuel Buendía, registrado en 1984.
Lo que también se ventiló en aquella época es que los testigos colaboradores de la DEA declararon que, además de Bartlett, el General Juan Arévalo Gardoqui, Secretario de la Defensa; Enrique Álvarez del Castillo, Gobernador de Jalisco; Rubén Zuno Arce, cuñado del ex Presidente Luis Echeverría, y Javier García Paniagua, ex jefe de la DFS, supuestamente frecuentaban a los capos sinaloenses.
La DEA fue por Zuno Arce y lo detuvo en 1989 en Texas; el cuñado del ex Mandatario terminaría sus días en una prisión federal de Florida, purgando una cadena perpetua.
En 1990 la agencia antidrogas contrató a unos «caza recompensas» mexicanos para secuestrar en la Ciudad de México al médico Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener vivo con lidocaína a Camarena mientras era torturado por los traficantes. Álvarez fue trasladado a la Unión Americana y tres años después liberado.
Caro Quintero nunca pudo ser entregado por la vía de la extradición, sin embargo, Estados Unidos conseguiría su objetivo tras aguardar durante 7 sexenios por su enemigo público.
El año pasado los estadounidenses lograron la entrega del capo con un acuerdo en el que México aceptó expulsar ilegalmente a más de 90 presuntos narcotraficantes nacionales.
En su primera audiencia en una Corte de Nueva York, la DEA le colocó al sinaloense las mismas esposas que Camarena usaba para los arrestos.
«Creo que necesitamos decir a la gente en todo el mundo hoy: si ustedes tocan a un agente estadounidense, se verán en serios problemas», advirtió la senadora republicana Paula Hawkins, entonces presidenta de la Subcomisión del Senado sobre Alcoholismo y Drogas, el 8 de marzo de 1985.
Ese fue el día en que Camarena fue enterrado en una ceremonia fúnebre con los honores de un héroe militar.
AMENAZAS DE OSIEL
La tarde del 9 de noviembre de 1999 una camioneta Ford Bronco blanca, con placas diplomáticas, pasó frente a la casa de Osiel Cárdenas Guillén, capo del llamado Cártel del Golfo, en Matamoros, Tamaulipas.
En su interior viajaban Joseph DuBois y Daniel Fuentes, agentes de la DEA y del FBI, junto con Juan Raúl Bermúdez Núñez, reportero de un medio local.
DuBois en ese entonces estaba adscrito la oficina de la agencia antidrogas en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey y Fuentes en la sede de su corporación en Houston.
Unas cuadras después, tres vehículos les dieron alcance y los cercaron; de pronto, se vieron rodeados por 15 hombres armados con rifles de asalto AK-47 y R-15.
El reportero que aquella tarde estaba con los estadounidenses, en su momento declaró a la FGR que tenía contacto directo con Osiel desde 1998.
Por eso, cuando el capo descendió de una Jeep Cherokee blanca y se acercó a la camioneta de los estadounidenses, sólo les exigió una sola cosa: que le entregaran a su «informante».
Los agentes se negaron y el capo les respondió que no tenían alternativa, que de todas formas iban a morir.
«Ahora no te importa, pero mañana, pasado mañana y el resto de tu vida, te arrepentirás de cualquier estupidez que hagas ahora. Te vas a ganar 300 mil enemigos. Piénsalo bien, hombre. No hay forma de que puedas esconderte en ningún sitio. Van a venir a buscarte», le advirtió DuBois, según una entrevista que ofreció al Houston Chronicle, el 15 de marzo de 2010.
«¡Dales piso a esos cabrones!», gritaba Rogelio García, «El Roger», uno de los principales mandos de la organización, según el testimonio rendido ante la FGR por Bermúdez, quien se convirtió en el testigo protegido «José Luis».
DuBois también le advirtió a Osiel que si daba un paso en falso, su horizonte podía ser el mismo que el de los implicados en el asesinato de su compañero de filas Enrique Camarena, en 1985, contra quienes la DEA desató una persecución implacable.
A pesar de la exigencia de sus hombres, ese fue el momento en que Osiel decidió dar marcha atrás. Se retrajo y les gritó a los agentes que se largaran de Matamoros.
Cárdenas no tenía mucho de haberse convertido en el líder máximo del Cártel del Golfo; apenas en 1998 había demostrado su audacia y poder corruptor, al escapar de una casa de arraigo de la FGR en Jardines de Coyoacán, en la Ciudad de México.
El incidente con los agentes, sin embargo, se convirtió en una afrenta personal para las agencias estadounidenses que acortó su reinado criminal.
Sólo cuatro años después, el 14 de marzo de 2003, el capo fue capturado en Matamoros por el Ejército. Para ese entonces, ya habían caído en prisión un General, militares y policías acusados de complicidad con el traficante. Sus principales operadores habían caído antes que él.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, reconoció a DuBois y Fuentes por su «heroísmo excepcional».
LA CAÍDA DE LOS ZETAS
Cuando Los Zetas ya habían consolidado su poderío en casi una veintena de estados de la República, cometieron un error que significaría el principio del fin de la organización criminal, la más disruptiva de las últimas décadas.
El 15 de febrero de 2011 un grupo de sicarios del grupo delictivo abrió fuego contra una camioneta con placas diplomáticas, sobre la Carretera federal 57, en San Luis Potosí.
En el vehículo iban Jaime Zapata y Víctor Ávila, agentes de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE). Viajaban de Laredo, Texas, a la Ciudad de México. Zapata murió antes de llegar a un hospital y Ávila resultó herido.
Fue cuestión de horas para que Washington emitiera una advertencia.
«Que no quede duda: cualquier acto de violencia contra nuestro personal del ICE, o de cualquier miembro del Departamento de Seguridad Interna, es un ataque contra todos aquellos que sirven a nuestra nación y ponen en riesgo su vida por nuestra seguridad», dijo Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Un día después del crimen, el Procurador General Eric Holder anunció la creación de un grupo especial para localizar y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.
«Debemos -y lo haremos- erradicar esa escoria que le quitó la vida», prometió Holder.
Julián Zapata Espinoza, «El Piolín»
Los Zetas nacieron a fines de los años 90 como una guardia de ex militares al servicio de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, pero tras la captura del capo en 2003 el grupo empezó a adquirir autonomía y no hizo más que expandirse a base del terror y violencia indiscriminada, con un modelo de negocios basado en la diversificación de sus ingresos ilegales.
No eran sólo traficantes de droga, lograron centralizar el control sobre grupos de delincuencia común y todo giro ilegal a su alcance, incluidos el contrabando de mercancías, armas, prostitución, trata de personas, extorsión y robo de combustibles.
Lo ocurrido en la Carretera 57 inmediatamente lo dimensionaron los líderes de la organización.
El sicario Armando Francisco González, «El Ojitos», declaró a la FGR que desde el momento en que empezó a circular la noticia, los capos de Los Zetas intercambiaron comunicaciones para definir cómo responder a la situación.
Cuando ya tenían claro que el asesino había sido Julián Zapata Espinoza, «El Piolín», los mandos le ordenaron a Sergio Mora Cortés, «El Toto», su jefe inmediato, matarlo o entregarlo a las autoridades.
Mora optó por llamar a la Delegación de la FGR en San Luis Potosí y el 23 de febrero de 2011 el Ejército capturó a «El Piolín» en una casa del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, conurbado a la capital potosina.
La detención sólo ocasionó un efecto dominó que resquebrajaría los cimientos de la estructura de los Zetas. Cinco días después «El Toto», quien había delatado a «El Piolín», sería detenido en Saltillo.
Jaime Zapata, agente de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (ICE)
El ex militar Jesús Enrique Rejón Aguilar, «El Mamito», líder fundador de la organización y jefe de «El Toto», fue capturado el 4 de julio del mismo año en Atizapán, Estado de México. Así fueron cayendo más de 20 presuntos implicados en los hechos.
Por encima de «El Mamito» ya sólo había dos jefes: Heriberto Lazcano Lazcano, «El Lazca», y Miguel Treviño Morales, «El 40».
El 7 de octubre de 2012 Lazcano fue abatido por la Marina en Progreso, Coahuila, y el 15 de julio de 2013 las Fuerzas Especiales de la Armada capturaron a Treviño en Anáhuac, Nuevo León.
A partir de entonces, Los Zetas iniciaron un proceso de escisión y debilitamiento que los dejó reducidos a unas cuantas zonas de influencia en Tamaulipas.
Casi todos los detenidos por la muerte de Zapata fueron extraditados y hoy están sentenciados, varios de ellos a cadena perpetua.
Desde 2012, el ICE conmemora cada año el aniversario luctuoso de Jaime Zapata.
«En este aniversario triste, miramos en retrospectiva para lamentar la pérdida, pero también para recordar que fue un hombre valiente y honorable», indicó el ICE en el primer aniversario.
UN MONTAJE Y DOS HERIDOS DE LA CIA
El 24 de agosto de 2012 un grupo de agentes de la División de Seguridad Regional de Secretaría de Seguridad Pública Federaldisparó contra una camioneta Toyota Landcruiser con placas diplomáticas, en un paraje de Tres Marías, en Morelos.
A bordo del vehículo iban Chess Hoods Garner y Stan Dove Boss, agentes de la CIA, y Fabián Molino Yera, Capitán de Fragata de la Secretaría de Marina.
A pesar del blindaje de la unidad, Garner sufrió heridas de bala y esquirlas en el codo y antebrazo derechos; un balazo en el glúteo derecho, y moretones y heridas de esquirla en la zona derecha del abdomen, cadera y glúteo. Boss tuvo lesiones por esquirlas tanto en el hombro y la parte posterior del brazo y muslo derechos, como en la parte derecha del cráneo, que afectaron su lóbulo auricular con «desprendimiento de lobulillo» y exposición de cartílago.
Al menos en público, no hubo protestas del Departamento de Justicia ni de las agencias estadounidenses, las cuales habían mantenido durante los 12 años previos una relación muy estrecha con Genaro García Luna, el titular de la SSP.
Un total de 14 agentes de la Policía Federal fueron detenidos y arraigados por la FGR y más tarde encarcelados por los delitos de tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena.
El 2 de septiembre, apenas unos días después de los hechos, el entonces jefe de la División de Seguridad Regional de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, aseguró que los federales en realidad investigaban un secuestro que había ocurrido unas horas antes en la zona.
Exactamente un mes después de lo dicho por Cárdenas, la agencia de noticias AP dijo que un funcionario estadounidense -al que citó de manera anónima- le informó que había pruebas de que los policías agresores estaban coludidos con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Cuando los federales acudieron a la FGR, repitieron la versión que Cárdenas Palomino había comunicado a la prensa, es decir, que indagaban un secuestro -al parecer de un funcionario- y que dispararon para repeler una agresión.
El 18 de noviembre del mismo año la entonces subprocuradora de Control Regional de la FGR, Victoria Pacheco Jiménez, hizo pedazos esa versión y exhibió lo que, a su parecer, era un montaje y una operación de encubrimiento de la SSP.
La funcionaria reveló que, según los análisis periciales, los casquillos hallados en el lugar eran de armas de la Policía Federal, lo que dejaba en entredicho que los acusados hubiesen repelido un ataque de los agentes de la CIA y el Capitán.
También exhibió a los policías por haber declarado que iban uniformados y en patrullas balizadas el día de los hechos, ya que los videos de Capufe demostraron que estaban vestidos de civil y usaron vehículos particulares.
Con relación al secuestro, dijo que éste era investigado por la Procuraduría de Morelos y no por ellos.
Poco antes de ser llevados a prisión, dijo la subprocuradora, los policías entregaron una declaración por escrito a la PGR en la que admitieron haber mentido y falseado los hechos ante el Ministerio Público, por orden de sus mandos.
Esto derivó en 5 nuevas órdenes de aprehensión contra sus jefes inmediatos.
Pacheco Jiménez relató que dichos mandatos de captura los entregó a la SSP de García Luna para que los detuvieran, pero sólo capturaron al inspector general Juan Manuel Pacheco Salgado.
Los otros no fueron aprehendidos y, además, fueron avisados de la orden judicial, ya que enseguida presentaron amparos y lograron que un juez suspendiera la captura.
En el 2023 un total de 11 de los federales fueron absueltos, tras una década de litigio, y 3 continuaron presos por condenas de 16 años de cárcel.
A pesar de que hubo un castigo contra los directamente responsables y de que este incidente no escaló por la vía diplomática, un alto funcionario de la FGR de aquella época consideró que el intento de montaje ocasionó una molestia en algunos funcionarios estadounidenses y marcaría la suerte de García Luna.
Desde el 10 de diciembre de 2019, García Luna está preso en Nueva York y hoy litiga contra una condena de 38 años de prisión por narcotráfico.
Cárdenas Palomino, el superior jerárquico de los federales que hirieron a los agentes de la CIA, fue encarcelado en México el 5 de julio de 2021.
Él también está acusado en el mismo proceso de García Luna por proteger a traficantes de droga, entre ellos a los Beltrán Leyva.
Con informacion ELNORTE/
