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miércoles, 29 de abril de 2026

«NO le PEGUEN al PANAL ?»: «ESTRATEGIA ENTOMOLÓGICA de CDV y AMERICO mantiene PAZ con CDG pero INSEGURIDAD CRECIENTE en TAMPICO»…ambos hicieron lo mismo y…resultado es el mismo.


«No molesten a las abejas»: la filosofía de Estado que el narco agradece

El gobierno del «humañismo» y la transformacion en Tamaulipas,el de Morena y Americo Villarreal, podria encontrar una replica de su manual de ataque al Cartel del Golfo en esa zona de convivencia cívica en el sur de Tamaulipas, en un comunicado sobre insectos. Héctor Guzmán Curiel, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tampico, explicó ayer 28 de abril que las abejas africanizadas no representan riesgo si nadie las molesta, si nadie les arroja piedras, si nadie intenta retirarlas sin capacitación. La recomendación oficial es clara: dejarlas tranquilas, esperar entre 8 y 12 horas a que migren solas, y solo intervenir «en casos manifiestos de gran problema» .

La analogía criminal que el Estado perfeccionó

La misma lógica apícola gobierna la relación entre autoridades y crimen organizado en Tamaulipas. 

Como ustedes ya saben, Américo Villarreal recien presumió 2.2 millones de turistas y festivales playeros en Semana Santa , mientras administra al igual que su acérrimo rival con cara de enemigo, «Pancho» García Cabeza de Vaca,la paz construida sobre pactos tácitos con el Cartel del Golfo.

El «milagro de seguridad» que hoy exhibe el gobernador morenista,por cierto gradualmente deteriorado por su hermana la alcaldesa Monica Villarreal,tambien de Morena,quien recibió índices de percepción de inseguridad ciudadana en 2024 de 20.0%, los elevo a 30.9% en 2025 y luego a 34.8% ,aunque en 2026 ya estan en 28.4%,aun arriba.

Pero esa paz mafiosa, mero saldo de «no hacer nada», ha sido mas efectiva que «hacer mucho», asi se advierte en Reynosa donde 9 de cada 10 adultos estan inseguros, mero saldo de los malos oficios de mañoso del gobernador.

La analogía con el panal de abejas lo dibuja bien claro,su antecesor panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) no le quiso pegar al panal luego de una reculada histórica tras la publicación narcomantas en 2018 del comandante «R3» —Héctor Crescencio de León Fonseca— que lo acusaban de «mugroso traidor» y le recordaban los 10 millones de pesos entregados para la campaña de su hermano y 5 millones para el fraude electoral de Chucho Nader. El gobernador de Morena Americo Villarreal y Cabeza de Vaca, causalmente decidieron hacer todo lo contrario que ambos hicieron en Reynosa y con el mismo resultado.

«Ambos gobernadores aplicaron la misma apicultura política: dejar al enjambre trabajar sin molestarlo. La única diferencia radica en el grosor del cinismo: uno negoció su reculada tras recibir narcomantas con nombres, cifras y amenazas explícitas; el otro simplemente heredó el panal y lo administra como si fuera suyo.»

«La fórmula es idéntica, solo cambia la desfachatez con que la ejecutan: Cabeza de Vaca tuvo que retroceder públicamente después de que el ‘R3’ le recordara los 10 millones de su hermano y los 5 millones del fraude de Nader; Villarreal directamente presume 2.2 millones de turistas como si la extorsión sistemática no existiera, elevando el descaro a categoría de logro gubernamental.»

«Son la misma estrategia con distinto empaque: uno negoció su cobardía tras recibir amenazas; el otro, que ya era blandengue, huidizo y timorato, la heredó y la convirtió en modelo turístico. Diferenciados únicamente por el calibre de la sinvergüenzura.»

Aqui se advierte como dos apicultores descubrieron que es más rentable cobrar por la miel ajena que enfrentar las picaduras: misma técnica de no intervención, mismo resultado de paz ficticia, solo varía el descaro con que presumen la cosecha que el enjambre criminal produce.»

El con-trato sigue vigente

El ultimátum narco de 2018 fue explícito: «Tienes 5 días para retirar a los policías investigadores que mandaste para meternos de jale, aquí se van a topar con fuego, córtensela o se van a morir hasta tú y tu hermano». Cabeza de Vaca cumplió: se comprometió a no combatir al Cartel del Golfo, y el «R3» se comprometió a no secuestrar empresarios adinerados, la única preocupación real del gobernador.

La fórmula funcionó y el narco medio entendió: las balaceras y ejecuciones espectaculares disminuyeron, mientras las extorsiones —deporte exclusivo del cártel— continuaron e incluso crecieron bajo Villarreal, según confirmó en diciembre de 2023 a REFORMA, el entonces Secretario de Seguridad Pública, General Sergio Chávez y asi siguen, con el General Arturo Pancardo,otro cuentachiles ocupado de tiempo completo en halagar al gobernador.

Turismo florece, autoridad se marchita

Hoy el sur tamaulipeco exhibe ocupación hotelera y selfies con versión pastel del escudo estatal, mientras las desapariciones ocurren «en silencio» y la extorsión opera «con tranquilidad». 

La consigna oficial de «no molestar a las abejas» aplica también para los grupos armados del «R3»: Comandante Cobra, Grupo Camello, Grupo Lacoste, Grupo Boss, Grupo Lobos, Comandante Tija, Grupo Track y Artilleros que respaldan el pacto. Las patrullas solo posan para la foto, «como si no existiera el Cartel del Golfo, pero sí un pacto no escrito de ‘no te metas conmigo y yo no te cuelgo espectaculares’» .

La narcopaz benefició al gobierno que juraba combatirla: detrás del éxito turístico se esconde la inacción institucional, y detrás del eslogan «Tamaulipas seguro» opera la inversión semántica favorita del narco —la calma del miedo. 

Tanto Cabeza de Vaca como Villarreal aprendieron que una tregua con el crimen organizado deja menos muertos y mejores estadísticas, aunque la extorsión sistemática continúe drenando a comerciantes y empresarios mientras levantan uno de vez en cuando. 

La lección entomológica aqui resulta perfecta para la gobernanza criminal: mientras nadie moleste al enjambre, este migrará pacíficamente entre rutas, festivales y temporadas turísticas, cobrando su cuota por todo sin estruendo mediático.

Con informacion: HoyTamaulipas/

LOS «VAN a METER al BOTE a…TODOS ?»: «ART.-70 de LEY de SEGURIDAD NACIONAL pone en APRIETOS COLABORACION y POLICIAS con TAN SOLO HABLAR por TELEFONO con AGENTES de EE.UU»…no es delito hacerlo, sino incumplir el vía crucis que inventó AMLO.


Luego del diferendo entre la federación y el estado de Chihuahua,por las presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional,que tipifican como delito la colaboracion de agentes de EE.UU cuando incumplen la regulación federal en Mexico,por decreto «personal» y legal del expresidente de Morena, Andres Manuel Lopez Obrador. Mas en el animo de cerrarle el paso a la colaboracion que recurrentemente hurga en la pudrición institucional en Mexico,ahora enmascarada de soberanía, es importante que los ciudadanos conozcan como esta ley y su cumplimiento a rajatabla, es decir literal, que pone en aprietos a las autoridades en Mexico desde Tamaulipas a Ensenada y basta tan solo una simple llamada telefónica de colaboracion, de esas que se producen por necesidad logística todos los dias y a cada rato, entre las distintas autoridades de Matamoros a Ensenada.

Y si, una simple llamada telefónica entre un policía de Reynosa y un agente gringo, lo mismo del Departamento de Seguridad Publica de Texas,DPS, ICE, DEA o cualquier otra sigla, cae en la trampa de la Ley de Seguridad Nacional… pero no por el contenido, sino por el ritual burocrático que la ley le cuelga encima.

Qué dice exactamente la ley

La reforma de 18 de diciembre de 2020 añadió el Título Séptimo, que regula la “cooperación con los gobiernos extranjeros en materia de seguridad”.

Ahí se define “agentes extranjeros” como funcionarios policiacos o de inspección de otros países, es decir, el típico contacto de Homeland Security,HSI, CBP, FBI, etc.

El artículo 70 es el misil contra la cooperación espontánea:obliga a servidores públicos de todos los niveles —federal, estatal y municipal— a ajustarse a esta ley y a los lineamientos del Consejo de Seguridad Nacional cuando traten con agentes extranjeros.

Y remata con que la inobservancia puede ser responsabilidad administrativa o penal.

Luego viene el candado fino: los servidores públicos locales (estados, municipios, demarcaciones CDMX) deben entregar, dentro de los tres días siguientes, un informe por escrito de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros, dirigido a SRE y a la SSPC.

Además, las reuniones deben ser previamente autorizadas por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y, cuando sean reuniones, debe estar presente un representante de SRE.

¿La simple llamada es “violatoria”?

Jurídicamente, la conducta prohibida no es hablar por teléfono con un agente estadounidense, sino hacerlo sin cumplir el vía crucis que inventó el legislador:

  • No pedir la bendición previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad si se trata de reunión formal.
  • No mandar el informe por escrito de la llamada o comunicación dentro de los tres días a SRE y SSPC.
  • No sujetarse a los lineamientos que dicte el Consejo.

La llamada en sí misma —el acto material de marcar y decir “oye, tenemos una camioneta cruzando el río”— no está tipificada como delito ni como amenaza a la seguridad nacional.

Lo que la ley hace es convertirla en una conducta que, si no se reporta y se enmarca en el protocolo federal, se vuelve una infracción generadora de responsabilidad administrativa o, en ciertos casos, penal.

Dicho en cristiano: el policía que quiere salvar vidas actuando rápido sí puede hablar; el problema empieza cuando la ley le exige que esa llamada venga envuelta en moño diplomático, acta, sello, informe y supervisión, o de lo contrario él es el sospechoso.

El exceso de la ley 

El diseño del Título Séptimo coloca a los agentes extranjeros en un corral normativo y a los policías mexicanos de frontera en la categoría de menores de edad que necesitan tutor cada vez que abren la boca.

Los gringos no pueden hacer nada fuera del “intercambio de información” acreditado; no pueden aplicar sus leyes, no pueden detener, no pueden ni asomarse sin permiso.

Y del lado mexicano, cualquier comunicación tiene que ser monitoreada, documentada y eventualmente auditada por dos secretarías federales y por todo un Consejo de Seguridad Nacional.

La cooperación natural, horizontal, de “compa de policía a compa de policía” queda sospechosa por inercia; si es rápida, es irregular; si es discreta, es peligrosa; si salva el día, mejor que además llene un formato.

La ironía es brutal: se supone que la norma es para “preservar la seguridad nacional”, pero termina castigando justo lo que más protege a la gente en la frontera: la coordinación ágil entre quien está viendo el problema en la calle y quien puede reaccionar del otro lado del río.

La ley presume que cada llamada es un potencial acto de subordinación a Washington, nunca una herramienta básica de trabajo en un corredor criminal binacional.

Cómo se traduce en la práctica

En la práctica, la norma manda tres mensajes muy claros a la patrulla de Matamoros, a la Guardia Estatal de Tamaulipas o a la policía municipal en Tijuana:

  • Si hablas con agentes de Estados Unidos sin dejar rastro papelito, te arriesgas a que un día usen eso en tu contra.
  • Si institucionalizas el canal, vas a tener que invitar a medio gobierno federal a cada reunión y aguantar el escrutinio político de cada colaboración.
  • Si hay una emergencia, tendrás que decidir entre salvar tiempo o salvar tu expediente.

No es que la ley prohíba “cooperar”; al contrario, en el discurso la viste de seda, la mete en “convenios bilaterales”, “principios de reciprocidad” y “grupos de alto nivel”.

Pero le dispara en las rodillas a la cooperación operativa, cotidiana, que no cabe en el calendario diplomático ni en los informes mensuales que exige el artículo 71 a los agentes extranjeros.

Así, el agente estadounidense queda obligado a reportarlo todo, mantener confidencialidad, no moverse sin permiso y someterse a supervisión permanente.

Y el policía mexicano sabe que cada llamada puede significar otro informe, otra firma, otra posibilidad de que le imputen “inobservancia” de la Ley de Seguridad Nacional si alguien en la capital se quiere poner creativo.

En resumen:

Entonces, sí: la simple comunicación telefónica que acelera la cooperación en beneficio de ciudadanos de ambos países se vuelve sospechosa si no pasa por el peaje burocrático que impone el Título Séptimo.

No porque sea un peligro para México, sino porque la ley está diseñada para controlar, registrar y politizar cada gesto de coordinación con Estados Unidos, como si la amenaza fuese el telefonazo y no el cártel que cruza la frontera a plena luz del día.

Si lo resumimos en términos de la ley: la llamada es legal; lo que la vuelve “violatoria” es tratar de que funcione como debería: rápida, directa y sin la bendición eterna del aparato federal.

Con informacion: LEY SEGURIDAD NACIONAL/

«QUE CAUSALIDAD»: «MILITARES NO OCUPABAN INTELIGENCIA,OCUPABAN VOLUNTAD para CAPTURAR al JARDINERO que desde 2021 le PUSIERON el DEDO»…uno que le cargaba la pistola,le rezó al MP y la SEDENA para que lo salvaran del mismo demonio al que servia.


El periodista Jose Luis Montenegro,autor de «Narcojuniors», «Los Chapitos» y La 4ta Transformación deel Crimen Organizado, difundio desde sus redes una carta que habría enviado a la SEDENA el 17 de diciembre de 2021, una persona muy cercana a Audias Flores Silva, «El Jardinero», asi como al entonces titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la que detallaba cómo el entonces miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) encabezaba diversas actividades delictivas en Nayarit, tales como el tráfico de drogas y la extorsión.

Que dice la carta

El sujeto «muy allegado» que seguramente le cargaba la pistola al jefe ,ahora le reza al Ministerio Público para que lo salve del mismo demonio al que sirvió.

Con toda la cola entre las patas ,dijo que le decian el Jardinero, que se llamaba Audias Pérez (o Flores) Silva,el mismo capo del CJNG recien atorado con «18 meses de inteligencia» al que ya medio mundo ubicaba como operador pesado en Nayarit y pieza clave del aparato criminal. 

Dijo que vivía a su sombra pero descubrió que también tenía instinto de conservación y que le gustaría seguir vivo, de preferencia sin terminar en una narcofosa.

Que mas le dijo a la autoridad: el Jardinero no trabaja solo, trae su pequeño ejército privado y un equipo de contadores creativos que cobran piso, mueven droga y administran el terror en la región como si fuera franquicia. Yo lo sé porque he estado ahí, cargando con él a las reuniones, escuchando nombres, apodos y chismes de sangre mientras todos fingen que esto es “la economía local”.

El hombre, últimamente, se puso todavía más paranoico y violento: amenazas de muerte a cualquiera que se le cruce, golpizas a sus propios acompañantes, y ya varios compañeros que pasaron de “muy de confianza” a “muy enterrados”. Esos mismos abusos que antes veía en silencio ahora me dieron valor, o más bien pánico, para escribirle a usted antes de que me toque turno en la lista de ejecutados.

No pongo mi nombre porque aquí, cuando uno habla, no le mandan un citatorio: le mandan una camioneta. La gente de la región también está harta, pero el miedo la tiene amarrada; por eso nadie denuncia, nadie graba, nadie dice nada, y los civiles seguimos siendo escenografía de guerra. Yo rompo tantito el guion: le paso datos, rutas, nombres y domicilios para que, si de verdad son autoridad y no oficina de trámites del crimen organizado, hagan algo que no sea dar conferencia de prensa.

Este sujeto controla territorios, negocios y hasta el humor colectivo con una red de operadores que van desde cobradores de piso hasta matones de confianza listos para “arreglar” cualquier problema a balazos. Entre ellos presume gatilleros y lugartenientes regados por todo Nayarit y Jalisco, con alias de caricatura pero historial de masacres, mientras él se mueve como virrey regional creyendo que jamás lo van a tocar.

Yo, su “amigo”, le escribo antes de convertirme en su próximo “mal necesario”. Quiero que sepan que aquí abajo el terror tiene nombre, apodo, dirección y nómina, y que ustedes llevan años mirándolo de reojo como si no tuvieran facultades para detener a nadie. Ojalá que esta vez no archiven la carta en la bóveda del olvido institucional y se animen, aunque sea por accidente, a devolverle un poco de tranquilidad a la región librándonos de este personaje que tanto daño nos ha hecho a todos, incluidos los que alguna vez fingimos ser leales.

Atentamente (pero anónimamente),
un cómplice arrepentido que ya no quería acabar abonando la tierra que su propio Jardinero manda a fertilizar.

Con informacion: @MontenegroJluis/

martes, 28 de abril de 2026

«NO PAGARON PISO»: «CRIMINALES EXTERMINAN FAMILIA COMPLETA INCLUIDOS DOS NIÑOS en CDMX por NO PAGAR PISO»…y asi esta todo el pais.


En la Ciudad de México donde “todo está bajo control” —según el discurso oficial del sesudo estratega Omar García Harfuch—, una escena de horror se instaló puertas adentro de una vivienda en la colonia Nueva Santa María, en Azcapotzalco: cuatro personas, una familia completa, fueron asesinadas con arma blanca. Sin disparos, sin operativo, sin prevención. A la antigua: a cuchillo limpio.

Las víctimas, de acuerdo con los primeros reportes, eran un hombre y una mujer de 47 años, junto con dos menores de 17 y 12. Es decir, no hubo margen para el error ni para el azar: alguien entró con la intención clara de borrar a todos.

Vecinos reportaron gritos provenientes del domicilio marcado con el número 146 de la calle Guanábana. Gritos que, como suele pasar, llegaron primero al oído colectivo que a la reacción efectiva del Estado. La patrulla apareció alrededor de las 14:00 horas. Los peritos, esos que llegan a reconstruir lo que ya no se pudo evitar, hicieron acto de presencia hasta las 15:20. Una hora y veinte minutos después. Tiempo suficiente para que la escena se enfríe… y también algunas pistas.

La línea que empieza a tomar forma —porque en México la violencia rara vez es gratuita— apunta a la extorsión. La familia estaba vinculada a un negocio en la zona, lo que los coloca automáticamente en el radar de cobro de piso, ese impuesto criminal que opera con más eficiencia que cualquier esquema fiscal gubernamental.

Aquí es donde la narrativa se vuelve incómoda: Azcapotzalco no es precisamente el epicentro mediático de la violencia en la capital, pero eso no significa que esté blindado. Al contrario, este tipo de ejecuciones domésticas sugieren algo más estructural: redes de extorsión operando con información precisa, capacidad de intimidación y, sobre todo, con la certeza de que la reacción institucional será tardía o insuficiente.

El dato clave no es solo que los mataron. Es cómo: sin armas de fuego, sin prisa, dentro de su propia casa. Eso habla de control, de cercanía o de absoluta impunidad.

Mientras tanto, la Fiscalía capitalina abre carpeta, levanta indicios y probablemente repita el guion: “no habrá impunidad”. El problema es que esa frase, en el contexto actual, funciona más como consigna que como garantía.

Porque cuando una familia entera es exterminada en su hogar por una posible red de extorsión, la pregunta ya no es quién fue.

La pregunta real es: ¿quién los dejó operar?

Con informacion: ELNORTE/

"NI QUIEN los PARE": "CRIMINALES SOLAPADOS CONVIRTIERON EXTORSION en MODELO de NEGOCIO en EXPANSION en MEXICO": YA CRECIO 61.2% desde 2015...no pagas y te matan,como en Tamaulipas.


Si alguien todavía cree que la estrategia de seguridad funciona, esta o la anterior, basta asomarse a un dato incómodo: entre 2015 y 2025, las carpetas de investigación por extorsión crecieron 61.2%. Pasamos de 5,803 a 9,357 casos. Y eso —como suele ocurrir en este país de simulaciones— es apenas la punta del iceberg.

Porque no, no es que el delito esté “contenido” o “en vías de estabilización”, como le gusta decir a los voceros cuentachiles de las mañaneras de seguridad. Es que la extorsión, ese crimen silencioso y cotidiano, se disparó mientras otros delitos más mediáticos bajaban lo suficiente como para maquillar conferencias mañaneras. 

El diagnóstico del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero lo dice sin rodeos: este delito no solo crece, se consolida como uno de los más extendidos… y más invisibles.

Invisible, claro, porque entre el 96% y el 97% de los casos ni siquiera se denuncian. Es decir, las 9,357 carpetas abiertas en 2025 representan apenas el 3% de la realidad. Traducido al castellano llano: el Estado tiene registro de una mínima fracción del problema que dice combatir.

Pero el verdadero giro de tuerca no está en la cifra, sino en la sofisticación del negocio. El famoso “cobro de piso” ya no es una amenaza aislada: es un sistema. Un esquema donde grupos criminales compiten por ofrecer “protección” —una especie de mercado negro de seguridad privada, donde el cliente no elige y el contrato se firma bajo amenaza de bala.

Mientras tanto, el 84.1% de las extorsiones siguen siendo telefónicas, ese viejo truco que el gobierno lleva años prometiendo erradicar desde las cárceles… sin lograr siquiera controlar las líneas que salen de sus propios penales. Porque sí, muchas de esas llamadas nacen desde centros penitenciarios que, en teoría, están bajo custodia del Estado.

En el mundo empresarial, la historia es aún más grotesca. La extorsión es el delito más frecuente contra negocios: 1,562 eventos por cada 10 mil empresas. Una cuarta parte de los delitos que enfrentan quienes intentan trabajar en este país. Y cada evento cuesta en promedio 8,967 pesos. Poco, dirán algunos. Hasta que se vuelve cuota semanal, mensual o permanente. Ahí ya no es pérdida: es sangría.

Y si alguien piensa que todo esto ocurre sin violencia, conviene ajustar la narrativa. El 40% de las extorsiones presenciales involucran armas de fuego. Armas que, por cierto, no se fabrican solas. Fluyen —según estimaciones— en más de 200 mil piezas anuales desde Estados Unidos, alimentando el músculo coercitivo de los grupos criminales mientras la cooperación binacional se queda en discursos diplomáticos.

La cereza del pastel es la desconfianza institucional. Denunciar no solo es inútil: puede ser peligroso. Muchas víctimas saben que acudir a la autoridad equivale a exponerse a represalias o, peor aún, a confirmar que nadie va a protegerlas. En ciertos esquemas de extorsión, denunciar es prácticamente firmar la siguiente amenaza,la de muerte o levanton que equivale a muerte,otro rubro donde también estamos bien jodidos.

¿Y la respuesta del gobierno? En 2025 lanzó una Estrategia Nacional contra la Extorsión y ajustó leyes para perseguir el delito de oficio. Sobre el papel, suena contundente. En la práctica, el propio diagnóstico advierte lo evidente: el problema rebasa lo penal. Hay fallas de coordinación entre fiscalías, rezagos tecnológicos y una incapacidad crónica para rastrear redes criminales o controlar comunicaciones desde prisión.

Dicho sin eufemismos: el Estado no está persiguiendo a la extorsión; está corriendo detrás de ella.

La Ibero lo plantea con elegancia académica: se requiere inteligencia financiera, colaboración con telecomunicaciones y atacar el tráfico de armas. Traducido al lenguaje de calle: dejar de reaccionar y empezar a entender cómo opera realmente el negocio criminal.

Porque hoy, en México, la extorsión no es una anomalía del sistema. Es una de sus expresiones más eficientes, como la fabrica de levantones que operan 24/7/365.

Con informacion: ELNORTE/ IBERO/