¡Ya basta! Porque si algo está pudriendo el ánimo del país no es solo la inseguridad rampante, sino la abdicación absoluta del Estado, esa que deja a empresarios y ciudadanos a la suerte de una ruleta rusa diaria.
Decir que la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios no es exageración, es puro dato duro: mientras te venden discursos de paz y bienestar, la realidad es que quien manda en vastas zonas ya no es el Estado, sino el crimen organizado —tan creativo, tan eficiente, tan omnipresente que uno pensaría que salió becado de Harvard, no de la cárcel más cercana—.
¿Quién decide hoy quién abre, quién invierte o simplemente quién sobrevive? ¡No es el gobierno! Son los grupos criminales, esos «cobrones» que han hecho del cobro de piso un deporte nacional exclusivo de criminales,dentro y fuera del gobierno.
Esos que sin atención ni control han creado un verdadero apartheid económico en territorio nacional. Eso de “levantan la voz jóvenes, médicos, jueces, transportistas, agricultores y universitarios” no es una noticia, es el retrato de un país hasta la madre, harto de vivir en el miedo, harto de la incertidumbre, harto de escuchar que la solución está en proceso… de nunca llegar.
El hecho de que la extorsión —ese deporte nacional patrocinado por la omisión y muchas veces la accion oficial— ya no sea marginal sino estructura de poder, nos grita el tamaño del fracaso.
¿Y los responsables? Bien, gracias, aún dando conferencias mañaneras y aplaudiendo cifras maquilladas. Mientras, las MIPIMES caen una tras otra como fichas de dominó porque la extorsión no solo les quita el dinero —les arranca el corazón, el ánimo, el derecho a un futuro. Por eso vivimos rodeados de empleos perdidos, comunidades vaciadas y mercados deformados: porque la política pública, cuando se acuerda de aparecer, lo hace tarde y mal.
Por eso la migración interna, muchas veces silenciosa y forzada, ya no es económica, sino una huida desesperada. Todo esto es la muestra más contundente de la falla institucional: aquí, el Estado ni ve ni oye ni siente. Sin justicia ni protección, no existe libertad ni convivencia. Y si el gobierno sigue mirando para otro lado, que luego no se queje si lo reemplazan…mas. Porque el país ya no aguanta mucho y vaya que es aguantador, pero el hartazgo —ese sí— ya no tiene ni paciencia ni miedo que perder.
Mientras el Gobierno de Michoacán saca pecho con su recién estrenado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, las carreteras del estado se convierten en exhibidor gratuito de autos en llamas. Porque ya se sabe: cada vez que las autoridades prometen “seguridad y tranquilidad”, lo único que llega puntual es el caos.
El operativo en La Cantera, municipio de Salvador Escalante, tenía como objetivo detener a un presunto criminal apodado “El Camaleón”. Lo que siguió fue una coreografía bien ensayada: dos abatidos, siete narcobloqueos, y una buena dosis de fuego para iluminar la noche michoacana.
El Gobierno, por supuesto, presume reacción inmediata del Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, porque nada dice “control de la situación” como tener que desplegar medio ejército para que la gente pueda circular por la carretera.
Y mientras se apagan los incendios (literalmente), el flamante Secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, recién desempacado tras ser impuesto por Omar García Harfuch, se estrena enfrentando un operativo que parece una versión en vivo de Rápido y Furioso: Edición Michoacán. Bienvenido al cargo.
El Plan Michoacán, anunciado con bombo, platillo y discursos sobre “la paz y la justicia”, prometía impedir los narcobloqueos. Ironías de la vida: a una semana de su arranque, el primer balance se mide en autos calcinados, carreteras cerradas y comunicados oficiales donde se jura que “ya todo está bajo control”.
En resumen, se anuncia la paz y llega el infierno. Michoacán despierta con humo, comunicados y promesas recicladas. Y mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla habla de “fortalecimiento institucional”, los ciudadanos siguen preguntándose cuándo dejará de ser costumbre que el caldo salga más caro que la albóndiga.
De acuerdo con datos de las Oficialías del Registro Civil, de los Servicios Médicos Forenses, de actas de defunción, y de cuadernos estadísticos proporcionados por las Agencias del Ministerio Público al INEGI, la primera causa de muerte en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años son las agresiones (homicidios). Adolescentes mexicanos que asesinan a otros adolescentes mexicanos, jóvenes que ejecutan a otros mexicanos.
Las cifras definitivas de defunciones correspondientes a 2024, dadas a conocer hace cinco días por el INEGI, nos muestran que también hay niños que matan a niños (eso lo digo yo, no el INEGI), ya que las agresiones (homicidios) son la quinta causa de muertes entre menores que tienen entre 10 y 14 años. Niños y niñas que matan a niños y niñas, niños que asesinan a adolescentes, adolescentes que matan a niños, jóvenes que matan a adolescentes.
Vaya panorama. Por si no fuera una barbaridad, en los adultos jóvenes y maduros que tienen entre 35 y 44 años, lo mismo: la primera causa de muerte son las agresiones (homicidios). Gente en edad muy productiva aniquilando a gente en edad muy productiva. Y entre los cuarentones y cincuentones, también hay violencia: la sexta causa de muerte son las agresiones (homicidios).
¿De cuántos casos hablamos? De 199 entre niños de 10 y 14 años, un promedio de 16 al mes, unos cuatro por semana; de 6,498 entre adolescentes y jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, al menos 17 asesinatos por día, en promedio; de 9,832 entre jóvenes de 25 y 34 años, casi 27 al día, en promedio; de 7,395 entre adultos de 35 y 44 años, 20 casos al día; de 4,347 casos entre personas maduras de 45 y 54 años, casi 12 casos por jornada.
En total, se trata de 28 mil 271 agresiones letales, un promedio de 77 por día. Ahí podría quedar esta galería del horror que implica 28 mil 271 rostros sin vida, 28 mil 271 historias de vidas mutiladas prematuramente, pero dejé para el final del recuento el número que más me perturbó: entre niños de 5 y 9 años las agresiones (homicidios) ya son la octava causa de muerte. Hubo 67 casos el año pasado, un promedio de cinco al mes, al menos uno por semana.
Hablemos de mujeres ahora. De adolescentes y jóvenes mujeres en un país plagado de misóginos y machos feminicidas porque, de qué otra manera podemos explicar que las agresiones (homicidios) sean la segunda causa de muerte de las mujeres entre 15 y 24 años de edad, entre adolescentes y jovencitas que vieron truncadas sus vidas cuando apenas estaban en edad de estudiar y empezar una vida laboral.
Mujeres en edades muy potentes, porque entre las jóvenes de 25 y 34 años las agresiones (homicidios) también son la segunda causa de muerte. Y la violencia no acaba pronto porque entre las mujeres que tienen 35 y 44 años las agresiones (homicidios) son la quinta causa de muerte. De hecho, la violencia puede iniciar muy temprano porque las agresiones (homicidios) son la séptima causa de muerte entre niñitas de 5 y 9 años. ¿No es una atrocidad saber que den 2024 hubo 35 asesinatos de nenitas, prácticamente tres por mes? ¿O ya nos deshumanizamos a tal grado que 35 chiquitas entre 5 y 9 años asesinadas no nos parecen tantas?
Entre los hombres, de los 15 y hasta los 44 años, la primera causa de muerte son las agresiones (homicidios). Niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes. Cada vida de un niño, adolescente o joven que perdemos en un charco de sangre es una desgracia para México, como también lo es cada adolescente y joven que termina preso. La fuerza del Estado debe estar enfocada en castigar no sólo a los niños y adolescentes sicarios, sino, sobre todo, en detectar y neutralizar a sus reclutadores. Mientras los cárteles sigan capturando menores impunemente, no pararemos esta desgracia de violencia y dolor.
Hace unos días lo planteó aquí Saskia Niño de Rivera: hay que tipificar el reclutamiento infantil y adolescente “como delito autónomo” (propuso ella), un delito que debe ser considerado MUY GRAVE (digo yo), porque como dijo Saskia, cada muerto y cada encarcelamiento es llegar muy tarde. Terriblemente tarde.
El Puente Colombia, ese monumento al discurso de la seguridad modelo, vuelve a protagonizar el contrabando más caro del norte de México. Y no porque haya detenido algo, sino porque cada vez que atrapan un tráiler en Texas, del otro lado quedan los militares, los canes, los rayos X y los discursos preguntándose cómo se les volvió a escapar otra fortuna de cristal.
Pese al desfile diario de Fuerza Civil, Guardia Nacional y la aduana militarizada desde 2021 —cuando López Obrador juraba que los uniformes resolverían lo que antes hacían los sobornos—, los cargamentos siguen pasando por el único cruce internacional de Nuevo León como si fuera puerta giratoria de la metanfetamina.
El pasado 5 de noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) reportó el segundo megadecomiso en apenas dos meses: 813.2 kilos de metanfetaminas escondidas entre jarrones de yeso, valuadas en más de 16 millones de dólares. Todo descubierto, claro, del lado texano, no del mexicano. Del lado mexicano solo hay silencio, soldados y boletines.
La CBP detalló que los agentes descubrieron mil 792.79 libras de droga tras revisar con perros y sistemas no intrusivos un tráiler procedente de México. El valor en el mercado negro asciende a 16 millones 026 mil 546 dólares. En otras palabras: un gol más en la portería mexicana.
Y no fue el primero. El 4 de septiembre reportaron otro decomiso histórico en el mismo cruce: 1.9 toneladas de metanfetamina, casi 38 millones de dólares en mercancía tóxica. Esa vez, igual: el hallazgo en Texas, las explicaciones en México y la sensación de déjà vu fronterizo.
En lo que va del año, Estados Unidos ha informado al menos seis decomisos de metanfetaminas en el Puente Colombia. Ninguno detectado por las autoridades mexicanas. Pero en Anáhuac, donde se ubica el complejo fronterizo, la infraestructura luce impecable: dos cuarteles, uno de Fuerza Civil y otro de la Guardia Nacional, las casetas, la oficina de Codefront —presidida por Marco González, aliado del gobernador Samuel García— y la aduana bajo mando militar. Todo funcionando, menos los filtros.
El puerto, administrado por el gobierno estatal vía Codefront, presume su modelo de “seguridad compartida”. Compartida, quizá, porque los decomisos los reporta un país y los errores, otro. Ni los operativos especiales estatales ni el flamante Plan de Seguridad Frontera Norte, lanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero, han logrado que el control llegue al puente antes de que la metanfetamina cruce el río Bravo.
Así, entre conferencias, uniformes y detectores de última generación, el paso de los narcocargamentos por el Puente Colombia se ha convertido en el retrato más claro de una frontera donde la vigilancia abunda, pero el control es un rumor.
En México, el crimen organizado no solo vende droga. También administra el entretenimiento, reparte dividendos y hasta presume músculo financiero como si fuera una corporación listada en la Bolsa. La nueva joya del escaparate es una sociedad casi de manual: la mafia albanesa y el Cártel de Sinaloa, unidos por su amor a las apuestas y su talento para desaparecer millones en fichas de casino, cuentas fantasma y transferencias con olor a pólvora y perfume europeo.
Porque si algo define al país es esa costumbre pintoresca de prohibir por ley lo que en la práctica se protege con escoltas. Aquí todo se lava: el dinero, las culpas, las conciencias. Lo que no se blanquea, se declara en quiebra moral. Así, mientras Hacienda se entretiene persiguiendo tienditas de abarrotes que olvidan facturar o algun contribuyente incauto que «recibió dinerito extra sin tributar», las mafias comparten Excel y champaña para celebrar un esquema financiero que haría llorar de envidia a cualquier fondo de inversión.
Los casinos, convertidos en templos del disfraz contable, sirven lo mismo para lavar ganancias que para rendir culto al Santo de los Ricos Impunes. Y en el altar, políticos, empresarios y criminales se turnan la vela, porque aquí el negocio no es el delito: es la impunidad hecha modelo exportador.
México no inventó el crimen sofisticado; simplemente lo tropicalizó, lo barnizó de discursos patrióticos y lo volvió rentable. El resultado: una mezcla explosiva de pragmatismo criminal y tolerancia cultural que convierte a cada nueva alianza mafiosa en otro ejemplo del talento nacional para convertir la ilegalidad en estilo de vida.
La informacion publicada por el Diario Español, El Pais,es una investigación que revela la conexión entre la mafia albanesa y el Cártel de Sinaloa, usando casinos para lavar millones en México y el extranjero.
Asi empezó todo:
En la patria de los “no pasa nada”, la apuesta más segura es tener amigos con licencia para infringir la ley a cambio de discretas mochilas de billetes. Llegaron los Hysa, una familia albanesa que empezó con sueños de superación y terminó presidiendo una red de casinos, bares y negocios tan redituables que ni el SAT les seguiría la pista… si de verdad quisiera. El show principal: simular apuestas, inventar transferencias y pasear millones cruzando fronteras bajo la bendición del Cártel de Sinaloa, la agrupación que ya ni disimula su interés en diversificar portafolio con giros de “diversión nocturna”.
El sainete alcanzó categoría internacional cuando Estados Unidos le congeló activos a media docena de Hysas y a su cómplice mexicano, argumentando que su emporio es en realidad un elegante lavadero de capitales narcos. ¿Empresas de energía y restaurantes gourmet? Tapas para un banquete de transferencias a Europa y Canadá, donde los mafiosos usan la tarjeta de lealtad tanto en casinos como en inmobiliarias de lujo. Por supuesto, todo bajo protocolos dignos de película: depósitos a cuentas con montos controlados, nada de movimientos consecutivos y, si todo falla, mejor retirar el efectivo en persona, con una sonrisa y tragos gratis en el Midas.
La joya del asunto: mientras legisladores y exalcaldes que antes repartían permisos para vender copas ahora son acusados de ayudar a lavar dinero, las empresas señaladas de haber lavado millones alegan persecución y competencia desleal. Porque en México, la ilegalidad es una industria y la justicia, un malentendido semántico: donde unos ven crimen, otros huelen a oportunidad millonaria.
Resumen informativo
La familia albanesa Hysa, desde 2004, montó un conglomerado de casinos, restaurantes y negocios en México, que servían de fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa según autoridades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a miembros de los Hysa, bloqueó activos y acusó un sofisticado entramado de transferencias y empresas en México, Canadá y Polonia, todo con supuesta anuencia del cártel.
Los casinos Midas, Emine, Mirage, Palermo y Skampa, entre otros, aparecen en la acusación como centros de lavado y transferencia de más de dos millones de dólares en pagos ilícitos entre 2017 y 2024.
El esquema implicaba apuestas simuladas, pagos mensuales al cártel, y depósitos diseñados para burlar controles bancarios en decenas de cuentas ligadas a empresas fantasma.
Líderes políticos y empresariales, como una exalcaldesa actualmente diputada federal de MORENA, también aparecen vinculados por facilitar operaciones y extorsiones relacionadas al Cartel de Sinaloa en Baja California.
El “modelo” muestra cómo la mafia albanesa partió de roles menores en Europa hasta posicionarse como socio estratégico de los narcos mexicanos, usando la hospitalidad legal y financiera de México para expandirse.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ KARINA SUAREZ
Son trece mil seiscientos once vidas (13,611) que han desaparecido no solo del paisaje Tamaulipeco,tambien del discurso, archivadas bajo expedientes con número, muchos sin rostro y que se han venido acumulando principalmente bajo los gobiernos de Egidio Torre (PRI), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) y Americo Villarreal Anaya (Morena),pero en todos el comun denominador ha sido la inaccion o la acción tardía.
Mientras las autoridades afinan comunicados y los titulares se desangran de tanto repetir la palabra “investigación», o el preferido que «promete llegar hasta las ultimas consecuencias”, la realidad se pudre a la intemperie.
La desaparición del vicepresidente de seguridad de la FECANACO y otra vez el silencio que se vuelve cómodo, ya nadie presiona,el gobierno los minimiza y los ciudadanos lo normalizan, porque son los levantones de cada dia.
Pero la verdad es que el silencio es ensordecedor y esta ahí, agazapado, multiplicándose con cada nombre que se esfuma sin que nadie mueva un dedo. La Fiscalía, otra vez, “sin rastro”.
Lo único que deja rastro ha sido la criminal omisión de Irving Barrios Mojica,el Fiscal General que se entrego al narco en dos gobiernos distintos gobernados,uno mas y otro peor, por el crimen organizado,pues el uno com al otro los han hecho bailar al son que les tocan, porque con «dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro», aunque en lo hechos sean gatos.
Aquí no hay misterio policiaco, hay rutina. La desaparición como trámite. La justicia como eslogan. Y Tamaulipas con el país convertido en un gran mural de fichas y fotografías que nadie actualiza. Porque la tragedia ya no sorprende: se administra,casi 134 mil desaparecidos en Mexico.Ese pais donde desparecer equivale a morir.
Que nadie se dé por inocente ni por sorprendido. Las decenas de hombres enmascarados que reventaron la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México y en otras entidades fueron porros a sueldo de la Cuarta Transformación.
Lo que ignoramos es si fueron enviados por el gobierno en turno, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, para desacreditar la primera gran protesta nacional contra su gobierno o si esos encapuchados de negro fueron apadrinados desde Palenque, donde se refugia el jefe de la “nomenklatura” de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la corrupta élite política que busca debilitar y someter -a cualquier precio- a su sucesora, quien en su primer año de gobierno se dedicó a perseguir -o al menos a no defender- a su hijo, el huachicolero Andy López Beltrán, a su “hermano”, el “barredor” Adán Augusto López y a media docena de altos delincuentes morenistas que saquearon las arcas y pactaron con el crimen organizado.
La represión de la que fuimos testigos el sábado, en el Zócalo de la Ciudad de México y que dejó un saldo de 120 heridos y 40 detenidos, sólo apunta a quienes ayer -cuando eran jóvenes de aquellas disidencias de 1968, de 1971 y de 1986- utilizaron la protesta contra el PRI y contra el PAN para buscar su salida del poder. Hoy son esos mismos “idealistas de izquierda” los que con su autocracia se muestran intolerantes a cualquier disidencia. Claudia Sheinbaum, por sus razones, y Andrés Manuel López Obrador, por las suyas, buscan inhibir la salida de los ciudadanos a las calles. Y si fracasan, promueven la violencia para crear el “Estado de Excepción” que les dé el pretexto para la represión, para suspender garantías. Si en 1968 y en 1971 -con el PRI- utilizaron para esos fines a Los Halcones, en 2025, el nuevo bloque de choque son los “Cuervos del Bienestar”.
Veamos desde esa óptica la historia del sábado pasado, detrás de esos hombres de negro que se transformaron en el epicentro del conflicto, en medio de la pacífica demostración de repudio a lo que sucede hoy en nuestro país.
Presidenta Claudia Sheinbaum. Qué pronto olvidó usted sus días de disidente de izquierda, cuando con su entonces pareja, Carlos Imaz, encabezaban las marchas callejeras del movimiento universitario de 1986. El mismo Carlos Imaz -el llamado Hombre de las Ligas- quien recibió en 2006 del empresario Carlos Ahumada millones de pesos para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
Con qué facilidad se desprendió usted, presidenta Claudia Sheinbaum, del orgulloso legado de sus padres, luchadores ambos del trágico movimiento estudiantil de 1968. Está claro que la banda presidencial ya la instaló del lado de la intolerancia, de la represión que, como joven idealista, como Generación Z de aquel entonces, tanto criticó. Como presidenta condena hoy las mismas prácticas que ayer usted y sus colegas simpatizantes de la nueva izquierda mexicana, utilizaron para protestar por los excesos de poder. Los del PRI y los del PAN.
Ése es el mismo truco barato que utilizó en 1968 el izquierdista Luis Echeverría, cuando como secretario de Gobernación reprimió -con un baño de sangre estudiantil- aquella noche del 2 de octubre en Tlatelolco. Y tres años después -ya como presidente- el mismo Luis Echeverría fabricó la represión del 10 de junio -la del llamado Jueves de Corpus- cuando buscaba deshacerse de su rival priista, el “derechista” Alfonso Martínez Domínguez, entonces regente de la Ciudad de México. Habilitó a sus grupos de choque que pasaron a la historia como Los Halcones, por sus vestimentas de negro. Los enmascarados del sábado, los hombres de negro fueron imitaciones de aquellos. Estos eran los Cuervos del Bienestar.
Las marchas ciudadanas que bajo el sello de la Generación Z se vivieron el sábado en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Uruapan y en una docena más de ciudades, se instalan como la primer gran protesta nacional de repudio a su gobierno. Usted misma pretendió en sus mañaneras desacreditar esa marcha pacífica como un movimiento manipulado de “la derecha”, buscando disuadir a los ciudadanos de que asistieran. Pero falló.
Los contingentes fueron multitudinarios. Fueron decenas de miles de mexicanos de bien, que están cansados de la corrupción, de la extorsión, de los desaparecidos, de un mal gobierno incapaz de salvaguardar con 14 de sus soldados la vida de un alcalde como Carlos Manzo, quien por ser frontal y contestatario a sus políticas acabó victimado en la plaza pública. O de Bernardo Bravo, el líder de los limoneros de Apatzingán, a quien los cárteles le arrebataron la vida por denunciar la imparable extorsión.
En su corazón, presidenta Claudia Sheinbaum, usted esperaba que las manifestaciones del pasado sábado fueran un rotundo fracaso. Pero no fue así. A pesar de la instalación de muros de acero rodeando el Palacio Nacional y de la provocación de movilizar -como siempre- a la CNTE para ocupar por anticipado el Zócalo, su cometido no se cumplió. Los ciudadanos tomaron la explanada del corazón de la Nación. Las imágenes de los sombreros de Carlos Manzo y del anime japonés “One Piece” se adueñaron de las calles.
Lo que vimos el sábado fue el desfile de una ciudadanía que, con desbordado y justificado hartazgo contra su gobierno y el de su antecesor, se desplazó pacíficamente por las calles y avenidas de todo el país. Sin líderes visibles, sin políticos oportunistas que sacaran tajada, sin acarreos pagados. Y esa espontaneidad coloca a Morena y a los suyos en estado de alerta, contra la pared.
La corrupción, la impunidad, el mal manejo de las finanzas nacionales y de las quebradas empresas estatales, la fuga de capitales y la creciente deuda pública, ya son intolerantes. Pero más indignante aún es la confirmación de la existencia de un “Narcoestado” que protege a la delincuencia y combate a los ciudadanos que reclaman su libertad para manifestarse. Usted misma, presidenta Claudia Sheinbaum, lo reconoció en su mañanera cuando renunció públicamente a combatir a esos cárteles.
Después de décadas de hacer suyo el mérito de la generación del 68, el de los jóvenes que buscaron un cambio democrático, usted acabó por imitar al presidente del 68, a los represores Halcones del 71, con sus Cuervos del Bienestar.
Por eso fueron necesarios los enmascarados del Bloque Negro, que llegaron con los rostros cubiertos, con vestimentas oscuras -como los intereses que los financiaron- para derribar los muros de acero que protegían al Palacio Nacional y que sirvieron de escaparate para pintar la palabra “narcoestado”.
Buscaban el brote violento, la reacción de la policía, el lanzamiento de gases lacrimógenos, que terminaran por dispersar a los pacíficos manifestantes. Igualito que en el 68, copia calca del 71.
Y en el colmo del descaro, al final del día, el parte dado por los jefes de la policía de la morenista Ciudad de México fue que las víctimas fueron los policías, no los ciudadanos. Ahora resulta que los “patos ciudadanos”, que acudieron con familias, con adultos mayores a una cita ciudadana pacifica, le tiraron a las “escopetas uniformadas”, atrincherados, en la fortificación, apertrechadas con gases y macanas. Los victimarios colocados en el escaparate de la conferencia de prensa como víctimas. Truco barato. ¿Acaso fue coincidencia que las sedes de la violencia del sábado -además de la Ciudad de México- fueran Colima y Jalisco, enclaves de los cárteles que sobreviven?
Bien haría, presienta Claudia Sheinbaum, en dedicar sus mejores servicios de inteligencia, no a denostar ni a exponer a menores de edad que promovieron esa manifestación pacífica, sino a pedirle a su secretario Omar García Harfuch, que le investigue quién o quiénes patrocinaron el Bloque Negro, a esos Cuervos del Bienestar, que con su represión dieron las imágenes de una manifestación gaseada, con heridos, violenta. Tal como usted misma lo telegrafió desde las mañaneras, ¿será adivina?
Sin necesidad de utilizar esos talentos de adivina, usted sabe, presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene tantos adversarios en el pueblo agraviado, dolido, pero sobre todo en Morena.
Sus opciones hoy, frente al creciente descontento, se limitan a dos. O abre los ojos y acepta la realidad del “fuego amigo”, o le van a crear -de la mano de los cárteles- las condiciones para adelantarle su revocación de mandato. O incluso mandarla a casa -por motivos de salud- acosada por el “estrés emocional” de una Nación que tiene meses que se le viene escapando entre las manos. Voltee a revisar el severo descenso en sus niveles de popularidad.
Y ese sí que sería “un regalazo” para quienes desde La Chingada buscan que quienes despachen en Palacio Nacional sean abyectos y obedientes empleados, que no se salgan del guion que les impone con sus oscuras herencias el “MoNarco” Macuspano, don Fentanilo Primero, Príncipe del Nuevo Reino del Huachicol y Duque de los Abrazos, Sin Balazos.
En el área de urgencias de la Clínica 67 del IMSS, en Apodaca, ese ideal abstracto de “dignificar la vida humana” se reduce a una fila de camillas estacionadas frente a una pared sin enchufes y a familiares que aprenden, con paciencia involuntaria, las reglas no escritas del olvido.
Guadalupe lo aprendió con su padre, tres días en una banca porque las camas, como las promesas, “están llenas”. A la mujer del posparto la sostiene su esposo para que no caiga; y al joven con una herida infectada lo mantiene una silla de acero que lleva más tiempo sin descanso que el personal médico. Mientras tanto, el discurso sigue: “se trabaja para mejorar la calidad de atención”.
La retórica del humanismo médico que proclama el oficialismo Moreno de Claudia Sheinbaum en las mañaneras o en ferias de la salud y conferencias sobre “empatía institucional”, en la práctica solo es un eco que rebota entre paredes saturadas. En nombre del paciente, se improvisan zonas de observación entre pasillos que huelen a suero, sudor y resignación.
El IMSS promete “aclarar”, “investigar”, “reparar”, “reprogramar”. Verbos huecos que caducan más rápido que una bolsa de solución intravenosa. Entre tanto comunicado y conferencia, el enfermo sigue esperando que alguien convierta el discurso en cama. El humanismo no se mide en palabras, sino en colchonetas disponibles.
En Apodaca, el verdadero humanismo está en el esposo que abraza a su mujer sedada para que no se caiga. Ahí, en ese gesto anónimo, vive lo que los boletines prometen y los hospitales niegan.
En la autopista y en la libre a Reynosa la presencia de uniformes es innegable: ahí están, disfrazando la impotencia con chalecos antibalas y gafas oscuras, deteniéndose en retenes donde cualquier cosa es buen pretexto para extorsionar y donde las sirenas suenan más por protocolo que por urgencia, mientras los verdaderos dueños del asfalto —los encapuchados con fusiles de asalto— patrullan a su ritmo, sin complicaciones, como si hubieran recibido el manual oficial de cómo operar sin ser molestados.
El discurso es el mismo de siempre: “operativos coordinados”, “refuerzo de vigilancia”, “trabajo conjunto entre corporaciones”. En la práctica, los asaltos siguen sucediendo con puntualidad de reloj suizo.
Apenas ayer, un conductor fue despojado de su camioneta GMC Sierra en General Bravo; tres días antes, otro más perdió su vehículo en el mismo tramo. Y todo eso, mientras los retenes —esas esculturas inútiles de autoridad— revisan papeles y piden mordidas.
A unos kilómetros del último asalto, justo donde debería sentirse la “seguridad reforzada”, un automovilista fue encañonado frente a una caseta con vigilancia estatal y federal. El robo fue breve, limpio, casi profesional. Las cámaras, si existen, vieron lo mismo que ve el ciudadano común: nada.
No hay que ser experto para entenderlo: las carreteras del Estado se convirtieron en zona franca para la delincuencia. Los operativos se anuncian, pero nadie los ve. Las patrullas aparecen después, cuando ya no hay nada que patrullar. Y, entre tanto fracaso con botas y sirenas, la única certeza es que el miedo sí cumple su turno, todos los días, sin vacaciones ni relevos, como en todo el año, de los últimos años.
