Pedro Haces, Diputado de Morena y prócer sindical que se autoproclama «hombre bueno» y mártir del sindicalismo moderno en la 4T, suelta en el Semanario Proceso un lamento digno de óscar: «Son chingaderas que quieran destruir una central de mujeres y hombres buenos». Mientras presume pureza moral en una oficina llena de padrinos políticos, las imágenes y los reportes de inteligencia ya le han hecho trizas el rol de mártir. Porque sí: la realidad es terca y tiene memoria fotográfica.
Mientras Haces jura que en la CATEM nadie extorsiona ni en Durango ni en ninguna parte, que no existen órdenes de aprehensión ni expedientes federales y que todo se trata de una sucia celada política, afuera de sus burbujas doradas la evidencia se acumula.
Por ejemplo, Héctor de Mauleón en El Universal no se anda con medias tintas: pone sobre la mesa la foto —esa que circuló hasta el hartazgo— donde Mario Guitián Rosas, alias «El Chispa», brazo derecho de Los Metros (Cártel del Golfo), aparece cenando junto al Gobernador Americo Villarreal y codeándose con pesos pesados de Morena y el círculo sindical de la 4T.
La cosa no para ahí. El activista Gabriel Hernández Tovar, asesinado tras advertir que si algo le sucedía el responsable sería precisamente «El Chispa», denunció a Mario Guitián Rosas como responsable directo de despojos y la conversión de predios en almacenes de huachicol.
Las fuentes lo colocan como rey de los secuestros, extorsiones y el control de negocios fachada, incluido el lavado de dinero y hasta table dances en Reynosa. Y por si algo faltara, existe una línea de investigación que liga a Guitián Rosas —conocido también como «El Señor de Reynosa»— con el asesinato del delegado de la FGR Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, albergando en la delegación meetings frecuentes donde las “diferencias” se dirimían, con consecuencias mortales.
Pero la pieza clave —y la ironía máxima para el discurso de Pedro Haces— es su propio historial de fotos y fiestas con «El Chispa», junto a figuras como Américo Villarreal y José Narro Céspedes. Según inteligencia federal, Guitián Rosas se acercó a Morena de la mano directa de Pedro Haces Barba, quien lo integró a eventos oficiales de la CATEM y lo paseó como nuevo “empresario modelo” de la transformación obrera.
El eco irreverente de todo esto es que mientras Haces pregona un sindicalismo puro y autónomo, los tentáculos del crimen se le suben a la tribuna, posan en la foto, financian campañas y hasta “ponen casas de enlace” (con misteriosos desaparecidos de por medio). Que se puede ser «hombre bueno» y funcionar—sin despeinarse—como facilitador de relaciones públicas del narco en Tamaulipas.
Más fotos, más desapariciones, más testimonios ignorados: Guitián Rosas es el operador público de César Morfín Morfín “El Primito”, aliado del CJNG y sancionado en EU por tráfico de combustible y fentanilo. Pedro Haces podrá seguir pontificando en entrevistas de alto pedigrí, pero su discurso se derrumba entre los expedientes que niega, pero nunca desmiente, y las imágenes que, por más que intente, jamás podrá borrar del archivo nacional de la infamia.
Así que sí, Pedro: chingaderas las tuyas. En la central de hombres buenos, los asientos principales están ocupados por criminales de tiempo completo, y tú les abres la puerta, mientras tus lideres sindicales caen abatidos.
El aire en Uruapan olía a flores, pólvora y rabia. En la Casa Funeraria San José no se rezaba en silencio: se gritaba. Entre coronas de rosas y veladoras, el pueblo le cobró al poder lo que considera una deuda de sangre.
Al filo del mediodía, el gobernador de Morena multiacusado de narco,Alfredo Ramírez Bedolla apareció en escena. Subió al cortejo con su andar medido y la mirada fija al suelo, como quien sabe que pisa terreno minado. Su Suburban blanca brillaba más que los cirios, y eso bastó para desatar la tormenta.
“¡Fuera, fuera!”, rugieron voces al unísono. No eran pocas, y no eran tímidas. Cuando el gobernador cruzó la puerta principal, los gritos se colaron tras él, rebotaron contra las paredes, hasta afinarse en un coro más filoso: “¡Fuera, fuera asesino!”. Una mujer lo gritó primero, y el eco se multiplicó como pólvora encendida.
Ramírez Bedolla no alcanzó a posar la mano sobre el ataúd de Carlos Manzo, el alcalde asesinado la noche anterior a balazos, cuando el reclamo subió de tono. “¡Carlos, gobernador!”, lanzaron otros, mezclando dolor con hartazgo, en esa confusión que solo las tragedias mexicanas saben parir.
Cinco minutos más tarde, el gobernador salió escoltado por su equipo, entre empujones, miradas hostiles y una ciudad convertida en escenario de duelo y desconfianza. Su camioneta arrancó mientras las sirenas del crimen organizado seguían resonando en la memoria colectiva.
En redes sociales, el mandatario escribió que había ido a dar el pésame a la esposa y familiares de su “amigo y compañero”. Pero el pueblo de Uruapan ya no cree en los duelos institucionales. Aquí, el luto se mezcla con el escepticismo, y la palabra justicia suena cada vez más hueca.
Mientras tanto, en un cuartel militar cercano, los altos mandos ajustan discursos y estrategias. Afuera, en la calle, la gente ya dictó su veredicto: el gobernador se fue, pero el miedo se quedó.
El Gabinete de IN_Seguridad federal informó este dia que el Alcalde Carlos Manzo fue asesinado en pleno centro de Uruapan, Michoacán, pese a contar con vigilancia de al menos 14 elementos de la Guardia Nacional (GN), además de elementos municipales.
Pero lo dicho en el discurso oficial del Secretario e Defensa y Omar García Harfuch,fue un cumulo de rodeos discursivos y flagrantes inconsistencias que exhiben la cortina de verborrea que busca maquillar una ineptitud incuestionable de la Guardia Nacional y del propio aparato federal de seguridad:
El arte de la excusa institucional: 14 guardianes, y todos mirando al vacío
Resulta desconcertante, por decir lo menos, la coreografía verbal que el General Ricardo Trevilla, titular de la Defensa, ejecutó esta mañana en esa pasarela disfrazada de conferencia de prensa. Con la solemnidad de quien está a punto de anunciar la salvación de la República, Trevilla repasó, con un lujo de detalles que sólo el burócrata convencido de su propia ficción puede ofrecer, el número de soldados, fechas de reuniones, y hasta el color de los informes que dice haber presentado.
Es casi poesía: “Se le proporcionó al Alcalde protección personal…con seis elementos y un vehículo de la Guardia Nacional… después, en un derroche de genio estratégicó, eso fue reforzado a catorce efectivos y dos vehículos”. ¿Y el resultado? El alcalde, eso sí, perfectamente bien ‘vigilado’, pero muerto en pleno centro de Uruapan.
Las acrobacias verbales no se limitan a la aritmética de escoltas. El General nos dedica un minucioso anecdotario de reuniones, diálogos “permanentes” y coordinaciones “muy cercanas” con mandos territoriales y con el mismísimo alcalde.
¿El objetivo? Demostrarnos que si algo hacía falta aquí, era comunicación. ¡Caramba! Si el blindaje del funcionario dependía de la cantidad de café y galletas compartidas con militares, hoy nadie podría reprochar nada. Pero el hecho irrebatible es que, para la protección real, los catorce guardias y su desfile de camionetas no sirvieron de maldita cosa.
La verborrea: De la ineficacia a la autojustificación
La verborrea oficial alcanza niveles casi zen cuando se afirma que la seguridad inmediata la proporcionaba “personal de la policía municipal de confianza” (como si la corrupción y el temor al narco fueran cuentos de terror para infantes), y que la Guardia Nacional sólo tenía el papel de “seguridad periférica”, siempre “a petición del Presidente Municipal”. Artilugios de lenguaje que sólo buscan diluir la responsabilidad en un mar de palabras. ¿A quién se le ocurre que 14 militares son adorno, floreros de verde olivo, destinados a mirar el horizonte mientras la sangre corre a su lado.
Pero lo más insultante es la insinuación constante de que todo estaba perfectamente coordinado, que “nada faltó” —y sin embargo, el resultado está ahí: otro alcalde ejecutado a la vista de todos, con refuerzos en cantidad, pero con eficacia de cero absoluto. ¿No se suponía que el Estado, con sus fuerzas armadas y sus despliegues espectaculares, venía precisamente a evitar que la impunidad y la violencia rebasaran a la política local?
Inconsistencias e ineptitud: Cuando el discurso encubre lo evidente
Basta rascar la superficie del discurso para encontrar el sesgo brutal: las palabras son escudo, nunca espada. Dicen que nunca se negó el refuerzo. Pero en fechas recientes —octubre, para ser exactos— ya “no se solicitaron tropas adicionales”, sólo se “verificaron los avances” de la brillante estrategia. Avances que sólo existen en los informes; en la vida real, se cuentan en ataúdes.
Así queda exhibida no sólo la ineptitud, sino el impulso patológico de encubrirla tras montañas de datos irrelevantes, reuniones vacías y promesas pasadas de fecha. Detrás de cada verbo pulido está el grito silenciado del fracaso operativo: un grupo de militares convertidos en espectros ornamentales, incapaces de proteger a quien decían blindar.
En suma, el asesinato de Carlos Manzo y la respuesta oficial lo dejan claro: con discursos así, ni los alcaldes ni el país están, ni remotamente, protegidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de las audiencias que había solicitado a un juez federal para presentar el criterio de oportunidad que un Ministerio Público Federal había concedido a Samuel y Alexis Weinberg, así como a su socio Natan Wancier, en el proceso penal que se le sigue al ex secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, su esposa y cinco familiares más por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero por un monto de 5 mil 112 millones de pesos.
El Centro de Justicia Penal Federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, notificó a los 61 imputados en este caso que la FGR presentó un oficio para desistirse de las audiencias que estaban programadas para los días 29 y 30 de octubre en la causa penal 43/2023, en las cuales se iban a presentar las declaraciones de los exsocios de García Luna que vinculan al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con una trama de presunta corrupción en la construcción y operación de varios penales federales.
La autoridad judicial advirtió que el desistimiento de las pruebas referidas se hace “al más entero perjuicio” de la propia Fiscalía General, por lo que las consecuencias de esta decisión no son responsabilidad de los jueces federales adscritos al Órgano de Administración Judicial (OAJ).
En la notificación enviada por el Centro de Justicia a las partes involucradas se señala que la fiscalía se desistió de presentar las declaraciones de Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub como prueba anticipada dentro del proceso penal, por lo que dichos testimonios ya no se van a desahogar para poder validar su legalidad de forma previa al juicio oral.
Fuentes federales afirmaron que el desistimiento de la FGR estaría relacionado con la falta de un acuerdo entre la fiscalía y los representantes legales de la familia Weinberg y Natan Wancier para cubrir la reparación del daño en México, uno de los requisitos que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para otorgar este beneficio procesal a una persona imputada por un delito.
Las declaraciones de Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg y Natan Wancier fueron reveladas por primera vez durante una audiencia celebrada el viernes 23 de mayo de 2025, con el fin de presentar las declaraciones de los exsocios de García Luna como prueba anticipada, para el desahogo de las declaraciones antes del juicio.
“Conforme a lo solicitado por la Fiscalía de la Federación, toda vez que el artículo 131, fracción V (del Código Nacional de Procedimientos Penales), refiere de las obligaciones que tiene el Ministerio Público en la conducción de la investigación, se le tiene por desistido del desahogo anticipado de las pruebas de referencia a su más entero perjuicio”, señala el acuerdo judicial.
Beneficios sin reparación de daño
En la solicitud del criterio de oportunidad presentada ante la FGR, los propios Weinberg y su socio afirman que, pese a los desvíos de recursos cometidos en agravio de las finanzas públicas, no ofrecerán reparación del daño en México, debido a que previamente llegaron a un acuerdo con las autoridades mexicanas en un litigio de carácter civil en Estados Unidos.
“Los beneficios que obtuvimos con la adjudicación de los contratos antes señalados son materia de reparación del daño, según lo convenido en la Corte de Circuito del Undécimo Circuito Judicial, Miami-Dade, Florida, Estados Unidos de América, por lo que al solicitar el Criterio de Oportunidad con la información veraz, eficaz y esencial que he manifestado y que podré ampliar oportunamente, solicito se tenga por reparado el daño ocasionado”, señala la última manifestación en las declaraciones ministeriales de los Weinberg y su socio en Nunvav INC y Nunvav Technologies.
En la causa penal que se sigue contra Genaro García Luna y que pretendía vincular por primera vez al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong con la trama de corrupción en la construcción y operación de los penales federales, también aparecen como imputadas la esposa del ex secretario de seguridad pública federal, Linda Cristina Pereyra Gálvez, y sus hermanas Esperanza, Luz y María, todas de apellidos García Luna, su hermano Humberto García Luna y su sobrino Oswaldo Luna Valderrabano.
Samuel y Alexis Weinberg, así como su socio Natan Wancier Taub entregaron a la Fiscalía General de la República (FGR) pruebas de transferencias y depósitos bancarios que presuntamente entregaron a dos empresarios, identificados como Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Aramburu, para el pago de presuntos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
A cambio, los tres accionistas de la empresa Nunvav Technologies, beneficiada por el exsecretario de seguridad federal, Genaro García Luna, habrían logrado la continuidad de sus contratos en materia de seguridad pública con el gobierno mexicano, de acuerdo con una carpeta de investigación que llevó a la detención de una hermana y un sobrino del propio García Luna.
No obstante, los tres imputados en el proceso penal que se sigue contra 61 personas, incluyendo a ex servidores públicos, no ofrecen una reparación del daño en la trama que implica un desvío de más de 5 mil millones de pesos, argumentando que ya lo hicieron en Estados Unidos.
Pruebas que vinculan al expresidente EPN
Aristegui Noticias tuvo acceso a registros judiciales que confirman el criterio de oportunidad que la FGR concedió a padre e hijo de la familia Weinberg y a su socio a cambio de revelar la trama de presunta corrupción que presuntamente sirvió para beneficiar a García Luna en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, así como a Peña Nieto y Osorio Chong, a partir del 2011.
Además de las pruebas testimoniales, los empresarios de la comunidad israelí entregaron 18 anexos de información financiera para documentar sus dichos, incluyendo fichas de depósito y comprobantes de transferencias, así como actas constitutivas de empresas y registros públicos de inmuebles que también “regalaron” a ex servidores públicos.
Los Weinberg y su socio no se reunieron nunca con Osorio y Peña ni les entregaron dinero de forma directa, sino que todo lo habrían hecho a través de Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto.
De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, la relación del empresario Jorge Fernández Moreno con Enrique Peña Nieto era muy estrecha, ya que la esposa de Fernández también era muy cercana a la actriz Angélica Rivera.
Los tres empresarios explicaron que buscaron el acuerdo con el gobierno de Peña Nieto con el fin de “evitar dificultades para obtener contratos adicionales debido a los cambios en los cargos oficiales que controlaban las entidades del sector de la seguridad pública”.
“A finales del 2011 o a principios del 2012, conocimos a los mexicanos Jorge Fernández Moreno (fecha de nacimiento … 1961) y Adolfo Del Cueto Bulltick (fecha de nacimiento… 1974), quienes dirigían una casa de bolsa en Miami llamada Bulltick (anexo 4, correo introductorio”.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Genaro García Luna dirigía una organización criminal desde que fungía como Secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, en la cual participaban funcionarios de otros organismos de seguridad como el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Aprovechando su cargo, García Luna presuntamente “conformó una extensa red de socios comerciales” para obtener contratos ilegales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS)”, obteniendo así cientos de millones de dólares en “ganancias”.
Acuerdo en Estados Unidos
A la par que en México negociaban su “criterio de oportunidad” con la FGR, los Weinberg y su socio buscan llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano en los tribunales de Estados Unidos.
Por lo anterior, este 27 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano dio a conocer que había retirado de forma voluntaria la demanda civil contra Samuel y Alexis Weinberg y su socio Natan Wancier para tratar de recuperar alrededor de 600 millones de dólares.
Sin embargo, la UIF advirtió que si el acuerdo no logra concretarse, reanudará la demanda civil que está en manos de la jueza Lisa Walsh, la misma que condenó a Genaro García Luna y su esposa al pago de 2 mil 488 millones de dólares, es decir, casi 50 mil mil millones de pasos.
Según la UIF, la jueza Walsh “autorizó la continuación del diálogo entre las partes para mantener la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación, inclusive durante el periodo que previamente había sido definido para la etapa de juicio, mismo que comprendió el lapso entre el 28 de abril y el 23 de mayo del presente año.
Debido a que no se logró un acuerdo en la fecha límite del pasado 23 de mayo, la UIF y la defensa de los Weinberg solicitaron retirar la demanda de forma voluntaria para que en un nuevo plazo de 30 días se llegue a un acuerdo, el cual incluye la colaboración con la FGR en México.
“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, concluyó la UIF.
Carlos Manzo Rodríguez no pedía milagros, pedía refuerzos. En su voz no había heroísmo impostado ni retórica de campaña: había miedo con conciencia, una súplica pública que olía a desesperación. “No estamos hablando de pandillas —dijo—, estamos hablando de grupos criminales, cárteles muy poderosos, los que controlan territorios, vidas y gobiernos.” Pero al parecer, en Palacio Nacional y en la oficina de Omar García Harfuch, la frase sonó como eco en caverna: nadie contestó.
El hombre siguió: “Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía… no nos queda de otra.”
Y ahí está el retrato más cruel de la política mexicana: la valentía por default, la que uno adopta cuando el Estado ha abandonado su trabajo. La que asoma cuando la autoridad federal se esconde detrás del discurso de la “coordinación interinstitucional” —ese eufemismo de la inacción.
“No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados…”, lanzó Manzo, con esa lucidez trágica del que ya intuye su nombre tallado en la piedra. Pero claro, en la CDMX estaban ocupados en conferencias, informes y giras, mientras Michoacán seguía siendo un infierno con horario de oficina.
Y sí, tenía razón: no quería ser parte de la estadística, esa fosa común de cifras y comunicados fríos. Tampoco quería que su policía ni su pueblo fueran otro número más en el Excel de los muertos “sin vínculo con el crimen organizado”.
Por eso, con lo último de su dignidad, le habló al poder: “Hago un llamado al Gobierno Federal, a la presidenta y al secretario Omar García Harfuch para que no dejen solo a Uruapan…”
Pero Uruapan siguió solo. Solísimo. Ni la presidenta ni Harfuch pisaron el municipio. Ni siquiera un tuit de pésame preventivo. En cambio, los cárteles sí llegaron —puntuales, disciplinados, eficientes.
El alcalde había dicho con claridad: “Aquí en Uruapan seguimos esperando.” Y la espera terminó como terminan las esperas en México: con un ejecutado más, con un expediente abierto, y con un gobierno que repite la liturgia de siempre: “no habrá impunidad.”Mientras tanto, Harfuch sigue en los foros hablando de “seguridad integral” y “estrategias coordinadas”, palabras que en Uruapan ya no significan nada. Porque allá, la gente sabe que el miedo no se apoya en PowerPoints, sino en balas que no llegan del Estado, sino del narco.
El alcalde de Uruapan no fue ingenuo. Fue valiente y lúcido aunque temerario. Lo dijo con todas sus letras: “No quiero ser de la lista de los ejecutados.”
Y el gobierno, con su pachorra monumental, le contestó con el silencio más criminal de todos: la indiferencia.
