Ayer viernes 6 de junio , Sinaloa vivió una jornada marcada por la violencia extrema: se registraron 14 homicidios en distintos puntos del estado, además del hallazgo de dos fosas con restos óseos en Mazatlán y el robo de 23 vehículos, según el informe diario de Noroeste.
Hechos destacados del día:
En Culiacán, se reportaron varios asesinatos, incluido el hallazgo de cuerpos envueltos en plástico y ejecuciones con mensajes intimidatorios.
Un agente de la policía municipal murió tras ser atacado a balazos.
En Navolato y Mocorito, se localizaron más víctimas mortales, mientras que en San Ignacio tres hombres fueron dejados asesinados.
Colectivos de buscadoras encontraron dos fosas clandestinas en el dique Los Zapotes, Mazatlán.
El Secretariado Ejecutivo federal reportó 23 vehículos robados en el estado durante la jornada.
Cifras acumuladas desde el inicio de la ola de violencia (9 de septiembre de 2024 al 6 de junio de 2025):
1,439 homicidios dolosos (promedio de 5.3 diarios)
1,535 personas privadas de la libertad (5.7 diarios)
El promedio móvil diario de homicidios asciende a 8.6 asesinatos, mientras que en lo que va de junio se han registrado 51 homicidios (8.5 diarios).
Las privaciones de la libertad superan a los homicidios: 1,535 casos frente a 954 denuncias formales.
El robo de vehículos mantiene un promedio de 23.3 denuncias diarias en junio.
“Desde que la disputa entre los Guzmán y los Zambada comenzó y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula mil 439 asesinatos y mil 535 personas privadas de la libertad”.
Un saldo que evidencia el fracaso de la estrategia militar
El balance es devastador: la violencia no sólo no ha cedido, sino que se intensifica, con cifras históricas de homicidios, desapariciones y robos. La incapacidad de las autoridades para contener la disputa entre los principales grupos criminales —los Guzmán y los Zambada— ha convertido a Sinaloa en un epicentro de violencia, donde la vida cotidiana está marcada por el miedo y la impunidad.
La militarización, lejos de frenar la ola delictiva, parece insuficiente ante la magnitud y la organización de los grupos criminales, que continúan operando con altos niveles de violencia y sofisticación. Las cifras, más que simples estadísticas, son el reflejo de un fracaso institucional y de una crisis profunda de seguridad en la entidad.
Que dijo:
En septiembre de 2024 el General Jesus Leana Ojeda fue recriminado y hasta corrido de la jurisdicción Militar en Sinaloa por declaraciones que hoy cobran vigencia:
La Policía de San Pedro detuvo la noche del viernes a tres hombres con armas de fuego en calles del Centrito Valle.
La captura ocurrió durante un operativo poco después de las 23:00 horas, en el cruce de Río Mississippi y Río Tamazunchale, informaron las autoridades.
Los detenidos fueron identificados como Allan, de 33 años; José y César, ambos de 42.
En un principio había trascendido que los tres hombres fueron detenidos dentro del restaurante El Torito Sinaloense.
Sin embargo, esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública municipal informó en un comunicado que los tres hombres viajaban en un vehículo Peugeot en color blanco, cuando fueron interceptados por elementos de esta corporación.
Durante la inspección, se les localizaron dos armas cortas y cartuchos dentro del vehículo.
Además, la autoridad municipal informó en un boletín que Allan cuenta con una orden de búsqueda emitida en Estados Unidos por fraude inmobiliario.
”Allan N. cuenta con una orden de búsqueda emitida en Estados Unidos, donde es señalado por presuntamente liderar una red de fraude relacionada con la venta de viviendas en Texas”, dice el comunicado.
Un paciente que exigía sus medicamentos en el área de Farmacia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Villa de Álvarez, Colima, fue sometido por cuatro guardias de seguridad, y terminó convulsionando en el forcejeo.
El hecho se registró este viernes 6 de junio, lo que fue captado por derechohabientes que presenciaron la escena.
Frustrado por la negativa de una empleada de farmacia a entregarle el medicamento que su doctora le había prescrito, el señor empezó a grabar.
“Es mi derecho que me surtan mi receta, me tienen que surtir mi receta. Dos horas para pasar allá y vengo y no me la quieren dar. Me la tiene que surtir, a poco cree usted que la doctora no vio mi expediente en la computadora, y no vio que fui a consulta”, le replicó.
-“No sabe”, le dijo la empleada del IMSS.
“Cómo no va a saber. No me voy a mover de aquí, mande a traer al Ejército a quien sea, no me voy a mover de aquí. Usted súrtame la receta, que no se la inventó la doctora”, expuso.
¿Qué país es ese?
El caso que se describe —un paciente sometido violentamente por guardias de seguridad al exigir un medicamento al que tenía derecho en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Villa de Álvarez, Colima— ha generado una profunda indignación social y pone en evidencia problemáticas estructurales del sistema de salud y derechos humanos en México.
¿Qué país es ese donde te someten por exigir lo que tienes derecho?
El incidente muestra una realidad dolorosa: en México, la exigencia de derechos básicos, como el acceso a medicamentos en instituciones públicas de salud, puede derivar en violencia institucional. El paciente, frustrado por la negativa de la farmacia a surtirle un medicamento prescrito, fue sometido con fuerza excesiva por al menos cuatro guardias de seguridad, lo que lo llevó a convulsionar. Todo esto ocurrió ante la mirada de otros derechohabientes, algunos de los cuales documentaron la agresión en video.
¿Qué país es ese donde piensas que te van a echar al ejército?
La referencia del paciente a que “manden al Ejército” refleja la percepción generalizada de que la autoridad responde con fuerza ante demandas legítimas, en lugar de con diálogo o solución. En México, la militarización de la seguridad y la presencia de fuerzas armadas en tareas civiles han contribuido a este clima de temor y desconfianza hacia las instituciones públicas.
¿Qué país es ese donde el discurso de la presidenta no se nota en la realidad lastimosa?
El contraste entre los discursos oficiales sobre derechos, dignidad y atención médica de calidad, y la realidad cotidiana de los usuarios del sistema público de salud, es abismal. Mientras el IMSS afirmó en su comunicado que se actuó “con respeto y dignidad”, los videos y testimonios muestran una respuesta violenta y desproporcionada ante la exigencia de un derecho fundamental.
¿Qué país es ese?
Es México, donde la crisis de abasto de medicamentos, la saturación de los servicios públicos y la falta de capacitación en derechos humanos para el personal de seguridad y salud generan escenarios de abuso y violencia institucional. El caso de Colima no es un hecho aislado, sino un síntoma de problemas estructurales:
Desabasto y burocracia: El medicamento solicitado (pregabalina) es de control y, según el IMSS, ya había sido entregado días antes, por lo que no podía ser surtido de nuevo en el mismo mes. Sin embargo, la falta de claridad y sensibilidad en la atención derivó en una escalada violenta.
Uso excesivo de la fuerza: Los guardias de seguridad actuaron con brutalidad, sometiendo y golpeando al paciente hasta que convulsionó, sin intervención oportuna del personal médico.
Indignación social: Los videos del incidente se viralizaron, generando exigencias de justicia y de sanciones a los responsables, así como cuestionamientos a la capacidad institucional para garantizar derechos humanos básicos.
Respuesta institucional insuficiente: El IMSS anunció una investigación y acompañamiento al paciente, pero hasta ahora no se han reportado sanciones concretas a los responsables.
Reflexión final
El caso de Colima es un espejo de la crisis de derechos humanos y de atención pública en México: un país donde exigir lo que te corresponde puede costarte la salud o la dignidad, donde la respuesta ante la demanda legítima es la fuerza, y donde el discurso oficial queda rebasado por la realidad cotidiana de millones de ciudadanos.
“¿Qué país es ese?” Es México, donde la lucha por los derechos básicos sigue siendo, para muchos, una batalla diaria y peligrosa.
En su afán por vestir de democracia el remedo de reforma judicial, la presidenta Sheinbaum confunde la voluntad popular con la legitimidad institucional, y la soberanía nacional con el aislamiento deliberado de los estándares internacionales.
Al celebrar la llegada de un indígena a la Corte mientras desestima la baja participación y las alertas sobre la independencia judicial, demuestra que el simbolismo puede ser un velo conveniente para no mirar de frente los vacíos de fondo. Así, en el nombre del pueblo, se ignora la esencia misma de la justicia: no basta con elegir, hay que elegir bien y, sobre todo, rendir cuentas. Porque la soberanía no es patente de corso para la opacidad, y la democracia no se agota en las urnas, sino que se construye todos los días con instituciones sólidas, transparentes y abiertas a la crítica.
Que dijo y como lo dijo:
La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró hoy que un indígena será el nuevo Ministro presidente de la Corte e hizo un llamado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a que “se guarde” en sus recomendaciones.
“La Organización de Estados Americanos mandó a unos observadores a México el día de la elección, y pues está bien, que opinen si fue pacífica, si no hubo problema”.
“Pero ahora ya quieren opinar sobre el sistema que decidieron los mexicanos para elegir a los miembros de la Corte, los magistrados y los jueces, no tienen atribución para ello, que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde porque no está en sus estatutos lo que significa la profunda reforma del Poder Judicial en nuestro País”, lanzó la Mandataria, quien llevaba un bastón de mando en la mano.
Remarcó que la propia OEA tiene entre sus estatutos que no puede opinar sobre lasoberanía que han decidido los pueblos y las naciones.
“México de manera soberana decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia. ¿Qué es mejor? ¿Como antes? ¿Que unos cuántos senadores decidan en la Corte o que sea el pueblo de México?
“¿Puede perfeccionarse la elección? Claro, todo es perfectible, pero hoy la Constitución de la República dice en México quien manda es el pueblo, el pueblo de México manda, con el pueblo todo sin el pueblo nada como diría ya el gran Benito Juárez García”.
Errores y Omisiones en el Discurso de Claudia Sheinbaum
1. Confusión Deliberada entre Soberanía y Rendición de Cuentas Internacional
Sheinbaum insiste en que la OEA no tiene atribuciones para opinar sobre la reforma judicial mexicana, argumentando que se trata de un asunto de soberanía nacional. Sin embargo, esto es una simplificación:
La OEA y otros organismos internacionales tienen el mandato de observar procesos electorales y de gobernanza para asegurar el respeto a estándares democráticos y de derechos humanos, a los que México voluntariamente se ha suscrito.
Observar y opinar no es lo mismo que intervenir o imponer. La crítica internacional es legítima y forma parte de los compromisos multilaterales.
2. Falsa Dicotomía: “El pueblo vs. las élites”
Sheinbaum plantea la reforma judicial como una elección entre “el pueblo” y “unos cuantos senadores”, omitiendo matices clave:
La elección popular de jueces y ministros no garantiza, por sí misma, independencia ni calidad técnica. De hecho, puede abrir la puerta a la politización y al clientelismo, como advierte la OEA.
La legitimidad democrática no se reduce a la participación electoral, sino también a la existencia de contrapesos, transparencia y meritocracia en la selección de funcionarios clave.
3. Celebración de la Representación Indígena como Distracción
Destacar que el nuevo presidente de la Corte es indígena mixteco es relevante simbólicamente, pero no responde a las críticas de fondo:
La preocupación internacional no es sobre el origen étnico del nuevo ministro, sino sobre el proceso de selección, la independencia judicial y la baja participación ciudadana (13%).
Usar la representación indígena como escudo puede desviar la atención de los problemas estructurales de la reforma.
4. Minimización de la Baja Participación Ciudadana
Sheinbaum no aborda el hecho de que solo el 13% del electorado participó en la elección judicial:
La baja participación pone en duda la legitimidad del proceso y la representatividad de los electos.
Ignorar este dato es omitir un aspecto central de la crítica tanto nacional como internacional.
5. Descalificación de la OEA sin Argumentos Técnicos
La presidenta descalifica la opinión de la OEA sin refutar los argumentos de fondo:
La OEA señala la falta de garantías de independencia y solvencia técnica de los nuevos jueces y ministros, así como la cercanía de los candidatos con el Ejecutivo.
Sheinbaum no responde a estos puntos con datos o propuestas de mejora, sino que recurre a la descalificación general.
6. Uso de la Soberanía como Pretexto
La defensa de la soberanía es válida, pero no debe usarse para evadir estándares internacionales:
La soberanía no exime al Estado mexicano de cumplir con compromisos internacionales en materia de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho.
Los estándares internacionales buscan fortalecer, no debilitar, la democracia y la independencia judicial.
Conclusión
Sheinbaum se equivoca al reducir la crítica internacional a un simple asunto de injerencia y al presentar la reforma judicial como una panacea democrática por el solo hecho de ser “popular”. Su discurso omite responder a los cuestionamientos de fondo: independencia judicial, legitimidad, solvencia técnica y baja participación. Además, utiliza la representación indígena y la soberanía nacional como argumentos distractores, en vez de abordar las preocupaciones reales sobre el futuro del Poder Judicial en México.
Durante la madrugada de este sábado 7 de junio , fueron localizadas lonas con mensajes dirigidos contra el Ejército en puntos emblemáticos de los municipios de Rosario y Concordia, Sinaloa.
En El Rosario, la lona apareció en los Arcos de acceso al centro de la ciudad, mientras que en Concordia fue colocada en el Palacio Municipal. También se reportó la presencia de otra lona en Villa Unión, al sur de Mazatlán, específicamente en la esquina del bulevar Niños Héroes y la calle Antonio Rosales.
Contenido y destinatarios de los mensajes
Los mensajes escritos en las lonas solicitan la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.
“PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM Y SECRETARIO OMAR GARCIA HARFUSH: Les pedimos su apoyo para que investigue a estas personas que pertenecen al ejército mexicano, ya que han cometido abuso de autoridad en las comunidades del sur de Sinaloa, saqueando casas y golpeando gente inocente.
Sabemos que el teniente coronel de infantería Alfonso Yahir Morales Urbano, José Edgardo Figueroa y el sargento segundo de infantería Fernando Sánchez Acosta están bajo el mando de CABRERA SARABIA DE LA 9/A M.F.
El más claro ejemplo de abuso fue un enfrentamiento el lunes 02 de junio de 2024, donde abandonaron varias unidades blindadas haciendo caso omiso de sus órdenes en la sierra de Rosario, donde hubo daños colaterales…”
Contexto de violencia regional
Estos hechos se producen en medio de una ola de violencia en Sinaloa, donde recientemente se han reportado enfrentamientos armados, personas asesinadas y bloqueos en distintos municipios, como Mocorito, Navolato, Culiacán y San Ignacio.
Reacciones y antecedentes
De manera reciente y bajo el mismo pretendido fue acusado por el igual ek General Jefe de la Novena Zona Militar.
El “agarrar partido” no es nuevo en el ejercito,pues es la manera en que obtienen la informacion que luego presumen como “inteligencia”, la reciben de un grupo, atacan a o otro y terminan enrareciendo aun mas la la seguridad, pero es una estrategia que también utiliza GARCIA HARFUCH como una manera de enmascarar sus limitaciones y que luego termina en nombres y apellidos en narcomantas.
Americo Villarreal Anaya ,el gobernador de Morena en Tamaulipas, el indiciado en expedientes federales en EE.U que avanzan a pasos agigantados, el aliado indiscutible del crimen organizado en todas sus expresiones,el hombre que apesta a “Chapopote y Huachicol” y que paga a medios de comunicación a modo ,para propalar la verdad maquillada de la realidad que viven Tamaulipecos,emitió un mensaje por el glose del marco el día de la libertad de expresión.
Dentro de su discurso mencionó que todas y todos tienen el derecho de expresar sus ideas por cualquier medio, pero además a difundir y recibir información. Así mismo mencionó que las falsas noticias, así como el uso de herramientas digitales qué tanto dañan a individuos, a instituciones, a la propia democracia y al espacio público, esas malas prácticas degradan esferas vitales de la política la cultura y el ejercicio saludable de nuestras libertades.
Argumentos para no creer la narrativa oficial: el Estado como principal manipulador y fabricante de mentiras
El volumen documenta y analiza cómo, en diversos países y contextos políticos, el Estado no solo es un actor relevante en la difusión de desinformación, sino el más peligroso y sofisticado fabricante de mentiras, debido a los recursos y legitimidad que posee.
¿Por qué el Estado es el principal y más peligroso manipulador de la información?
El libro identifica seis elementos que distinguen la desinformación patrocinada por el Estado de otras formas de engaño:
Planificación estratégica: No es espontánea, sino que responde a campañas coordinadas para manipular la opinión pública.
Acceso privilegiado a recursos materiales y simbólicos: El Estado dispone de fondos, tecnología, personal especializado y acceso a los grandes medios de comunicación.
Sofisticación: Las campañas estatales suelen mezclar verdades a medias, datos fuera de contexto y narrativas difíciles de desmontar.
Legitimidad percibida: La información que emite el Estado goza de un “halo” de credibilidad, incluso en contextos autoritarios o poco democráticos.
Poder institucional: El Estado puede influir en el Poder Judicial, usar la legislación para limitar la crítica y emplear organismos de seguridad para intimidar o silenciar voces disidentes.
Colusión con actores privados: Gobiernos suelen aliarse con medios, empresas de relaciones públicas, consultores y operadores de redes para amplificar sus campañas de desinformación en detrímento de ciudadanos.
Consecuencias políticas y sociales
Abuso de poder: El Estado utiliza recursos públicos para manipular a los ciudadanos que le otorgaron ese poder.
Obstaculización de la rendición de cuentas: La desinformación estatal dificulta que la ciudadanía evalúe objetivamente el desempeño gubernamental.
Restricción de derechos: Cuando el Estado recurre a la desinformación para hostigar, desacreditar o censurar, atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
Contexto local: Tamaulipas y Américo Villarreal
Aunque Villarreal Anaya afirma que en Tamaulipas se respeta la libertad de expresión y que su gobierno no persigue ni censura a nadie, existen elementos para dudar de la pureza de este discurso:
El propio gobernador y su administración han estado envueltos en polémicas, incluyendo señalamientos de corrupción e investigaciones en EE.UU., así como intentos de controlar la narrativa mediática y presionar a su equipo de comunicación para “contener el daño” de las filtraciones y reportajes críticos.
Las declaraciones oficiales suelen enfatizar la ética periodística y condenar las “noticias falsas”, pero en la práctica, el poder estatal usa estos argumentos para desacreditar la crítica legítima y justificar la intervención o presión sobre medios y periodistas incómodos.
Como opera el “cochupo,el embute y el chayote“
Los ciudadanos de Tamaulipas,aunque aplica para todo el pais bajo todos los gobiernos sin distingo de credos o religiones politicas,ya deben de saber que AMERICO VILLARREAL ANAYA (MORENA) via el corrupto y corruptor Francisco “Paco” Cuellar”,opera una dinámica corrupta para engañarlos,paradojicamente usando sus propias contribuciones.
La maquinaria del cochupo mediático en Tamaulipas: cómo el gobierno paga por para que no le peguen en su imagen
La relación entre el poder político y los medios en México, y en particular en Tamaulipas, está marcada por una práctica histórica: el control de la narrativa pública a través del uso discrecional de recursos públicos. Esta dinámica, conocida popularmente como el cochupo, el chayote o el embute, consiste en que los gobiernos, en este caso el de Villarreal Anaya, destina dinero de los contribuyentes para comprar silencio, aplausos o ataques mediáticos, según convenga a sus intereses, teniendo como intermediario a Francisco Cuellar Cardona,alias “PACO CUELLAR”,el nuevo corruptor de la nueva “BANDA de los PACOS y las PACAS”.
¿Cómo opera el cochupo en Tamaulipas?
El gobierno estatal, a través de la oficina de Comunicación Social de “Paco Cuellar”, maneja un presupuesto millonario que llaman “publicidad oficial” y “difusión de acciones de gobierno”.
En la práctica, estos fondos se utilizan para premiar a medios y periodistas afines y castigar a los críticos, decidiendo quién recibe contratos, convenios o “apoyos”.
Los voceros oficiales, como Francisco “Paco” Cuéllar en el actual gobierno de Américo Villarreal, operan como intermediarios entre el poder y los medios, negociando coberturas, filtraciones y hasta campañas de desprestigio contra adversarios como Francisco Javier García Cabeza de Vaca
Cuando la imagen del gobernador se ve amenazada-por ejemplo, ante rumores de investigaciones en Estados Unidos o por señalamientos de vínculos con el huachicol y el narcotráfico-la reacción oficial es presionar a los medios para que desmientan, minimicen o ataquen a quienes difunden esas versiones. que también hace lo propio.
¿Por qué es tan dañino este sistema?
Engaño a la ciudadanía: El pueblo paga, con sus impuestos, para ser manipulado,engañado arteramente . El dinero que debería destinarse a salud, seguridad o educación, termina financiando campañas de imagen y silencios cómplices, porque dejar de decir la verdad es un fabuloso negocio de gobierno y prensa,con muchas salvas excepciones.
Distorsión de la realidad: El acceso a información veraz se ve contaminado por intereses políticos y económicos. El periodismo deja de servir a la sociedad y se convierte en un negocio de favores y chantajes, de un vulgar toma y daca, donde ambas facciones se confabulan para joder al ciudadano.
Impunidad y corrupción: Este sistema perpetúa la corrupción, pues los medios que reciben “chayote” difícilmente investigarán o exhibirán los actos ilícitos del gobierno que los alimenta,peor aún,los defiende.
El caso Américo Villarreal: la misma película, nuevos actores
Aunque el discurso oficial de Américo Villarreal promete respeto a la libertad de expresión y el fin del acoso a periodistas, la realidad muestra que el control mediático sigue mas vigente que nunca.
A la par, se organizan convivios, se reparten apoyos y se busca “acuerdos” con los dueños de los medios de la prensa escrita, radial,televisiva e incluso de redes sociales o rótales digitales ,todo bajo la lógica de siempre: “no es lícito convertir el periodismo en negocio, simular que se hace periodismo para hacer negocio”.
¿Por qué debe importarle esto a la raza de a pie ?
Porque mientras el gobierno compra portadas y silencios, la sociedad pierde su derecho a estar informada y a exigir cuentas. Porque el “chayote” que hoy paga Américo Villarreal es el mismo que pagaron Cabeza de Vaca, Egidio Torre y todos los anteriores, con el dinero de la gente. Porque la corrupción mediática es el lubricante de la impunidad política.
“Para que el autoritarismo priísta funcionara como lo hizo durante siete décadas, requirió de la complicidad y obediencia de los dueños de los medios de comunicación. Para cultivarlo el Estado propició la corrupción de periodistas que fueron agentes, delatores, escribanos y linchadores por encargo. Y si esa vía no era eficaz, echaba mano de la amenaza, la censura, la asfixia económica, la represión”.
La única salida es la transparencia, la rendición de cuentas y el periodismo libre, sin ataduras ni embutes. Que la raza lo sepa: cada vez que un gobierno paga para que hablen bien de él, lo hace con tu lana y a costa de tu derecho a la verdad. Eso es el cochupo, el chayote y el embute en Tamaulipas y esta mas vigente que nunca ,los sigue enriqueciendo.
Conclusion
El mensaje de Américo Villarreal Anaya sobre la libertad de expresión debe ser leído con escepticismo y rigurosidad periodística. Como demuestra el libro “State-Sponsored Disinformation Around the Globe”, el Estado —por su poder, recursos y legitimidad— es el actor más peligroso en la fabricación y difusión de mentiras. Por ello, los discursos oficiales que se presentan como defensores de la libertad de expresión pueden, en realidad, enmascarar prácticas de manipulación, censura indirecta y desinformación estratégica, especialmente cuando hay antecedentes de intentos por controlar la narrativa pública o silenciar críticas incómodas.
