La diputada federal del PT Margarita García acusó al Gobierno de Oaxaca, a cargo del morenista Salomón Jara, de destinar 12 millones de pesos a un concierto para Julion Alvarez,el cantante que recien acaba de zanjar sus problemas legales con EE.UU y guardaba relacion d compadrazgo con el extinto “rey del huachicol” Sergio Carmona,patrocinador de Americo Villarreal en Tamaulipas.
La queja de la Diputada del PT,aliada de Morena es que lo gastaron en el concierto en en vez de invertirlos en hospitales con muchas carencias , por lo cual exigió una auditoría.
En una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, lanzó una nueva crítica a la gestión de Jara en ese estado, al afirmar que ésta se ha distinguido por muchas controversias, algunas de las cuales, dijo, fueron ideadas por la titular de Turismo estatal, Saymi Pineda.
“Pareciera que la pusieron para que le haga escándalos al Gobernador, para que deje en mal al estado de Oaxaca. Solamente ha dado espectáculos la Secretaria de Turismo”, opinó la legisladora del partido aliado a Morena y el PVEM.
“Y nuevamente un escándalo a nivel nacional, a nivel internacional. En una conferencia de prensa del Gobernador, ni él creía que un evento que llevaron a Julión Álvarez, dijo, ‘no, en ese evento no cobran 12 millones’ y pone a la Secretaria de Turismo a que explique, a la señora Saymi Pineda, y ella dice ‘sí, fueron más de 12 millones de pesos’”, agregó.
Al respecto, pidió que la factura de la contratación mostrada por la funcionaria sea investigada, al acusar que es una factura falsa.
El concierto de Julión Álvarez fue para el cierre de la Guelaguetza 2023.
“Ha sido demasiado ostentosa con los pagos de algunas celebraciones que hemos denunciado (…) los regalos de diciembre de más de 10 millones de pesos para invitados de lujo”, apuntó.
Además, indicó, este fin de semana la funcionaria se fue a Colombia con todos los gastos pagados, por lo que pidió el freno al gasto de recursos que podrían ir dirigidos a atender necesidades del sector salud o educativo.
Suman petistas reclamos contra morenistas
Este reclamo es el segundo que realizan integrantes del PT en menos de un mes al Gobierno de Oaxaca y a legisladores de Morena.
El pasado 11 de febrero, el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, criticó que la administración morenista haya despedido a mil 344 trabajadores de limpia, al señalar que esa acción es contraria a los principios de la Cuarta Transformación.
Incluso, señaló que si midieran a la Administración del morenista en esa entidad, estaría más reprobado que los propios gobiernos del PRI.
El petista atribuyó esta decisión a la intención del Gobernador de controlar el sindicato de los obreros; sobre ello, la diputada Margarita García lo secundó en estos señalamientos, al afirmar que durante la Administración de Jara se ha tolerado la venta de plazas y ha negociado con quienes han cometido esta práctica en gestiones pasadas a cambio de apoyo.
Apenas la semana pasada, la legisladora arremetió en contra de legisladores morenistas por llevar al presidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, Rachid Talbi El Alami a San Lázaro, donde fue desplegada una manta en el pleno.
Las autoridades de Oaxaca dicen que tienen pistas de que los ocho jóvenes asesinados en Huatulco estaban implicados con un grupo criminal de la región e indagan una red de policías municipales y células locales del crimen organizado que estarian detrás de la violenta muerte de los jóvenes que viajaron de Tlaxcala a las costas de Oaxaca para trabajar con Alfredo Lavariega Canseco “Jocha”, quien también fue asesinado.
Una de las pistas que siguen autoridades estatales es que los jóvenes acudieron a la costa oaxaqueña para supuestamente cometer una serie de robos a cuentahabientes y turistas bajo el liderazgo de “El Jocha”, propietario de Hospedaje “Jocha” y quien en 2021 fue candidato a Alcalde de Santa María Huatulco.
Acusaciones públicas sin sustento judicial
La revictimización de los nueve jóvenes tlaxcaltecas asesinados en Huatulco por parte de las autoridades de Oaxaca se sustenta en tres factores clave: señalamientos sin pruebas contundentes, omisión en el avance de las investigaciones y contexto de control criminal en la región.
Las autoridades estatales, particularmente la Fiscalía de Oaxaca, han difundido la teoría de que las víctimas estaban vinculadas al grupo “Zacapoaxtlas”, supuestamente dedicado a robos a turistas bajo el mando de Alfredo Lavariega “El Jocha”. Sin embargo:
No hay evidencia forense o documental que confirme la pertenencia de los jóvenes a esta célula.
Las familias niegan categóricamente los vínculos, señalando que los viajeros eran estudiantes y trabajadores sin antecedentes delictivos.
La sobreviviente Brenda Mariel Salas declaró que fueron levantados por policías municipales de Huatulco, no por grupos criminales.
2. Inacción ante la corrupción policial y nexos con el crimen organizado
A pesar de los testimonios que implican a elementos de la policía de Huatulco, ningún funcionario ha sido detenido o suspendido. Esto ocurre en un contexto donde:
Bandas criminales como el CJNG y el Cártel de Sinaloaoperan en la zona, con presunta complicidad de autoridades locales.
Existen denuncias históricas sobre redes de extorsión y narcotráfico que involucran a policías municipales, especialmente en zonas turísticas como Huatulco.
El gobernador Salomón Jara se limitó a pedir “denuncias formales” en lugar de ordenar investigaciones proactivas, a pesar de que el caso involucra a tres entidades federativas (Oaxaca, Puebla y Tlaxcala).
3. Narrativa oficial vs. realidades territoriales
La insistencia en criminalizar a las víctimas contrasta con el control fáctico de grupos delictivos en la región:
Huatulco es un punto estratégico para el tráfico de cocaína y la extorsión a negocios turísticos, con presencia documentada del CJNG desde 2023.
El asesinato de Lavariega “El Jocha” (vinculado a los jóvenes) ocurrió en circunstancias similares a ejecuciones cartelarias, incluyendo una cartulina acusatoria.
Las manos cercenadas de las víctimas coinciden con métodos de castigo del crimen organizado por “robar” en territorios controlados.
Consecuencias de la revictimización
Desvío de atención: La narrativa oficial minimiza la responsabilidad institucional en un estado con 95% de impunidad en delitos graves.
Estigmatización social: Medios replicaron sin verificar capturas de un grupo de WhatsApp llamado “Zacapoaxtlas”, atribuyéndolo a los jóvenes pese a no mostrar conexiones reales.
Trauma familiar: Madres como la de Angie Lizeth Pérez han tenido que desmentir públicamente los señalamientos: “Mi hija no tenía que ver con ese grupo […] no se merecía eso”.
Este caso refleja un patrón recurrente en México: la criminalización de víctimas para ocultar fallas estructurales en seguridad y justicia. Mientras persista esta dinámica, se perpetuará el ciclo de violencia e impunidad en regiones controladas por el crimen organizado.
Esta mas que claro el nivel de colaboración que Americo Villarreal,el aun gobernador de Morena en Tamaulipas ha mantenido con los carteles, ahora catalogados de terroristas,de tal suerte que le aplica el mas reciente anuncio de la Administración de Donald Trump ,quien dijo ayer miércoles que vetará las visas a los funcionarios de otros países que, a su juicio, faciliten los flujos migratorios irregulares hacia Estados Unidos.
Y basta con tan solo atender, que el principal traficante de ilegales,Cesar Morfin Morfin,alias “PRIMITO”, ha sido solapado y protegido por el goebrnador,quien no solo actúa por omisión,tambien por acción,confabulandose.
“Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros que buscan ingresar ilegalmente a Estados Unidos”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado para anunciar la nueva política.
Según el jefe de la diplomacia estadounidense, la restricción de visas se aplicará a los funcionarios de Gobiernos extranjeros, incluidos los de inmigración y aduanas, los de autoridades aeroportuarias y portuarias y otras personas que se cree que son responsables de facilitar deliberadamente la inmigración ilegal”.
“Estas medidas se mantendrán hasta que dichos funcionarios asuman la responsabilidad de garantizar que se establezcan políticas y se apliquen las leyes vigentes para impedir el tránsito de esas personas”, remarcó.
La decisión de Rubio amplía una política de 2024, diseñada por la entonces Administración de Joe Biden, que restringe las visas a los responsables de aerolíneas y otras empresas privadas de transporte que faciliten el movimiento de migrantes indocumentados que buscan llegar a Estados Unidos.
Tras 22 días de búsqueda, luego de desparecer cuando salieron a caminar, Angélica Virgen Camacho y su hija Esthefanía Ferrari Virgen fueron localizadas sin vida en una presunta casa de seguridad en el Municipio de Alvarado, Veracruz.
La madre tenía 53 años de edad, ejercía la profesión de médica veterinaria zootecnista y era conocida por labores altruistas en pro de los animales, como esterilizaciones gratuitas en su comunidad.
La hija había cumplido los 22 años, estudiaba la carrera de Biología en el Tecnológico de Boca del Río, y ambas fueron vistas por última vez en el Fraccionamiento La Rioja, en Alvarado.
De acuerdo con información preliminar, las mujeres habían salido a caminar cuando fueron capturadas por sujetos armados. En días pasados, la Fiscal del Estado, Verónica Hernández, indicó a periodistas locales que la línea de investigación principal era la privación ilegal de la libertad.
La noticia del fallecimiento de Angélica y Estefanía ha generado consternación entre ciudadanos y sus allegados, que han emitido condolencias a la familia y exigido justicia para las víctimas.
“Tengo un sentimiento de desolación, de coraje, impotencia y mucho dolor por ellas, dos buenas mujeres honestas que amaban a su familia, una familia muy unida y de mucho trabajo. Que Dios las reciba en grande y que su familia encuentre paz al saber que ya no sufren y con el tiempo también la resignación”, externó la usuaria Nora Marlen.
Mexico es un pais donde desaparecer equivale a morir bajo un gobierno desaparecido
La desaparición de personas en México está intrínsecamente ligada a un sistema de impunidad estructural que convierte este delito en una sentencia de muerte silenciosa. El caso de Angélica Virgen Camacho y Esthefanía Ferrari Virgen —localizadas sin vida tras 22 días de búsqueda en Veracruz— ejemplifica cómo la ausencia de justicia y la inacción estatal transforman la desaparición en un acto letal.
Vínculo entre desapariciones e impunidad
Tasa de impunidad del 99%: Solo 141 sentencias condenatorias se emitieron entre 2019 y 2022, frente a 35,669 desapariciones registradas. Estados como Aguascalientes, Chiapas y Ciudad de México reportaron 0 condenas en ese periodo.
Fallas sistémicas: La Ley General en Materia de Desaparición (2017) sigue sin implementarse plenamente, con deficiencias en protocolos de búsqueda, fiscalías especializadas y transparencia en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Colusión criminal-estatal: El 37.5% de los restos humanos hallados en 2022 permanecen sin identificar, y se han documentado más de 5,600 fosas clandestinas, muchas vinculadas a redes de crimen organizado con complicidad de autoridades, como ocurre en Tamaulipas.
Desaparecer en México: la muerte como certeza
Fosas clandestinas como destino: Más de 52,000 cuerpos no identificados yacen en servicios forenses o fosas comunes, un reflejo de la saturación del sistema y la deshumanización de las víctimas.
Revictimización institucional: Familias como la de Angélica y Esthefanía deben organizar sus propias búsquedas, mientras enfrentan negligencia, burocracia y riesgo de represalias. Desde 2010, al menos 21 buscadores han sido asesinados.
Impunidad como regla: Menos del 6% de los casos de desaparición llegan a tribunales, según la ONU. La detención de un sospechoso en este caso —como ocurre en solo el 1% de los casos— no garantiza justicia, dado el historial de absoluciones y corrupción.
Caso paradigmático: Angélica y Esthefanía
Su secuestro y asesinato sintetizan patrones documentados:
Captura en espacio público: Fueron interceptadas durante una caminata, método recurrente en desapariciones vinculadas a crimen organizado.
Respuesta tardía: Pese a campañas ciudadanas en redes y cateos, la identificación oficial de sus cuerpos demuestra los límites de la acción estatal sin presión social.
Narrativa de impunidad: Aunque la Fiscalía de Veracruz promete “evitar la impunidad”, el contexto nacional muestra que el 99% de estos crímenes quedan sin castigo.
Este sistema —donde 8 de cada 10 desaparecidos son hombresy 26% mujeres— opera como máquina de muerte burocrática: sin investigación forense eficaz, sin reparación para familias, y con un Estado que prioriza narrativas de “paz” sobre justicia real. Cada desaparición refuerza la ecuación mortal: en México, buscar a un ser querido es confrontar no solo su probable muerte, sino la certeza de que el sistema garantiza el olvido.
La posicion de Mexico ha sido de resistencia,pues con esta enmascara la pudricion institucional,la de EE.UU ha sido de presunto intervencionismo y se ha esparcido la idea de estrategias unilaterales,pero en el justo medio esta la colaboración sin condiciones, con respeto pero sin traciones que parafraséando a Mr.Trump,seria fantastica y no esta peleada ni con la soberania,ni con la autonomia de Mexico,pues si Mexico migra su tono al de amigos, los amigos se respetan”.
El preambulo es para citar, que ayer el Vicepresidente JD Vance, Estados Unidos dijo que se le hizo “un gran favor” al pueblo de México al designar como terroristas a los cárteles (…cierto,estan aterrorízados y en tamaulipas pararon sus dos guerras).
“(El Presidente Trump) le está haciendo un gran favor al pueblo de México, porque si no logran controlar a estos cárteles, el pueblo de México se despertará en un narcoestadodonde los cárteles tienen más poder que su propio Gobierno”.
De gira por la frontera texana que colinda con Piedras Negras, Coahuila, muy cerca del poderío de Zetas de Nuevo Laredo que tenian de jefe de “facto” al asesor del gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal, llamó al Gobierno de México a tomar en serio el tema.
“Nuestra esperanza es que México se tome en serio este trabajo. No queremos tener relaciones negativas con el Gobierno mexicano. Queremos que el Gobierno de México se ayude a sí mismo, pero también, en el proceso, que ayude al pueblo estadounidense al tomar en serio a estas organizaciones”.
“Esto va a desestabilizar a todo México, a todo el Gobierno si no se lo toman más en serio. Tenemos la esperanza de que lo hagan, y si no lo hacen… decidiremos qué hacer a partir de ahí”, aseguró Vance.
Acompañado por el jefe del Pentágono Pete Hegseth y la Directora de Inteligencia Nacional de EU Tulsi Gabbard, Vance visitó la frontera para celebrar la drástica caída en cruces irregulares de migrantes desde durante el pasado mes de febrero cuando se registraron 8 mil 326 cruces frente a 156 mil 630 cruces en febrero de 2024.
La historia que hoy reseña el diario español EL PAIS,de dos vulgares criminales ahora convertidos en capos,dejan ver que ha sido esa impunidad sistémica la que ha creado un ecosistema donde los grupos criminales no solo sobreviven, sino que se fortalecen.
El caso de los hermanos Oseguera Cervantes, pilares del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),uno de ellos ya detenido, ejemplifica cómo las fallas judiciales y las negociaciones políticas permiten la perpetuación del narcopoder.
Ciclo de impunidad: arrestos y liberaciones
Nemesio “El Mencho” Oseguera fue detenido en 1992 por tráfico de heroína en Estados Unidos, pero su condena no impidió que construyera desde prisión las bases del CJNG, reclutando contactos clave.
Abraham “Don Rodo” Oseguera, capturado en 2024 y liberado en solo 9 días por “contradicciones” en el relato policial, reincidió hasta su nuevo arresto en febrero de 2025. El Ejército mexicano lo señala como coordinador financiero y logístico del cártel.
Complicidad institucional y estrategias fallidas
Corrupción judicial:
En 2024, un juez federal liberó a Don Rodo pese a las pruebas presentadas por la Guardia Nacional sobre su rol en lavado de dinero y narcotráfico. Agentes locales incluso testificaron a favor del narcotraficante.
La esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, operadora financiera del CJNG, fue liberada en marzo de 2025 tras fracaso de la FGR.
Extradiciones como moneda política:
El traslado masivo de 29 narcos a EE.UU. en febrero de 2025, incluido Antonio “Tony Montana” Oseguera, buscaba aplacar las demandas de Donald Trump. Sin embargo, la medida no resolvió tensiones comerciales ni desarticuló al CJNG.
Infraestructura criminal y lavado de activos
Don Rodo dirigía una red para blanquear capitales del CJNG mediante:
Compra de ranchos y propiedades en Jalisco, usando notarios corruptos para alterar registros.
Inversiones en minas de oro en Michoacán y Nayarit a nombre de testaferros, incluyendo a su cuñado Rubén Oseguera.
Cerco internacional vs. impunidad local
Mientras EE.UU. ofrece 15 millones de dólares por El Mencho y encarcela a su familia (su hijo Rubén en 2024, su yerno en 2023), México sigue mostrando incapacidad para mantener tras las rejas a figuras clave, apenas el 27 de febrero fue detenido el “Gordo Chuy”, mando del CJNG en Michoacan y ayer liberado, repitiendo las fallas transexenales.
Este entramado revela una paradoja: las autoridades alimentan la maquinaria criminal al no aplicar consecuencias duraderas, permitiendo que el CJNG recicle líderes y capitales sin obstáculos estructurales. La justicia mexicana opera como un sistema de puertas giratorias donde la detención es solo un intermedio antes de la reincidencia.
Un día de septiembre de 1992, dos hermanos mexicanos entran al bar Imperial, en San Francisco, California, para vender cinco onzas de heroína, unos 140 gramos. Desde 1986, el menor, Nemesio, cruza habitualmente cargado de marihuana y otras sustancias.
Ese año es arrestado en posesión de material robado y una pistola. En los calabozos de la ciudad californiana, la policía le toma una fotografía en la que parece más un adolescente detenido por fumar mota que el hombre que se convertirá en el narcotraficante más buscado por la DEA.
Para ese día de otoño del 92, ya habrá sido deportado un par de veces, pero siempre encuentra la manera de regresar.
Aunque el que ha negociado el trato esta vez es el mayor, Abraham, al que las drogas también le han costeado ya un abultado expediente. Los compradores pagan 9.500 dólares por el material, pero son policías y los billetes están marcados.
Tres semanas después, los hermanos Oseguera Cervantes son detenidos en cargos federales. Nemesio, al que llaman Mencho, defiende su inocencia. Los fiscales le advierten: si no asume su responsabilidad, Abraham cargará con todo y podrían sentenciarle a perpetua.
El Mencho acaba declarándose culpable para proteger a su hermano. Pasarán algunos años prisión. En las celdas, conocerá a tipos como él a los que, años después, reclutará para su naciente cartel, Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Más de 30 años después, la DEA (la Administración de Control de Drogas estadounidense, por sus siglas en inglés) ofrece 15 millones de dólares por la cabeza del Mencho, que tras la entrega a Estados Unidos de Rafael Caro Quintero, viejo capo del Cártel de Guadalajara, es la pieza más codiciada por los gringos.
Y su hermano Abraham, alias Don Rodo, vuelve a ser el cabo suelto por el que las autoridades tratan de llegar al gran líder del CJNG. Abraham Oseguera Cervantes está, una vez más, en manos de las autoridades mexicanas. Fue detenido el 28 de febrero, un día después de un inédito traslado masivo de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, entre ellos el propio Caro Quintero, los líderes de Los Zetas, el último gran heredero del Cártel de Juárez y otro de los hermanos Oseguera Cervantes, Antonio, apodado Tony Montana por el protagonista de Scarface, en uno de esos casos habituales en el mundo del narco en que la realidad imita al cine.
El marco es único: nunca antes México había regalado a Estados Unidos tantos capos de golpe. El Gobierno de Claudia Sheinbaum trató de usarlos como moneda de cambio contra Donald Trump, que amenazaba con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos si Sheinbaum no recrudecía la cruzada contra los cárteles, paralizaba el tráfico de fentanilo y el cruce de migrantes.
Ni los 29 narcos entregados en bandeja aplacaron al republicano, que este martes dinamitó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte al aprobar los impuestos. Y entre medias ha quedado Don Rodo, náugrafo de la relación bilateral y, posiblemente, uno de los futuros ases en la manga de Sheinbaum, que aún confía en sentar a su homólogo estadounidense a la mesa de negociaciones.
Abraham Oseguera Cervantes, sin embargo, es experto en jugar con la justicia mexicana. De momento, el juez de distrito de Ciudad de México Juan Mateo Brieba de Castro ha paralizado cualquier movimiento del Gobierno federal que pudiera conducir a que Don Rodo acabe, como sus 29 compañeros de profesión, al norte de la frontera. La próxima audiencia será el lunes 10 de marzo, donde se decidirá si la decisión se mantiene. Mientras tanto, el hermano del Mencho aguarda en prisión preventiva, con varias acusaciones sobre sus espaldas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
Es la segunda vez en menos de un año que Don Rodo da con sus huesos en prisión. En abril de 2024, la Guardia Nacional lo capturó en Autlán de Navarro, un municipio de 65.000 habitantes en el Jalisco rural. Y, en un inesperado giro de guion, el juez federal Rogelio León Díaz Villarreal lo liberó tras nueve días encarcelado al considerar que había contradicciones en el relato policial sobre el operativo que condujo a su detención.
La madrugada del 30 de abril, Abraham Oseguera abandonó un penal del Estado de México en camisa de cuadros y custodiado por tres militares, fue recogido por un vehículo y volvió a desaparecer en el mundo criminal mexicano. Fue un escándalo, uno más en lo que se refiere a la relación de la justicia y los grandes narcos en México.
“Un asunto de Estado”
Para el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la liberación fue un “asunto de Estado”, la prueba de la corrupción del sistema judicial, y Rogelio León, un “juez que favorece a presuntos delincuentes”. Los policías de Autlán incluso participaron en el juicio como testigos de la defensa, a favor de Don Rodo. La FGR anunció que recurriría la decisión y denunciaría a los agentes por colaborar con el CJNG, pero de aquello nunca más se supo.
Para el Ejército, el hermano del Mencho era, sin lugar a dudas, “uno de los principales coordinadores de las operaciones logísticas y financieras, dedicado al lavado de dinero y encargado del tráfico y venta de drogas” en el cártel. “Uno de los principales operadores logísticos, financieros y generadores de violencia”.
Pese al ruido, Don Rodo quedó libre. Hasta este febrero, cuando su cabeza volvió a ser de utilidad para las autoridades. No estaba lejos de donde lo encontraron la otra vez: en el poblado de Atajeas de Covarrubias, también en Jalisco, a poco más de una hora de Autlán. Junto a él cayeron otros tres miembros del CJNG, armas, dinero en efectivo y un alijo de drogas.
Abraham Oseguera Cervantes jugaba un rol clave en la organización criminal de su hermano: lavar su fortuna a través de “la compra de ranchos, terrenos y propiedades, además se apoyaba de notarios públicos de Ciudad Guzmán y Autlán para gestionar los cambios de nombre de los propietarios”, según fuentes de seguridad. Su esposa, Virginia Virginia León Osornio, también participaba en el esquema e invertía en nombre del cártel en minas de oro de Michoacán y Nayarit, “con el objeto de aumentar el patrimonio financiero de su cuñado Rubén Oseguera”.
No es difícil trazar el camino que, de permitirlo el juez, seguirá Don Rodo: la estrategia de la justicia estadounidense es asediar al Mencho a través de su familia. Su hermano Antonio, Tony Montana, fue detenido en 2022 y trasladado a Estados Unidos la semana pasada. Su hijo Rubén, El Menchito, fue declarado culpable de narcotráfico el pasado septiembre en una corte de Washington (también él, como Don Rodo, pasó por una prisión mexicana y fue liberado antes de su captura definitiva). Su yerno, Cristian Fernando Gutiérrez El Guacho, parte de la cúpula del CJNG, fue arrestado el pasado noviembre en California tras haber fingido su propia muerte para burlar la ley.
Estados Unidos estrecha el cerco sobre su presa, que se mantiene escondido, dicen los expertos, en algún lugar de la sierra de su natal Michoacán. Aun así, su influencia no parece disminuir. El mismo día del traslado de 29 narcos, mientras el foco de la prensa estaba puesto en Caro Quintero y compañía, la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, señalada como operadora financiera del CJNG, abandonaba discretamente una cárcel de Morelos tras tres años presa, pese a las impugnaciones de la Fiscalía.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ALEJANDRO SANTOS CID/
