¿Qué más podría pasar en Culiacán? Tal vez no es la pregunta correcta, ¿qué tendría que pasar en Culiacán para que México se detuviera, para que las autoridades dejaran de decir que se trata de amarillismo periodístico y de exageraciones sacadas de contexto?
La noche del jueves 13 junio, las instalaciones del diario digital Adiscusión fueron atacadas a balazos por un par de hombres a bordo de una motocicleta. A las ocho de la noche, cuando en el inmueble solo estaba un reportero de guardia, los atacantes dispararon al rótulo con el nombre del diario y a un mural muy particular: el del rostro de Humberto Millán Salazar, periodista fundador del diario, secuestrado y asesinado en 2011.
El ataque fue registrado en las cámaras de seguridad del propio diario, ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán, capital del convulso Estado de Sinaloa. Ciudad que se encuentra en llamas por múltiples enfrentamientos: entre grupos criminales y el Ejército, o entre los bandos del crimen. Tan frecuente y conocida es la violencia en esa capital, que cada nueva ola de fuego —desatada principalmente por el cártel de Sinaloa, de El Chapo Guzmán— se denomina ya como Culiacanazo.
Pensar que a las autoridades locales o federales les importa saber quién disparó contra el diario o hacer algo ante esta amenaza inminente a la prensa es pedir demasiado, ante las decenas de cuerpos tirados en las calles en las últimas semanas, dispararle a una pared debe ser para el Gobierno local el menor de sus problemas.
100 días después del ataque al diario Adiscusión a nivel judicial todo sigue inmóvil, no han recibido ninguna comunicación, no ha habido audiencias ni citas, no hay un solo detenido. Ellos tienen algunos datos, por la naturaleza de la profesión periodística, han podido averiguar el lugar a donde llegó la motocicleta después del ataque; así como que el arma era nueva, nunca había sido disparada. Esta información, si bien no concluye, no la tiene la Fiscalía, según me cuenta César Millán, director general del diario e hijo del asesinado Humberto Millán.
César tiene también un nombre en la cabeza, un responsable. “Este personaje —que digo su nombre, se llama Arnoldo Valle— es el coordinador de prensa de la Universidad (Autónoma de Sinaloa, UAS) por muchos años, con muchos rectores, él es el personaje que nosotros creemos que tiene que ver con todo esto.
Te doy contexto: Héctor Melesio Cuén Ojeda, el personaje que murió en la supuesta reunión de Ismael, es su jefe político y su jefe real, de toda la vida. Es el que manda en la Universidad”, sentenció César Millán.
Me explicó que la Universidad Autónoma local mantiene un añejo conflicto con el Gobierno estatal, y su coordinador de prensa considera que Adiscusión favorece al Gobierno con sus publicaciones, por lo cual lo califica como “aliado” de ese Gobierno. Al mismo tiempo, una persona cercana —cuya identidad obviamente protege— le aconsejó cuidarse de Arnoldo Valle porque constantemente habla mal del periódico e incluso ha proferido amenazas contra su directiva. Y si su jefe, Héctor Cuén, tiene nexos con el cártel de Sinaloa —ya abiertamente revelados y recientemente confesados por el propio Mayo Zambada— a Millán le resulta fácil inferir de dónde viene el ataque contra las instalaciones del diario.
100 días después nada sigue igual en el diario. Pese a la cotidiana violencia que aqueja a Sinaloa, en Adiscusión sí reforzaron sus precauciones. Los periodistas dejaron de ir presencialmente a trabajar, solo cubren hechos de violencia si existen las condiciones de seguridad en el lugar y recibieron por parte del Mecanismo de Protección a periodistas un chaleco antibalas, y varias cámaras para instalar en el diario.
César Millán Lafarga tiene claro que este ataque no llevaba el objetivo de matar a nadie, sino que fue solo una advertencia. “De hecho, siendo honestos, el lugar en el que vivimos, un atentado de esta magnitud implica un llamado de atención. Porque si hubieran querido hacerlo, contra mí o contra alguien, lo hacen. Por la hora, por cómo lo hicieron… tiran hacia arriba, a la fachada: nunca tiran a la puerta, abajo. O sea, tratamos de darle un contexto a todo y para nosotros fue un llamado de atención. Un ‘hey: bájenle’”.
Así se construye el silencio, así se aísla a Culiacán, así se prepara el escenario perfecto para que nada se sepa o existan pocos, muy pocos que se atrevan.
Con informacion:-DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/Javier Risco/
A lo largo de las últimas semanas se ha producido una importante discusión en torno a la iniciativa en materia militar presentada el 5 de febrero de este año por el presidente López Obrador.
Buena parte de los análisis y posicionamientos de quienes están a favor o en contra de esa propuesta ha girado en torno a la Guardia Nacional. Específicamente, respecto de si este cuerpo militar debe quedar adscrito orgánica y funcionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional o si, por el contrario, debe ser un cuerpo civil con organización militarizada.
En estos extremos se encuentran definidas las posibilidades y efectos del cambio. Por una parte, si tendremos, como acabo de decir, un cuerpo del Ejército mexicano diferenciable de los restantes sólo por sus funciones o si, por la otra, nos encontraremos ante una corporación policiaca de carácter civil con disciplina militar.
No sé si por estrategia u obsesión, López Obrador y los suyos han querido o logrado reducir la totalidad de la reforma a la cuestión de la trasferencia de la Guardia Nacional. En la básica dualidad de si queda insertada en el Ejército o colocada fuera de él. Esta súper simplificación —como tantas otras del obradorismo— ha sido efectiva. Ha permitido reducir un muy complejo problema a un juego más de vencidas entre quienes están a favor o en contra del presidente. Es un ejemplo más de los juegos plebiscitarios que tan bien maneja y que tan buenos resultados le han dado. Adicionalmente, la manera en la que el presidente y sus seguidores han logrado posicionar la discusión de la Guardia Nacional les ha permitido evitar la discusión integral de la iniciativa.
Más allá de trucos, evasiones y reducciones, la iniciativa de López Obrador implica muchas más cosas que el mero traspaso de la Guardia Nacional. En realidad, y por más que sus apoyadores lo nieguen para halagarlo o para convencerse, se trata de un paso gigantesco para la militarización del país. Constituye el elemento definitorio para cerrar estructuralmente lo que López Obrador ha venido haciendo a lo largo del sexenio.
Si analizamos las cosas con atención, la relevancia de la reforma no radica en la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Este es un mero paso operativo para que un cuerpo pretendidamente civil quede en manos de uno militar. Lo que es verdaderamente relevante radica en entender el resultado de lo que con la reforma constitucional habrá de producirse. Me refiero a la realización de operaciones civiles ordinarias por parte de cuerpos militares.
Conforme al artículo 21 de la todavía propuesta de reforma, la Guardia Nacional será la fuerza federal de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial y dependiente de la secretaría de la Defensa Nacional, encargada de ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública. Esta determinación despeja cualquier duda sobre la adscripción y naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, e impide mantener la falsa distinción entre el cuerpo militar y sus funciones o mando civiles. Nos lleva a tener que admitir, abierta y lealmente que, con esta reforma, se militariza la seguridad pública y no, por decirlo así, se civiliza la acción militar.
Lo que con la reforma se producirá es la militarización de la seguridad pública mediante la desaparición de la acción policiaca federal. Este orden jurídico se quedará sin un cuerpo civil para la prevención y persecución de los delitos, dado que ello quedará monopolizado por la Secretaría de la Defensa Nacional y su cuerpo militar funcionalmente policial. Al realizarse esta transferencia, las funciones y condiciones de los redefinidos cuerpos de policía gozarán de las prerrogativas militares.
La propuesta de reformas al artículo 21 le confiere a la Guardia Nacional la posibilidad de investigar delitos conjuntamente con el ministerio público y las policías.
Por este motivo, los militares adscritos a este cuerpo podrán intervenir en la vida civil y cotidiana de los habitantes del territorio nacional.
A su vez, en el artículo 13 de la propuesta de reformas, se otorga a los miembros de la Guardia Nacional —es decir, a los militares que habrán de ejercer funciones de policía— fuero de guerra.
Ello implica que serán juzgados por tribunales militares por los delitos y faltas contra la disciplina militar o, parafraseando el texto constitucional, a partir de la adición que se pretende, contra la disciplina policíaca ejercida como función militar.
Por si no quedara clara la militarización que va a llevarse a cabo mediante la intervención directa de la Guardia Nacional —es decir, del cuerpo militar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional—, en el artículo 73 de la todavía propuesta de reforma, se faculta al Congreso de la Unión para emitir las leyes que establezcan las condiciones de participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en la seguridad interior y en el apoyo a la seguridad pública.
En la misma lógica de la reforma, en el artículo 89 se propone conferirle atribuciones al presidente de la República para disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las tareas de apoyo a la seguridad pública. Ello implica posibilitar la intervención de las Fuerzas Armadas aun cuando no se hayan suspendido los derechos humanos o sus garantías, ni se haya declarado la guerra a una potencia extranjera.
Más allá de las particularidades funcionales y organizativas relacionadas con la Guardia Nacional, el punto central de la reforma está en otro lugar. Radica en la modificación a lo dispuesto en el artículo 129 constitucional.
En el texto todavía en vigor se dispone que “(E)n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Aunque el concepto de “disciplina militar” sea un tanto indeterminado, es central para la conformación del papel que constitucionalmente corresponde a las Fuerzas Armadas. Implica que el legislador ordinario, su comandante supremo, los órganos judiciales encargados del control de regularidad constitucional y las autoridades administrativas, tienen que considerar qué es aquello que sí guarda conexión con ese tipo de disciplina. Es decir, tienen que considerar si aquello que van a establecer en una norma jurídica o en una sentencia relacionada con su validez, guarda algún tipo de vínculo material con tal concepto.
Si la respuesta es afirmativa debido a que, efectivamente, esa relación queda garantizada, la norma será válida. Sin embargo, si aquello que se le quisiera asignar a las Fuerzas Armadas no tuviera algún tipo de vinculación con ella, tendría que declararse inconstitucional mediante los varios métodos que al respecto prevé nuestro orden jurídico.
En la propuesta de reformas al artículo 129 constitucional, busca disponerse que “(E)n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. El cambio que pretende incorporarse es enorme si lo consideramos desde el punto de vista jurídico. Lo que se está pretendiendo es que sea el Congreso de la Unión el que determine qué es lo que las Fuerzas Armadas pueden hacer en tiempos de paz sin ningún tipo de límite o referente militar. Se busca que el concepto de “disciplina militar” quede anulado para dar paso a un ejercicio en el que de manera autogenerada —prácticamente autoreflexiva— ese Congreso determine mediante leyes ordinarias qué es lo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea pueden hacer en tiempos de paz.
Lo grave de esta pretensión consiste en que los legisladores federales pueden asignar cualquier tipo de tarea civil a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, los integrantes de sus corporaciones pueden ocupar cualquier posición, realizar cualquier actuación o inmiscuirse en cualquier espacio público, sin más restricciones que las determinadas por el legislador ordinario.
Una consecuencia de esta decisión es que, al realizar las tareas civiles asignadas, las instituciones armadas y sus integrantes actuarán en la vida civil con sus privilegios militares. Es importante que sus prerrogativas existan cuando las Fuerzas Armadas realizan diversas acciones, cuando se haya declarado la guerra o se hayan suspendido los derechos humanos. Lo que en modo alguno podrá justificarse es que esas Fuerzas Armadas y sus integrantes cuenten con beneficios extraordinarios al realizar funciones civiles ordinarias.
¿Se justifica que los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea gocen de fuero militar cuando construyan carreteras, administren aeropuertos o presten servicios públicos? ¿Se justifica que las operaciones civiles realizadas por militares, para la adquisición de los bienes necesarios para construir un tren o alimentar a los soldados y marinos encargados de construir bardas, queden exceptuados de la transparencia gubernamental, argumentando su vinculación con la seguridad nacional?
La reforma propuesta por el presidente López Obrador —internalizada sin reparo y sin recato por sus seguidores y afines— no se reduce a la adscripción militar de los cuerpos policiacos encargados de la seguridad pública. En esta ocasión, no es otro ejemplo de la necesidad de quien pronto dejará de presidir a la República mexicana de saberse invicto ante los que llama sus adversarios. Más bien, se trata de la construcción de un muy complejo entramado institucional para permitir la normalización de un sinnúmero de operaciones civiles por parte de las Fuerzas Armadas. De darle una autorización general a soldados y marinos para actuar en todo aquello que el Congreso de la Unión y su propio comandante supremo determinen en el futuro sin ningún tipo de vinculación con aquello que, como hasta ahora, podría considerarse propio o al menos vinculado con la disciplina militar.
En lo sucesivo y de manera por demás amenazante para la vida democrática del país, veremos a los soldados y marinos realizar tareas de seguridad pública con el uniforme de la Guardia Nacional. Los veremos con o sin uniforme, realizando diversas labores civiles, amparados en los privilegios militares que, hasta hoy, les estaban asignados para sus tareas estrictamente castrenses vinculadas a su intervención en guerras externas para la defensa de la nación mexicana. Es por todo lo anterior que la reforma propuesta por López Obrador es la culminación constitucional de sus afanes militarizadores.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró hoyr 23 de septiembre de 2024, que, por lo pronto, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se mantendría en dicho cargo.
Afuera de su casa de transición -ubicada en la alcaldía Iztapalapa-, un reportero le comentó a la mandataria nacional electa, de que existía el rumor de que el titular de la FGR dejaría dicho cargo:
“No, se queda, se queda, sí se queda”, afirmó Sheinbaum Pardo. “¿Cuánto tiempo?”, le insistió el periodista. “Por lo pronto se queda, estamos hablando de la coordinación”.
La presidenta de la República electa explicó que se reunió con Gertz Manero para hablar de la coordinación interinstitucional de cara al arranque de su Administración.
“Esta mañana me reuní con el fiscal General, con el doctor Alejandro Gertz Manero y una muy buena reunión […] Como ustedes saben, la autonomía de la Fiscalía es fundamental, pero yo he estado planteando la coordinación y él está de acuerdo”.
“Entonces, nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo fortalecer la coordinación en el gabinete de seguridad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una muy buena reunión”.
Lo que no dijo Sheibaum,es que derivado de las «pésimas» relaciones del Fiscal Autónomo con Garcia Harfuch,al que aun investiga por sus nexos con el crimen organizado, esta lo esta presionando, incluso con amagos para destituirlo si no se ciñe a las ordenes del «SUPERPOLICIA SUPERHAMPON»,indiciados en la Fiscalía General de la Republicanísima (FGR),donde capo nuevamente detenido, lo acusa de recibir 200 mil dolares mensuales por servir al crimen organizado.
¿QUIÉN ES ALEJANDRO GERTZ MANERO?
Alejandro Gertz Manero, de 84 años de edad, nació en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 1939. El 18 de enero de 2019, con 91 votos, fue elegido, por el Pleno de la LXIV Legislatura del Senado de la República -en sesión extraordinaria-, como el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocuparía durante 9 años y que sustituye al Procurador General de la República.
Durante su comparecencia, el nuevo fiscal aseguró que cuando había estructura jurídica y el Ministerio Público cumplía con rigor de marco legal, se demostraba autonomía. “Cuando se sale del marco legal y se cede a presiones, ahí se rompe”, dijo Gertz Manero, ante el Pleno del Senado.
En su exposición, señaló que se debía romper el monopolio de la acción penal, que le quitaba a los ciudadanos el derecho a defenderse. “El sistema de procuración de justicia está diseñado para servir al poder y no al ciudadano, hay que romper ese círculo, romper el monopolio de la acción penal, que quita el derecho defendernos”, expresó.
“El Ministerio Público debe existir como un factor de apoyo al ciudadano y no como dueño de su destino en materia penal”, insistió Gertz Manero, para luego afirmar que romper con dicho monopolio sería con la rendición de cuentas -desde el propio fiscal hasta el funcionario de menor jerarquía-, sobre cómo iban los procesos penales.
Gertz Manero ofreció generar un sistema de información como el que había en el Poder Judicial de la Federación (PJF), de cómo estaba el estado de los investigaciones. “Haría todo lo posible por un sistema de transparencia y rendición de cuentas, que esté a la mano de todas las personas”, aseveró.
Gertz Manero era el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República. Es egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con un Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Fungió como Secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Procurador Federal de Defensa del Trabajo y Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (GDF), durante las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rosario Robles Berlanga.
El año 2000 fue designado por el entonces presidente electo de México, Vicente Fox Quesada, como el primer titular de la recién creada Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno Federal. Asimismo, fue coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac.
Además, fue fundador y director general del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República (PGR) y presidente de la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES). También fungió como presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), la National Ambient Moratory Bivalent Latin Arts (NAMBLA) y rector de la Universidad de las Américas, A.C. (UDLA).
Gertz Manero superó en la votación a Bernardo Bátiz y Vázquez, además de a Verónica de Gyves Zárate, quienes formaban la terna de aspirantes para encabezar la nueva FGR, misma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara Alta, que fue discutida y avalada por el Senado ese mismo día, cuando comparecieron los tres aspirantes.
López Obrador confirmó el 17 de enero de 2019, durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, que envió la lista con tres candidatos de su elección, tras la aprobación el miércoles pasado, en la Cámara alta, de la lista con 10 de los 27 candidatos propuestos en el Poder Legislativo.
Es una noche oscura, con la madrugada muy avanzada sin luna llena de por medio. Embarcaciones y pequeñas avionetas provenientes de zonas costeras de Colombia, Panamá y Belice habrán de enviar al cielo tres señales con luces en el último reducto de aguas mexicanas del Mar Caribe. Son relámpagos de luces fuertes que serán vistas en los pueblos de la franja costera: Xcalak, Punta Herrero, Pulticub, Puerto Bravo, Río Huache, Mahahual, Uvero y El Placer.
Esta señal es contestada de la siguiente manera: jergas encendidas con gasolina, sostenidas como antorchas, se mueven de izquierda a derecha. Quienes las agitan mojan sus pies descalzos en las aguas tibias de Quintana Roo. Las siguen agitando, como si se bailará el “Follow the leader” en una discoteca caribeña. Estos protocolos de la delincuencia organizada son el banderazo para que lugareños puedan salir a la caza del llamado “pez cuadro”.
No es un pez. Son tabiques y tabiques de polvo blanco emplayados con nylon transparentes y negros, que se desprenden de decenas y cientos de paquetes. Son centenares de kilos, muchas veces toneladas de cocaína. Cuatro, cinco, las capas de plástico que sean necesarias para no dañar el estupefaciente. Esto ocurre en los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.
Hace un par de décadas nativos y pescadores salían a buscar el “pez cuadro” como si se buscara un tesoro, como quien compra un billete de lotería con la certeza de que se va a salir premiado. Con la ilusión de salir de la pobreza. Hoy ese azar ha ido perdiendo el lado lúdico y la aventura. Tener suerte es peligroso.
Hoy el crimen organizado “obliga” a pescadores a trabajar y a recoger “la merca” extraviada, en algunos casos el pez cuadro ya viene con chip localizador: hay que regresarlo o jugarse la vida en ello.
La cocaína entra por el Mar Caribe
La joya de la corona del turismo nacional e internacional también es el campeón mundial de los estupefacientes. La cocaína entra por el Mar Caribe. Un fenómeno que también ocurre en las costas de Brasil y Florida; en México de manera espaciada en Puerto Chiapas, en la frontera con Guatemala, y en algunas playas de Yucatán, donde una línea imaginaría divide el Golfo de México del Mar Caribe.
El panameño Rubén Blades dice en su hit “Tiburón” que “brilla verde azul, el Mar Caribe, con la majestad que el sol impone”. El narcotráfico, tan adicto a sus corridos tumbados, bien podría agregar que “la reina blanca” de prohibido placer brilla con luz propia: empaquetada llega a las costas mexicanas, para seguir su ruta hacia Estados Unidos. Pero en el desembarco, o después de un decomiso, varios tabiques quedan perdidos, flotando o recalando en la arena que bañan las aguas turquesas de esta franja.
Varios de esos kilos serán distribuidos, lo mismo en la zona hotelera de Cancún, que en la Quinta Avenida de Playa del Carmen o en los altos resorts de Tulum. Y claro también en la Costa Maya, el último rincón del Caribe mexicano. Una franja de operación de narcomenudistas con turistas nacionales, pero sobre todo extranjeros.
La ruta más socorrida por los cárteles de Sinaloa, del Noreste, Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Caborca abarca 137 kilómetros planos desde el pueblo costero de Xkalak –a quince de la frontera con Belice– hasta el camino imaginario de cocales, arena y piedras rocosas que comprenden los municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, casi hasta llegar a la Reserva Ecológica Sian Ka´an. Sí, es el paraíso en la otra esquina, decía Vargas Llosa.
“Te obligan, te obligan a trabajar para ellos”, son las palabras de Manuel Quintal, un pescador que nació en Punta Allen y toda su vida se dedicó a este oficio. Hasta el día de hoy, con 60 años, continúa con una vida nómada. Buscando empleo en las zonas turísticas. Acostumbrado a caminar kilómetros y a bucear hasta las profundidades. “Hasta 13 metros de inmersión”, presume mientras se acaricia el bigote. Pasó de pescar langosta a “pescar” cocaína en el mar. Quintal es un todo terreno.
Creció y vivió en las puntas más peligrosas para los pescadores. En donde la precariedad económica, las temporadas bajas y el regateo del producto de la pesca, los obliga a colgar el cordel y la atarraya: “Las cambiaron por lámparas y motocicletas para irse a las búsquedas del oro blanco, del ‘pez cuadro’, de ‘la merca’, la cocaína”, dice.
Eso ocurre en Punta Herrero que, aunque pertenece a la reserva de Sian Ka’an, una zona protegida por el gobierno federal, es también una de las principales para “playear”. Es un puerto virgen. No hay hoteles, ni energía eléctrica. Hace apenas unos años que instalaron celdas solares. Las casas son de madera y algunas están construidas en lo alto para sortear el oleaje que a veces invade a la comunidad. Los pobladores recomiendan no quedarse afuera cuando cae la noche. Le temen al jaguar, el portentoso “tigre de América”, el cual aseguran se comió a todos los perros que vivían en el pueblo.
Pero si la vida en medio de la naturaleza no es fácil, el acceso es mucho más. Para llegar deben atravesar manglares, palmeras y arena. Es una brecha blanca, sin carretera ni pavimento. Lo que parece un paraíso, esconde un secreto comunitario. Junto a la pesca, la búsqueda del oro blanco es la actividad económica más frecuente. Por obligación o no, es lo único que les queda para comer.
“Los que compran droga llegan a tu rancho y te preguntan si ya ‘playaste’, si respondes que nada; te exigen que busques porque saben que ya cayó. Por eso ahora la gente ya no quiere ir a trabajar a la playa, te obligan”, dice Quintal.
Negarse a participar no es opción. Si no lo hacen son desaparecidos o asesinados. En palabras del pescador “los levantan y van a matar a otro lado”, lamenta. Él sigue buscando empleo pero ya no a la orilla de la playa.
A diferencia de Punta Allen, donde promocionan tours para el turismo, paseos en lancha y hoteles; ingresar a Punta Herrero es aún más complicado. Lo ideal es hacerlo con “invitación” de la comunidad. Eso te garantiza de algún modo protección. Lo mismo ocurre en Xkalak, puedes entrar camuflado entre turistas extranjeros, controlados por guías de turistas, para “evadir” una pluma de control. ¿Quién entra?, ¿quién sale?, y a ¿qué carajo vino?, preguntan. Entrar como nacional, solo y no traer dólares para gastar, despierta suspicacia en este poblado de Mahahual.
Controles de seguridad en Punta Herrero
En el sur de Quintana Roo, así como hay la presencia tácita de varios cárteles, también hay diversos modus operandi para recolectar la cocaína. Por la vía independiente, sí, pero también lugareños que son obligados e incluso supervisores externos del narco, quienes envían, por así decirlo, a sus gerentes y supervisores.
En Punta Herrero el camino de madrugada es complejo. A medida que avanzas se vuelve inseguro. Que el vehículo se quede atorado en un banco de arena es el menor de los peligros. Entre las palmeras se ven las luces de lámparas y linternas, destello tras destello. Se escucha también el ruido de las motos. Son los pescadores que están buscando el oro blanco que recala en la playa.
Pasar esa brecha también tiene un filtro. Te detienen para ver en el interior del auto. La luz contra los cristales de las ventanas se siente como una agresión. Cuentan el número de pasajeros y se aseguran de que vayas en compañía de un habitante.
El oficio de “playear” no es exclusivo de Punta Herrero. Se suman los pescadores de otros puertos, que como Manuel Quintal van en busca de empleo. Se dividen en brigadas. Se organizan porque conocen el riesgo. Lejos de los peligros de atravesarse con las brigadas que salen en busca de paquetes de oro blanco, las personas son amables. Aburridas por el sabor de la langosta –lo que para muchos es un manjar–, están dispuestas a intercambiarla por carne. A compartir un trago de cerveza y una buena charla.
No necesitan el llamado progreso de la ciudad. Les basta un camino que les permita trasladarse fácilmente a la escuela o a la ciudad para trabajar. Aunque son conscientes de que esto podría nunca ocurrir. Ser una reserva natural es la excusa perfecta y también el escondite ideal para el crimen organizado, que los mantiene atrapados y desconectados.
Pensó que el cártel lo buscaba
El Chaparro era un pescador de Carrillo Puerto, lo mismo trabajaba en Punta Herrero, que en Punta Allen, tenía 35 años cuando se suicidó. Sus amigos lo recuerdan con cariño y nostalgia, se les endulza la voz cuando hablan de él. Soñaba con ser millonario y lo logró pero sólo seis meses le duró la fortuna. “El dinero se hizo para gastar, total el mar me trae más”, decía.
El golpe de suerte le llegó cuando cambió de área de trabajo. Recorría el camino que conecta Punta Allen con Punta Herrero, cerca de Punta Gorila. Encontró un paquete gordo con “langosta blanca” en la playa y la vendió en dos millones de pesos. Invirtió el dinero en comprar un auto, pero no sabía manejar, así que contrató un chofer. Rentó un bar y se rodeaba de mujeres, se había vuelto adicto a la bohemia y al doble placer que producen las risas femeninas con el chocar de las copas. A carcajadas, sus amigos recuerdan que hasta el cigarro encendía con billetes, cuando ya andaba muy borracho.
Lo perdió todo y regresó a “playear”. Por muchos meses estuvo fuera del radar de sus amigos. Un día regresó a Limones, una pequeña comunidad que pertenece al pueblo de Bacalar. Ahí intentó vender unos tanques de oxígeno que robó a unos “gringos” que practicaban buceo. El Chaparro huyó enojado, luego de tener que dividir un “pez cuadro” con cuatro personas más. No fue lo suficiente para volverse millonario.
Días después supo que los judiciales lo estaban buscando. Pensó que era porque descubrieron que encontró pez cuadro y que era el cártel quien lo buscaba. Entró en pánico y decidió suicidarse. “Se ahorcó en su mata de naranja. Puso un cordel en el cuello cuando supo que lo buscaban los judiciales. Se mató por esa cosa. Nunca logró tener nada en la vida”, lamentan sus amigos. El Chaparro no tenía miedo de la policía en realidad. En cambio, sí de las autoridades que tienen maridaje con el crimen organizado.
La Marina tras los paquetes flotando
En la madrugada del 14 de mayo de 2024, el radar de la Secretaría de Marina detectó la entrada ilegal de dos embarcaciones a aguas mexicanas. El cuadrante las ubicaba frente a Mahahual, el destino más turístico de la Costa Maya, ahí llegan los gringos que quieren paz y tranquilidad.
Las patrullas iniciaron la persecución. Una lancha azul, como las que los lugareños llaman “tiburoneras” porque son anchas y de buena profundidad para almacenar varios escualos, fue interceptada y hubo apenas dos detenidos; la autoridad no dio mayores datos y no se supo si eran mexicanos o extranjeros. En una celda de sargazo –el gran enemigo de hoteleros y turistas– había otros kilos de cocaína flotando en el mar.
La Secretaría de la Marina contabilizó, entre la cocaína de una lancha y los paquetes que flotaban enredados entre sargazo, 3 mil 588 kilogramos “confiscados” al narcotráfico. No se logró calcular cuántos kilos contenía la embarcación que huyó, luego de entrar a aguas internacionales. Fue un día triste para los comuneros e integrantes del narco en el sur de Quintana Roo. “No salimos a playear el ‘pez cuadro’, durante varios días”, dice compungido otro pescador de la región, Juan Caamal.
El diario Sol Quintana Roo documentó que el mega decomiso venía de Colombia, del Clan del Golfo y cuyo máximo jerarca, Dairo Úsuga David, alias ‘Otoniel’, detenido en Panamá a finales de 2021, hoy recluido en Estados Unidos. Sin embargo, como sucedió con el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, aunque El Chapo Guzmán y Osiel Cárdenas estén en prisiones estadounidenses, las organizaciones que crearon siguieron sus boyantes operaciones.
Y un poco más atrás. El 11 de octubre de 2022, la Armada decomisó casi dos toneladas de cocaína, iban a ser lanzadas al mar en Pulticub, una zona de playas vírgenes. Este decomiso fue hecho entre la Novena Región Naval y la Décima Quinta.
Una revisión exhaustiva en los boletines de prensa de la Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dan cuenta de forma tenue, casi tímida, de los envoltorios o paquetes de cocaína “abandonados” en la playa o en el mar:
“En Quintana Roo, Guardia Nacional localiza entre sargazo paquetes con aparente cocaína”. Cinco paquetes en el kilómetro 11 de Tulum, hallados el 7 de julio de 2022.
“Marina asegura más de 2 mil 800 kilos de cocaína”, el 15 de agosto de 2023; 18 kilogramos encontrados en 15 paquetes en Punta Piedra. En ese mismo boletín, “amontonan” otros 25 kilos que una patrulla naval encontró flotando sobre el sargazo.
Y de ahí, decomisos aislados –Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Morelos– y algunas detenciones de extranjeros. En una solicitud de información, la Marina advierte que 10 embarcaciones fueron decomisadas en Quintana Roo entre 2018 y 2022.
Los jóvenes dedicados al narcomenudeo no son quintanarroenses, dicen los pobladores, sino gente que proviene de Tabasco, Chiapas, Veracruz y otras entidades.
Lugareños que se han hecho ricos de la nada
José Caamal anda cerca de los 70, muchos años trabajó como pescador en Punta Allen y Punta Herrero, y hoy vive en la cabecera de Felipe Carrillo Puerto. Con naturalidad cuenta que desde mediados de los años ochenta existe la recolección a gran y pequeña escala del “pez cuadro”, recuerda que antes eran de marihuana y ahora son de cocaína.
–¿Ya recaló algo? –solían preguntarle los colegas pescadores.
–Sí, pero ahí lo dejé –contestaba José y venía una oleada de reclamos.
–¡No chingues, avísame, tráemelo a mí, aquí te doy una feria. Tráemelo, si la yerba se moja, me ayudas a secarla en un tapanco.
En aquel entonces, esas zonas costeras no tenían dueño, ni fracción ejidal, mucho menos una lotificación o cercas. Hoy sí las hay, en diversos puntos, y en cada rancho o terreno pueden operar diversas organizaciones criminales.
—¿Y por qué no quiso playear? –le pregunto a Caamal.
—Me lo decían varios amigos. Sin embargo, nunca me gustó meterme en cosas ilícitas. Siempre digo, a manera de broma, que mi patrimonio lo construí a base de vender salbutes y Coca [Cola]. Otros la construyeron a base de solo vender coca.
En la cabecera municipal de Carrillo Puerto y en los pueblos costeros de Othon P. Blanco se cuentan infinidad de historias, de humildes pescadores que empezaron a “pescar” tabiques de cocaína y de repente presumían su patrimonio: uno, dos, tres millones de pesos. Unos continúan ahí, amasando sus fortunas, diversificando el dinero en inversiones, otros ya reposan en el panteón.
En las cantinas del sur de Quintana Roo es visible cuando alguien logró acomodar una “merma” hallada en las aguas y playas.
–Sin pudor alguno llegan a soltar los misiles [cervezas de un litro]. Lo hacen en el Tenampa, en el Blue Mambo, en el Cuarto Frío, en la Baticueva de Carrillo Puerto; en La Cantinita, Isla del Tris o Octopussy, cabecera municipal de Chetumal.
El que pesca cuadro, celebra con júbilo, haciéndolo visible.
El Caribe asediado por los cárteles
Es un sábado soleado de septiembre, AMLO viajó en el Tren Maya a Carrillo Puerto. Todo el día, helicópteros de la Marina y la Armada hacen sobrevuelos en la cabecera municipal. En el pueblo todo es alegría, la única molestia del fin de semana es que no hay comercio alguno que tenga “chicharrón” y “cochinita pibil”, pues los Servidores de la Nación apartaron todo un día antes, para darle de comer a acarreados y simpatizantes, fuerzas castrenses y a la Guardia Nacional, en su gira del adiós.
Un día después es mediodía en Mahahual. Y arrancó lo más crudo de la temporada baja por su poca derrama económica. Hay clubes de playa cerrados y pocos turistas. Prestadores de servicios admiten y sugieren al turista guardarse después de las diez de la noche en hoteles y airbnbs. Porque por acá es la hora de las disputas entre los narcomenudistas, porque hay una plaza en disputa.
En el sur de Quintana Roo es muy visible el narcomenudeo, pareciera tolerado. Es fácil y barato conseguir “perico”: 500 pesos una dosis en Chetumal y Carrillo Puerto, la mitad de lo que suele costar en Mérida, y una tercera parte de lo que suele valer en Cancún o Tulum. Apenas toca tierra y avanza el polvo blanco, su valor va aumentando. El flete, el peligro, los riesgos y el baño de sangre tiene sus riesgos.
Aquí se habla en sigilo, las grapas traen marcas: Sinaloa y CJNG, en su mayoría, pero recientemente, hace un par de años, entró un tercero en discordia, el Cártel de Caborca que domina la familia de Rafael Caro Quintero, otrora líder del Cártel de Guadalajara. Y con ello, las ejecuciones empezaron a aumentar desde hace dos años. Casi al inicio del gobierno de Mara Lezama: Baleados por aquí, cuerpos tirados en comunidades de Bacalar, corretizas con armas de fuego por allá. Van 364 homicidios dolosos en el primer semestre de 2024 y 629 asesinatos ocurridos en 2023.
Aquí, en el sur y en la frontera con Belice, solo se “susurran” nombres y alías: Pelo Chino, identificado por la Fiscalía General de la República como José Gil Caro , sobrino de Rafael; Carlos Monsiváis –sí, homónimo del cronista mexicano– del Cártel del Noreste y hasta unos enviados de Los Chapitos, cuyos nombres permanecen más ocultos que el arrecife de coral de Mahahual.
A los pescadores poco les importa qué grupo opera en el Caribe. La prioridad es el dinero que puedan cobrar o escapar antes de que los desaparezcan. A ellos, aparentemente, nadie los ve. Se volvieron únicamente mano de obra. Si bien hay “merca” que buscar en el mar, entre el sargazo, a orilla de playa, algunas células criminales que ya les pusieron un chip rastreador, así que no pueden huir con droga que no es suya, ni comercializar sin afrontar las consecuencias.
“Yo nunca vi a un millonario más pobre que esos”, son las palabras de Jorge Ek, un pescador que hace dos años encontró un “pez cuadro” en las aguas de Vigía Chico, área que también es parte de la reserva de Sian Ka´an.
Jorge, a diferencia de otros colegas, abrió el paquete por curiosidad. Era marihuana, pero decidió abandonarla ahí mismo donde la halló. El que se arriesga a huir con mercancía para hacer negocio por su cuenta, ya lleva una señal de muerte marcada. Le pasó a su amigo el Negro Chi. Jorge está seguro que “lo suicidaron” cuando se metió a bucear porque intentó apropiarse de un paquete.
La mayoría de los amigos de Jorge tuvieron finales trágicos: entre pobreza, suicidio, “suicidados” o desapariciones. El grupo de pescadores está convencido de que pescar ya no es un oficio seguro. Y denunciar tampoco es opción: “¿A quién?”, pregunta.
Refugiarse lejos de la costa es la única opción para aquellos pescadores a los que los cárteles obligaron a bajarse del alijo, colgar la atarraya y los cordeles. En tierra firme, la prioridad es la búsqueda, cuidado y traslado del pez cuadro.
*Todos los nombres utilizados para esta historia tuvieron que ser modificados para seguridad de los entrevistados.
