Para continuar equipando a Fuerza Civil, elGobierno del Estado alista la compra este año de un helicóptero Black Hawk, de diseño militar, y para el 2025 buscaría adquirir"Cybertrucks" y otros vehículos de Tesla para usarlos de patrullas, informó ayer el Gobernador Samuel García.
Incluso, en la Expo Fuerza Civil, que García inauguró ayer y permanecerá hasta mañana en el Parque Fundidora, se colocó una manta anunciando la próxima adquisición de un Sikorsky UH-60 Black Hawk.
"El año que entra ya vamos a tener el doble de (unidades blindadas tácticas) Black Mambas y el Black Hawk", dijo el emecista al acabar el evento.
"Y si todo sale bien con mi compadre Elon Musk, en el 2025 ya Cybertrucks y Teslas", añadió el Mandatario en alusión a la construcción de la Gigafactory de la armadora de autos eléctricos en Santa Catarina.
El Secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios Pámanes, aseguró que el helicóptero tendría un costo de entre 80 y 90 millones de pesos y podría estar disponible entre agosto y septiembre de este año.
Además, rechazó que sea necesaria una autorización especial para poder adquirir una de estas aeronaves de origen estadounidense.
No se informó si el helicóptero que se pretende adquirir es usado ni qué tipo de equipamiento está considerado.
No obstante, aunque suele asociarse a los Sikorsky UH-60 Black Hawk como aeronaves artilladas, el que pretende adquirir el Gobierno de Nuevo León no tendría este equipamiento, afirmaron fuentes oficiales.
El Gobernador, que ya había adelantado su interés por un Black Hawk, sostuvo que Nuevo León debe ser pionero en todo, incluyendo la modernización policiaca, y añadió que la aeronave es necesaria para diversificar la actuación no sólo de Fuerza Civil, sino también reforzar a Protección Civil.
A su vez, Palacios reiteró que el Black Hawk será para múltiples tareas, no únicamente para Fuerza Civil.
"Es un helicóptero muy versátil", dijo Palacio, "con el cual vamos a poder hacer rescates, evacuaciones de personas heridas, intervenciones, emisiones de asalto, de reconocimiento, de avanzada, absolutamente todo tipo de misiones policiales.
"Pero también de Protección Civil, traslado de órganos", agregó. "No va a haber misión que no pueda hacer ese helicóptero".
Actualmente, Fuerza Civil dispone de un helicóptero Bell 206, propiedad del Estado, y dos Bell 412 rentados, de los que uno se encuentra en la exposición en Fundidora.
Asimismo, la actual Administración renta dos aeronaves Bell UH-1H para Protección Civil, y el año pasado adquirió un avión King Air para un programa de estimulación de lluvias o bombardeo de nubes.
Después del evento, García tuiteó la imagen de un auto de Tesla a pequeña escala y rotulado como patrulla de Fuerza Civil, con un mensaje en inglés etiquetando a Musk.
"¿Te atreves a construir Cybertruck para Fuerza Civil? @elonmusk", escribió el emecista sobre el vehículo cuyo precio varia de los 40 mil a 70 mil dólares.
Consultoría Metropolitana de Ingeniería (Cominsa), empresa fundada por José María Riobóo, ha recibido al menos siete contratos del Metro de la Ciudad de México por 72 millones de pesos. El empresario es parte de dos consejos técnicos del Sistema de Transporte Colectivo en el que hace recomendaciones sobre inversiones.
Los contratos han sido adjudicados en el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien en 2021 nombró a Riobóo como integrante del Comité Técnico de Rehabilitación y Reforzamiento de la Línea 12 que se derrumbó y dejó 26 muertos. En 2022, la morenista también lo integró al Consejo Consultivo del Metro.
Cominsa, creada en 1986, tiene seis socios; además de Riobóo está Rubén Ochoa Torres, quien firma todos los contratos con el Metro y también es parte del Comité Técnico de la Línea 12.
Documentos públicos del gobierno de la Ciudad de México revelan que al ser parte del grupo de asesores de la Línea Dorada, los dos socios de Cominsa recomendaron hacer una rehabilitación integral de los sistemas eléctricos y electrónicos. En 2022, un año después de que hicieron esas recomendaciones, el Metro adjudicó un contrato a su empresa para elaborar el proyecto ejecutivo de restitución de instalaciones electromecánicas de la Línea 12.
Polisemia quiere decir “pluralidad de significados de una expresión lingüística”. Una expresión, nos dice el Diccionario de la lengua española, puede ser una palabra. Una palabra es, si se quiere, una unidad lingüística. Entonces, “calvario”, que se entiende como “sucesión de adversidades y pesadumbres”, es una expresión lingüística apropiada para describir lo que se padece en numerosos lugares del país, a causa de las guerras entre grupos criminales y los combates del Estado mexicano contra los cárteles.
Así que calvario, en México, bajo nuestra narcodemocracia, tiene pluralidad de significados.
Calvario quiere decir levantón, acto que utilizan los criminales para secuestrar, torturar y en ocasiones desaparecer a otros criminales, pero también a efectivos de los cuerpos de seguridad que los combaten, o a personas inocentes. Esta costumbre es igualmente repertorio conductual de policías y militares corruptos y violadores de derechos humanos.
Calvario es masacre, el asesinato de tres o más personas, normalmente ejecutadas con tiros de gracia.
Fosa clandestina, que es el sitio donde delincuentes entierran cuerpos o restos humanos de personas que levantaron.
Mutilación, que quiere decir descuartizamiento de cadáveres y en la narcocultura que nos corroe se trata del desmembramiento (los narcos tiran cabezas) o disolución de un cadáver, pozolearlo en algún químico abrasivo.
Calcinamiento es el uso del fuego sobre un cuerpo, previamente levantado, para producir, hasta la muerte, quemaduras de diversos grados o carbonización.
Tortura, en tierras mexicanas, es un asesinato lento (muchas veces grabado en vídeo) durante el cual se inflige a una persona dolor y sufrimiento extremos.
Calvario es sicariato, ese oficio criminal que multiplica la generación de niños, adolescentes y jóvenes dispuestos a matar a quien sea por un puñado de pesos o dólares.
Feminicidio. En un país profundamente macho y misógino, es el asesinato de mujeres con crueldad extrema, ya que les han infringido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida. A veces este crimen se acompaña con actos de necrofilia, que se han vuelto sello de ritos narcos.
Calvario es esclavitud y trata, la explotación o comercialización de una persona, muchas veces con fines sexuales, siempre a través del uso de fuerza y maltratos extremos, como sucede contra mujeres y migrantes que también son reclutados por capos del sicariato.
En México, las diez palabras que enlisté en negritas son polisémicas de “calvario”.
Agréguele las expresiones de terror que usted guste, las que usted conozca en su colonia, en su municipio, en su estado. Finalmente las particularidades del calvario nacional son reflejo de nuestras muchas violencias cotidianas y tienen variantes según la región en la que se perpetran.
Por eso, porque a la violencia hay que nombrarla, describirla y narrarla para combatirla, desde 2020 la organización de la sociedad civil Causa en común se ha dado a la tarea de recopilar esta galería del horror, estas “atrocidades” que son perpetradas a lo largo de la república, de acuerdo a lo que publican cada día los medios de información (https://bit.ly/3nYs23u).
En 2022 ese calvario general y su polisemia generaron… ¡6,217 atrocidades perpetradas por mexicanos! Eso implica, en promedio, 17 escenas de terror por día, una cada hora y media. Todas esas monstruosidades causaron la friolera de 10 mil 799 víctimas, 29 por día, en promedio.
¿Cuáles fueron las principales atrocidades?
Tortura, con 1,793 casos. ¿Alguien tiene duda que civiles y fuerzas del orden torturan en este país?
Mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, con 808 casos. México está lleno de destripadores y no es literatura sino preocupante normalización de la violencia.
Asesinato de mujeres con crueldad extrema, 801 casos. Por Dios, qué país les estamos heredando a nuestras hijas y nietas, lleno de machos seriales.
Masacre, 500 casos. ¡500 masacres en un año! La barbarie de los grupos criminales cada vez es más insolente y desinhibida . Al menos perpetran una masacre al día, los muy hijos del sicariato.
Actos violentos contra la autoridad, 380. Esas agresiones contra policías, soldados, marinos y guardias cada vez van siendo más comunes, hasta llegar ya a un caso por día, en promedio. Quién quiere ser policía o militar en México, para quedar a merced de los criminales sin que te permitan responder sus ataques, o para que cuando te defiendas algunas comisiones de derechos humanos de dudosos vínculos te linchen mediáticamente y acabes preso y deshonrado.
Asesinatos de niños y adolescentes, 359. Esa es una de nuestras tragedias más apremiantes, los menores de edad cada vez más vinculados a hechos de violencia y criminalidad con todo y sus consecuencias fatales.
Fosas clandestinas, 290. ¡Sí, 290 fosas clandestinas halladas en un año! Eso representa un promedio de al menos cinco fosas encontradas por semana, gracias a los esfuerzos de las madres y familiares buscadores de desaparecidos.
ESTADOS ATROCES
Los estados con más atrocidades en 2022 fueron:
-Baja California, con 605 casos, entre los que hubo 220 expedientes de tortura, 89 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y 31 fosas clandestinas. Este estado es peleado por dos cárteles ya que es un importante paso de drogas, armas y de tráfico de personas.
Guanajuato, con 547 atrocidades. Los principales casos fueron 156 de tortura, 112 de descuartizamiento y destrucción de cadáveres y 65 masacres. Esta entidad es zona de disputa entre dos cárteles nacionales y uno local que se disputan huachicoleo, fabricación y trasiego de estupefacientes.
Michoacán, con 438 atrocidades, entre las cuales se registraron 53 masacres, producto de la guerra entre dos cárteles para quedarse con el tráfico y producción de drogas, así como con grandes zonas de extorsión agrícola. También hubo 51 asesinatos con violencia extrema de mujeres, ya que ambos grupos en disputa tienen cinco años tomando mujeres del enemigo como trofeos de guerra. Igualmente se registraron 42 asesinatos de niños, niñas y adolescentes, consecuencia del reclutamiento de menores de edad en las filas narcas.
Morelos, con 407 atrocidades, que es área de otra guerra entre varios grupos criminales por la producción, trasiego y venta local de drogas, lo que causó 137 casos de tortura, 112 mutilaciones y desmembramientos, y 65 masacres. Anden, vuelvan a elegir un futbolista como gobernador.
Y Estado de México, con 306 atrocidades, entre las que hubo 30 masacres, 47 asesinatos de mujeres con violencia extrema y 19 calcinamientos. Igual que Morelos y Michoacán, las guerras narcas que se pelean el territorio causaron esos calvarios provocados por pirómanos de tierras narcas.
Las entidades con el menor número de noticias sobre atrocidades fueron Coahuila, con 26. Querétaro, con 35. Aguascalientes, con 39. Baja California Sur, con 44, y Campeche, con 46.
AL FONDO
Ese salvajismo de las atrocidades nos debe preocupar mucho, porque va creciendo: en 2021 Causa en común documentó sólo 5,333 atrocidades, así que hubo un crecimiento de más de 16% entre ese año y 2022. Las víctimas de 2021 fueron 8,759, por lo que el aumento entre ese año y el pasado fue de más de 23%.
En 2023, en los primeros dos meses del año, Causa en común, presidida por María Elena Morera, documentó que se cometieron en el país al menos 1,106 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como atrocidades, lo que representa 24% más que en el mismo periodo de 2022.
Pero todo va bien en nuestra santa sociedad católica y cristiana, ¿verdad?
Usted ya sabe, basta que durante estos días de viacrucis los sicarios le recen a su santa muerte, repartan jugosas limosnas en la parroquia de su elección, y se confiesen con el cura de la esquina para que queden absueltos y vuelvan a perpetrar atrocidades.
¿O no?
BAJO FONDO
Narrar la violencia más atroz no nos vuelve atroces, nos libera para contener atrocidades.
Más de 150 sacerdotes católicos y otras personas asociadas con la Arquidiócesis de Baltimore abusaron sexualmente de más de 600 niños y con frecuencia eludieron la rendición de cuentas, según un informe estatal largamente esperado publicado el miércoles que reveló el alcance del abuso durante 80 años y acusó a la iglesia de llevar décadas de encubrimientos.
El informe pinta una imagen condenatoria de la arquidiócesis, que es la diócesis católica romana más antigua del país y se extiende por gran parte de Maryland.
Algunas parroquias, escuelas y congregaciones tenían más de un abusador al mismo tiempo, incluida la parroquia de St. Mark en Catonsville, que tenía 11 abusadores viviendo y trabajando allí entre 1964 y 2004.
Un diácono admitió haber abusado sexualmente de más de 100 niños. A otro sacerdote se le permitió fingir tratamiento para la hepatitis y presentar otras excusas para evitar enfrentar acusaciones de abuso.
La Oficina del Fiscal General de Maryland publicó los hallazgos de su investigación de un año durante la Semana Santa, y dijo que es probable que el número de víctimas sea mucho mayor.
El informe fue redactado para proteger los materiales confidenciales del gran jurado, lo que significa que se eliminaron las identidades de algunos clérigos acusados.
“La asombrosa omnipresencia del abuso en sí subraya la culpabilidad de la jerarquía de la Iglesia”, determina el informe.
La gran cantidad de abusadores y víctimas, la depravación de la conducta y la frecuencia con la que los abusadores conocidos tuvieron la oportunidad de seguir abusando de los niños son asombrosos”.
INFORME
La divulgación de los hallazgos redactados marca un avance significativo en una batalla legal en curso sobre su publicación y se suma a la creciente evidencia de las parroquias de todo el país, ya que numerosas revelaciones similares han sacudido a la Iglesia Católica en los últimos años.
El Arzobispo de Baltimore, William Lori, en un comunicado publicado en línea, se disculpó con las víctimas y dijo que el informe “detalla un momento reprobable en la historia de esta Arquidiócesis, un momento que no será encubierto, ignorado ni olvidado”.
“Es difícil para la mayoría imaginar que tales actos malvados podrían haber ocurrido realmente”, señaló Lori. “Para las víctimas-sobrevivientes en todas partes, conocen la dura verdad: estos actos malvados ocurrieron”.
También el miércoles, la legislatura estatal aprobó un proyecto de ley para poner fin a la prescripción de las demandas civiles relacionadas con el abuso sexual y se lo envió al Gobernador Wes Moore, quien dijo que lo apoya.
La arquidiócesis de Baltimore dice que ha pagado más de 13.2 millones de dólares por la atención y compensación de 301 víctimas de abuso desde la década de 1980, incluidos 6.8 millones para 105 acuerdos voluntarios.
El Fiscal General de Maryland, Anthony Brown, quien asumió el cargo en enero, dijo que la investigación muestra “abuso generalizado, pernicioso y persistente”.
Los investigadores estatales comenzaron su trabajo en 2019; revisaron más de 100 mil páginas de documentos que datan de la década de 1940 y entrevistaron a cientos de víctimas y testigos.
UNA 'SENTENCIA DE POR VIDA'
Las víctimas dijeron que el informe era un ajuste de cuentas público desde hace mucho tiempo con las vergonzosas acusaciones que la iglesia ha estado enfrentando durante décadas.
Durante su adolescencia en Baltimore, Jean Hargadon Wehner fue víctima de abuso por parte de A. Joseph Maskell, un sacerdote que ocupó los cargos de consejero y capellán en su escuela secundaria católica.
Ella denunció el abuso a los funcionarios de la iglesia a principios de los años 90, cuando sus recuerdos del trauma finalmente surgieron unas dos décadas después de que la violaran repetidamente.
“Esperaba que hicieran lo correcto en 1992”, dijo a los periodistas el miércoles. “Todavía estoy enojada”.
Maskell abusó de al menos 39 víctimas, según el informe. Negó las acusaciones antes de su muerte en 2001 y nunca fue acusado penalmente. The Associated Press normalmente no nombra a las víctimas de abuso, pero Wehner ha hablado públicamente para llamar la atención sobre el tema.
Kurt Rupprecht, quien también experimentó abuso cuando era niño, dijo que tenía más de 40 años cuando reconstruyó sus recuerdos traumáticos.
Rupprecht dijo que darse cuenta le trajo algo de alivio porque explicaba décadas de comportamiento autodestructivo y problemas de salud mental, pero también lo dejó abrumado por la ira y la incredulidad.
El hombre dijo que su abusador fue asignado a la Diócesis de Wilmington, que cubre algunos condados en la costa este de Maryland. “Estamos aquí para decir la verdad y nunca parar”, afirmó después de la conferencia de prensa. “Nos ocupamos de esto todos los días. Es nuestra cadena perpetua”.
La Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes, conocida como SNAP, señaló que el informe enumera más nombres de abusadores que los que han publicado los funcionarios de la arquidiócesis. La organización pidió al arzobispo que explicara las discrepancias.
LA ARQUIDIÓCESIS TOMÓ MEDIDAS... PERO PARA PROTEGER A LOS ACUSADOS
El informe de Baltimore dice que los líderes de la iglesia se concentraron en mantener oculto el abuso, no en proteger a las víctimas o detener el abuso.
En algunas situaciones, las víctimas terminaron denunciando el abuso a los sacerdotes que también abusaron. Y cuando las fuerzas del orden se dieron cuenta de las denuncias, la Policía y los fiscales a menudo se mostraron deferentes y “desinteresados en investigar qué sabían los líderes de la iglesia”, según el informe.
El documento de casi 500 páginas incluye numerosos casos de líderes que tomaron medidas para proteger al clero acusado, lo que incluye permitirles jubilarse con apoyo financiero en lugar de ser expulsados, permitirles permanecer en el ministerio y no denunciar presuntos abusos a las autoridades.
En 1964, por ejemplo, el padre Laurence Brett admitió haber abusado sexualmente de un adolescente en una universidad católica de Connecticut.
Brett fue enviado a Nuevo México con el pretexto de un tratamiento para la hepatitis y luego a Sacramento, donde otro adolescente denunció que fue abusado por Brett.
Más tarde fue asignado a Baltimore, donde se desempeñó como capellán en una escuela secundaria católica para niños y abusó de más de 20 víctimas.
Después de que varios estudiantes lo acusaran de abuso en 1973, a Brett se le permitió renunciar, diciendo que tenía que cuidar a una tía enferma.
Los funcionarios escolares no denunciaron el abuso a las autoridades y más tarde se presentaron docenas de víctimas más. Nunca enfrentó cargos criminales y murió en 2010.
El informe se centra principalmente en los años anteriores a 2002, cuando una investigación del Boston Globe sobre abusos y encubrimiento en la Arquidiócesis de Boston provocó una explosión de revelaciones en todo el país.
Los obispos católicos de la nación, por primera vez, acordaron reformas, incluida la prohibición de por vida del ministerio para cualquier sacerdote que cometa incluso un solo incidente de abuso.
Si bien las nuevas políticas nacionales mejoraron significativamente, el manejo interno de los abusos denunciados en la arquidiócesis de Baltimore después de 2002, persistieron con fallas significativas, según el informe.
Solo una persona ha sido acusada a través de la investigación: Neil Adleberg, de 74 años, quien fue arrestado el año pasado y acusado de violación y otros cargos.
El caso sigue en curso. Las autoridades dijeron que entrenó lucha libre en una preparatoria católica en los años 70 y luego volvió al puesto para el año escolar 2014-2015. El presunto caso de abuso ocurrió en 2013 y 2014, pero la víctima no era estudiante de la escuela.
EL TRIBUNAL CONSIDERARÁ DIVULGAR MÁS NOMBRES
Los abogados del estado pidieron permiso a un tribunal para publicar el informe y un juez del Tribunal de Circuito de Baltimore dictaminó el mes pasado que se debe hacer pública una versión redactada.
El tribunal ordenó la eliminación de los nombres y títulos de 37 personas acusadas de irregularidades, cuyos nombres salieron a la luz durante los procedimientos confidenciales del gran jurado, pero considerará publicar una versión más completa en el futuro.
La aprobación por parte de los legisladores de un proyecto de ley para poner fin al estatuto de limitaciones del estado se produjo el miércoles después de que propuestas similares fracasaran en los últimos años.
Actualmente, las víctimas de abuso sexual infantil en Maryland no pueden demandar después de cumplir 38 años. El proyecto de ley eliminaría el límite de edad y permitiría demandas retroactivas.
La Arquidiócesis de Baltimore se ha enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio por su manejo de las denuncias de abuso.
En 2002, el cardenal William Keeler, quien se desempeñó como arzobispo de Baltimore durante casi dos décadas, publicó una lista de 57 sacerdotes acusados de abuso sexual, ganándose una reputación de transparencia en un momento en que el alcance nacional de las irregularidades seguía sin ser expuesto.
Sin embargo, eso cambió cuando un gran jurado de Pensilvania acusó a Keeler de encubrir acusaciones de abuso sexual mientras se desempeñaba como obispo de Harrisburg en la década de 1980.
El Obispo emérito en Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, aseguró que dirigentes de la Familia Michoacana prometieron que no habría violencia durante la Semana Santa en Taxco, Guerrero. "Todo estará en paz", afirmaron.
"Quiera Dios que esos señores cumplan su promesa, hasta ahora veo que sí", dijo el prelado en entrevista.
Unos días antes de que iniciaran los actos religiosos de Semana Santa, integrantes de la Familia Michoacanabuscaban a los penitentes del Viacrucis, para extorsionarlos.
Además, advirtieron que venderían en 2 mil pesos el rollo de varas de zarza que se colocan sobre los hombros los días jueves y viernes santos para recorrer las calles de Taxco. Cada año participan unos 500 hombres.
"Pero ya hubo el acuerdo de que las autoridades del Ayuntamiento de Taxco pagaron los rollos de varas de zarza a los penitentes", aseguró Rangel Mendoza.
El Obispo emérito contó que la semana pasada un contacto que tiene en la zona norte del estado le dijo que Roberto Carlos Zagal, "El Pelón", (encargado de la Familia Michoacana en Taxco) prometió que la Semana Santa en Taxco se iba a desarrollar con tranquilidad y paz.
"Yo hablo con esas personas (líderes de las organizaciones criminales) sin ningún compromiso que me beneficie y sólo busco que haya paz", afirmó Rangel Mendoza.
Distintos episodios de violencia en la región de Tierra Caliente, que abarca zonas de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, han evidenciado el “resurgimiento” del cártel de la Familia Michoacana, que ha expandido su presencia a áreas del centro, occidente y sur de México.
La Familia Michoacana, que hace años había perdido influencia, se ha reconfigurado como un actor violento y de control criminal en regiones de Guerrero y el Estado de México. Especialistas en seguridad consideran que su retorno liderado por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, implica el renacimiento de esta organización criminal.
“La Familia Michoacana nunca se fue […] se ha fortalecido, de ser una organización muy marginal en términos a nivel nacional, pues sí ha venido creciendo, sí experimenta un proceso de expansión, que se ve en la cobertura de municipios que tienen Guerrero, han estado saliendo de la zona tradicional de Tierra Caliente en Guerrero, a otras zonas como La Montaña”, destacó en entrevista con SinEmbargo, Víctor Sánchez, investigador de la Universidad de Coahuila, especialista en temas de seguridad.
Edgar Guerra Blanco, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), coincidió en que la Familia Michoacana ha resurgido como muestran distintos eventos.
“Sin duda alguna podríamos hablar de un regreso o de un resurgimiento, pero yo diría que de una manera más exacta es decir que en realidad la Familia Michoacana nunca se ha ido. Es una organización criminal que ha estado de una u otra manera permanentemente operando en Tierra Caliente, pero en realidad esto ha ocurrido desde el momento mismo en que en apariencia esta organización se disolvió”, señaló.
Entre los sucesos recientes que han asolado la región, se incluyen desplazamientos masivos de pobladores en Coyuca de Catalán, Guerrero; enfrentamientos con militares en el sur del Estado de México y videos de amenazas para reclutar a pobladores.
El pasado lunes, al menos 200 personas huyeron de San Antonio de las Texas, en el municipio de Coyuca de Catalán, debido a las amenazas de la Familia Michoacana. De acuerdo con Reforma, el pasado 4 de abril fueron 34 familias que, a bordo de camionetas y cuatrimotos, se trasladaron durante nueve horas por un camino de terracería hasta llegar a Técpan de Galeana.
La Familia Michoacana mantiene el miedo y temor en Tierra Caliente y ha provocado desplazamientos forzados.
Durante el desplazamiento, los pobladores denunciaron la falta de apoyo por parte del Gobierno estatal, encabezado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, lo que ha agravado la situación en la región.
Pero ese no es el único evento. El pasado 24 de marzo, pobladores de la sierra de San Miguel Totolapan, en Guerrero, se armaron para defender su territorio ante el avance de la Familia Michoacana, informó el periódico El Sur de Acapulco.
Desde hace semanas, los habitantes se enfrentan a esta organización criminal y durante una asamblea realizada a finales de marzo en la comunidad de Piedra Concha, líderes comuneros pidieron el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener la paz que habían logrado tener en los últimos nueve años.
Los comisarios de los ejidos de Coronillas, Linda Vista y la Ciénega de Puerto Alegre solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, debido a que no confían en la Policía Estatal, que, según ellos, ha roto los códigos y convenios que habían acordado previamente con la comunidad.
Los especialistas en materia de seguridad entrevistados coincidieron en que el proceso de renacimiento y expansión de la Familia Michoacana se debe a una combinación de factores, entre ellos, la posible monopolización de la producción de opio en Guerrero, el estado mayor productor de opioides en el país; el debilitamiento de otras organizaciones criminales, la protección gubernamental y la cooptación de autoridades locales.
Estos factores, dijeron, han permitido que la organización criminal recupere su influencia y se convierta en un actor importante en la región de Tierra Caliente.
De acuerdo con los especialistas, los reclutamientos violentos y forzados registrados también hablan de una organización que va creciendo y que necesita sicarios para poder gestionar este proceso de expansión hacia otras zonas, sobre todo de Guerrero, pero que también puede incluir Morelos, Michoacán y la parte sur del Estado de México.
José Alfredo Hurtado Olascoaga es conocido como “El Fresa” por sus aires de alta sociedad.
LA FAMILIA MICHOACANA
Víctor Sánchez, investigador de la Universidad de Coahuila, explicó que la Familia Michoacana es una organización criminal que ha pasado por un proceso de reconfiguración a lo largo de su historia, desde que nació bajo el liderazgo de Nazario Moreno, Servando Gómez Martínez, también conocido como “La Tuta”, y José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”.
Por su parte, Edgar Guerra Blanco recordó que la Familia Michoacana surgió en la década del 2000, entre 2003 y 2005, su principal objetivo, según señalaban en ese momento, era actuar como un grupo de vigilantes para resguardar esa región y se alió con otros grupos locales para enfrentar a otras organizaciones criminales.
El especialista mencionó que el cártel ha destacado por tres características principales. En primer lugar, por hacer uso de una violencia brutal y cruel que algunos han llegado a denominar como narcoterrorismo.
“Desde sus primeros momentos, la Familia Michoacana ha hecho un uso muy intenso y significativo de la violencia. Uno de los momentos más conocidos de este uso de la violencia fue cuando los integrantes de este grupo lanzaron una serie de granadas en la plaza principal de la ciudad de Morelia durante el evento del Grito de Independencia en 2006”, expuso.
En segundo lugar, dijo, la organización se hizo notable debido a su discurso de salvación. En sus primeras manifestaciones, se presentaron como una organización cuyo objetivo era proteger a las comunidades de la Tierra Caliente en Michoacán. En pancartas y publicaciones, así como en medios de comunicación, se hacían llamar protectores y salvadores. Sin embargo, en realidad era una organización delictiva que incluso cobraba derecho de piso.
En tercer lugar —de acuerdo con el académico— está la búsqueda de salvación comunitaria, la cual era promovida por una especie de “religión” que sufrió un proceso de transformación que dio paso al surgimiento de Los Caballeros Templarios, otro grupo criminal.
“Desde el punto de vista de la investigación y las Ciencias Sociales, la Familia Michoacana es muy interesante porque tiene un discurso de salvación, procesos de organización muy efectivos, un uso extremo de la violencia e incluso ciertas manifestaciones religiosas”, detalló Guerra Blanco.
Entre 2010 y 2011, detallaron ambos analistas, la organización sufrió una ruptura con Los Caballeros Templarios, quienes se habían quedado con el control del 90 por ciento de la organización criminal y el 10 por ciento restante lo perdieron en la incisión de los grupos delictivos.
Por un lado, de acuerdo con Víctor Sánchez, los Caballeros Templarios estaban liderados por “La Tuta” y Nazario Moreno, y por el otro lado, “El Chango” Méndez, se quedó con la parte menos rentable de la organización, la que se encontraba más al norte de Michoacán, el Estado de México y la parte de Tierra Caliente de Guerrero.
En el año 2013, cuando los asesinatos se dispararon un 19.47 por ciento —al registrarse 902 víctimas de homicidio doloso, contra las 755 registradas en 2012— se crearon grupos de autodefensa en varias localidades que buscaban frenar el avance de las organizaciones del crimen organizado, sin embargo, algunos de estos grupos a lo largo del tiempo se incorporaron al crimen.
Por su parte, los Caballeros Templarios, que tenían el dominio de Michoacán, sufrieron un proceso de desmantelamiento en 2014-2015, lo que hizo que la Familia Michoacana, que estaba más marginada y con menos penetración, se encontrara en una mejor posición.
Desde entonces, la organización ha estado creciendo en cuatro estados: Tierra Caliente (la conexión entre Michoacán, Guerrero y el sur del Estado de México) y recientemente ha incursionado en Morelos e incluso ha intentado penetrar algunas alcaldías de la Ciudad de México, como Milpa Alta.
A pesar de que se creía que la Familia Michoacana había casi desaparecido, Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, reiteró que esta organización criminal nunca se fue, al contrario, se ha estado fortaleciendo en los últimos años.
Durante el 2022, principalmente, medios de comunicación e incluso, la Oficina de Activos Extranjeros Especiales (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se referían a la organización liderada por Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y a su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa” como “La Nueva Familia Michoacana”.
Sin embargo, y según destaca el laboratorio de análisis InSight Crmen el nombre se usó en cierto momento, pero puede debatirse si sigue siendo aplicable o no. De acuerdo con investigaciones realizadas, los residentes locales no usan el alias “La Nueva”. De hecho, el nombre “La Nueva Familia Michoacana” ya no representa a un grupo, como lo indica la investigación de InSight Crime.
Una de las narcomantas colocadas en Michoacán, en la que firma La Nueva Familia Michoacana.
Según el investigador del CIDE, Edgar Guerra, es importante tener en cuenta que la Familia Michoacana no es un grupo homogéneo con un solo liderazgo y ubicado en un solo lugar.
En realidad, aclaró, cuando se habla de organizaciones criminales, hay que referirse a muchos grupos que no necesariamente están de acuerdo entre sí y simplemente adoptan el nombre de una organización que es reconocida por su marca, que lleva consigo un cierto sello.
“El nombre es digamos la marca de la Familia Michoacana, que es ya reconocido, que lleva consigo un cierto sello; entonces no podemos decir que La familia Michoacana es algo unido, pero al menos estos grupos —lo que se está viendo a través de estos comunicados (y hechos violentos recientes)— sí pertenece a esta vieja facción y que lo que está haciendo es mostrar todo este proceso que han venido cultivando: que es expandirse”, destacó.
LA EXPANSIÓN DE LA FAMILIA
Actualmente, las redes de la Familia Michoacana se encuentran presentes en cuatro estados fundamentalmente: en toda la parte de Tierra Caliente, una región que abarca Michoacán, Guerrero y Estado de México, y ahora ha incursionado en Morelos.
La célula más importante de la Familia Michoacana, que no es la única, es la de los hermanos Hurtado Olascoaga, “El Fresa” y “El Pez”, que se concentra en la parte de Guerrero, de Tierra Caliente.
De acuerdo con Víctor Sánchez, el proceso de fortalecimiento lleva seis o siete años, donde los hermanos Hurtado empezaron a crecer debido a la cantidad de municipios que controlan.
“Los hermanos Hurtado Olascoaga han estado fortaleciendo su control sobre la producción de opio en la región de Tierra Caliente, que es el principal productor de opio en el país. Al monopolizar esta materia prima, la organización criminal ha obtenido ingresos significativos y ha podido expandirse hacia otros territorios”, dijo.
De acuerdo con el laboratorio de seguridad InSignt Crime, la Familia Michoacana lleva años dedicada a la producción y la distribución de metanfetaminas y tiene una amplia experiencia en la que apoyarse.
“La Familia Michoacana controla el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, el puerto marítimo más grande de México. Aquí, el cartel está en capacidad de acceder a los pre-precursores que requiere para la producción de metanfetaminas”, señala InSignt Crime.
Guerrero el estado de mayor producción de opio. Foto: CNS, Cuartoscuro
El 17 de noviembre de 2022, la Oficina de Activos Extranjeros Especiales (OFAC, por sus siglas en inglés) señaló que La Nueva Familia Michoacana —como lo llamaron— y sus copresidentes, Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga están distribuyendo “fentanilo arcoíris”, que se está propagando por todo Estados Unidos.
Las otras actividades de tráfico de drogas incluyen la siembra de marihuana y amapola y el tráfico de varias drogas desde América Central, incluyendo metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, todas destinadas a Estados Unidos.
“Este cártel no solo trafica con fentanilo, sino que ahora comercializa la ‘fentanilo arcoíris’ como parte de un esfuerzo deliberado para impulsar la adicción entre los niños y adultos jóvenes”, destacó la dependencia estadounidense en un comunicado.
De acuerdo con la OFAC, en 2022 la Familia Michoacana operaba en aproximadamente 35 municipios de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México y se está expandiendo a otras regiones de México, generando ingresos del tráfico de drogas, la minería ilícita y la extorsión.
Víctor Sánchez señaló que uno de los factores a los que se puede atribuir la expansión de este grupo criminal es el debilitamiento de otras organizaciones delictivas en la zona, como Los Rojos, Guerreros Unidos y el cártel independiente de Acapulco, “lo que ha permitido que la Familia Michoacana expanda su territorio y control sobre municipios en la región”.
En Michoacán, el conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales también les ha dado espacio para experimentar un proceso de expansión.
Respecto a los procesos de reclutamiento, Edgar Guerra señaló que lo que ha caracterizado a La Familia Michoacana es que “han tenido esta especie de dinámicas, rituales y de maneras de proceder para ciertas cosas, sobre todo capturar población joven, principalmente niños para reclutarlos a sus filas”.
El 17 de noviembre, la Oficina de Activos Extranjeros Especiales (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y a su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “La Fresa”. Foto: SSPC.
Por otro lado, Víctor Sánchez y Edgar Guerra destacaron una posible protección gubernamental por parte de algunos funcionarios locales, lo que también ha ayudado al proceso de expansión de este grupo delictivo. La cooptación de alcaldes y su protección a la organización criminal ha sido un factor clave en este proceso.
“Muchos de los procesos de expansión de las organizaciones criminales a veces tienen que ver con protección gubernamental, ya sea a nivel estatal o municipal, pero lo que sí es claro es que han ido cooptando alcaldes de la zona y estos alcaldes los protegen; entonces eso también les ayuda a su proceso de expansión”, señaló Víctor Sánchez.
“Lo que ha hecho la Familia Michoacana en Michoacán durante su mayor poderío, es justamente ir capturando instituciones estatales, ir capturando policías municipales, capturando incluso autoridades a nivel estatal. Una de las cosas que más impresionó de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios fue la capacidad que tuvieron para ir comprando impunidad a través de la corrupción”, añadió Blanco Guerra.
Un informe de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, revelado en los Guacamaya Leaks, el hackeo a la Sedena, exhibió que al menos 20 presidentes municipales de todos los partidos políticos de Iguala y sus alrededores estaban vinculados con grupos criminales, principalmente a Guerreros Unidos y La Familia y, en menor proporción, a los Caballeros Templarios.
El reporte, según indicaron diversos medios nacionales, fue enviado a Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Inteligencia Criminal, en octubre de 2014, como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa.La corrupción y compra de autoridades han beneficiado a la expanción de cárteles. Foto: Jesús Eduardo Guerrero. El Sur.
UN FUTURO INCIERTO
Los especialistas no descartan que el crecimiento de la Familia Michoacana pueda verse coartado por el poderío del Cartel Jalisco Nueva Generación, que en el pasado había sido su aliado. El choque entre estas dos organizaciones puede generar un aumento importante de la violencia en algunas zonas de Guerrero, Michoacán y del sur del Estado de México.
“Cuando Caballeros Templarios tenían el dominio de Michoacán, el CJNG estaba tratando de entrar, y una de las primeras alianzas fue con la Familia Michoacana. Sin embargo, tarde o temprano, los intereses de ambas organizaciones pueden colisionar, lo que podría generar un aumento importante de la violencia en algunas zonas del país”, destacó Víctor Sánchez.
El especialista en seguridad señaló que a pesar de que el Gobierno federal y el Gobierno del estado son del mismo partido, la coordinación entre las fuerzas políticas parece no existir, lo que ha generado un escenario de ausencia del Estado en muchos municipios de entidades como Michoacán, Guerrero y otras zonas del país. “Es inexplicable que en un escenario en donde las fuerzas políticas están alineadas, no haya coordinación”.A pesar de diversos reportes, sigue siendo difícil dilucidar la naturaleza de La Familia Michoacana y el alcance de su poder. Foto: Cuartoscuro.
InSight Crime menciona que el futuro de la Familia Michoacana aún sigue siendo incierto. “Pero las recientes acciones decisivas que ha tomado indican que seguirá revitalizándose y podría aumentar su poder a nivel regional”.
Por su parte, los expertos consultados por SinEmbargo destacaron que es muy importante poner atención a organizaciones como la Familia Michoacana, pues pueden generar grandes tragedias. En el pasado, organizaciones que parecían pequeñas han generado mucho daño al país, como sucedió con Guerreros Unidos con el caso de Ayotzinapa o el aumento de la violencia en Guanajuato por el choque entre Santa Rosa de Lima y el CJNG.
El elevado consumo de fentanilo en Estados Unidos está reconfigurando el mercado mundial de las drogas. Debido a la intensa presión de Washington contra la elaboración de ese narcótico en México, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están migrando la producción del opiáceo para Colombia. ¿Qué les ofrece la nación sudamericana?, mano de obra, experiencia y conocimiento para producir y exportar el fentanilo, alertan autoridades y expertos colombianos consultados por Proceso.
El jueves 16 una decena de agentes de la Policía Nacional de Colombia se acercó a dos mexicanos en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá; los rodearon con discreción, les pidieron que se identificaran y les comunicaron que estaban detenidos.
Ambos tenían órdenes de captura con fines de extradición a Estados Unidos y, según la policía colombiana, son integrantes del Cártel de Sinaloa y “hombres de confianza” de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue capturado el 5 de enero último en el poblado de Jesús María, municipio de Culiacán.
La agencia estadunidense antidrogas (DEA) lo señala como productor de fentanilo a gran escala, y junto con sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo encabeza la facción de Los Chapitos en el Cártel de Sinaloa.
Los dos mexicanos detenidos en Bogotá se mostraron sorprendidos. Habían arribado a la capital colombiana en un vuelo procedente de la Ciudad de México y pasaron sin ningún problema el control migratorio, donde dijeron que venían a hacer turismo. Pero, al cruzar la puerta de llegadas internacionales de El Dorado, les salieron al paso los policías.
Lo más llamativo de estas capturas, que fueron informadas por la policía de manera muy escueta a la prensa seis días después, es que los dos mexicanos fueron capturados por cargos de tráfico de fentanilo, el opiáceo sintético que está causando una catástrofe sanitaria en Estados Unidos. Sólo el año pasado las sobredosis con esa droga causaron la muerte de al menos 70 mil estadounidenses, una cada ocho minutos en promedio.
Esta es la primera ocasión que en Colombia se realizan detenciones relacionadas con el tráfico de fentanilo, aunque, según la acusación de la corte federal del Distrito Sur de New York contra los dos mexicanos, el delito no fue cometido en territorio colombiano, sino que se deriva de un cargamento de 400 gramos de esa droga que fue producido en México e introducido ilegalmente a Estados Unidos.
Los detenidos fueron identificados como Carlos Félix Gutiérrez y Silvano Francisco Mariano.
Proceso conoció que ambos tienen su residencia en Culiacán, Sinaloa, aunque son oriundos de otros estados. Según fuentes de la policía colombiana, son especialistas en el procesamiento de fentanilo y “conocen muy bien la logística” de ese negocio ilegal.
De acuerdo con la directora de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la policía, la general Olga Patricia Salazar, los mexicanos llegaron a Colombia con el propósito de coordinar acciones con narcotraficantes locales “para incursionar en la producción, venta y exportación de fentanilo”.
Dos agentes de la policía que conocen la investigación dijeron a este semanario que un “equipo interagencial” en el que participan la DEA y el FBI y que opera en Colombia recibió desde México la alerta de la llegada de los dos enviados de Los Chapitos.
“Ya tenían pactadas reuniones en Bogotá y en Medellín con contactos colombianos para desarrollar el plan de producción de fentanilo”, indicó uno de los agentes. En esas ciudades buscarían instalar laboratorios para procesar el opioide sintético, “cortarlo” con diferentes mezclas, prensarlo en pastillas y traficarlo a Estados Unidos por las rutas de la cocaína por las que fluye esa droga desde hace décadas.
Gustavo Ángel Suárez Castillo, un ciudadano estadounidense de San Antonio, transportaba a seis amigos, incluidos dos hermanos, en su camioneta blanca con placas de Texas justo antes del amanecer, tras haber pasado la noche celebrando la noticia de que iba a ser padre.
De repente, cuatro vehículos repletos de hombres armados comenzaron a perseguirlos y a dispararles.
La camioneta chocó y cuando los pasajeros salieron dando tumbos, según testimonios de los sobrevivientes a The New York Times, los hombres armados derribaron al suelo a varios de ellos y le dispararon a uno por la espalda. Uno de los sobrevivientes contó que vio a su hermano morir lentamente mientras los atacantes evitaban la llegada de los cuerpos médicos.
Cuando todo terminó, cinco de los hombres, entre ellos Suárez, habían muerto. Los otros dos quedaron gravemente heridos.
¿Quiénes eran los atacantes? Soldados mexicanos uniformados.
El tiroteo en la ciudad de Nuevo Laredo en las primeras horas del 26 de febrero ha sido calificada por los sobrevivientes y un importante funcionario gubernamental como una ejecución a sangre fría.
Hasta el momento, cuatro de los 21 soldados involucrados en el incidente han sido arrestados y el caso está bajo investigación de fiscales civiles y las fuerzas militares.
El episodio ha profundizado las preocupaciones sobre la creciente presencia de las Fuerzas Armadas de México, las cuales no sólo han sido puestas a cargo de la seguridad nacional, sino que también se les ha asignado una serie de empresas en rápida expansión, como un nuevo aeropuerto internacional y una importante línea ferroviaria.
Esto pone de relieve lo que según analistas y defensores de los derechos humanos es una falla peligrosa en el sistema de gobierno de México: que una de las instituciones más poderosas del país opera con poca supervisión.
A pesar de un largo historial de abusos contra los derechos humanos, los militares asumieron la responsabilidad de la seguridad ciudadana luego de que la Policía Federal fue disuelta en 2019.
Los críticos afirman que los militares le han hecho frente a las violentas organizaciones criminales pero en el proceso han puesto a los habitantes en riesgo de convertirse en víctimas de tácticas agresivas.
La Secretaría de la Defensa Nacional está bajo las órdenes de un General en servicio activo, no de un líder civil, no está obligada a hacer públicos documentos o informes de sus actividades y con regularidad se niega a comparecer frente al Congreso de México para responder preguntas.
El control estricto de las fuerzas militares sobre sus asuntos ha llevado al Presidente mexicano a consolidar proyectos gubernamentales bajo las Fuerzas Armadas para limitar su transparencia y se ha traducido en que los casos de muertes de civiles a manos del ejército casi nunca vayan a juicio.
"Dado el papel cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en México, es realmente crucial y urgente que los servicios de inteligencia en México estén regulados con un mecanismo de supervisión civil, (que) debería crearse para controlar y, eventualmente tomar medidas de rendición de cuentas sobre los mismos", afirmó Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ONU ha pedido una investigación independiente de las muertes de Nuevo Laredo, citando el historial de uso excesivo de la fuerza de los militares en la ciudad.
Un primer comunicado militar insinuó que los hombres en la camioneta estaban armados y no habían acatado las órdenes de los soldados.
Sin embargo, esa afirmación fue contradicha por Alejandro Encinas, un alto funcionario de derechos humanos del gobierno federal.
"No se trató de un enfrentamiento", aseguró Encinas. "Independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados".
Según un informe preliminar realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los soldados dispararon 117 veces durante el incidente, a pesar de que las víctimas jamás blandieron un arma.
La Secretaría de la Defensa Nacional se negó a hacer comentarios sobre las muertes, alegando que la investigación estaba en proceso.
Cuando se le pidió un comentario sobre la muerte de Suárez, un funcionario estadounidense afirmó que el gobierno de Estados Unidos había emitido su alerta de mayor nivel para Tamaulipas, el estado donde se ubica Nuevo Laredo, y le había advertido a sus ciudadanos que no viajaran allí.
Los abogados que representan a los familiares de los fallecidos y los sobrevivientes afirman que el ejército ha intentado ocultar los detalles de lo ocurrido esa madrugada.
Los abogados acusan a los soldados de haber quitado las matrículas a la camioneta para reforzar su acusación de que los hombres habían exhibido una conducta sospechosa.
Un sobreviviente también afirma que uno de ellos fue obligado a punta de pistola a grabar una confesión de que los hombres le habían disparado primero a los soldados.
Una semana después del ataque, cerca de una decena de soldados se aparecieron alrededor de la medianoche en una de las casas de los sobrevivientes con la intención de intimidarlo para que guardara silencio, afirmaron sus abogados.
"No entendemos por qué razón dispararon a unos jóvenes que no los estaban agrediendo", afirmó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos en Tamaulipas, un grupo activista que representa a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos.
(Una investigación previa de The New York Times reveló que Ramos había sido espiado de manera ilegal por las fuerzas militares durante su labor en otro caso en Nuevo Laredo que involucraba a las fuerzas armadas y acusaciones de violaciones de los derechos humanos).
Durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, los militares de México han ido mucho más allá de su misión principal de seguridad y aplicación de la ley, para desempeñar una variedad de negocios lucrativos.
Las fuerzas armadas construyeron y en la actualidad operan el nuevo aeropuerto, y están construyendo gran parte del proyecto turístico más grande del País, el Tren Maya, cuya ruta comprende casi mil 600 kilómetros y tiene un costo de 20 mil millones de dólares, el cual también administrarán una vez terminado.
También están a cargo de las aduanas del País, una de las mayores fuentes de ingreso de México, que en 2022 tuvo previsto generar 59 mil millones de dólares.
Este tipo de responsabilidades, advierten los analistas, le dan a los militares la capacidad de recaudar dinero por su cuenta y podría socavar el equilibrio del poder de México.
Al mismo tiempo, en Nuevo Laredo, justo al otro lado de la frontera de Texas, el largo historial de abusos de los militares ha generado un profundo resentimiento.
La organización de Ramos ha documentado 18 casos de violaciones contra los derechos humanos vinculados a los militares desde 2018, que incluyen ejecuciones, violaciones y tortura de civiles. Sin embargo, solo uno ha logrado llegar a juicio.
En uno de los casos, una niña de 4 años, Heydi Mariana, perdió la vida en agosto del año pasado cuando el vehículo en el que iba comenzó a recibir disparos de los soldados. Al menos 16 balas atravesaron el auto.
Las fuerzas militares declararon que la niña había muerto durante una confrontación con criminales, pero no han proporcionado ninguna prueba de un enfrentamiento. Nadie ha sido acusado formalmente en el caso.
"Mi niña iba al kínder", afirmó la madre de la niña, Cristina Rodríguez, de 26 años, quien agregó que los soldados hicieron acto de presencia en el funeral de Heydi, una decisión que la familia interpretó como un acto de intimidación. "Mi niña no era delincuente".
La noche anterior al ataque a la camioneta de febrero, las víctimas, todos veinteañeros estuvieron en un club nocturno local para celebrar la noticia de que Suárez iba a ser padre.
Tras subirse a la camioneta de Suárez, pasaron por al lado de cuatro vehículos militares que transportaban a 21 soldados los cuales, acto seguido, comenzaron a perseguir a los hombres. En un comunicado, la Secretaría de Defensa afirmó que los soldados habían escuchado disparos desde la dirección de la camioneta.
El relato de lo que pasó después está basado en entrevistas con los sobrevivientes, familiares de los fallecidos, sus abogados y el informe gubernamental.
Según los sobrevivientes, los soldados embistieron con uno de sus vehículos a la camioneta sin identificarse ni pedirles que se detuvieran, una declaración que fue confirmada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El impacto hizo que la camioneta chocara frente a la casa de Sara Luna, de 60 años.
Según testimonio de Luna, los soldados ya disparaban en ese momento, y agregó que luego contó 64 disparos que impactaron su casa.
El tiroteo duró unos 15 minutos, afirmó Luna.
Cuando terminó, ella y su esposo entreabrieron su puerta principal y vieron a los soldados de pie sobre cuerpos ensangrentados. Los soldados les ordenaron que se metieran a la casa.
Alejandro Pérez Benítez, de 21 años, uno de los dos sobrevivientes, afirma que estaba en la camioneta junto a su hermano cuando comenzó el tiroteo.
Otro de los pasajeros, al que le habían disparado, salió trastabillando de la camioneta frente a la casa de Luna, y, según Pérez, le pidió a los soldados que llamaran a una ambulancia. Pérez afirma que los soldados le volvieron a disparar y lo mataron.
Pérez salió de la camioneta, momento en el que un soldado lo apuntó y lo obligó a arrodillarse.
"Mátalo, mátalo, para que no queden evidencias", recuerda Pérez que gritó otro soldado.
Los soldados lo obligaron a acostarse boca abajo junto a su hermano.
Entonces, cuenta Pérez, los soldados le dispararon a su hermano en la espalda. Mientras permanecía acostado sobre un pozo de sangre de su hermano, Pérez pudo escuchar a una ambulancia, pero los soldados evitaron que recibieran atención médica durante más de una hora.
Pérez afirma que puso su mano sobre el cuerpo de su hermano. Sintió que empezaba a enfriarse. Lo besó.
Pérez afirma que posteriormente fue obligado a grabar una confesión en la que decía que él le había disparado primero a los soldados.
Luis, un barbero de 25 años que también sobrevivió, recuerda haber salido del vehículo con heridas de bala en sus pulmones y estómago. Afirma que también fue derribado al pavimento por los soldados, quienes le dispararon en la espalda.
Los soldados lo acusaron de intentar escapar.
"Les dije: '¿Cómo voy a correr, me estoy desangrando?'", afirma.
Los paramédicos pudieron al final llevar a Luis a un hospital donde fue puesto en un coma médicamente inducido. Su nombre completo no ha sido revelado por temor a represalias de los militares.
Humberto Suárez, padre de la víctima estadounidense, se despertó esa mañana esperando preparar un bagre que había pescado para celebrar la noticia de que su hijo iba a comenzar una familia.
Poco después, recibió una llamada que le informó sobre la muerte de su hijo. Rápidamente se dirigió a la escena, donde encontró los restos ensangrentados de su hijo esparcidos en el piso de la camioneta.
Días después, afirma Suárez, un representante de las fuerzas armadas se reunió con él y con familiares de las otras víctimas para discutir un acuerdo monetario.
Según los analistas, ésta es una táctica común de los militares para disuadir a las familias de ir a los medios o intentar llevar los casos a los juzgados civiles.
"No vino a decir 'perdón, les pedimos una disculpa'", dijo Suárez sobre la reunión, la cual grabó en secreto y se la compartió a The New York Times. "Vino a decir cuánto quieren, como si nuestros hijos fueran perros".
La Familia Michoacana mantiene el miedo y temor en Tierra Caliente y ha provocado desplazamientos forzados.
José Alfredo Hurtado Olascoaga es conocido como “El Fresa” por sus aires de alta sociedad. 
Una de las narcomantas colocadas en Michoacán, en la que firma La Nueva Familia Michoacana. 
Guerrero el estado de mayor producción de opio. Foto: CNS, Cuartoscuro
El 17 de noviembre, la Oficina de Activos Extranjeros Especiales (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y a su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “La Fresa”. Foto: SSPC.
La corrupción y compra de autoridades han beneficiado a la expanción de cárteles. Foto: Jesús Eduardo Guerrero. El Sur.
A pesar de diversos reportes, sigue siendo difícil dilucidar la naturaleza de La Familia Michoacana y el alcance de su poder. Foto: Cuartoscuro.
