Conforme a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, todos los navíos mercantes requieren planos y cálculos de estabilidad, arqueo, contraincendio y carga máxima (francobordo), los cuales no sólo sirven para definir el cobro de aranceles, sino principalmente para garantizar su seguridad operativa en aguas nacionales.
Entran en este rubro desde buque-tanques, remolcadores y plataformas marítimas hasta graneleros, abastecedores, portacontenedores, barcos de pasajeros y de carga.
De acuerdo con el tipo de embarcación, su estructura y volumen, estos estudios cuestan entre 120 mil y 200 mil pesos, los cuales se ganan en unas cuantas semanas. Y es este el botín en disputa…
De siempre, estos documentos han sido ejecutados por ingenieros navales inscritos en un registro de profesionistas autorizados a cargo de la Marina, al cual acceden -según el artículo 451 de la Ley- presentado copias certificadas de su título y cédula profesional. El permiso debe renovarse cada año, mediante una solicitud de permanencia en el registro, una copia de la autorización por vencer y los estudios técnicos elaboradores durante ese año, los cuales son revisados por la SEMAR.
Sin embargo, el pasado 5 de agosto la Dirección General Adjunta de Protección y Certificación Marítima de la dependencia federal emitió el Oficio Interno 17/2021 (compartido a Crónica) en el cual, sin ningún respaldo reglamentario ni legal, se comunicó a todas las personas físicas o morales especializadas en elaborar los referidos documentos técnicos, lo siguiente: “Deberán presentarse en la capitanía de puerto donde estén realizando su trámite para ser evaluados relativo a los conocimientos aplicables en el proceso”.
La evaluación forzosa causó molestia entre los ingenieros navales involucrados en esta tarea, quienes han acusado a la Secretaría de invadir facultades exclusivas de la SEP, y de buscar el control del mercado, para beneficio de unos cuantos.
“Dicen que nuestra cédula no sirve. Los documentos que elaboramos son aprobados por la SEMAR: he realizado decenas de cálculos y jamás han rebotado ninguno. Eso es lo que demuestra la capacidad. ¿Por qué ahora nos imponen una valoración de conocimientos que la ley no contempla?, ¿acaso se quieren comer ellos el pastel?”, reprocha el ingeniero José Félix.
En la Heroica Escuela Naval no se imparte la carrera de ingeniería naval. Algunos marinos han incursionado en este medio, pero sólo después de haberla cursado en la Universidad Veracruzana u otra institución especializada en el país. Hoy, menos de 50 profesionales están en el registro de autorizados, y sólo alrededor del 15 por ciento son militares.
La disputa llegó ya a la CNDH, donde se han presentado quejas por la vulneración de derechos humanos y laborales. Y también a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por presuntos actos de corrupción e irregularidades administrativas. Algunos expedientes han sido remitidos ya al Órgano Interno de Control de la Marina.
Uno de los afectados, quien más lejos ha llegado, hasta el punto de judicializar el asunto a nivel federal, es el ingeniero Jesús Cruz Mayorga.
“No confío en el OIC de Marina, por eso mi decisión de recurrir a un juez federal. No hay ninguna norma que faculte a la SEMAR para hacer una evaluación de este tipo. Alguien se inventó esto, como en la Ley de Herodes. Si ahora consentimos, nadie les impedirá después poner más trabas. Y, cuando nos demos cuenta, será imposible una autorización, tendrán el control de quién puede trabajar y quién no”, señaló en entrevista con este diario.
-¿Por qué hablan de que la Marina quiere acaparar el mercado? -se le cuestionó.
-Los ingenieros tenemos un grupo de WhatsApp, donde se ha comentado el requisito. Los egresados de la Heroica Antón Lizardo son los que más lo han cabildeado. Piden que no haya oposición y hasta han involucrado al Colegio Mexicano de Ingenieros Navales para que esta asociación civil participe en el proceso. Causa mucho ruido que ahora quieran evaluarnos, cuando todos los documentos que elaboramos son verificados por ellos, a fin de corroborar si se cumplen las normas oficiales mexicanas.
-¿Cuál es el fondo del asunto?
-Estos documentos representan una muy buena entrada: 150 mil, 200 mil pesos o hasta más en 3 o 4 semanas. Algunos civiles están coludidos porque hicieron relaciones y hasta les otorgaron un grado militar. Lo que buscan es desincentivar este trabajo. Queremos un un país en el que se respeten las leyes y no hay ninguna que avale estas evaluaciones.
-¿Y quién, en específico, es el evaluador?
-Ahí está uno de los meollos del asunto: ¿quién puede evaluarnos si nosotros somos los expertos? Tengo 34 años en esto y si me dicen que seré evaluado por un capitán de embarcación, ¿de qué se trata? Ellos pueden interpretar la estabilidad, pero no calcularla. Sólo nos dicen: preséntate y ya, pero no somos subalternos ni trabajamos para la SEMAR.
Cada año decenas o cientos de barcos mercantes -la mayoría adquiridos en el extranjero- buscan obtener su certificación y ser abanderados en México. El trámite, el cual obliga de arranque a presentar todos los cálculos de seguridad, se realiza por única vez. Sólo se requerirán nuevos estudios si a lo largo de los años la embarcación es modificada en estructura, peso o modalidad de operación.
Los documentos técnicos más caros corresponden a plataformas autoelevables, las cuales tienen torres a bordo y son usadas para perforación costa fuera.
-¿Hasta dónde llegará en su batalla judicial contra la Marina? -se le pregunta a Cruz Mayorga.
-Hasta donde tope, porque está en juego el respeto al estado de derecho y el móvil lleva signo de pesos: si controlan el mercado y dejan el asunto en unas cuantas manos, el servicio se encarecerá aún más, se pondrán de acuerdo en los precios, en perjuicio de la seguridad naval.
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