El asesinato de Rafael “N” debe ser el punto de partida: un hombre que acababa de llegar a Reynosa para establecerse y terminó muerto afuera de un autolavado y bajo un gobierno de facto que ejerce su majestad el Cartel del Golfo,en una ciudad llena de operativos,policias y soldados.
Rafael “N” había llegado recientemente desde el sur de Tamaulipas con la intención de establecerse en Reynosa. Ofrecía masajes antiestrés y practicaba fisiculturismo. La noche del jueves 1 de octubre, su proyecto de vida terminó afuera de un autolavado de la colonia Cumbres: un hombre habría llegado en un vehículo y disparado contra las personas que estaban en el exterior, según los primeros testimonios recogidos por las autoridades. Rafael murió en el lugar.
El ataque ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de Oriente 2 y calle 14. Después llegaron elementos de la Guardia Estatal, agentes de la Fiscalía y personal de Servicios Periciales. Acordonaron, recopilaron indicios y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense. Sus familiares tuvieron que hacer lo que ninguna familia debería hacer: reconocerlo muerto.
La secuencia es brutalmente conocida: primero los disparos;después las patrullas; al final, una carpeta. El Estado aparece para documentar la muerte. La pregunta es si también aparecerá para encontrar al asesino,poco probable,remoto o francamente nulo.
En Reynosa, matar parece una actividad de bajo riesgo para quien aprieta el gatillo y de riesgo absoluto para quien se cruza en el camino. La ciudad no carece de uniformes: tiene soldados, marinos, Guardia Nacional, Guardia Estatal, operan los llamados «Harfuch», hay patrullas, retenes y operativos con suficiente parafernalia para llenar una transmisión oficial. Lo que escasea, según los resultados y la experiencia cotidiana, es algo bastante más elemental: consecuencias para el asesino y verdad para las víctimas.
El más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia Estataldibuja un retrato que no admite boletines perfumados. En 2025, Tamaulipas registró 998 víctimas de homicidio y feminicidio en averiguaciones previas y carpetas abiertas; de ellas, 223 fueron víctimas de homicidio doloso consumado —211 hombres y 12 mujeres—. Es decir: al menos 223 personas fueron asesinadas intencionalmente y quedaron reducidas a registro estadístico, expediente, número de carpeta o, en el peor de los casos, otra historia devorada por la impunidad.
La Fiscalía de Tamaulipas abrió 39,923 carpetas de investigación en 2025; 16,722, el 41.9%, arrancaron sin persona imputada. Cerró el año con 35,788 procedimientos pendientes de concluir. En otras palabras, la maquinaria de justicia recibió expedientes por miles, pero demasiados entraron sin sospechoso y decenas de miles siguieron esperando salida.
La cosa empeora al revisar el embudo completo: de los 44,395 imputados registrados por la Fiscalía tamaulipeca durante 2025, sólo 1,146 llegaron a formulación de imputación; 811 fueron vinculados a proceso y 335 no lo fueron.
Esto en su conjunto, exhibe la distancia obscena entre el universo de casos que llega a una fiscalía y los que logran cruzar la puerta judicial. El sistema no es precisamente una fábrica de certezas; parece más bien una sala de espera con sello oficial de impunidad,esa que provoca la impudicia que un «matasanos» chafa prometio sanar,antes que se atravesaran las pipas del huachicol y las ligas con el crimen organizado.
Reynosa: miedo medido
En esa ciudad fronteriza, el miedo no es una metáfora editorial: es una cifra del INEGI. Durante el segundo trimestre de 2026, 86.6% de la población adulta de Reynosa dijo sentirse insegura. Casi nueve de cada diez personas.
No es un mal humor colectivo ni una exageración de sobremesa:es una población que vive bajo la sospecha de que salir, circular, trabajar, abrir un negocio o simplemente regresar a casa puede requerir más suerte que protección pública.
Mientras tanto, la autoridad ofrece la coreografía habitual:convoyes, comunicados, fotografías de reuniones, dispositivos “especiales” y operativos que suelen lucir más pancheros que eficaces, mientras se reúnen en publico con los lugartenientes del crimen organizado.
Mucho despliegue para la foto; poca certeza de que el homicida, el secuestrador o el operador criminal termine realmente ante un juez, y no simplemente se pierda en la maleza burocrática entre incompetencias, archivos, carpetazos, silencios y la tradicional conexión familiar con Morena,ese partido que opera criminal y políticamente organizado.
La contradicción es feroz: Reynosa está llena de fuerza pública, pero la población se siente abandonada. No porque falten botas en el pavimento, sino porque sobran razones para dudar de lo que hacen —o dejan de hacer— esas botas.
Uniformes bajo sospecha
A ese paisaje se agregan denuncias difundidas públicamente contra mandos de la Guardia Estatal en Reynosa. Las acusaciones refieren presuntos pagos del crimen organizado, tolerancia a vehículos armados, apagones de cámaras, liberación de detenidos, filtración de movimientos operativos y uso indebido de información institucional.
Son señalamientos gravísimos, con nombres, montos, lugares y mecanismos que, justamente por su gravedad, no deben ser tratados ni como sentencia automática ni como chisme desechable en una ciudad donde crimen y gobierno son pleonasmo.
La sede estatal del levantón
La muerte y la desaparición no son capítulos separados en Tamaulipas; son partes de una misma pedagogía del terror. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportaba, al corte citado en septiembre de 2026, 13,781 personas desaparecidas y no localizadas en la entidad, colocándola en la cima nacional de esa tragedia.
Mas que un deshonroso «campeonato» ,son miles de ausencias, familias convertidas en investigadoras, buscadoras, peritas y excavadoras porque el Estado no llegó, llegó tarde o llegó a simular que buscaba.
Tamaulipas, y Reynosa en particular, no necesitan otra misa de coordinación donde funcionarios de todos los niveles se tomen la foto como si la delincuencia fuera un problema de agenda. Necesitan una Fiscalía capaz de investigar homicidios hasta identificar responsables; policías que no estén bajo sospecha de vender información o protección; controles externos sobre operativos; datos públicos desagregados sobre homicidios y esclarecimiento; y resultados que sobrevivan al escrutinio, no sólo al aplauso de los subordinados.
Porque en una ciudad donde el 86.6% se siente inseguro, donde se acumulan homicidios sin certeza pública sobre su esclarecimiento y donde las desapariciones han colocado al estado en la cúspide de la vergüenza nacional, el problema no es que falten discursos de seguridad.
El problema es que, para demasiada gente, matar, levantar o desaparecer a alguien en Reynosa parece tener más probabilidades de éxito que de castigo. Y cuando eso ocurre bajo la mirada de soldados, marinos, policías y operativos de aparador, la pregunta ya no es sólo dónde está el crimen: la pregunta es quién le dejó tanto espacio para AVAnzar y gobernar hasta el gobierno.
Con información: INEGI/ HOYTAMAULIPAS/
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