Información recabada por este semanario revela que desde 2018 el gobierno de López Obrador sabía que México estaba entre la espada y la pared en materia energética. Durante los trabajos de transición entre su equipo y el de Enrique Peña Nieto fueron advertidos sobre la importancia de dar continuidad a las rondas de inversión –para reducir la dependencia energética hacia Estados Unidos–, a las políticas de almacenamiento y al Manual de Respuesta a Emergencias en el Abasto de Gas Natural. Lo peor está por venir, advierte por su cuenta un estudio del Banco de México: los apagones están relacionados con el aumento de la pobreza.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La crisis energética que México padece por gas natural y electricidad sólo era cuestión de tiempo. De acuerdo con información recabada por Proceso, desde 2018 el gobierno del presidente Andrés Manuel López sabía que la escasez ocurriría, pero optó por los proyectos insignia de su administración, como la refinería de Dos Bocas.
La carencia de gas natural en territorio mexicano, luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, restringió las exportaciones para proteger el consumo local, no será la primera emergencia de ese tipo que enfrente la economía nacional a causa de la creciente dependencia del combustible que se produce en el extranjero.
Tampoco sólo serán los factores climáticos los que obliguen al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a solicitar futuras reducciones de consumo de gas y, con ellas, cortes en el servicio de electricidad.
Pese a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora encabezada por Manuel Bartlett Díaz, invirtió en 19 mil kilómetros de ductos para importar gas natural desde Estados Unidos, se está cumpliendo el plazo para que las nuevas plantas de gas natural licuado estadunidenses entren en operación entre 2021 y 2022 y, con ello, se cierre la ventana de oportunidad para nuestro país.
Cuando esas plantas comiencen a funcionar, Estados Unidos podrá exportar el energético a todo el mundo y México dejará de ser su principal cliente, obligándolo a competir por el precio y disponibilidad ante otros países, explican expertos y exfuncionarios del sector energético consultados.
Las advertencias sobre ese escenario económico adverso también provienen del Banco de México (Banxico). El organismo autónomo destaca que los apagones representan un serio riesgo para los precios de los bienes, productos y servicios y, por lo tanto, para la inflación.
Un documento elaborado por Carlos Alcaraz y Sergio Villalvazo, investigadores del banco central, establece que entre el segundo trimestre de 2012 y hasta la segunda mitad de 2013 la restricción de gas para el sector manufacturero representó una caída anual de 0.28 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), y concluye que los niveles de pobreza registrados en 2013 estuvieron relacionados con los apagones.
La directora de Análisis Económico de Banco Base, Gabriela Siller, coincidió en que los cortes de electricidad tendrán implicaciones en el comportamiento del PIB para el actual primer trimestre y que, seguramente, afectarán a la baja las previsiones de crecimiento para 2021.
Información obtenida por esta reportera revela que, en el comienzo del gobierno de López Obrador, su entonces titular de la Oficina de la Presidencia e interlocutor con el sector empresarial, Alfonso Romo, recibió información sobre el riesgo en el que el sector industrial mexicano y la propia CFE se encontraban ante una eventual reducción del suministro de gas natural por parte de Estados Unidos, pero, sobre todo, ante el incremento en los precios de esta molécula que ahora, durante la crisis de Texas, pasó de 2.5 a 200 dólares en un par de días, afectando la capacidad de la empresa productiva del Estado para mantener sin incrementos las tarifas de los consumidores.
El mayor riesgo, sin embargo, eran los cortes de electricidad ante el menor suministro de gas natural.
Durante el periodo de transición –en el tercer trimestre de 2018– entre las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, un equipo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se reunió con Alfonso Romo para advertirle sobre los riesgos de cancelar las Rondas 3.2 y 3.3.
Aldo Flores, entonces Subsecretario de Hidrocarburos, fue quien entregó varios documentos en los cuales se detallaba la importancia de darle continuidad a las rondas de inversión, a las políticas de almacenamiento y al Manual de Respuesta a Emergencias en el Abasto de Gas Natural.
Romo también tuvo acceso a información del equipo de transición de Peña Nieto en la cual se detallaba la estrategia de las empresas que participaban en la industria del gas natural, para comenzar a exportar el combustible a otros países y, con ello, obtener mayores márgenes para no concentrar sus ventas en el mercado mexicano.
Ni Rocío Nahle, ahora titular de la Secretaría de Energía, ni Manuel Bartlett, director general de la CFE, asistieron a estas reuniones con el equipo de transición. “No había mucho interés”, reveló un exfuncionario de la Secretaría de Energía que estuvo presente en esos encuentros.
Una fuente cercana a la oficina de Alfonso Romo confirmó la realización de esas reuniones de trabajo entre ambos equipos de transición, aunque no pudo ratificar si los proyectos de terminales para gas natural licuado en puertos de Estados Unidos hubieran ocupado tiempo en las agendas y encuentros.
