Con militares transferidos a sus filas sin acreditar los cursos de formación inicial ni la certificación de que eran aptos para poder hacer ese trabajo; con recursos manejados sin reglas claras y en procesos poco transparentes; y con un despliegue masivo, pero sin atender ninguna lógica criminal ni de incidencia delictiva.
Así fue como el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha a la nueva Guardia Nacional (GN), de acuerdo con las conclusiones de tres auditorias de desempeño y financieras realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dicha fuerza.
Los informes de resultados dados a conocer como parte del análisis de la Cuenta Pública 2019 arrojan que el actual gobierno ha cumplido con la premisa básica de desplegar una fuerza de seguridad nacional superior en estado de fuerza a la ya extinta Policía Federal: en 2020 contaba ya con más de 90 mil elementos.
A su vez se cumplió con un diseño que en el papel luce completo: se trata de una fuerza conformada con apoyo de las fuerzas armadas pero que por definición debe ser una policía civil, y que contempla todos los requisitos y candados legales para ser profesional: exámenes, capacitaciones, certificaciones, servicio profesional de carrera, fuertes cláusulas anticorrupción, etcétera.
Sin embargo, en los hechos el proceso a cargo de la Secretarías de Seguridad, Defensa y Marina ha incumplido con varias de las disposiciones legales planteadas. Se trata de anomalías que, según la ASF, deben corregirse para garantizar que la GN resulte útil en su labor de fortalecer la seguridad y combatir al crimen.
“Se identificó que existieron elementos asignados que no cumplieron con la totalidad de requisitos de ingreso ni con la Formación Inicial Policial; asimismo, también se observó que el despliegue operativo no se realizó en función de la incidencia delictiva como lo prevé la planeación de mediano plazo; por lo que si bien, la GN se encuentra en etapa de conformación; si no corrige las deficiencias, se corre el riesgo de que los elementos responsables de la seguridad pública no cuenten con una formación policial civil; y de que el despliegue de los efectivos no contribuya a la baja de incidencia delictiva”, concluyó la ASF.
A continuación, se detallan los principales hallazgos reportados por los auditores en los informes de resultados:
Estado de fuerza: nula formación policial
Los informes confirman que la Guardia Nacional es una corporación preponderantemente militar, pese a que por definición debería ser una policía civil. El reclutamiento de soldados y marinos son transferidos a esta nueva fuerza se ha convertido en la regla y no en la excepción.
Prueba de ello es que, de acuerdo con la ASF, de los 90 mil 162 elementos con los que contaba esta fuerza al cierre del primer cuatrimestre de 2020, el 71.3% (7 de cada 10), son en realidad policías militares y navales enviados desde el Ejército y la Armada.
Animal Político adelantó en agosto de 2020 que ni los nuevos reclutas de la GN eran civiles. En realidad, se trataba de personal reclutado, adiestrado y contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que luego era asignado a las filas de la guardia.
De hecho, el informe de la ASF confirma que la Guardia Nacional solo ha contratado por sí sola al 0.1% de su personal. El otro 28.7% de sus elementos son expolicías federales transferidos a la GN cuando la Policía Federal fue desarticulada.
Pero mas allá del perfil militar, lo que la ASF destaca como un punto de alerta es la deficiencia en la formación de los militares uniformados como policías.
Por ejemplo, del universo de 33 mil 971 elementos de la Sedena transferidos a la GN al cierre de 2019, los auditores revisaron los expedientes de 380 efectivos a manera de muestra. Se corroboró que 346 de ellos equivalentes al 93.8% no contaban con la constancia haber pasado siquiera el curso inicial para ser policía.
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