Los dos tenientes coroneles que hoy esquivan a la Fiscalía General de la República —señalados por su presunta participación en el contrabando de combustible desde la aduana de Matamoros, Tamaulipas— no solo cargan con acusaciones penales: también intentaron blindar su dinero antes que su reputación, honor,valor,lealtad y sacrificio. Ambos recurrieron al amparo contra el congelamiento de sus cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ese brazo financiero de Hacienda que suele llegar donde el discurso oficial se queda corto.
Hasta ahora, sus maniobras legales siguen en el limbo: ni el expediente radicado en Ciudad de México ni el promovido en Tamaulipas tienen sentencia definitiva. Pero el caso ya reventó en la esfera pública.
Ayer lunes, Reforma destapó que los dos mandos castrenses, junto con otro elemento militar, constituyen la columna verde olivo de una red criminal más amplia: una conspiración donde se entrelazan al menos diez funcionarios y empresarios que, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025, habrían logrado colar 144 millones de litros de hidrocarburos. Sí, millones. No es fuga: es sistema.
El escándalo, que ya había salpicado a la Marina, escala ahora hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Y no como daño colateral, sino como pieza central.
Según las investigaciones, la “parte del león” —esa porción nada modesta del negocio ilícito— operó bajo el mando del teniente coronel Armando Barrera Trujillo. Él presentó su amparo a finales de febrero en juzgados de la capital. ¿Qué reclama? En esencia, que el Estado le cerró la llave del dinero: impugna “la orden y acuerdo de aseguramiento o cualquier otra restricción” sobre sus cuentas, así como su inclusión en la lista de personas bloqueadas. Traducido: que le congelaron el acceso a seis cuentas distribuidas entre Banorte, Banjercito, BBVA y Banamex.
La justicia le dio un primer portazo en marzo al negarle la suspensión definitiva. Pero Barrera Trujillo —prófugo y litigante simultáneo— no se ha quedado quieto: ha interpuesto quejas, promovido revisiones y hasta intentado sembrar conflicto competencial entre tribunales, como quien busca grietas en el sistema. Algo logró: que se descongelara parcialmente una cuenta en Banjercito, aunque únicamente para liberar los fondos correspondientes a su pensión. El resto sigue bajo llave.
En paralelo, y casi en espejo, el teniente coronel Sarabia García promovió su propio amparo en Tamaulipas. Su paso por la aduana de Matamoros fue breve —menos de un mes dentro del periodo investigado—, pero suficiente para quedar bajo sospecha. Su reclamo es amplio: denuncia la “orden verbal o escrita” de bloquear o cancelar todas sus cuentas (BBVA y Santander), la falta de notificación del procedimiento administrativo y su inclusión en la lista negra de la UIF.
A diferencia de su colega, Sarabia sí consiguió oxígeno judicial: obtuvo la suspensión para que no se le inmovilice una cuenta en BBVA, con el argumento de garantizar su subsistencia. Es decir, el Estado le permite seguir cobrando como funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México mientras se investiga su presunta participación en una red que drenó combustible a escala industrial.
Conviene recordar el origen de todo esto. Desde mediados de 2020, el control de las aduanas mexicanas fue entregado a las Fuerzas Armadas: la Marina se quedó con los puertos; el Ejército, con las fronteras terrestres. La justificación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador fue clara y repetida hasta el cansancio: disciplina, honestidad y eficacia castrense para sustituir a estructuras civiles corroídas y salio el tiro por la culata.
Hoy, ese argumento hace agua. Tras el escándalo de corrupción que ya había brotado en la Marina, este nuevo caso marca el segundo gran episodio de contrabando de combustible con militares al mando de las aduanas. No es una anomalía aislada: empieza a parecer un patrón.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/
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