“Don Chapo”, Joaquin Guzmán Loera, ya se cansó de ser el villano único del guion y ahora amenaza con reescribir la trama completa. No con balas, sino con nombres. Treinta y dos, para ser exactos. Treinta y dos funcionarios —algunos en activo, otros con licencia, varios reciclados entre sexenios— que, según su defensa legal, formaron parte del ecosistema que permitió al cártel de Sinaloa operar con holgura mientras el Estado jugaba a la persecución selectiva.
El mensaje no llegó en narcomanta ni en audio filtrado, sino por la vía institucional más incómoda: su abogado en México, Gerardo Rincón Flores, quien en entrevista con Max Espejel (La Saga, de Adela Micha) no solo desmintió las cartas apócrifas atribuidas a Guzmán —redactadas en un inglés impecable que el capo nunca ha tenido y con firmas burdamente imitadas—, sino que lanzó una advertencia que huele a terremoto político: en semanas enviará a autoridades de Estados Unidos un paquete de información con pruebas y una lista ampliada de implicados.
La premisa es explosiva: el problema no sería solo el capo, sino la red que lo hizo posible. Y ahí es donde la narrativa oficial empieza a crujir. Porque, según el abogado, entre los nombres hay perfiles que transitaron sin rubor entre administraciones de Peña Nieto y López Obrador; operadores que pasaron de “enemigos” a “aliados” con la misma facilidad con la que se cambia de camiseta.
La acusación es directa aunque sin sin nombres, pero con la seguridad de quien si los tiene: hubo protección, hubo omisiones y hubo fabricación de culpables para sostener el espectáculo.
Rincón Flores sostiene que no puede revelar identidades por seguridad. No es retórica: afirma haber sufrido atentados, secuestros y agresiones. Su descripción del clima es menos thriller y más costumbre mexicana: “no te llaman, van y ejecutan”. En ese contexto, asegura que las presiones han sido “efectivas”, no verbales.
Y aquí entra un punto delicado: el abogado refiere que, tras enviar un audio al entonces secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recibió un mensaje —desde un número registrado en la Ciudad de México— recomendándole dejar de publicar información si no quería “salir perjudicado”, con insinuaciones de revisiones fiscales y otras consecuencias. No presenta la respuesta como oficial de Harfuch, pero sí como una advertencia vinculada al entorno institucional. La línea es fina, pero el mensaje es grueso y apunta al estratega de la seguridad que ha sido profusamente mencionado como «Batman», pero también como el «Guason», su verdadera identidad si atendemos las evidencias.
El otro frente de la historia desmonta el ruido mediático reciente. Las supuestas cartas del Chapo, difundidas en medios internacionales, son falsas, dice su defensa. Argumentos: inconsistencias en la caligrafía, una firma que jamás usa (“Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”), y un detalle técnico que mata la narrativa: el matasellos de Jackson, Mississippi, cuando el reo está en Colorado; además, cualquier salida de correspondencia debería pasar por filtros de seguridad y autorización del FBI.
El abogado afirma que enviará la información a autoridades estadounidenses, convencido de que allá sí habrá incentivos para investigar, incluso con bloqueos.
Sugiere que dos piezas “clave” podrían hacer caer la estructura completa si declaran. Y desliza una frase que, en política mexicana, suena a dinamita: “si yo me voy, se van conmigo”.
El trasfondo es incómodo: cárceles llenas de procesos fabricados, fiscales que “siembran” pruebas —dice tener videos—, y una industria de culpables útiles que mantiene intactos a quienes realmente mueven los hilos. En esa lógica, el capo sería tanto producto como coartada. Un monstruo funcional para justificar el circo.
Nada de esto es sentencia judicial. Son acusaciones, sí, pero con calculo, con timing quirúrgico y un destinatario claro. Si el expediente cruza la frontera con pruebas verificables, el costo político no será marginal. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un puñado de funcionarios, sino la credibilidad de un ecosistema igual de criminal que ha prohijado al crimen organizado que dice, dice combatir y que, según esta versión, persigue hacia abajo y protege hacia arriba.
Y entonces la pregunta incómoda: si los nombres salen —y salen con evidencia—, ¿quién resulta más peligroso para el país: el capo que ya está preso o los funcionarios que, de confirmarse, siguen libres? combatiendo al crimen.
Con información: LA SAGA/ADELA MICHA/ LAOPINION/ INFOBAE/
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