En medio de su política de austeridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó 121 millones de pesos para la realización de la rifa alusiva al avión presidencial —el cual aún no ha sido vendido— efectuada el pasado 15 de septiembre de 2020 y que ofreció 100 premios de 20 millones de pesos cada uno.
La Lotería Nacional compartió a través de una solicitud de información, realizada por Expansión Política, los gastos que hizo para que la tarde del día de la Independencia de México, los niños gritones anunciaran los números ganadores.
La Lotenal reporta entre sus gastos la impresión de billetes con la imagen del avión “José María Morelos y Pavón” así como sueldos, comisiones, suministros y fletes.
Desde antes de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador prometió que vendería el avión adquirido en el gobierno de Felipe Calderón y que tuvo sus primeros vuelos en el de Enrique Peña Nieto. Él rechazó utilizarlo al considerar que era un “lujo”.
Mientras el gobierno federal conseguía un comprador, la aeronave valuada en más de 2,500 millones de pesos viajó a California, Estados Unidos para que la empresa fabricante, Boeing, le diera mantenimiento.
En México, López Obrador exploró hasta cinco opciones para deshacerse del avión : un comprador único, realizar un “trueque” con el gobierno de Estados Unidos para que le pagara con equipo médico para los hospitales, rentar esa transportación, que 12 compradores se unieran y la adquirieran... y realizar una rifa.
Aunque parecía broma, la idea que más tomó fuerza fue la del sorteo, por lo que días después presentó cómo sería el boleto de lotería para rifar el avión presidencial .
"En el caso de la lotería, serían 6 millones de números, de cachitos, 500 pesos; son 3,000 millones de pesos. El avión si son 130 millones de dólares (del avalúo), estamos hablando de 2,500 (millones de pesos), pero se le daría al que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de dos años o de un año”, dijo el presidente en su conferencia del 17 de enero.
La idea del presidente y las implicaciones de que cualquier ganara el avión, llevaron a López Obrador a cambiar de opinión y anunciar que la rifa no tendría como premio mayor al “TP01 José María Morelos y Pavón”, sino el costo de éste que se repartiría en 100 premios.
Por tráfico de drogas y lavado de dinero, 13 personas que integraban un grupo criminal que operaba al estilo de Breaking Bad, denominado por las autoridades como Cártel Universitario, fueron arrestadas por las autoridades de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia detalló que entre los involucrados se encuentran estudiantes y exalumnos de la Universidad de Texas en Austin.
En la operación denominada “Spider Web” (Telaraña) fueron incautadas diferentes cantidades de fentanilo y pastillas de medicamentos controlados como Adderall y Xanax, además de Ácido Lisérgico (LSD), marihuana y hongos alucinógenos, además, de al menos $100,000 dólares en efectivo durante una redada.
Los acusados distribuían las drogas en el propio campus de la Universidad de Texas, en Austin, así como en otras áreas de la ciudad desde abril de 2019, según las investigaciones.
Gregg Sofer, fiscal federal del Departamento de Justicia, indicó que el grupo, que incluye a ocho antiguos y actuales estudiantes de dicha institución, vendía las drogas mediante redes sociales y además mezclaba pastillas con fentanilo y otras sustancias.
“No se equivoquen al respecto. Estas no son píldoras fabricadas y probadas cuidadosamente por compañías farmacéuticas reguladas y confiables. Durante el curso de la investigación, dos de los sospechosos murieron por sobredosis de drogas“, dijo el fiscal Sofer.
“Cuando los universitarios desprevenidos y otros buscadores de drogas se llevan estas pastillas a la boca, están jugando a la ruleta rusa. Están apostando a que los traficantes de drogas con fines de lucro no colocaron dosis letales de productos químicos desconocidos o fentanilo en estas pastillas”, advirtió.
Uno de los detenidos es el inversionista inmobiliario de Austin, Benny Daneshjou, de 68 años, quien, según la policía, ayudó al grupo a comprar viviendas para almacenar drogas y para lavar dinero.
Los investigadores creen que las ventas del grupo superan el millón de dólares.
Los arrestados incluyen a Varun Prasad de Austin, de 23 años; Charles Zenker de Houston, de 26 años; Benny Daneshjou, de 68 años, de Austin; Ashley Larue, de Austin, de 26 años; Drew Zarate de Austin, de 21 años; Christopher Edwards, de 32 años, de Portland, Oregón; Jacob Schelling, de Cypress, de 21 años; Madison Scott de Houston, de 22 años; Adrian Andreescu, de Plano, de 21 años; Nikit Shingari de Austin, de 21 años; Nolan Fogleman de Austin, de 21 años; Samuel Parry, de Austin, de 23 años; y Brandon Carpenter de Austin, de 27 años.
Todos están acusados de conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas. Las autoridades identificaron a Varun Prasad, actual estudiante de la Universidad de Texas, como el líder de la banda.
Prasad, Daneshjou, Larue y Zarate también están acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales (lavado de dinero), informó Steven Whipple, agente especial de la DEA.
“La sobredosis de drogas es una de las principales causas de muertes prevenibles relacionadas con lesiones en nuestra nación. Esta operación coordinada de aplicación de la ley desmanteló una empresa responsable de la distribución de productos farmacéuticos falsificados que contenían fentanilo y metanfetamina, pero que se fabricaban clandestinamente para imitar los productos farmacéuticos recetados Oxycodone y Adderall.
“Vimos estudiantes de matemáticas, química y psicología que decidieron convertir sus talentos en esta operación ilícita”, dijo Whipple.
“Advertimos a las personas que nunca consuman productos farmacéuticos a menos que tengan atención médica autorizada y se obtengan de una farmacia autorizada. Una cantidad minúscula, tan pequeña como un par de granos de sal, de algunas de estas drogas ilícitas puede provocar la muerte“, advirtió Whipple.
Algunos personajes del sexenio pasado, relacionados con posibles actos de corrupción, han encontrado la posibilidad de acogerse al criterio de oportunidad para reducir las penas que les corresponderían por sus delitos. Para alcanzar ese beneficio, basta que se conviertan en “delatores”.
La del delator es una magistratura de larguísima data. Sus orígenes se ubican en la Europa medieval del siglo XII; después, tiene una presencia más visible en la Inquisición Española o Tribunal del Santo Oficio, fundada hacia 1478 por los Reyes Católicos: Fernando e Isabel, y su descarnada aplicación se prolonga hasta 1834, en que es definitivamente abolida por las Cortes de Cádiz.
La función del delator era acusar, difamar, denunciar e inculpar. No era infrecuente que lo hiciera sin fundamentos. La autoridad, eclesiástica o civil, le creía a pie juntillas, asumiendo que actuaba fielmente en su favor y de la religión. Era un personaje realmente temible. Su palabra y su boca eran terriblemente destructivas.
Extrapolando esa figura, que se ha puesto en boga por la corrupción de años, pero que tuvo expresiones inimaginables durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, algunos de los encumbrados personajes de entonces que habrían incurrido en esa práctica, se muestran dispuestos a confesar “todo” lo que saben sobre los excesos y los abusos en los que también participaron.
La cruzada de la 4T contra la prevaricación del pasado, sobre todo el más reciente, ha puesto atención especial en la llamada Estafa Maestra y en el Caso Odebrecht, que comprenden miles de millones de pesos saqueados de las arcas públicas o provenientes de la extorsión, e involucran a personajes del más alto nivel de la anterior administración.
De esos delitos han surgido los nombres de exfuncionarios como Emilio Zebadúa, Emilio Lozoya, Rosario Robles y otros, quienes conocieron y/o ejecutaron las operaciones que constituyen uno de los más grandes atracos públicos susceptibles de documentar; y eso, sin considerar que, lo que muestran, sería apenas la punta del iceberg.
Imposibilitada para investigar sola todo lo que ocurrió, la institución competente está abriendo para algunos de los posibles inculpados la posibilidad de alcanzar beneficios que derivan del criterio de oportunidad a cambio de información consistente que la lleve a la raíz de lo que apunta a desvelarse como una amplia red de complicidades a todos los niveles que, sintetizada, configura un gobierno criminal o un cleptogobierno.
En la exhibición de traiciones, traidores y delatores, las ansias de “cantar” van de abajo hacia arriba; los subordinados, esgrimiendo la premisa de que delinquieron porque recibían órdenes, apuntan hacia sus superiores.
En ese escalamiento, la figura más importante es la del extitular de Hacienda, Luis Videgaray, quien lo era todo en el gobierno de Peña Nieto. Sobran testimonios de que su palabra era ley y que la imponía sin cuestionamientos.
Si por alguna razón el también excanciller tuviese que optar por el criterio de oportunidad, tendría que señalar al cenit de la corrupción con el mismo argumento de que “recibió órdenes”. En la cadena de corrupción, su exjefe sería el último eslabón.
Pero como según Rosario Robles contra él no dirá nada, Videgaray vive y sufrirá lo que jamás imaginó desde su otrora privilegiadísima posición. Él, inexorablemente, encarnará la sentencia latina que reza: “¡Oh Dios! ¡Cuánto me has elevado… para hacer más grave mi caída!”.
Como un territorio sin ley están varios de los municipios de la región de ‘Tierra Caliente’ en Michoacán por disputar el control del tráfico de drogas y de producción de estupefacientes.
Los involucrados en esta lucha sangrienta son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras, La Nueva Familia Michoacana y las autodefensas, quienes muchos las señalan como grupos armados del denominado Cárteles Unidos.
En los últimos meses en redes sociales se difunden mensajes y advertencias entre los sicarios de estas organizaciones criminales, sobresale más el video donde un sicario llamado ‘El Koruko’ amenaza a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, a quien le exige de la cara o se vaya de su estado.
El criminal del video supuestamente es integrante de la Nueva Familia, organización que renació gracias al apoyo que dio en el pasado su ahora enemigo mortal, ‘El Mencho’ financió a esta banda para ayudarlo a combatir a los autodefensas y ‘Los Viagras'.
‘El Koruko’ aparece armado y con el rostro cubierto mientras canta y baila; así como lanza todo tipo de ofensas sin sentido en contra del Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El "Mencho" y su primera guerra.
Fue una decisión personal de una mujer identificada como Inés, prima de Nemesio Oseguera Cervantes, causó una guerra entre cárteles y un nuevo reparto de territorios entre el crimen organizado.
De acuerdo al testimonio del ‘Tísico’, cuando los grupos eran socios, ‘El Mencho’, quien entonces formaba parte del grupo de Los Valencia, le presentó a Rosales a su prima Inés. Ambos se enamoraron y tuvieron un hijo; esa relación personal impulsó la relación de negocios entre los Valencia (quienes se hacían llamar el Cártel del Milenio) y el Cártel del Golfo.
Sin embargo, la prima de ‘El Mencho’ traicionó a Rosales y se enamoró de Armando Valencia, lo que provocó una violenta ruptura con el Cártel del Golfo.
Rosales recibió el apoyo de Cárdenas, quien mandó a ‘Los Zetas’ para terminar con la familia Valencia, mismos que al perder la guerra se exiliaron en Jalisco.
Al reagruparse se acercaron a Ignacio ‘Nacho’ Coronel para aliarse con el Cártel de Sinaloa. Y fue justo este contacto el que empoderó al Cártel del Milenio, y dio origen al CJNG.
‘El Mencho’ se alió con los hermanos González Valencia, ‘Los Cuinis’, para vengar a la familia y comenzar una cacería contra ‘Los Zetas’.
Masacres como las ocurridas en Veracruz contra presuntos integrantes del ex brazo armado del Cártel del Golfo fueron los cimientos del llamado grupo criminal del sexenio de Enrique Peña Nieto.
En Pemex no se predica con el ejemplo. La información oficial revela: adjudicaciones directas, simulación en las licitaciones, contratación con empresas fantasma y preferencia por empresas de reciente creación.
Los procesos de compra discrecionales son muy frecuentes en la paraestatal, particularmente para las transacciones más elevadas. De diciembre 2018 a octubre 2020, Pemex reporta 2,860 transacciones (agrupadas en 2775 contratos) por un monto de más de $289 mil millones de pesos. De estos poco más de 84 mil millones (29%) fueron vía adjudicación directa y casi 95 mil millones (33%) vía invitación restringida.
Los cinco contratos más grandes de Pemex y sus empresas productivas fueron otorgados a través de invitaciones restringidas o adjudicaciones directas: la adquisición de las pipas por parte de Pemex Logística, los contratos para la Refinería de Dos Bocas por PTI Infraestructura y Desarrollo (la empresa encargada de llevar a cabo todo el procedimiento de contratación para la refinería) y los principales contratos para servicios de perforación otorgados por Pemex Exploración y Producción. Tan sólo estas cinco transacciones suman más de $49 mil millones de pesos.
El resto fue otorgado mediante concurso abierto, es decir, por licitaciones abiertas. Pero estos procesos no parecen ser ejemplo de que la competencia para lograr el mejor precio/calidad se esté promoviendo. El estudio “Riesgo de Corrupción en los Procedimientos de Contratación de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas” de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sobre las compras de Pemex de diciembre 2018 a octubre 2020 muestra que también las licitaciones están plagadas de irregularidades.
Si solo un participante se presenta al concurso, o si los mismos participantes ganan de forma sistemática frente a las mismas empresas algo o mucho hay de simulación. El estudio registra un total de 260 transacciones por concurso abierto en las cuales el mismo proveedor compite una y otra vez contra las mismas empresas y tiene una tasa de éxito inusualmente alta. Las 260 transacciones están asociadas siempre a las mismas 37 empresas y suman casi 30 mil millones de pesos.
Así, en la principal empresa productiva del Estado mexicano no sólo no hay los filtros adecuados para seleccionar a las empresas, sino que, se favorecen la opacidad, la discrecionalidad y la simulación de competencia.
En el Centro Histórico hoy día se libra una guerra. Los grupos criminales pelean por apropiarse de sus calles y corredores, para controlar las ganancias que genera el espacio comercial y financiero más importante de México e incluso Latinoamérica. Y esa batalla, como soldados y carne de cañón están siendo colocados menores de edad, armados y dispuestos a matar o morir, revelan informes de las autoridades a los que tuvo acceso ejecentral.
Esta zona es considerada la joya de la corona en el ámbito criminal, por su valor económico. Sólo en la alcaldía de Cuauhtémoc se hospedan, anualmente, la mitad de los turistas que visitan la ciudad al tener el 56% de los hoteles; además, concentra 4 de cada 10 restaurantes, el 36% de la infraestructura económica (desde la Casa de Bolsa, las oficinas centrales diferentes empresas y casi el 20% de los bancos capitalinos), incluso el 40% de las instalaciones culturales de toda la ciudad.
Los datos de los censos económicos de 2019 del Inegi colocan a Cuauhtémoc como el municipio que más contribuye al valor agregado del país con un 8.7%, lo que representa un crecimiento de 1.5% respecto al 2014, y que sitúa a esta localidad como la única con un porcentaje superior a los 5.5 puntos. Es decir, sólo esa demarcación es la séptima economía del país y significa más del 20% de del PIB de la Ciudad de México.
Y es en este escenario que los grupos criminales mantienen como punto neurálgico de sus operaciones de: comercio de piratería, drogas y armas; así como el cobro de piso. El crecimiento de estas organizaciones es tan importante, que han desplazado a los antiguo liderazgos de comerciantes establecidos y ambulantes, para convertirse en los que permiten el flujo comercial del Centro Histórico y sus corredores aledaños que se extienden y conectan, principalmente, con la alcaldía Venustiano Carranza. El perfil violento de estos grupos se ha incrementado, porque es la forma en que han logrado este sometimiento: utilizando como herramienta las amenazas, los golpes, secuestros y homicidios.
Este periódico revisó los datos oficiales sobre la incidencia delictiva y se muestra, por la cantidad de víctimas de los delitos de alto impacto en las principales colonias y calles del Centro capitalino, que la desmovilización social y la parálisis económica a causa de la pandemia por Covid-19 no ha desincentivado la operación de al menos cinco principales células criminales que se tienen identificadas en la zona declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, muestran también documentos elaborados por autoridades capitalinas y federales, corroborados por fuentes de primer nivel.
De acuerdo con las investigaciones de la policía capitalina, los grupos criminales pueden cobrar, por extorsiones, desde 100 hasta 500 pesos diarios al comercio informal; mil hasta cinco mil pesos semanales a comercios formales, dependiendo la fecha y el giro o ubicación; y por un secuestro exprés de 20 a 50 mil pesos. Y esto, es sólo una muestra.
Cosa de menores
La más importante transfiguración del Centro Histórico es que, de acuerdo con un detallado trabajo de investigación de las autoridades capitalinas, las células delictivas que ahora mantienen una alto nivel de violencia, con homicidios dolosos, narcomenudeo, robos y extorsiones, se conforman por jóvenes delincuentes, que a su vez lideran a otros de menor edad, es decir, niños y adolescentes, en su mayoría provenientes de zonas marginadas, sin experiencia y deslumbrados por el estilo de vida de sus reclutadores.
Precisamente el hecho de que la renovación de estas células delictivas se vea mayormente engrosada por este tipo de jóvenes marginados, maleables y que, al tratarse de adolescentes menores de edad las encomiendas que se les otorguen, además de las comunes como son las funciones de halconeo (vigilancia) y distribuidores de droga, sino incluso de sicariato, pues en su carácter de inimputables cuando son detenidos están conscientes de que sólo serán acreedores a una pena mínima.
El resultado de la operación de estos novatos liderazgos en las estructuras, dando lugar a la proliferación de “bandas cada vez más violentas, desorganizadas y fragmentadas en busca de poder y reconocimiento”, señala el informe consultado. El resultado se refleja en que ahora las calles del Centro Histórico sean consideradas un foco rojo de inseguridad y violencia, según lo reflejan los propios datos oficiales.
Muestra de este reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de organizaciones criminales como La Unión de Tepito, tras la caída de sus principales líderes quedó evidenciada a inicios del mes pasado cuando la madrugada del 1 de noviembre, un sujeto identificado como Eduardo Zúñiga, señalado por las autoridades como presunto integrante de esta organización criminal, fue detenido por policías capitalinos en calles del Centro Histórico, al ser sorprendido trasladando restos humanos en cajas a bordo de un ‘diablito’ de carga.
Los cuerpos de las víctimas correspondían a Alan Yair y Héctor Efraín, de 12 y 14 años respectivamente, dos adolescentes indígenas mazahuas, que vendían dulces, que habían sido reportados como desaparecidos desde el 27 de octubre.
La probable vinculación de los menores desaparecidos y asesinados, cuyo destino final según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia capitalina lo tuvieron en el número 49 de la calle de República de Chile, con actividades de narcomenudeo fue confirmada por la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“Es un caso sumamente lamentable en la Ciudad, se tienen detenidos y se están en este momento procesado otras detenciones, y la Fiscalía dará mucha más información sobre este caso en particular, que tenía que ver con un tema de narcomenudeo, parece ser”, refirió la Jefa de Gobierno el pasado 4 de noviembre, después de que la FGJ-CDMX confirmó el vínculo entre la desaparición de los menores, y los cuerpos que traslada el sospechoso detenido sobre la calle República de Chile, en la misma colonia Centro donde fueron vistos por última vez Alan y Héctor.
La atomización del caos
Días después del impacto que generó el hallazgo de los restos de los menores que fueron victimados en las calles del Centro Histórico, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reconoció que al menos cinco células criminales, derivadas de la escisión de agrupaciones antiguas y la detención de varios de sus principales cabecillas, se mantienen activas en la zona centro de la CDMX.
Identificados como los principales generadores de violencia en las calles del primer cuadro de la capital, los integrantes de estas escisiones dedicadas principalmente al cobro del ‘derecho de piso’ a comerciantes ambulantes y negocios establecidos, extorsiones, robos en distintitas modalidades, así como el despojo de propiedades, secuestros y asesinatos realizan la comisión de estos delitos a nombre de la Unión de Tepito; aunque la conformación de las mismas se derivó de integrantes de menor rango.
“Tenemos cinco o seis grupos independientes que operan en el Centro Histórico, no todos son Unión Tepito. Tenemos primero varias escisiones de La Unión, tenemos células que eran originalmente parte de la Unión Tepito que ahorita se dividen en una conocido como Fabián de la Ronda 88, dedicado a la venta y distribución de droga que era y en su momento fue una célula de la Unión Tepito”, detalló el Jefe de la Policía capitalina, el 10 de noviembre pasado.
Ese día, a través de una videoconferencia, García Harfuch informó que además de dicha célula dedicada al despojo de inmuebles y asesinatos, los otros liderazgos visibles en estas ramificaciones de La Unión Tepito se mantiene la operación de los familiares de Oscar Andrés Flores Ramírez apodado “Lunares”, quien originalmente antes de asumir el liderazgo del grupo, era identificado como el encargado de la importación de droga desde Sudamérica hasta la Ciudad de México, centrando su control en buena parte del Centro Histórico.
A estos nuevos liderazgos se suman también los sujetos apodados como “El Chori”, “El Barbas” y “El Dylan”, entre quienes refirió el titular de la SSC se encuentran los probables responsables de la desaparición, tortura, y homicidio de los adolescentes Alan y Héctor; así como de coordinar las labores de narcomenudeo, y extorsiones.
Ostento. Óscar Flores Ramírez Lunares, otrora líder de la Unión de Tepito y quienes integraban su círculo de seguridad se exhibían por las calles de Tepito viajando en convoy en vehículos tipo racer. Uno de sus bastiones fue ubicado en Peralvillo #33, donde se aseguraron grandes cantidades de droga y armas de fuego.
Además de los familiares y cercanos a “El Lunares”, otra de las células con liderazgos más antiguos es la que encabeza Lenin Jonathan Canchola Martínez alias “Lenin”, quien, de acuerdo con las indagatorias de la SSC, tras la detención de Oscar Andrés Flores, en Hidalgo el pasado 8 de febrero de 2020, Lenin ha optado por intentar recuperar el control del narcomenudeo, la piratería y el resto de actividades delictivas en el Centro Histórico, mediante el reclutamiento de menores de edad.
Bajo la denominación de 3AD (Tercera Acción Destructiva), la fragmentación liderada por El Lenin Canchola, actualmente prófugo, mantiene presencia en la venta de droga, y la comisión de secuestros y extorsiones, además del Centro de la ciudad, en las alcaldías de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde incluso está bajo indagatoria la vinculación que el presunto delincuente asentó con autoridades en ambas demarcaciones.
Esta línea de investigación se mantiene activa luego de que fue detenido Marcos Posadas Moreno apodado El Beteta, señalado como integrante de otra célula conocida como Los Claudios e identificado como operador de Canchola Martínez, quien se desempeñaba, hasta octubre pasado, como director de Conservación Ecológica en la alcaldía de Cuajimalpa, cargo mediante el cual, Posadas Moreno supuestamente metió a laborar a varios cercanos de El Lenin a la alcaldía, entre otras actividades.
“Ese sujeto (Marcos Posadas) utilizaba su cargo para colaborar con el grupo delictivo, utilizando vehículos institucionales y recursos públicos”. Se encargaba de conseguir prestanombres para adquirir o arrendar inmuebles utilizados por Lenin Canchola Martínez, principalmente en Cuajimalpa, Ciudad de México y la zona de Huixquilucan y Lerma, en el estado de México”, indicó el reporte de las autoridades del 9 de octubre cuando fue detenido el exfuncionario en un operativo conjunto entre las autoridades capitalinas y la Secretaría de Marina.
“Aquí, lo relevante es que en todas y cada una de estas células que tenemos identificadas ha habido detenidos, no ha habido una sola en la que no tengamos detenidos y la que no haya sufrido un debilitamiento, de ahí la atomización de estos grupos. Mientras más se atomizan es más fácil detenerlos posteriormente, aseveró García Harfuch a inicios de
noviembre.
Centro de crimen y pillaje
En Cuauhtémoc viven más 532 mil personas, de acuerdo al Inegi. Y aquí la esperanza de vida es la más baja de todas las alcaldías, incluso que el promedio toda la ciudad. En esta delegación se reportan pocos nacimientos, apenas el 5.7% de toda la capital, pero aquí el 9% de las personas que mueren, sea por causas naturales o no, es de las más altas, sólo detrás de Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Y es aquí donde se concentra el 39% de los mercados públicos y la mayor cantidad de vecindades de toda la capital, lugares que en muchos de los casos sirven como escondites, centros de almacenajes de productos ilegales o centros de operaciones de las células.
Y no sólo eso su conexión con la ciudad y las rutas de salida es la más importante. Cuenta con 42 de las 195 estaciones del Metro, que pertenecen a seis de las 12 líneas de la red, lo que facilita una interconexión única; sin considerar las 51 estaciones, de 198, del Metrobús
Respecto a otros indicadores económicos importantes, durante 2019, Cuauhtémoc sumó, tomando en cuanta todos sus sectores, una producción total bruta superior a los 14 billones de pesos, lo que representa un 28.13% de lo obtenido por la Ciudad de México en el mismo periodo de tiempo.
Además, esta alcaldía mantuvo el primer lugar en personal ocupado nivel nacional con 3.2%, cifra que representa una disminución de .2 puntos respecto a los indicadores de 2014; de manera paralela, la industria con mayor valor agregado dentro de esta entidad es la de preparación de alimentos y bebidas, que se posiciona a la cabeza frente a otras localidades.
Pero el dato más revelador: Cuauhtémoc reportó ingresos totales por 20 billones de pesos durante 2020, cifra que corresponde a una quinta parte de las ganancias percibidas en la Ciudad de México, y que coloca a esta localidad como la de mayores retribuciones a nivel nacional.
Así, al ser considerada esta zona como uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, donde se comercializan todo tipo de productos, se atrae grandes cantidades de personas de diversas partes, no sólo de la capital, sino del interior del país, tanto por el comercio formal como informal. Para las autoridades no hay duda, las calles del Centro Histórico se han consolidado como el punto central para la venta y distribución de droga, toda vez que resulta más fácil camuflajear la venta de productos ilícitos ante la saturación de comercios y personas.
Muestra de esta latente actividad delictiva se vio reflejada en 2019, que la Ciudad de México superó la tasa nacional por cada 100 mil habitantes de víctimas de feminicidio, secuestro, extorsión, así como de la incidencia de robos a casa habitación y robos a transeúnte; hasta el 20 de noviembre de este año, la misma situación prevalecía en el caso de víctimas de feminicidio, y de robos a transeúnte.
›Hasta el tercer trimestre de este año (enero-septiembre) las calles de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc encabezaron la mayor cantidad de carpetas de investigación por robo con violencia abiertas en ese periodo, con un total de 109; seguidas de la colonia Doctores, en la misma demarcación con un total de 60 carpetas. El Centro fue la única zona de la ciudad que superó el centenar de investigaciones por este delito.
Lo mismo ocurrió en el caso de los robos a transeúnte donde la colonia Centro registró 192 expedientes, y en la Doctores sumaron 65. El reflejo de la alta criminalidad, de acuerdo con las cifras que proporciona la propia Fiscalía capitalina, advierte que en la alcaldía Cuauhtémoc se ubican cinco de las 10 colonias que más robos a transeúnte se registraron en ese lapso.
Además de la revelación de las cifras oficiales, la intrínseca vinculación entre el alza delictiva y la evolución de la operación de grupos criminales en la zona del Centro Histórico como lo es La Unión de Tepito y sus múltiples escisiones, con el aumento de otros ilícitos como lo el contrabando, quedó de manifiesto en el informe titulado “Piratería en México, diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales”, en el que el Observatorio Nacional Ciudadano vincula la avance histórico del mercado de Tepito como un sitio en donde se han desarrollado actividades comerciales informales de tipo lícito e ilícito.
“Dentro de estas últimas se encuentra la venta de drogas, armas y piratería. En el marco de esta dinámica es posible ubicar el origen de La Unión Tepito entre 2009 y 2010, que surgió con el objetivo de proteger a los comerciantes de Tepito y del Centro Histórico de robos y extorsiones acorde con la narrativa del grupo delictivo. Sin embargo, más bien se ha identificado que este grupo se ha dedicado a controlar la venta de drogas y otro tipo de bienes ilícitos”, indica el análisis en el que, de acuerdo con diversas fuentes, se señala a este grupo como “uno de los grandes controladores de piratería en México”.
En este sentido, apunta el informe del ONC, “conviene tener presente que en el mercado notorio controlado mayormente por ese grupo delictivo se venden distintos tipos de productos originales, robados y falsificados que pueden ser pilas, rastrillos, champús, ropa, calzado, discos compactos, DVD, relojes, bolsas, lentes, juguetes, alimentos, medicamentos, vitaminas, entre otros”.
De manera focalizada, la estadística de la incidencia de algunos de los principales delitos de alto impacto refleja que esta se desborda en ciertas calles del primer cuadro. Tal es el caso de la calle de Lecumberri, en la colonia Centro que abarca la alcaldía Venustiano Carranza en la que se concentra la mayor incidencia de narcomenudeo, tanto por posesión simple como el narcomenudeo con fines de venta, comercio y suministro.
La calle de Correo Mayor concentró con más 600 víctimas en 2019 la incidencia de robos a transeúnte con violencia; hasta octubre de este año esa misma vía ya acumula la mitad de las víctimas que se contabilizaron el año pasado. Sobre Balderas se advierte un mayor riesgo de sufrir un robo con violencia, pues el año pasado cerró con más de 260 casos.
Mientras que en el caso de la extorsión y tentativa de extorsión se mantiene focalizada en las calles de Plaza de la Constitución, Palma, República de Uruguay, Francisco I. Madero, Mesones, y Balderas, donde se concentran muchos de los locales y comercios ambulantes que micro, pequeños y medianos comerciantes que padecen el llamado cobro de piso, que consiste en pagar una cuota en efectivo a los cobradores, a cambio supuestamente de no atentar contra su negocio o su clientela.
La (des) unión de tepito
Desde su conformación, entre los años 2009 y 2010, teniendo como principal antecedente conocido la reunión que en mayo de 2010 habría convocado Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, detenido el 30 de agosto de ese mismo año, el surgimiento y evolución de La Unión Tepito se ha trastocado por innumerables rompimientos y pugnas internas derivadas de traiciones al interior del grupo criminal, que en suma con los golpes que las autoridades le han asentado con la detención de sus iniciales líderes, ha provocado que actualmente los remanentes de esos liderazgos se hayan expandido de manera violenta y hasta cierto punto belicosa.
Mensaje oficial. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la CDMXaseguró que el grupo conocido como Fuerza Antiunión de Tepito está casi extinto. Foto: Cuartoscuro
Fue entre 2009 y 2013, cuando este grupo criminal que surgió del supuesto pacto por unificar a los diferentes grupos y familias que se dedicaban al narcomenudeo en la zona, particularmente en le conocido como el Barrio Bravo de Tepito, que empezó a encaminar sus actividades hacia la comisión de secuestros, el robo en diferentes modalidades, la venta de piratería, el tráfico de armas y la extorsión a comercios en especial a los bares y centros nocturnos en Polanco, Zona Rosa, La Condesa, La Roma e Insurgentes.
Las efímeras alianzas se desdibujaron desde el inicio. De acuerdo con el antecedente que han documentado las autoridades el fortalecimiento e incremento de las actividades ilícitas fue la causa de las primeras riñas en busca del poder y liderazgo, generando una primera ruptura entre Francisco Javier Hernández Gómez alias “Pancho Cayagua”, en contra de Roberto Moyado Esparza apodado “El Betito”, derivado de lo cual Hernández Gómez es asesinado el 11 de octubre de 2017, siendo Roberto Moyado señalado como el principal artífice del homicidio.
Tras la caída de Pancho Cayagua, y ahora bajo el liderazgo de El Betito, quien a lo largo de su historial delictivo ha ocupado diversas identidades para confundir a las autoridades, La Unión de Tepito se fragmentó en cinco células que recayeron en igual número de líderes: una de ellas la encabezó David García Ramírez “El Pistache”, la cual estaba conformada por jóvenes en su mayoría no originarios de Tepito, quienes detonaban un alto perfil adquisitivo, viviendo en departamentos de lujo y trasladándose en vehículos de lujo.
Dentro de esta célula, quien fungía como la mano derecha de “El Pistache” era Daniel Eduardo León Cifuentes alias “Tiger”, ambos detenidos junto con otros cuatro integrantes del grupo, luego de un operativo de octubre de 2018 en el que las autoridades lograron asegurar cuatro domicilios con armas y municiones de grueso calibre, droga, celulares, entre otros objetos.
Otra de esas células era de la que estaba a cargo Pedro Ramírez Pérez apodado “El Jamón”, señalado como coordinador de la venta y distribución de droga en la zona de Tepito, así como del cobro de piso a comerciantes y locatarios, quien en mayo de 2019 fue detenido como parte de operativos simúlatenos de la entonces Agencia de Investigación Criminal.
Como parte de esos operativos en la Ciudad de México y partes del estado de México también se logró la detención Jorge Flores Conchas “El Tortas”, identificado por las autoridades como líder y fundador del grupo delictivo denominado “Fuerza Anti-Unión de Tepito”; además de Aldo Jesús Azcona Cortés “El Enano” señalado como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la CDMX.
Al dar a conocer la suma de 18 detenciones de objetivos prioritarios, el secretario García Harfuch aseguró que el grupo conocido como la Fuerza Anti-Unión Tepito, cuyo último líder visible era Jorge Flores Conchas, “es de los grupos más débiles que tenemos”, refirió el funcionario el 10 de noviembre.
›Oscar Andrés Flores Ramírez alias “Lunares”, encargado de dirigir las operaciones de importación de droga desde Sudamérica hasta la Ciudad de México, y quien asumió el liderazgo de la organización tras la detención de El Betito, se encargaba de otra de las células.
Según la información de inteligencia de las autoridades, el poder del también apodado “Lunetas” y/o “Lunar” recaía en que era el único que surtía de droga a todos los integrantes, motivo por el cual durante el auge del “Betito” nunca operó el narcomenudeo si no solo la distribución, lo que le permitió contar con una alta capacidad de recursos que a su vez utilizó para sobornar a autoridades.
Flores Ramírez mantenía con otro de los que también encabezaba una de esas principales células, la liderada por Lenin Jonathan Canchola Martínez “El Lenin”, quien con apoyo de bandas locales como los Malcriados 3AD y Los Claudios, dirigía las operaciones de la Unión de Tepito, principalmente en Álvaro Obregón y Cuajimalpa, donde mantenía el control del narcomenudeo, los secuestros y las extorsiones. A la fecha, Jonnathan Canchola no ha sido detenido.
Una quinta célula era la conformada por el grupo encargado del cobro de piso y extorsiones a comerciantes del Centro Histórico. La cual terminó por convertirse en el punto de quiebre entre los diferentes subgrupos y bandas locales antagónicas en la zona, que derivó en los constantes asesinatos en las calles del Centro, principalmente de los encargados de coordinar dichas actividades para “La Unión de Tepito”.
Tras la detención de esos líderes, conformados en el auge del grupo, los remanentes quedaron a cargo de jóvenes inexpertos en delincuencia organizada, y varios de ellos por familiares y colaboradores de menor rango de quienes dirigían las operaciones.
Sin embargo, apunta una de las fuentes consultadas, “al no contar con la capacidad de controlar ni de organizar a otros grupos delictivos fuera de su territorio, reclutan entre sus filas a personas más jóvenes que ellos, en situación vulnerable, ya que son los únicos sobre los que pueden tener cierto control, ya sea bajo a amenaza de agredirlos sino hacen lo que les obligan a hacer u ofreciéndoles una remuneración económica que a su corta edad no podrán alcanzar a tener”.
Actualmente la Unión de Tepito se ha fragmentado al grado de que el control de los diversos delitos que se cometen en la zona centro de la Ciudad, se mantiene por la pugna que se mantiene avivada por la pelea del control de pequeños territorios, incluso intentado mantener el control en solo tramos de calles, sin líderes a quienes reportarles.
“Dichos residuos no cuentan con la capacidad de organización para controlar más, quedando sin la capacidad económica suficiente para la corrupción de autoridades, ni con influencia sobre otros grupos delictivos para formar alianzas u organizarse, ni para desplazarlos, por lo que solo les queda cometer delitos menores como robo y mantenerse del narcomenudeo en sus pequeños territorios”, refiere uno de los funcionarios consultados.
A finales de noviembre, estos residuos de La Unión Tepito resintieron la detención de 15 de sus operadores, encargados del narcomenudeo e intentar mantener a flote el resto de las actividades para mantener a flote al debilitado grupo. La operación que se derivó en el cateo de nueve domicilios en cinco colonias de la alcaldía Cuauhtémoc fue luego de la detención de Lizeth Yuridia Juárez “La Chofis”, una de las presuntas operadoras.
A la cual se sumó la detención de Dionisio Flores Valle “Nicho”, padre de Óscar Andrés Flores “El Lunares”, quien se mantenía dentro de la estructura como presunto operador logístico y financiero. El martes de esta semana el papá de El Lunares detenido el pasado 24 de noviembre como parte de un operativo en la colonia Morelos, fue vinculado a proceso por los delitos de cohecho, contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
“La lucha por el control de los tramos de calle o esquinas de venta de droga es por las ganancias de estás general, ya que entre más puntos de venta de droga controlen perciben mayores ganancias, pero al no tener la capacidad de corromper autoridades, buscan controlar mediante la violencia, es decir, mediante agresiones físicas, como por ejemplo, tablear a integrantes de grupos antagónicos y a víctimas de extorsión, mismo método de control utilizado incluso en integrantes de su misma célula, como medida disciplinaria, generando así un ambiente cada vez más violento entre ellos, incluso llegando a los extremos”, revela el documento.
Fuente.-Elizabeth Velázquez, Jonathan Nácar y María Idalia Gómez /
En cuestión de un año, Alicia Rodríguez aprendió que donde la tierra es blanda y se percibe un “aroma fuerte”, podría haber una fosa clandestina. Esas pistas le sirvieron para encontrar a su esposo, Moisés Ramírez, desaparecido en Sinaloa el 16 de octubre de 2019.
Moisés fue sustraído de una casa junto con otras tres personas en el municipio de Ahome y desde ese momento no se supo nada de él. El celular de la víctima estuvo encendido horas después de lo ocurrido, pero la policía municipal no se movilizó y aquel rastro se perdió.
El día en el que Moisés desapareció portaba dos playeras, un pantalón negro y unos tenis blancos. Toda esa ropa la encontró Alicia el 22 de octubre de 2020 en un esqueleto, en un terreno abandonado. Sólo así supo que se trataba de su pareja.
Como este caso ha habido muchos más en los primeros dos años del actual sexenio. Según datos oficitre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de diciembre de 2020, en promedio, desaparecieron 19 personas a diario.
La versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), elaborado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, indica que durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo 8 mil 717 víctimas; en el segundo, 5 mil 826. En total suman 14 mil 543.
Aunque no especifica cómo ocurrió cada desaparición, el RNPDNO confirma que algunos casos fueron cometidos por particulares (bandas delictivas) y otros por autoridades.
Las 14 mil 543 desapariciones registradas con el presidente Andrés Manuel López Obrador superan a las mil 677 que hubo en los primeros dos años de gestión del panista FelipeCalderón —en esa época los crímenes apenas comenzaban— y las 9 mil 104 del priista Enrique Peña Nieto.
Los estados donde hay una mayor cantidad de desapariciones son Jalisco, con 3 mil 547 casos; Guanajuato, mil 231; Sonora, mil 215; Tamaulipas, mil 214; Ciudad de México, mil 195; Nuevo León, 834; Sinaloa, 816; Michoacán, 763; Guerrero, 466, y Chihuahua, 401.
Colectivos de familiares de víctimas consultados para este trabajo consideraron que las desapariciones siguen ocurriendo porque las autoridades estatales y municipales, que tienen el primer contacto con las víctimas, no poseen una estrategia de prevención y atención.
“La desaparición de mi esposo nos hizo ver la inseguridad en la que vivimos. A cualquier persona le puede suceder, esto me va a dejar marcada para toda la vida”, comenta Alicia, quien después de haber encontrado a su pareja, aún participa en actividades de búsqueda con el colectivoRastreadoras por la Paz en Sinaloa.
A Alicia le cambió la vida por completo con la desaparición de Moisés. Cuando esto ocurrió ellos tenían el plan de tener un segundo hijo y comprar una casa. Pero ella sabe que no es la única que ha sufrido una pérdida, todavía en los grupos de Facebook o en chats de WhatsApp en los que participa se siguen reportando desapariciones en todo Sinaloa.
“Las autoridades deben actuar rápido cuando haya una desaparición, porque cuando les llega una denuncia la dejan, no se movilizan pronto. Con lo de mi esposo, su celular estaba prendido y lo pudieron haber rastreado, pero no lo hicieron”, lamenta.
Disputas criminales: otro factor
Uno de los principales objetivos del actual gobierno es acabar con las desapariciones. Así lo dijeron autoridades federales el 24 de marzo de 2019, cuando reinstalaron el Sistema Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional, pero a casi dos años de esa promesa, la meta no se ha cumplido.
Hablar de desapariciones en México también es hablar de crimen organizado y las disputas entre bandas delictivas. Esto lo saben bien las familias de Guanajuato y Jalisco, entidades federativas donde este crimen se ha concentrado en los últimos dos años y donde operan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL).
Patricia Barrón relata cómo el 1 de junio de 2019 en Irapuato, Guanajuato, un comando armado compuesto por seis hombres se llevó en dos camionetas a su hijo de 17 años, Kevin Damián Martínez Barrón, y a su pareja de 35 años, Juan Rodríguez.
Los criminales, quienes dijeron pertenecer al CJNG, se pusieron en contacto con Patricia para pedirle un rescate, y aunque ella entregó el dinero prometido, sus familiares nunca volvieron
“En Guanajuato hay puntos rojos bien ubicados donde las autoridades no hacen nada, mientras nosotros estamos desesperadas”, comenta Patricia.
Los guanajuatenses no sólo viven un terror por las desapariciones, también saben que caminan sobre los muertos que ha dejado la rivalidad entre el CJNG y el CSRL. A finales de octubre, Patricia y otros colectivos de víctimas encontraron una fosa clandestina con 77 cuerpos en el municipio de Salvatierra.
Pero antes de eso habían encontrado más cuerpos en un lugar llamado La Presa del Conejo, en Irapuato; en la Cañada de Caracheo, en Cortázar, en Acámbaro y Yuriria. Además, los integrantes del colectivo Una Luz en mi Camino, al que pertenece Patricia, dicen tener identificados al menos otros 25 puntos.
“No es posible que haya tantas personas muertas en un solo lugar y las autoridades no sepan nada, les pedimos que se toquen el corazón y realicen su trabajo”, concluye Patricia.
Desde que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa inició una infructuosa y sangrienta guerra contra el narco en 2006, los abusos de fuerza cometidos por soldados y marinos (detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales) han incrementado sin freno hasta la actual administración.
Entre el 1 de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha estado involucrada en 4,737 enfrentamientos en total. De esos hubo un total de 3,998 civiles detenidos, 4,809 civiles fallecidos y 697 civiles heridos, según un conteo de Intersecta.
Del lado de los militares, sin embargo, hubo 1,661 heridos y 284 fallecidos.
Lo anterior se traduce en que por cada civil detenido en los enfrentamientos de la SEDENA, en promedio fallecieron 1.2 civiles; por cada civil herido en los enfrentamientos fallecieron 6.9 más y por cada militar muerto fallecieron 16.9 civiles.
¿Qué revela esta información? Que en los enfrentamientos, en promedio, mueren más civiles de los que son detenidos.
Según Intersecta, si se analiza la tasa entre civiles fallecidos por cada civil detenido, con Andrés Manuel López Obrador, es de 1.5 a 1, mientras que con Calderón era de 1.2 a 1. En este último indicador, la razón en los enfrentamientos del sexenio de AMLO ha incluso superado a la de su antecesor Felipe Calderón. En otras palabras: en lo que va del sexenio de López Obrador, en los enfrentamientos, mueren más civiles que los que son detenidos, en comparación con Calderón.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) muestra que entre enero de 2015 y septiembre de 2016 se registraron los siguiente reclamos en contra de militares: 37 quejas por privación de la libertad, 12 por desaparición forzada, 36 por tortura y 372 por trato cruel e inhumano.
El Ejército y la Marina en México desempeñan desde 2006, como parte de la guerra contra el narcotráfico, funciones que deberían estar a cargo de las policías civiles, sin que existan leyes adecuadas que limiten el uso de la fuerza. La crítica principal de organismos nacionales e internacionales a la incursión de las fuerzas armadas en estas actividades es el riesgo de la violación a los derechos humanos.
Amnistía Internacional y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo llevan décadas denunciando graves violaciones de derechos humanos en México y en el estado de Tamaulipas, muchas veces a manos de integrantes de las fuerzas armadas.
En muchos casos las autoridades suelen culpar a las víctimas, pintándoles como sicarios o miembros del crimen organizado. Y a sus familias las tratan con desprecio y les dicen que no tienen derecho de reclamar justicia.
Parte del problema estriba en la mala regulación que hay sobre el uso de la fuerza. Si bien el año pasado el Congreso expidió la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnó.
Los militares mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, lo cual atenta contra los esfuerzos de México para combatir la violencia producto del narcotráfico y para mejorar la seguridad pública.
