La mañana de ayer lunes,durante una ceremonia en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, al sur de Saltillo en Coahuila,tomó protesta el nuevo Comandante de la Sexta Zona Militar, el General Guillermo Alberto Nava Sánchez,quien fue fue Director de la Operación de Seguridad Mexiquense, en el Estado de México y sustituye al General Enrique Covarrubias López como cabeza de los militares en el territorio de Coahuila,permeado por la influencia del grupo criminal de los Zetas.
Y es que,de 2011 a 2012, cuando este mismo grupo de criminales se enseñoreaban al norte de Coahuila y cometian cientos de asesinatos en la entidad ,entonces gobernada por Humberto Moreira a quien se acusaba de la colisión que permitió la instauración del un autogobierno en el Cereso de Piedras Negras donde se cometieron cientos de asesinatos, el mandatario acuso que la responsabilidad de la seguridad en ese penal correspondía a los militares adscritos a la guarnición fronteriza, cuyo comandante era entonces el general Luis Cresencio Sandoval, hoy Secretario de la Defensa.
Durante más de tres años Los Zetas utilizaron el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras para asesinar e incinerar al menos a 150 víctimas, pero el exgobernador Humberto Moreira argumentó que la seguridad de la prisión “era de los militares”, es decir de la guarnición que encabezó, en el periodo más sangriento, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
El 15 de octubre de 2017 el sitio web de Proceso publicó el reportaje El Cereso de Piedras Negras, búnker de Los Zetas, donde se informa de los “diagnósticos” sobre el sistema penitenciario mexicano elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En esos documentos la CNDH asienta que desde 2011 hasta 2013 se advirtió a las autoridades estatales y federales que la cárcel estaba bajo el “control por parte de los internos”, que “internos ejercen violencia o control sobre el resto de la población”, “hay prostitución” y “cobros por parte de los internos para protección”, entre otras irregularidades.
José Ángel Herrera, fiscal especial para la búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila, relató a Proceso los crímenes cometidos entre 2011 y 2012. En el “Cereso, Los Zetas llevaron a cabo acciones como fabricación de chalecos, fornituras, reparación y/o desmantelamiento de vehículos”, aseguró.
Añadió que en los talleres de la prisión los internos modificaban tanques de la gasolina de automóviles, camionetas y hasta tractocamiones. Esos vehículos fueron utilizados para transportar las millonarias ganancias de Los Zetas por la distribución de cocaína en todo Estados Unidos desde Dallas, Texas.
Otra investigación, de El Colegio de México, encabezada por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán (El yugo de Los Zetas), asienta que el expediente APP 005/2014-BIS, de mil 535 folios y facilitado por la Fiscalía General del Estado, contiene las declaraciones ministeriales de 11 integrantes de Los Zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del penal: “En total 119 implicados en esta trama de venganza y muerte”.
Los internos interrogados confesaron que desde 2009 ingresaron a ese penal estatal camionetas con decenas de cadáveres, pero en ocasiones las víctimas llegaban aún vivas. En total fueron “unas 150 personas privadas de su libertad, quienes posteriormente fueron ejecutadas e incineradas en el área de talleres y carpintería”, puntualizó Herrera.
En el reportaje citado del portal de Proceso se mencionó al entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como responsable de esta situación, al menos por omisión.
En una carta de respuesta a Proceso, Moreira señaló: “Los responsables de la seguridad en el Centro Penitenciario era de los militares, a propuesta del general secretario Guillermo Galván”. Así, atribuyó las omisiones al general Luis Cresencio Sandoval González, responsable de la guarnición fronteriza desde los últimos días de febrero de 2011 y hasta los primeros del 2012, año en que se registraron más de 350 víctimas de Los Zetas en Piedras Negras, Cinco Manantiales y la Región Carbonífera del norte de Coahuila.
La misión de los militares de la guarnición que encabezaba Sandoval González era vigilar los perímetros y entrada de la cárcel. Sin embargo, no reportaron las camionetas que constantemente entraban con cadáveres y personas vivas para que fueran incineradas.
La noche del 17 de septiembre de 2012 tampoco intervinieron cuando 131 reos se fugaron por la puerta principal y abordaron tres autobuses que los esperaban para trasladarlos a un campo de entrenamiento de Los Zetas en la región del Ejido Aura, cerca del municipio de Progreso.
La masacre de Allende
Claudia Sánchez relató: “Estaba empacando porque nos íbamos a San Antonio a las cinco de la mañana para ir a un partido de futbol (americano). Gerardo iba a jugar, así que teníamos que estar ahí temprano. Gerardo y su hermana hacían tonterías afuera… Gerardo entró y me preguntó si podía ir con sus amigos. Le contesté: ‘No, Gerardo. Tenemos que empacar.’ Me dijo: ‘Anda, mamá, no me tardo’. Le dije: ‘Está bien, Gerardo, no tardes’.”
Con la venia de su madre, el adolescente Gerardo Heath, sobrino de un reconocido empresario de Coahuila, cruzó la calle de una colonia residencial de Piedras Negras y entró en la casa de sus amigos Víctor y Guillermo, hijos del empresario Víctor Cruz Requena y Brenda Saldúa Dovalina.
“Alrededor de las 10 de aquella noche (del 18 de marzo de 2011), mi marido llamó al celular de Gerardo para saber a qué hora volvería a casa. Gerardo no respondió. Mi marido llamó otra vez. Nada. Poco después tocaron a la puerta. Eran amigos de Gerardo, de la escuela. Parecían aterrorizados. Les pregunté: ‘¿Qué pasa? ¿Dónde está Gerardo?’.”
Los muchachos dijeron: “Se lo llevaron”.
“¿De qué están hablando? ¿Quién se lo llevó?”, preguntó la madre.
Los amigos dijeron que vieron a Gerardo y sus vecinos frente a la casa de éstos, cuando llegó una camioneta con hombres armados, quienes obligaron al matrimonio Cruz-Saldúa, a sus hijos y a Gerardo a abordar el vehículo y se fueron.
“Unos minutos después llamamos al alcalde de Piedras Negras. Estaba en una boda. Nos dijo que se sentía terrible por lo que nos había pasado, pero que no había nada que él pudiera hacer.”
Esta declaración de Claudia Sánchez, madre de Gerardo, fue publicada en junio de 2017 en el portal ProPublica por la periodista estadunidense Ginger Thompson, premio Pulitzer 2001 y excolaboradora de The New York Times.
Los hechos ocurrieron la noche del 18 de marzo de 2011, cuando el general Sandoval González tenía pocas semanas de haber recibido el mando de la guarnición de la ciudad fronteriza.
Esa noche diversos comandos armados, en caravanas de al menos tres vehículos, levantaron en sus domicilios a 41 personas, entre ellas a Efrén Tavira, narcotraficante que estaba bajo las órdenes de Poncho Cuéllar, el responsable del trasiego de cocaína de Los Zetas.
Enjuiciado en la Corte de San Antonio, en julio de 2016 Tavira contó que después de sacarlo con violencia de su vivienda, los sicarios lo llevaron a un terreno bardeado donde estaban los líderes de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, respectivamente Z-40 y Z-42.
Éstos lo interrogaron sobre el paradero de Poncho Cuéllar, a quien buscaban por haberlos traicionado. Tavira informó que tenía días sin saber de él. En ese momento el “comandante” Z-100 le llamó a Z-40 y le dijo que Tavira ya no trabajaba para Poncho sino para ellos.
Tavira declaró que antes de salir del terreno observó cómo los Treviño Morales y otros sicarios acribillaron a 40 víctimas arrodilladas. Entre ellos estaban el menor Gerardo Heath y sus amigos.
Esa tarde sicarios comandados por los jefes zetas Enano y Flacamán perpetraron secuestros masivos, además de en Piedras Negras, en Monclova, Sabinas, Múzquiz y varios municipios de la región de Cinco Manantiales. Levantaron al mayor número de víctimas en Allende: al menos 130. Pero en los días siguientes regresaron por más.
Desde el 18 hasta el 22 de marzo Los Zetas se lanzaron así contra las familias y los trabajadores de los narcotraficantes Poncho Cuéllar, Héctor Moreno y José Vázquez, a quienes consideraron responsables de entregar a la DEA los números de sus teléfonos móviles BlackBerry.
“Fuentes oficiales cercanas al caso dijeron que un supervisor de la DEA en la Ciudad de México compartió información relacionada con los números con una unidad de la Policía Federal mexicana conocida como Unidad de Investigaciones Sensibles, cuyos agentes habían sido entrenados y examinados por la DEA”, señaló Ginger Thomson en su reportaje.
Agregó que tres semanas después de que Vázquez entregó los números a la DEA, los jefes del cártel fueron informados y ordenaron la venganza. “Desde Allende y Piedras Negras se hicieron, en esos cinco días de marzo de 2011, cerca de mil 451 llamadas al teléfono de emergencia 089”, precisó.
En esos cinco días desaparecieron más de 350 personas, la mayoría de ellas asesinadas e incineradas. También se destruyó con maquinaria pesada y se quemaron en pleno día alrededor de 40 casonas y siete ranchos en Allende, así como 27 residencias y departamentos en Piedras Negras.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno se enteraron esa misma noche debido a que el gobernador interino, Jorge Torres López –quien sustituyó a Humberto Moreira–, estaba en la boda con el alcalde cuando recibieron por teléfono reportes de decenas de privaciones ilegales de la libertad en Piedras Negras y Cinco Manantiales.
Esa noche los medios locales Zócalo y Vanguardia recibieron órdenes de un funcionario estatal para no publicar ninguna foto del gobernador en la boda, según cuentan a Proceso periodistas que piden no publicar sus nombres.
También la guarnición del general Sandoval González recibió denuncias de pobladores de Cinco Manantiales. Las recogieron militares destacados en la garita del kilómetro 53 de la autopista 57, a menos de dos kilómetros de Allende.
Ninguna autoridad estatal o federal investigó la masacre. En las declaraciones ministeriales recogidas por la investigación del Colmex, los testigos narran que no se detuvo a nadie y quienes pusieron denuncias ante la fiscalía estatal encabezada por Jesús Torres Charles fueron entregados a Los Zetas y asesinados.
No se publicó ninguna nota en la prensa nacional durante más de un año, hasta que Proceso lo hizo en diciembre de 2012 con el reportaje Apocalipsis en Coahuila.
Sobornos al gobierno
Años después, las declaraciones de los capos acusados de traición por los líderes de Los Zetas aclararon por qué ninguna autoridad actuó ante la desaparición y asesinato de cientos de personas.
Ellos comparecieron como testigos protegidos de la Fiscalía de Texas en el juicio que se celebró en abril de 2013 en Austin contra José Treviño Morales y el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa. Además, Efrén Tavira fue testigo de la fiscalía en otro juicio celebrado en julio de 2016, en San Antonio, contra Marciano Millán Vázquez, Chano, despiadado exjefe de plaza de Los Zetas en Piedras Negras.
Tavira relató: “Los Zetas controlaban la Policía Municipal de Piedras Negras. También compraron a mandos de la Policía Federal y a algunos miembros del Ejército. Con la Marina no pudieron; incluso con quienes más temían enfrentarse Los Zetas era con los marinos. También tenían arreglos con la PGR”.
Tavira también reveló que Los Zetas entregaron al menos un pago al gobernador Rubén Moreira, hermano de Humberto. Desde el rancho del narcotraficante Beto Casas “le mandaron una camioneta Suburban atestada de maletas con dinero”, precisó.
Otro testigo en el juicio de San Antonio fue Humberto Uribe Tapia, hijo de un exalcalde de Piedras Negras que lavaba dinero del cártel. Declaró: “Se hizo a través del señor Vicente Chaires y Jesús Torres Charles. Y lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al procurador general del Ministerio Público y eso fue por protección, y el acuerdo al que habían llegado con el señor Humberto Moreira, quien era el gobernador de Coahuila en ese entonces”.
A su vez, Poncho Cuéllar mencionó en el juicio de Austin que Los Zetas le pagaban desde 2009 a todas las autoridades de Coahuila, al Ejército y a otros funcionarios estatales, federales y municipales.
Los Treviño Morales “pagaban sus cuotas para poder mover sus drogas libremente y que no tuvieran ningún problema para que pudieran pasar por Coahuila y llegar a Piedras Negras, y poder pasarlas al otro lado y trabajar sin tener algún problema y sin que les fueran aseguradas”, dijo Cuéllar.
Él y otros capos calcularon que en esa época Los Zetas traficaban a través de “la plaza de Piedras Negras” 40 toneladas de cocaína por año, lo que les redituaba ganancias de 350 millones de dólares anuales.
Durante la gestión del general Sandoval González al frente de la guarnición, los diarios Zócalo y Vanguardia publicaron notas y boletines oficiales sobre algunos decomisos importantes de droga por los militares. Sin embargo, durante ese periodo de casi un año no se informó sobre capturas de cabecillas de Los Zetas, y mucho menos de los implicados en los crímenes masivos del norte de Coahuila.
Con información de.-Edicion de la Revista Proceso # 2191,Publicada el 28 de octubre de 2018.
