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lunes, 13 de agosto de 2018

"NO TOCA al ESTADO PERDONAR" y HACERLO MAS que "ERROR TERRIBLE,ERROR IMPERDONABLE"...el perdon suplantaría la justicia.

Con ese título se publicó en 2010, en el diario londinense The Guardian, un artículo del filósofo británico Julian Baggini, en el que argumentó que no es papel del sistema penal perdonar y que la rehabilitación de alguien que ha cometido un delito no tiene por qué significar una ausencia de castigo.
Como le digo, ese artículo apareció hace ocho años, en el contexto del retorno a prisión de Jon Venables, uno de los asesinos del niño James Bulger.
En febrero de 1993, Jon Venables y Robert Thompson, quienes tenían sólo diez años de edad, raptaron a Bulger, de dos años y once meses.
El infante fue torturado antes de morir. Le metieron pintura en un ojo y baterías en la boca. Luego lo apedrearon y le fracturaron el cráneo con una barra de metal de diez kilos. Después intentaron que el crimen pareciera un accidente, al abandonar el cuerpo en una vía férrea donde fue mutilado por un tren en marcha.
El caso Bulger desató una gran discusión pública en Reino Unido que no ha cesado en un cuarto de siglo. Los asesinos fueron declarados culpables, en noviembre de 1993, convirtiéndose en las dos personas más jóvenes en ser condenadas por homicidio en la historia moderna de Inglaterra.
El hecho de que los asesinos fuesen tan jóvenes produjo una serie de procedimientos judiciales para determinar hasta qué edad debían ser encarcelados.
Originalmente, se decidió que hasta que cumplieran los 18 años, pero una campaña pública en 1994, que reunió 280 mil firmas, logró que el plazo fuera extendido otros siete años.
El caso llegó a la Corte Europea de Derechos Humanos, que falló que Venables y Thompson no habían tenido un juicio justo, por una “atmósfera altamente cargada” y un “proceso intimidatorio”.
A partir de esa resolución, el entonces presidente del Poder Judicial inglés redujo la sentencia a los ocho años originales. En 2001, los asesinos fueron liberados bajo una serie de condiciones y se les dio nuevas identidades y se les colocó en un programa similar al de protección de testigos.
A pesar de que Venables había seguido una rehabilitación calificada como modelo, unos años después de su liberación comenzó a abusar del alcohol y las drogas y a descargar pornografía infantil. También participó en peleas callejeras. Asimismo, violó los términos de su libertad al visitar la zona del asesinato de Bulger y divulgar su verdadera identidad.
Esto lo llevó de nuevo a prisión. Fue sentenciado en 2010 y permaneció encarcelado hasta 2013.
La reincidencia de Venables volvió a colocar el caso Bulger bajo el reflector de la opinión pública. El que, en un principio, la autoridad se negara a divulgar las razones por las que fue nuevamente encarcelado sólo sirvió para encender más la discusión.
En marzo de 2010, en su artículo en The Guardian, el filósofo, escritor y comentarista, Julian Baggini, criticó la forma en que se había procedido con los jóvenes asesinos.
“Con demasiada frecuencia —escribió—, el debate se plantea como si tuviéramos que hacer una serie de elecciones binarias, cuyos resultados deben mantenerse en todos los casos: ¿debemos buscar la retribución o el perdón, la rehabilitación o el castigo?
“Tal enfoque comete dos errores: nos alienta a ver las opciones en términos de uno u otro y a descuidar hasta qué punto diferentes casos pueden requerir respuestas distintas.
“Por ejemplo, debería ser obvio que la rehabilitación no necesariamente significa una ausencia de castigo. Alguien puede ser encerrado durante varios años e integrado de nuevo en la sociedad al final de la sentencia.
“Menos obvio es el papel del perdón, que puede complementar o suplantar a la justicia. En el primer caso, la justicia sigue su curso sin que el perdón desempeñe un papel. Si la víctima opta por perdonar o no, es un asunto aparte (...)
En otras situaciones, el perdón limpia la pizarra. Otorga clemencia, diciendo que, aunque la justicia dice que el responsable debe pagar por su crimen, al perdonarlo, lo libera de esta carga.
“Debido a que un sistema legal tiene que tratar a todos por igual, es difícil ver cómo el perdón podría jugar un papel importante en él. Es por eso que los perdones reales y presidenciales son tan excepcionales (...)
“Entonces, cuando preguntamos cuánto debemos tratar de rehabilitar a los asesinos de niños, por ejemplo, es incorrecto pensar que el perdón debe ser la motivación clave. No toca al sistema legal perdonar.
“Priorizar la rehabilitación de criminales violentos que sabían lo que habían hecho y representaba un peligro para el público sólo porque pensamos que sería bueno perdonarlos sería un error terrible. Más que eso: sería imperdonable”.
fuente.-


De la "QUINA a la MAESTRA GORDILLO",es el SISTEMA POLITICO y CRIMINAL QUE YA SE VA...las venganzas camuflageadas de actos de justicia.

Por supuesto existen claras similitudes entre los casos del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, y la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales, “La Maestra”. Ambos alcanzaron inmenso poder en sus respectivos emporios sindicales y los dos fueron finalmente víctimas –independientemente de sus fechorías evidentes– de una venganza política que los privó de su libertad, al primero durante ocho años y a la segunda durante cinco años y medio.

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Hay coincidencia también en que tanto Joaquín como Elba Esther no fueron acusados por los verdaderos delitos graves que pudieron cometer, sino que se les fincaron acusaciones endebles y laterales como si se pretendiera desde un principio dejar abierta la puerta de su liberación, una vez cumplido su “castigo”.
Me tocó documentar en varios reportajes la riqueza inmensa de “La Quina”, el poderío económico y político de su emporio sindical y las atrocidades propias de un cacicazgo que se inició en 1961, todavía durante el gobierno de Adolfo López Mateos, y que resistió otros cuatro sexenios: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Con cada uno de esos presidentes tuvo el líder petrolero conatos de enfrentamiento, que en realidad eran hábiles maniobras suyas para encarecer el precio de su apoyo al régimen priista.
Un supuesto respaldo económico de “La Quina” en 1988 a Cuauhtémoc Cárdenas (que ganó en todas las zonas petroleras del país), que incluiría el patrocinio para la edición de un panfleto contra Carlos Salinas de Gortari, habría tensado sus relaciones con el candidato presidencial del PRI. Tuvo con él un enfrentamiento público, eso sí, en los inicios del gobierno y unos días antes de ser detenido, al oponerse a las posibles intensiones del nuevo mandatario de “privatizar” la industria. A esos factores se habría sumado la necesidad de legitimación a través de un golpe mediático de un Presidente cuya elección había sido ampliamente cuestionada.
El 10 de enero de 1989, un comando militar irrumpió muy de mañana en la casa de “La Quina” en Ciudad Madero, que fue tomada literalmente por asalto. El líder petrolero fue detenido en pijama. También una docena de sus incondicionales. El operativo fue dirigido personalmente por el célebre subprocurador federal Javier Coello Trejo, que ganaría luego el apodo de “el Fiscal de Hierro”.
Según la versión oficial, un agente del ministerio público, Gerardo Antonio Zamora Arrioja, habría sido recibido a balazos y asesinado en la puerta de la residencia. En el pequeño vestíbulo de la entrada –en el que estuve en más de una ocasión, por cierto-–, los militares habrían “encontrado” cajas que contenían metralletas y otras armas, destinadas a una supuesta sublevación contra el gobierno.
La verdad fue que en ese lugar no ocurrió muerte alguna. Tampoco hubo disparos. Constaté que en ninguna funeraria de Ciudad Madero o Tampico se recibió el cadáver, que nadie vio, y que el acta de fallecimiento fue enviada por “fax” desde la Ciudad de México (Zamora Arrija murió efectivamente en esas fechas, pero en Ciudad Juárez).
Por otro lado, era absurdo el almacenamiento de cajas repletas de armas largas en el recibidor de la casa, donde Joaquín solía atender cada miércoles a decenas de petroleros y familiares de éstos que acudían a hacerle alguna petición.
“La Quina” nunca fue acusado por la enorme corrupción que encabezaba (sobre todo referida al tráfico de contratos y plazas) y en la cual estaban involucrados ex funcionarios y funcionarios de Pemex. Fue acusado de homicidio y acopio de armas, pero finalmente sentenciado sólo por éste último delito a 35 años de prisión. Sin embargo, fue “amnistiado” en 1997, durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Murió en Tampico en noviembre de 2013.
Por su parte, Elba Esther, (a quien su antecesor y protector Carlos Jonguitud Barrios puso el mote de “La Flaca” allá por 1973), tuvo diferencias con Enrique Peña Nieto desde la campaña presidencial de 2012. La lideresa chiapaneca coqueteó con su apoyo y el de su partido Nueva Alianza a AMLO, que no ocurrió en los hechos, aunque sí se mostró intransigente ante la petición de apoyo del nuevo mandatario a la Reforma Educativa.
Aunque fueron ampliamente documentados y difundidos los despilfarros de la maestra en viajes, lujos, joyas, casas, ropa, para lo cual dispuso de mil 978 millones de pesos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la maestra –detenida en febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca– fue acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada.
El sindicato pudo haberla acusado de desvío de recursos, pero nunca lo hizo. Ella siempre alegó que el uso ilimitado de los dineros sindicales por parte de la dirigencia era “habitual y legal”.
Los delitos que se le imputaron acabaron por desvanecerse y el magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, declaró su inocencia y ordenó su liberación el pasado martes 7 de agosto, justo en la víspera de la entrega de la constancia de mayoría al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y a menos de cuatro meses de que EPN deje el cargo.
La coincidencia ha provocado especulaciones sin cuento. Se habla sin ninguna evidencia de un “acuerdo” entre Peña Nieto y su sucesor, cuya virtual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que la decisión de liberar a la ex dirigente del sindicato magisterial, fue “acertada” e incluso que “se lo merecía”. La coincidencia de fechas en que se da la liberación de “La Maestra” es sorprendente, eso sí. También la semejanza de su caso con el de Joaquín Hernández Galicia. Es el sistema político mexicano que… ¿se va? Válgame.
Por Francisco Ortiz Pinchetti

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).


IMPERIO de "HUACHICULEROS y DIABLITOS" CRECE IMPUNEMENTE en el PAIS...y participa de ganancias al aparato oficial.

Su imperio crece a pasos agigantados. Las tomas clandestinas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el robo de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevan años deteriorando las finanzas de ambas Empresas Productivas del Estado (EPEs).
El Gobierno federal ha implementado estrategias para combatir estos delitos, pero su avance continúa, en especial, el relacionado con la ‘ordeña’ de combustible. Hoy, ambas EPEs enfrentan un dilema no sólo económico también de seguridad que se agudiza conforme los huachicoleros y los ‘diablitos’ se apoderan de su infraestructura.
Analistas coinciden en que los encargados de tomar las riendas de Pemex y CFE durante la siguiente administración deberán atender esta situación de manera prioritaria si quieren que el plan que se ha prometido para rescatar al sector energético rinda frutos.
“Al siguiente gobierno se le está heredando completamente este problema y será su obligación atacarlo para poder rescatar algunos recursos que se les están fugando a estas empresas”
- Alejandro Limón
Investigador en energía del CIEP
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes pasado que su equipo trabajará en la elaboración de un paquete de reformas para elevar a delito grave y sin derecho a fianza el robo de hidrocarburos.
El encargado de liderar la estrategia para atender este pendiente será Julio Scherer Ibarra, quien fue llamado para ser el próximo responsable de la Consejería Jurídica.
Ramsés Pech, asesor en energía y economía, considera que la creación de una empresa estatal encargada de monitorear los ductos es una medida que ayudaría a mitigar el robo de combustible en territorio nacional.
“Sería de gran utilidad para Pemex, ya que no tiene la infraestructura suficiente para hacerlo, sin contar que su personal de seguridad no puede detener a ninguna persona, aunque se trate de un huachicolero”, manifiesta Pech.
En el caso de la electricidad, AMLO mencionó que recuperará la industria, rehabilitará todas las hidroeléctricas de CFE para producir energía eléctrica en el país y dejar de comprar en el extranjero, así como bajar las tarifas de luz.
Además, el próximo director de CFE, Manuel Bartlett, dijo que se condonarán los adeudos en el recibo de luz existentes antes del 1 de julio a los usuarios de bajos ingresos, por un monto aproximado de 43 mil 320 millones de pesos.
Respecto al tema de los ‘diablitos’ aún no se han hecho propuestas concretas, situación que genera nerviosismo entre los analistas.
En ambos casos, tanto la condonación de deudas como la falta de soluciones para el robo de electricidad, existe el riesgo de que las finanzas de la compañía se deterioren aún más.

HUACHICOLEROS AVANZAN A PASO FIRME

El número de ductos vulnerados llegó a 10 mil 363 a finales del año pasado, de acuerdo con el Reporte de Tomas Clandestinas de Pemex. En promedio, cada día de 2017 se perforaron 28 tomas.
En los primeros seis meses de este año se han detectado 7 mil 590 tomas ilegales, cifra que representa un incremento de 49.5 por ciento en contraste con el semestre del año pasado cuando se reportaron 5 mil 075.
De enero a junio de 2018 se han excavado 41.9 tomas ilegales cada día en los 17 mil kilómetros que transportan hidrocarburos.
7 mil590 tomas clandestinas se detectaron hasta junio de este año
Desde hace un par de años, el Triángulo Rojo se ha convertido en uno de los lugares favoritos para los grupos criminales que se dedican al robo de gasolina. Se le conoce así a una zona compuesta por seis municipios de Puebla, donde pasa 40 por ciento del combustible que recibe la Ciudad de México y que se distribuye en el resto del país.
buye en el resto del país. Durante el primer semestre de este año, Pemex identificó mil 175 tomas clandestinas en Puebla, le siguió Hidalgo, con 909; Guanajuato, con 865; Veracruz, con 844, en tanto que en Jalisco y Estado de México se registraron 758 y 731, respectivamente.
Los ‘chupaductos’ dejaron un quebranto de 30 mil millones de pesos a Pemex durante 2017, de acuerdo estimaciones de altos funcionarios de la petrolera.
21 milmillones de pesos son las ganancias al año de los huachicoleros según cifras oficiales
Luis Miguel Labardini-Deveaux, socio en Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, opina que si no se ‘ordeñaran’ los ductos, Pemex Transformación Industrial registraría utilidades.
“Los huachicoleros se han convertido en el problema más importante para las finanzas de Pemex”
- Luis Miguel Labardini-Deveaux
Socio en Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía.

‘DIABLITOS’ GENERAN CORTO CIRCUITO

El equivalente de los huachicoleros de Pemex para CFE son los ‘diablitos’, aparatos que se utilizan para robar corriente de las líneas eléctricas públicas.
Las pérdidas por este delito alcanzaron los 30 mil 325 millones de pesos al cierre del año pasado, mismas que CFE ha tratado de mitigar al trasladar parte de estos costos a los clientes industriales.
El próximo 16 de agosto, Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se reunirá con autoridades del sector energético con el objetivo de tratar el tema de las pérdidas de energía en el país, incluidas las ocasionadas por los ‘diablitos’.
Del total de energía eléctrica que se genera en México, 13 por ciento se roba mediante estos aparatos, estima Alejandro Limón, del CIEP.
“Los encargados de la industria el próximo gobierno han dicho que se van a combatir, pero no cómo lo harán”, añade el investigador.
CFE reportó un detrimento por 28 mil millones de pesos durante el segundo trimestre de 2018, de acuerdo con su reporte financiero. El monto fue superior a los poco más de 380 millones registrados en el mismo periodo de 2017.
La comisión adjudicó esto a menores ingresos derivado de la caída en el precio de la energía y un incremento de los costos.
30 mil325 millones de pesos son las pérdidas generadas por los ’diablitos
Las ventas de energía pasaron de 92 mil 986 millones de pesos a 85 mil 654 millones.
Luis Miguel Labardini-Deveaux, de Marcos y Asociados, Infraestructura y Energía, asegura que la nueva administración se enfrentará a la disyuntiva de cumplir sus promesas sin deteriorar más la compleja situación de Pemex y CFE. Un reto nada sencillo.
“Los huachicoleros y los ‘diablitos’ van continuar, por eso es importante que los próximos directivos tomen cartas en el asunto para frenar el daño que ambas empresas han tenido a nivel financiero y operativo”.
fuente.-

"BIEN CLAVADO" el COMANDANTE VIENTO la "PANTERA-16",ENFRENTA ROSARIO de DELITOS en TAMAULIPAS...aunque el escarmiento llegue tarde.

La Procuraduría General de justicia de Tamaulipas informó que se vinculó en tres carpetas procesales a Víctor Manuel "N", alias "Pantera 16" o "Comandante viento", por los delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión, asociación delictuosa, lesión con ventaja, robo de semoviente, despojo de inmueble y delincuencia organizada.
"El agente del Ministerio Público acreditó ante la autoridad judicial elementos suficientes de la probable responsabilidad del detenido en los citados delitos, por lo que un Juez de Control estableció la vinculación a proceso y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, imponiéndole prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso como medida cautelar.
Víctor Manuel "N" es denunciado por las víctimas por hechos ocurridos en el municipio de Aldama, entre los años 2010 y 2015; y fue capturado el 2 de agosto en Puerto Vallarta por elementos de la Policía Federal de Investigación.
Fuente.-

TOPON de SOLDADOS y SICARIOS en BRECHAS CERCA de MIER,MILITARES ATIENDEN HERIDO,1 DETENIDO,1 ABATIDO...fuerza letal fue dosificada.

Sicarios y las fuerzas militares se enfrentaron en unas brechas, a pocos kilómetros de la frontera con Texas. Durante el enfrentamiento, las autoridades arrestaron a dos sicarios y mataron a otro. Después de la balacera,  las autoridades proporcionaron asistencia médica a uno de los pistoleros heridos.
El tiroteo tuvo lugar aproximadamente a 28 millas al sur de la frontera entre Texas y Nuevo León, cerca de la ciudad de Paras, justo al suroeste de la Presa Falcon. Los pistoleros del Cartel utilizan rutinariamente caminos de terracería como parte de sus movimientos diarios en un intento de evitar ser descubiertos por las autoridades mexicanas.
El municipio de Paras, no está lejos de Ciudad Mier, en el vecino estado de Tamaulipas , donde recientemente un equipo de sicarios secuestró al alcalde de ese pueblo y se dio a la fuga utilizando caminos de tierra similares, informó Breitbart Texas. En ese caso, el alcalde fue encontrado con vida.
Durante la reciente batalla, los sicarios se habían estado moviendo a lo largo de una serie de caminos de terraceria en una Dodge Durango y una camioneta Ford cuando se encontraron con un convoy de tropas militares mexicanas. 
Cuando los hombres armados divisaron al ejército mexicano comenzaron a disparar en un intento de escapar. Durante la balacera, uno de los sicarios corrió hacia la maleza mientras disparaba un rifle AK-47 contra el ejército. Los soldados respondieron al ataque matando al sicario e hiriendo a otro pistolero y arrestando a un tercero.

Después de la balacera, los soldados proporcionaron asistencia médica al sicario herido y se apoderaron de múltiples armas, chalecos y un paquete de drogas.
Fuente.-(English Link and Uncensored Images)

BANDAS de "HUACHICULEROS" AMAFIADAS a la CLASE POLITICA con CADA VEZ "MENOS CLASE"...la delincuencia política y criminalmente organizada.

fuente.-

domingo, 12 de agosto de 2018

ORDENAN REABRIR la "MASACRE a SANGRE FRIA" COMETIDA por SOLDADOS en TLATLAYA...y no contentos,enseguida alteraron los hechos.

Un juez ha ordenado a la Fiscalía mexicana investigar con celeridad, una vez más, la matanza de Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014. De noche, un convoy militar abrió fuego, se enfrentó a un grupo de personas armadas y dejó 22 muertos en un poblado rural en el Estado de México, a cuatro horas de la capital del país. A más de cuatro años de los hechos la Procuraduría General de la República (PGR) no ha encontrado a los responsables. Ahora el Poder Judicial pide indagar en la cadena de mando de la orden de aquella noche. 
La matanza de Tlatlaya enturbió la Administración del presidente Enrique Peña Nieto. 22 personas fueron asesinadas en una bodega, ocho a sangre fría cuando ya se habían rendido, concluyó la fiscalía a finales de 2014. Ahí se implicó directamente a tres elementos del Ejército mexicano por alterar la escena del crimen: Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández. Sin embargo, en mayo de 2016, un tribunal consideró que las pruebas aportadas por la PGR eran insuficientes y liberó a los militares, acusados de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración del lugar de los hechos. 
Clara Gómez, una de las tres mujeres que sobrevivieron al enfrentamiento en Tlatlaya, ha explicado que aquel 30 de junio estaba con las 22 personas por su hija, Erika, de 14 años, quien murió a balazos. A partir de ese momento, Clara y su asesoría legal han exigido a la PGR una indagación exhaustiva en cada aspecto del caso, además, de que los militares acusados sean enjuiciados e investigar a los mandos militares. 
La nueva orden del juez, dictada el pasado 25 de mayo, pero que se ha difundido este domingo, indica que las autoridades deben investigar "la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad", toda vez de que la pesquisa "defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima", se lee en un comunicado de la organización civil Centro Prodh.  
Fuente.-Diario Español.

DETECTAN "NARANJAS PONCHALLANTAS" en SANTIAGO NUEVO LEON...presumen travesura mas que acto de criminales.

Un automovilista resultó afectado con la ponchadura de uno de los neumáticos de su automóvil luego de que instalaran unas "naranjas ponchallantas" en El Álamo, en Santiago.

El reporte fue recibido a la Policía Municipal de Santiago, que revisó el cruce mencionado, donde recolectaron otras cinco naranjas con clavos.

De acuerdo con información difundida por El Debate, en redes sociales circuló la versión de que la colocación de entre cinco y seis naranjas con clavos, parece estar relacionado a una travesura o maldad de una persona y no a algún caso de delincuentes.

El reporte del daño a una llanta de un Audi se reportó la noche del jueves en el cruce de las calles Progreso y San Pedro, en la comunidad El Álamo.

También se reportó que las "naranjas ponchallantas" estaban siendo colocadas por la Carretera Nacional desde Las Cristalinas-El Barrial, pero la autoridad municipal no tiene reportes.

Ha circulado información que indica que en ese mismo sector se ha reportado que han atravesado alambre de púas por la calle porque los motociclistas pasan a exceso de velocidad por el sector, lo cual es un peligro para todos los que circulan por ahí.

Fuente.-




"OSORIO CHONG y CASTILLO" los VERDUGOS de la "GORDILLO"...ni eso pudo hacer bien el duo mediocre.

Miguel Ángel Osorio Chong y Alfredo Castillo se desempeñaban el 26 de febrero de 2013 como secretario de Gobernación y como subprocurador de la PGR. Ambos tuvieron a su cargo la confección del caso contra Elba Esther Gordillo, arrestada ese día y exonerada casi cinco y medio años después, en un escandaloso fracaso judicial para la administración Peña Nieto.
En los meses previos, Osorio sostuvo encuentros con la señora Gordillo en busca de forzarla a aceptar los términos de la llamada reforma educativa. Y mientras negociaba, Osorio pactó con dos líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz y Soralla Bañuelos, la traición a la dirigente a cambio de quedarse con el manejo del millonario sindicato, de acuerdo con testimonios confiables recogidos por este espacio.
Por su parte, Castillo Cervantes, primo hermano de Humberto Castillejos Cervantes, el poderoso consejero jurídico de la Presidencia, desarrollaba una sorda pugna con su jefe, el procurador Jesús Murillo Karam, al que con apoyo de Los Pinos, ocultó tramos esenciales de la indagatoria. La tarde del arresto no fue Murillo sino Castillejos quien explicó ante la prensa la presunta trama financiera que respaldaba el encarcelamiento de la dirigente.
De acuerdo con versiones aportadas por actores ligados a esta historia, Osorio Chong condujo las negociaciones con la señora Gordillo gracias a la relación que ambos había nutrido durante los años previos, incluso antes de que asumiera la gubernatura de Hidalgo (2005-20011). Esa relación tuvo más beneficios para Osorio que para la lideresa magisterial.
Aurelio Nuño, entonces jefe de la oficina de la Presidencia, había hecho sus propios acercamientos para buscar un acuerdo, con resultados igualmente infructuosos. El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, fue dejado al margen debido a su larga confrontación con la señora Gordillo, desde que en 2003 colaboró en la defenestración de la dirigente como coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados.
Los testimonios recogidos coinciden en que la lideresa Gordillo se opuso centralmente a que un profesor pudiera ser removido de su puesto en caso de no ser aprobado en las evaluaciones determinadas por la autoridad. El riesgo sobre la permanencia de los mentores (como se describe en la normatividad aprobada ese 2013), no las evaluaciones mismas, fue lo que desató lo que vendría después.
Castillo Cervantes y Murillo Karam habían iniciado con el pie izquierdo. Tras asumir sus puestos como subprocurador y procurador de la República, en diciembre previo, Murillo se sometió a una operación quirúrgica. En su ausencia, Castillejos había despedido a la mitad de los delegados del país, amagado con ceses a otros funcionarios y lucido una caravana de escoltas de policías y vehículos del Estado de México, donde se desempeñó como procurador. En junio de ese mismo 2013, Castillo fue destituido de la PGR.
La indagatoria contra Gordillo mostró cuarteaduras desde las semanas posteriores al publicitado arresto, en particular porque ella quedaba ubicada al centro de un esquema de dispendio que era conocido y avalado por los citados Juan Díaz y Soralla Bañuelos, el primero secretario general del SNTE y la segunda responsable de las finanzas del organismo.
De existir un delito, Díaz y Bañuelos debieron haber acompañado desde el primero momento a la lideresa en prisión. Pero nada de eso ocurrió. Ambos se opusieron por años a ser careados con ella.

Díaz y Bañuelos nunca fueron sometidos a proceso; incluso se les permitió seguir manejando las cuotas de los casi 1.6 millones de agremiados al SNTE y mantener negocios paralelos como el apoyo a compañías prestamistas con acceso privilegiado a los mentores.
Como es conocido, la vida política del país ha dado muchas vueltas desde entonces. Osorio y Nuño protagonizaron una estrategia de acoso y derribo en contra de Emilio Chuayffet, que cerró con ese amargo epílogo su trayectoria pública. Nuño se hizo titular de Educación en lo que sus colaboradores anunciaron como el surgimiento de un nuevo Torres Bodet, que nunca apareció.
Ni Osorio ni Nuño pudieron ser candidatos presidenciales. El primero coordinará una minúscula e inestable fracción parlamentaria en el Senado. El segundo, coordinador de la campaña presidencial del oficialismo, fue arrastrado por el derrumbe ante la alianza que encabezaron Morena y su abanderado, Andrés Manuel López Obrador.
Desde prisión, la maestro Gordillo selló un pacto político con López Obrador, cuyo efecto pareció significarse en el hecho de que ella fue liberada el mismo día en que el tabasqueño recibió la constancia como presidente electo.
En el SNTE, Juan Díaz, que forzó los Estatutos para ser secretario general y a la vez presidente del gremio, se tambalea dramáticamente. Se prevé su salida antes del primero de diciembre. Con el tiempo no será mucho lo que quede de la reforma educativa.
 fuente.-Roberto Rock/

CUANDO "BARTLET" EXHONERO al ASESINO de BUENDIA...de los cadaveres en el closet del futuro mandamas de la CFE.

El 3 de junio de 1985, la Secretaría de Gobernación entregó a los diarios un informe que señalaba que, en relación con el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido un año antes, no existía denuncia ni investigación alguna en contra del ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, DFS, José Antonio Zorrilla Pérez.
El documento indicaba que, en todo caso, de lo único de lo que se podría responsabilizar a Zorrilla, era de ineficiencia administrativa, puesto que había ejercido un deficiente control sobre las acciones de los comandantes y agentes a su cargo, acusados de proteger a los narcotraficantes más conspicuos de la época.
El secretario de Gobernación, en los días en que el boletín fue expedido, era Manuel Bartlett Díaz.
Según La Jornada, Zorrilla había abandonado el país en un vuelo de Iberia el 25 de mayo de ese año: la hipótesis que señalaba su responsabilidad fue siempre la más sólida entre las 189 que se derivaron del caso.
Un fotógrafo de la DFS, apodado El Cepillín, reveló que él mismo había tomado las fotografías de Rafael Caro Quintero, Enrique Fonseca Carrillo y otros narcotraficantes, que luego sirvieron para que les fueran expedidas credenciales de la Policía Federal de Seguridad, firmadas por Zorrilla.
Al ser aprehendido, Caro Quintero confesó que había regalado autos y dinero a altos jefes de esta corporación. Un testigo declaró que un compadre de José Antonio Zorrilla, José Luis Esqueda (asesinado posteriormente) había comprobado la conexión del director de la DFS con señalados narcotraficantes, y había entregado a Manuel Buendía el expediente que comprobaba dichos vínculos.
La Secretaría encabezada por Manuel Bartlett se limitó a expresar que, “si de las investigaciones surgieran elementos que hicieran presumir alguna responsabilidad, se actuará conforme a derecho”.
Zorrilla estuvo prófugo hasta el 13 junio de 1989, cuando la gestión de Bartlett había concluido. Ese día, el entonces procurador capitalino Ignacio Morales Lechuga recibió una llamada del abogado Raúl Cervantes Ahumada. El jurista, profesor emérito de la UNAM, le dijo que había descubierto por accidente que en una casa las Lomas estaba escondido Zorrilla.
Morales Lechuga envió al domicilio a diez agentes, al frente de Federico Ponce Rojas. Les hizo una advertencia:

—No lo vayan a lastimar, no lo vayan a lesionar porque nadie nos va a creer que fuimos a aprehenderlo. Lo necesitamos vivo.
Luego salió disparado en su auto hacia las Lomas. De camino, a través de un radio, escuchó que se había desatado una balacera. Zorilla estaba enfrentando a tiros de arma larga a los agentes.
Morales Lechuga recuerda en entrevista que se quitó el saco y rechazó el chaleco antibalas que le ofrecía Miguel Amelio. Quería que Zorrilla viera que no llevaba armas. Gritó:
—¡José Antonio, no dispares. Soy el procurador. Voy a subir!
Zorrilla entreabrió la puerta y le apuntó con el cañón de una escopeta.
—Tú no eres policía —le dijo—. ¿Qué haces aquí?
—Vine a aprehenderte y a salvarte la vida —respondió el procurador.
Sin dejar de apuntarle, Zorrilla lo dejó entrar. Según el relato de Morales Lechuga, el ex funcionario se sentó en una cama y le dijo:
—Dile al presidente que no me voy a meter en política, que me voy del país.
—Este es un asunto de justicia, no de política —replicó Morales.
—Dime entonces cómo salgo de esta,
Ignacio.

—Eso pregúntaselo a tu abogado.
Zorrilla le marcó a José Antonio Hernández. Mientras el abogado llegaba, Morales le hizo dos preguntas: si había matado a Buendía y si había matado a Esqueda.
Zorrilla lo negó. Dijo que a Buendía lo había matado gente de otra área, que alguien le había dicho que la moto que usaron los asesinos era una moto de Los Pinos. Dijo que a Esqueda habían tenido que asesinarlo los agentes que lo seguían porque él los agredió: que el homicidio se había cometido en defensa propia.
Morales Lechuga supo entonces que Zorrilla mentía. Una persona que iba junto a Esqueda, y a la que los asesinos dieron por muerta, había revelado la manera en que éste fue ultimado a tiros. Por lo demás, las muertes de Buendía y Esqueda eran paralelas: la conducta de ambos había sido vigilada, a ambos se les interceptó en la calle, en ambos casos el primer funcionario en aparecer fue José Antonio Zorrilla; en ambas ocasiones el director se las ingenió para quedar al frente de la investigación —y encargarse de entorpecerla.
Cuando Manuel Bartlett entregó a los medios el informe que aseguraba que no existía investigación ni denuncia alguna en contra del ex director de la DFS, el semanario Proceso cabeceó la nota de este modo: “Gobernación exonera a Zorrilla”.
Zorrilla, sin embargo, pasaría un cuarto de siglo en la cárcel, acusado de haber ordenado el asesinato del periodista.
Fuente.-Hector de Mauleon/
(Imagen/WEB)