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viernes, 8 de diciembre de 2017

EL SEÑOR de la "V" de VENGANZA dice COBRARA CADA GOTA de SANGRE DERRAMADA de los SUYOS...polis le mataron a 6 de su familia con todo y niños.

“Cada gota de sangre derramada de mi familia será un litro de sangre derramada de las suyas”, advirtió José Valdez Chapa, El Señor de la V, a los policías que lo capturaron tras la balacera del 30 de noviembre en Temixco, Morelos.
Mientras cargaba a un menor en un brazo y alzaba su teléfono celular con la mano, amenazó a los oficiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública por la muerte, durante la refriega, de su madre, esposa, dos hijos, una sobrina y otro familiar.

Lo que sabemos del caso Temixco: 6 muertos y muchas incógnitas

El presunto delincuente fue puesto a disposición de un juez de control, quien finalmente lo dejó en libertad al desestimar las pruebas que aportaron autoridades de Morelos.
Alrededor de 40 hombres a bordo de 10 camionetas integraron el convoy que lo recogió, según informes de inteligencia a los que MILENIO tuvo acceso.
De acuerdo con autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Valdez Chapa está vinculado con el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en alianza con Guerreros Unidos y Los Linos.
El Señor de la V presume vínculos con el CJNG, sin embargo han aparecido narcomensajes supuestamente firmados por esta organización en la que ha sido amenazado de muerte.
ANTECEDENTES
Reportes oficiales señalan que entre sus antecedentes destaca que operó en Guerrero dentro del grupo delictivo Cártel del Sur y posteriormente formó una alianza con Guerreros Unidos, además de que ha sido responsable de la oleada de violencia que se ha generado en los municipios morelenses de Cuernavaca y Jiutepec.
El 21 de enero de 2017 fueron colocadas mantas en los kilómetros 87.5 de la autopista México-Acapulco, en Cuernavaca, y en el 19.5 de la carretera federal Cuernavaca-Acapulco, municipio de Xochitepec, en las que un grupo criminal autodenominado Comando Asesino lo identifica como jefe del cártel de la Sierra Sur, “productor y exportador de amapola y distribuidor de cocaína en Guerrero y sus alrededores, responsable de ejecuciones y desapariciones...”.
Valdez Chapa tiene 42 años y cuenta con domicilios en el poblado de Ahuatepec, Cuernavaca, así como en la colonia Tlacotepec, en Guerrero, y la colonia Rubén Jaramillo, municipio de Temixco, esta última en la que fue capturado el 30 de noviembre pasado, aunque el inmueble había sido identificado como propiedad de Crispín Gaspar Cortez, El Crispín.
Ante autoridades sostuvo que se dedica a la venta de vehículos, que su esposa era Camelia Rodríguez, con quien tuvo a sus hijos José Antonio, Carlos Alberto, Vanessa Giselle y Alejandro.
Consultas realizadas a través de Plataforma México detallan que el 13 de enero de 2017 fue detenido por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la colonia Papayos de Cuernavaca.
Ese día, alrededor de las 21:55 horas, se recibió una llamada de auxilio al número de emergencias 911 en la que se denunció que en esa dirección estaban aproximadamente 20 hombres que realizaron unos 200 disparos contra un domicilio.
Se le relacionó en el homicidio del policía estatal Iván González Peñaloza, perpetrado el 3 de diciembre de 2015.
EL ENFRENTAMIENTO
El 22 de mayo de 2007 se le detuvo por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego en Chilpancingo.
La balacera del 30 de noviembre de 2017 en la que fue detenido y fallecieron seis de sus familiares derivó de una denuncia en la que se denunció que había gente secuestrada.
La versión oficial indica que al arribar al lugar, la policía estatal fue recibida a balazos, por lo que los oficiales repelieron la agresión y se desató un enfrentamiento que duró más de dos horas.
Supuestamente Valdez Chapa es socio de Isaac Navarrete, El Señor de la I, líder del cártel del Sur en Guerrero, quien pretendía con su ayuda expandir su dominio en la Sierra y centro de ese estado, así como a municipios de Morelos, Estado de México y Puebla.
El Señor de la V es padrino, además, de Rafael Medina Hurtado, El Gordo, lugarteniente de Isaac Navarrete y jefe de plaza de Filo de Caballos al que apoyaba con el sueldo de 50 sicarios que operan en ese lugar y pueblos aledaños, mismos que visten con playera de la Upoeg para pasar desapercibidos por las fuerzas castrenses”, se lee en un reporte de inteligencia.
El historial delictivo de este sujeto, quien fue liberado junto con tres hombres y una mujer, establece que perteneció al cártel de Los Rojosdurante varios años y en su momento fue designado jefe de plaza de Tlacotepec y posteriormente de Chilpancingo.
Se le atribuye haber dado la orden de decapitar en ese municipio a ocho militares en 2008.
El 18 de agosto del presente año, dos sicarios se infiltraron en Tlacotepec, municipio de General Heliodoro Castillo, los cuales lanzaron dos granadas de mano en una fiesta infantil donde había por lo menos 40 niños y sus familias.
Su intención era asesinar a varios líderes de la recién creada policía comunitaria. Sin embargo, los artefactos no estallaron y los delincuentes fueron detenidos. En su declaración relataron que fueron contratados por Valdez Chapa, El Señor de la I y El Gordo.
fuente.-

DENUNCIAN a GUSTAVO TORRES EX-ALCALDE de TAMPICO por DESVIAR 27 MILLONES de PESOS...no se los robo,los cambio de lugar.

El ex Alcalde priista de Tampico, Gustavo Torres Salinas, fue denunciado por el delito de peculado ya que se le acusa que durante su periodo municipal se desviaron 27 millones de pesos de fondos federales para gastos diversos municipales, de los que, 7 millones nunca fueron devueltos a su cuenta origen.

El regidor panista y Presidente de la Comisión de Transparencia del Cabildo de Tampico, informó que él, la regidora Teresita de Jesús Sosa también de Acción Nacional y su homólogo Néstor Luna, de Movimiento Ciudadano, presentaron el pasado 23 de noviembre esta denuncia contra el ex Edil y contra quien resulte responsable ante el Agente del Ministerio Público de la Federación.

De acuerdo con la denuncia, durante el periodo municipal 2013-2016, se dispuso de 27 millones 100 mil pesos proveniente del Ramo 23 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

"No es manoseo, no estamos diciendo que se lo robaron, estamos diciendo que dinero etiquetado en cuentas para obras de fondos como el FAIS, el ramo 23", explicó, "esos dineros no se pueden tocar para otra cosa que no sea eso, estos cuates en su necesidad de dinero hicieron traspasos de esas cuentas del municipio de Tampico para gasto corriente".

Dijo que será el Ministerio Público Federal quien investigue y determine la responsabilidad de Torres.

"Cuando fue la entrega-recepción al momento de recibir el faltante era de 7 millones y fracción de pesos, eso esta evidente, les faltó dinero, no pudieron, lo tomaron momentáneamente pero no pudieron restituirlo completamente", sostuvo.

EL NORTE publicó el pasado 17 de octubre que por los delitos de usurpación de funciones José Fernández Espínola y Eduardo Camacho,ex funcionarios de esa administración fueron detenidos, acusados de firmar licencias de construcción sin contar con la acreditación legal.


Aunque se les dictó formal prisión, los ex servidores públicos viven el proceso en libertad por el pago de una fianza.

Fuente.-

VANA la "CAPTURA del CHAPO",NO CESA el CONSUMO de DROGAS en ESTADOS UNIDOS"...peor anula demanda va a la alza.


Ya son casi dos años de la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, pero autoridades estadounidenses han reportado que el consumo de drogas no ha reducido en los Estados Unidos.



James Walsh, subsecretario de Estado interino contra el narcotráfico internacional, mencionó que los cambios en el consumo de estupefacientes no ha sufrido cambios significativos, porque la demanda sigue intacta en la nación americana.

Al contrario, el subsecretario indicó que el consumo está a la alza, porque otros carteles se han apropiado de las zonas en las que operaba el Cartel de Sinaloa; a raíz de la crisis de prescripción de pastillas de los estadounidenses, las personas buscan cualquier droga para consumirla.


Por tal motivo, el arresto del mayor narcotraficante del mundo, no impacto como las autoridades de EU esperaban. La demanda se ha posicionado sobre la oferta en los últimos cinco años, manifestó Walsh. 


"El Chapo" Guzmán fue capturado en enero de 2016, está preso en una cárcel de Nueva York, donde espera un juicio en abril de 2018.



Con información de Milenio.

6 RAZONES de PESO para "IMPEDIR el PASO" de la LEY de SEGURIDAD "INSEGURA"...cuando los argumentos hablan debieran callar los necios.

Estos días se define buena parte del futuro de México.
Este martes 5 de diciembre avanzo en el Senado la creación de la nueva Ley de Seguridad Interior (LSI). Con ello, el PRI, el PVEM, y sus aliados en el PAN aprobarían la ley más importante de las últimas décadas.
Para sus defensores, la LSI es positiva porque “acota la operación de las Fuerzas Armadas”. Según ellos, ofrece un marco legal a quienes consideran los únicos capaces de enfrentarse a la delincuencia
Pero si la LSI es tan positiva, ¿por qué tantos ciudadanos -incluyendo el colectivo de expertos “Seguridad sin Guerra”- se oponen tan tajantemente al proyecto? ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas,1 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,2 e instituciones con gran experiencia en el tema –como WOLA– han sugerido al Senado repensar este proyecto?
Una revisión del documento que habrá de votarse identifica siete riesgos que hacen a la LSI francamente inviable.
1. La LSI violaría el rol de las fuerzas armadas en una democracia. En países democráticos, la seguridad nacionales garantizada por un cuerpo militar, cuyo fin prioritario es defender la patria de una amenaza (usualmente) externa. La seguridad pública, por el contrario, implica la prevención e investigación del delito. En esta dicotomía, los soldados están entrenados para hacer uso de la fuerza letal y definitiva contra el enemigo. Esto, naturalmente, implica matar. Los policías, por el contrario, utilizan la mediación para reducir las tensiones y de-escalar el conflicto entre ciudadanos. Por ello, a diferencia de los soldados, los policías sólo contemplan el uso de la fuerza de manera proporcional, y como último recurso. De esta forma, la lógica de un soldado y un policía es opuesta. A pesar de estas dramáticas diferencias, la LSI los pone al mismo nivel, y prefiere voltear a otro lado.
2. La LSI sería jurídicamente inválida e ilegítima. Expertos legales han sugerido que la LSI terminará como un fiasco jurídico pues ésta terminará invalidándose en tribunales. Se dice que la Cámara de Diputados (donde la iniciativa de ley se aprobó en primera instancia el jueves pasado), no tiene atribuciones para legislar en la materia (Art. 73 constitucional). Otras voces sugieren que, de aprobarse, la ley será invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque viola la Constitución. Desde 2008, el Art. 21 establece explícitamente que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil.
3. La LSI pretendería regular un concepto que simplemente no existe. La LSI es caótica desde la noción misma que pretende regular. El concepto de “Seguridad Interior” simplemente no existe en el modelo jurídico mexicano, mismo que tradicionalmente contempla sólo dos opciones: el de seguridad pública y el de seguridad nacional. Así, regular un concepto que no existe complicaría la interpretación de la ley con consecuencias legales muy graves.
4. La LSI generaría un mayor caos legal que el que resuelve. El texto que se votará mañana incluye una serie de contradicciones que demuestran un debate al vapor. Una de las más evidentes es, precisamente, lo que sus defensores consideran su mayor ventaja: el procedimiento con el que el presidente de la República ordenaría la intervención de las Fuerzas Armadas. Hasta hoy, la iniciativa priísta contempla dos supuestos. En el primero, denominado “casos de no emergencia”, las Fuerzas Armadas intervendrían cuando el presidente emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a petición de los congresos estatales o gobernadores. La actuación militar ocurriría en un territorio especifico por un año, pero con posibilidad de prórroga “en casos excepcionales” (sin explicar cuáles). El segundo supuesto sugiere que, ante una “emergencia nacional”, el presidente podría también ordenar la reacción inmediata de las Fuerzas Armadas, pero sin mayor requerimiento. Entonces, ¿quién define qué es una “emergencia nacional”? Si esto le correspondería al presidente mismo, ¿Para qué contemplar el primer supuesto? ¿Para qué simular una Ley que, en esencia, no aporta beneficio regulatorio alguno?
5. La LSI expondría a México a riesgos nunca antes vistos. La LSI establece que las Fuerzas Armadas desarrollarán “actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior” (sic), haciendo uso de “cualquier método lícito de recolección de información”. Con ello, el Ejército podría intervenir comunicaciones privadas de cualquier ciudadano, sin que se establezcan controles democráticos o mecanismos de rendición de cuentas. Por otro lado, la LSI también podría criminalizar la protesta. Su artículo 8 indica que aquellas manifestaciones que se realicen pacíficamente no serán materia de declaratoria de protección a la seguridad interior. Pero ¿quién definirá qué es pacíficamente? Además, la LSI sugiere que las labores de las Fuerzas Armadas “en materia de seguridad interior” (cualquier cosa que esto sea) se equipararán a sus labores originarias de seguridad nacional. Por ende, toda la información vinculada a éstas será reservada. Con ello, estaríamos aprobando la ley más opaca que hayamos tenido en toda nuestra historia.
6. La LSI incrementaría aún más la violencia. La LSI formalizaría la estrategia de seguridad utilizada hasta hoy. Sin embargo, no existe evidencia de que ello reducirá la violencia. Por el contrario, la evidencia sugiere que mantener la estrategia actual sería una mala idea. En principio, el consumo de drogas ilícitas se ha incrementado 47% en los últimos cinco años, sólo generando impunidad y un caos penitenciario. Tampoco reduciría la violencia. Según la SEDENA, durante 2016 se realizaron 54 operativos militares con más de 52 mil elementos desplegados diariamente en el país. Si en una década éstos no lograron reducir la violencia, difícilmente lo harán en un futuro. Hoy, es casi un hecho que 2017 será el más año violento de la historia contemporánea de México. Y ante la peor crisis de inseguridad y derechos humanos, estamos en el peor escenario posible . Con la LSI “pisaríamos el acelerador” para seguir haciendo lo que ya demostró que no ha funcionado.
Los defensores de la LSI creen que son patriotas porque están protegiendo a las fuerzas armadas. Se equivocan. Un patriota exigiría policias civiles de calidad a los alcaldes, gobernadores, y al presidente mismo. También, rechazaría cualquier reforma que les permita a éstos seguir evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad y justicia.
Entre todas estas preocupaciones, sobresale sólo una ventaja: ya conocemos la postura al respecto de cada partido político. Hoy sabemos que Morena, el PRD, MC, y una parte del PAN, está en contra de aprobar la LSI. Ojalá estos riesgos motiven al PRI a repensar el rumbo.
Fuente.-

David Pérez Esparza es maestro en Política Pública, maestro en Ciencias de la Seguridad, y maestro en Economía y Resolución de Conflictos. Además, se ha desempeñado como consultor e investigador en materia de seguridad y estrategia. Autor de cuatro libros, es actualmente Consejero de #PropuestaMx, asesor en reducción del delito en Reino Unido y candidato a Doctor por University College London (UCL).

1 Organización de las Naciones Unidas. (2017). Asunto: Ley de Seguridad Interior, Carta al Senado de la República. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
2 CIDH (2017). CIDH expresa preocupación por proyecto de la ley sobre seguridad interior en México. Acceso 4 de Diciembre de 2017.
3 Pérez Esparza, D. (2017). “La violencia se expande. Y ya a nadie le importa”, PolíticoMx. Consultado el 3 de Diciembre de 2017.
4 Hope, A.. (2017). “En tiempos de Peña Nieto”, Nexos. Consultado el 3 de Diciembre de 2017.

"CABEZA" VA CONTRA "ONAPPAFA y la UCD" con PADRON ESTATAL e ILEGAL de AUTOS CHUECOS y TUMBAR NEGOCIO de "CHOCOLATES"...el nuevo cobron de la película.

Arturo Soto Alemán, subsecretario de Finanzas en el Estado, anunció una estrategia para registrar mediante un padrón a los autos de procedencia extranjera que circulan en la entidad y que presumen han sido fuente de financiamiento de organizaciones que sólo persiguen fines de lucro que  en los hechos resulta igual de ilegal, pues la administración de Garcia Cabeza de Vaca pretende lo mismo que la "Onappafa y la UCD" y se convertirá en vulgar "cambio de calcomanías" sin  resolver la certeza jurídica del patrimonio de muchos ciudadanos que seguirán expuestos al decomiso y embargo de sus unidades, pues a  las diversas autoridades les seguira asistiendo el derecho y la obligación legal de confiscarlas por que no cambia el estatus de "vehículo ilegalmente internado" al pais.
En gira de trabajo efectuada en esta frontera, donde supervisó el avance del programa de subsidios fiscales , Soto Alemán fue categórico al afirmar que no se perjudicará el patrimonio de los tamaulipecos honorables y que no están involucrados en la comisión de ilícitos, pero no aclaro que efectivamente los ciudadanos si se verán afectados con el cobro que el estado demandara de estos ciudadanos por concepto de registrar los vehículos en lo que se podría denominar "Padrón Estatal e Ilegal de Autos Chuecos".
El funcionario acusó que organizaciones como Onappafa y la Unión Campesina Democrática (UCD) de haber obtenido ingresos económicos a costa de la necesidad de quien posee y tiene en su auto su patrimonio, y aseguró que son ellos los autores en promover la suposición de que las autoridades pretenden cometer embargos masivos de esos autos denominados ‘chocolates’,dijo Soto Aleman que no ignora seria su obligación legal aunque poco justa si se respetara el estado de derecho,donde no todo lo legal es justo, ni lo justo legal,que equivale ademas a complicidad en algunos casos y aplicación de las leyes en otros,es la prostitución de las leyes a conveniencia torcidas por el asunto de los "chuecos".
“El Estado está analizando ya algunas acciones para realizar visitas a las oficinas fiscales de esas dependencias como Onappafa y UCD, que solamente han estado engañando y sacando ganancias económicas”, subrayó, el funcionario estatal acostumbrado a utilizar los medios y las redes sociales para lanzar amenazas. 
Indicó que en unos días la Secretaría de Finanzas en el Estado revelará dicha estrategia de empadronamiento de las unidades de procedencia extranjera que circulan en la entidad y lo referente a las acciones que se alistan en contra de las organizaciones que a través de pagos venden placas y engomados que carecen de validez oficial y fiscal.
En la realidad legal, el nuevo empadronamiento estatal  PREVIO COBRO otorgara engomados o calcomanías "IGUAL de ILEGALES",pues las unidades seguirán con el  mismo estatus, fueron INTERNADAS ILEGALMENTE al PAIS  y el estado carece de potestades para NACIONALIZARLAS o LEGALIZARLAS sin que pasen por los procesos que para ese efecto han sido instruidos por las leyes fiscales.
Con información de:


PAN y PRI SI HAN NEGOCIADO con el CRIMEN ORGANIZADO...de maneras muy organizadas.

Quien declaró la “guerra contra el narcotráfico” fue el panista Felipe Calderón, cuando éste ocupó la Presidencia de la República y convirtió al país en el principal centro de violencia y de operaciones del crimen organizado vinculado con las drogas. Esto significó darle un estatus internacional a los cárteles como una fuerza armada que disputaba el control territorial al Estado mexicano y, al mismo tiempo, le permitía la ocupación de zonas que hasta la fecha siguen bajo el mando de narcotraficantes, como es el caso del estado de Tamaulipas, sólo por mencionar alguno, y en otras entidades fueron los mismos gobernadores quienes formaron alianzas con bandas criminales para permitirles que se asentaran en sus estados y desde allí dirigir sus operaciones hacia todo el país.
Con todo lo ocurrido en los 2 últimos sexenios, está probado que no es mediante las armas ni la militarización del país como se resolverá el problema de la brutal violencia que vivimos: más de 200 mil asesinatos, desapariciones y secuestros en los últimos dos sexenios. Incremento de robos en viviendas y negocios, extorsiones, cobro por derecho de piso y pagos por protección.
Nuestra realidad es que no hay familia en el país en donde alguno de sus miembros, por lo menos, haya sido víctima de alguno de esos delitos. Y todo lo anterior motivado por la corrupción gubernamental (en sus tres poderes y en sus tres niveles), así como el abuso de poder y el tráfico de influencias solapados por la impunidad.
Esto significa que cualquiera que sea el próximo presidente de la República, tendrá que cambiar las políticas de gobierno para darle un nuevo rumbo que dé seguridad a los 120 millones de mexicanos que hasta ahora viven con miedo y preocupación tanto en la calle como dentro de sus viviendas. Tratar de insistir acabar con los cárteles de la droga mediante la confrontación armada con el Ejército en las calles, es más de lo mismo que año con año se ha repetido la última década y los resultados son negativos: una pulverización de los grupos delincuenciales que se han vuelto más violentos y más independientes de los grandes grupos del crimen organizado.
Se necesitan nuevas políticas de gobierno que permitan disminuir la violencia y dar confianza a la población para empezar la recomposición social en todo el país, pues hasta ahora sigue quebrada por las pésimas decisiones de los últimos gobiernos. Por lo pronto tendrán que pasar 20 años para empezar a ver avances en la seguridad y confianza de la población, en donde los delincuentes abandonen los grupos y se reintegren a la sociedad de manera pacífica y haya un cambio en la actuación de los gobernantes.
Son muchas las acciones a emprender. En el aspecto social, mejorar y elevar la educación y asegurar la salud; en la cuestión económica, crear más fuentes de empleo y aumentar las inversiones, mejorar sustancialmente los salarios; y en la parte política, cambiar todo el esquema de confrontación armada que sólo ha provocado mayor violencia. De empezar con esto se podrá vislumbrar un mayor bienestar de vida y mejores y nuevas oportunidades para todos los mexicanos.
Dos sexenios de violencia han demostrado las equivocadas decisiones que han enviado a las Fuerzas Armadas a una confrontación sin fin, pues siempre habrá alguien quien sustituya de la de los criminales a sus caídos, por la simple razón que está es una industria pujante en todo el mundo, que genera miles de millones de dólares y euros.
La desgracia para nosotros es que nuestro país ha sustituido a Colombia para que los cárteles que controlan la droga se asentaran aquí, principalmente por tener al lado (Estados Unidos) al mayor mercado consumidor de todo tipo de estupefacientes y son las autoridades estadunidenses las que han provocado que la guerra contra las droga se libre de este lado de la frontera, con las consecuentes víctimas que ya todos sabemos.
Dicho lo anterior no suena irracional tener que negociar con los líderes del crimen organizado, como lo dijo el líder de izquierda y aspirante a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, pues esas negociaciones ya se han hecho en otros países como Colombia, Estados Unidos, Italia e incluso aquí en México.
Veamos por qué. En Colombia, por ejemplo, toda la política de confrontación militar que dictaban desde Estados Unidos y que permitía a ese país expandir su mercado armamentista hacia Sudamérica, mantuvo hace 40 años a ese país en la peor crisis de violencia en su historia, al tratar de combatir sólo mediante las armas a los conocidos cárteles colombianos de la droga colombianos. Esa política de sumisión y obediencia a Estados Unidos fracasó hasta que el gobierno colombiano se dio cuenta que no era ese el camino para pacificar la región y decidió cambiar la estrategia para sentarse a negociar con los dos principales grupos de narcotraficantes: los cárteles de Medellín y de Cali, con Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orihuela.
El resultado de esa negociación permitió meter presos a los principales líderes del narcotráfico, decomisarles bienes y cuentas bancarias, y a cambio el gobierno colombiano aceptó no extraditar a sus connacionales a Estados Unidos, petición que este país del Norte había establecido como una condición mantener sus asesores y armas en ese país sudamericano. Está negociación fue clave para que en los últimos tres decenios la violencia y el narcotráfico disminuyeran considerablemente en esa nación y ya en los últimos 20 años se empezará a recomponer el tejido social que había sido roto.
En el caso de Estados Unidos, el gobierno estructuró hace muchos años lo que ahora se conoce en todo el mundo como la figura legal de testigos protegidos, que no es otra cosa que negociar con líderes de las mafias para que den información que permita el exterminio de bandas delincuenciales y a cambio el gobierno les otorga el perdón, les proporciona identidades nuevas para que puedan rehacer su vida y les paga pensiones vitalicias con vivienda y hasta protección en algunos casos. Si esto no es negociar con el crimen organizado y otorgarle el perdón, entonces qué es, pregunto a los “doctos” que en los últimos días han salido a gritar insultos y descalificaciones sin dar un solo argumento de sus dichos.
En México, en donde nuestros gobernantes también son muy afectos (igual que en Colombia) a hacer lo que dictan en Estados Unidos, copiamos la figura de esos testigos protegidos y llevamos por lo menos 20 años negociando con delincuentes (narcotraficantes) y haciendo lo mismo que hace el país vecino. 

TE RECOMENDAMOS:

Varios ejemplos de esos testigos protegidos se han escrito en esta columna, pero uno de ellos que aún la atención fue aquel narcotraficante nieto del dictador cubano Fulgencio Batista que se apegó a dicho programa y fue enviado a París con nueva identidad y un salario mensual. Mayor perdón no puede haber y lo otorgó el gobierno mexicano.
Entonces tanto gobiernos de países en desarrollo y desarrollados siempre han negociado con el crimen organizado como una posibilidad para reducir la violencia y disminuirlo. Así que para aquellos que se suman a la descalificación sin argumentos estaría bien que leyeran un poco de historia y su análisis partiera del conocimiento de lo que ha ocurrido sobre ese fenómeno social.
fuente.-Miguel Badillo
(Imagen/Internet)