Felipe Calderón decidió en el umbral de su sexenio sacar a los militares de sus cuarteles para realizar labores policiacas en contra del crimen organizado. El Operativo Michoacán inauguró esta acelerada militarización de la seguridad pública y a 11 años de distancia los índices de violencia han aumentado, las violaciones a derechos humanos son mayores y, lo peor, la amenaza del narcopoder no ha disminuido.
En el ocaso de su sexenio, Enrique Peña Nieto ha decidido sacar al alto mando militar para entrar a la disputa por la sucesión presidencial en el 2018. No solamente presionó y ordenó a los gobernadores del PRI para que dieran luz verde a los diputados federales de cada entidad para aprobar fast track el 30 de noviembre una mala Ley de Seguridad Interior, mal redactada, vaga, difusa, confusa y opaca. Ahora dio la orden de que salieran a hacer declaraciones los secretarios de Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Francisco Soberón, para sumarse a un coro sincronizado en contra de una mala declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre la amnistía a grupos criminales.
Todo parece indicar que el escenario para el 2018 ya es claro: van a usar al alto mando militar y a los efectivos castrenses necesarios no para combatir el crimen organizado (lo han hecho desde 2007 y la situación ha empeorado) sino para combatir toda posibilidad de que en las elecciones federales gane un candidato ajeno a la cleptocracia.
Superados los cuartelazos después del asesinato de Álvaro Obregón y tras el episodio del henriquisimo, durante décadas una de las reglas no escritas del sistema político priista fue impedir que los militares tomaran parte activa en las disputas electorales. Podían ser candidatos a gobernadores, diputados o senadores, pero ni el titular de la Sedena y menos el de la Marina participaban como declarantes activos en las diferencias o contiendas electorales. Ni siquiera en el 88, con el escandaloso fraude que llevó a Carlos Salinas de Gortari a la presidencia, y menos en el 2006, con la sucia victoria de Felipe Calderón, se usó al alto mando militar para “dar línea” e intimidar a los opositores.
Ahora ni siquiera se ocultaron las formas. Los jefes de las Fuerzas Armadas salieron a criticar la declaración de López Obrador. El titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, consideró que “sería un gravísimo error pensar en amnistiar a quienes han hecho tanto daño al país”. El secretario de Marina, Francisco Soberón, consideró que es “extremadamente simplista” y “mera propaganda electoral” la propuesta del candidato presidencial de Morena.
Ambos fueron cuidadosos, pero el despliegue mediático en todos los noticiarios de radio y televisión, más las primeras planas en los periódicos afines al presupuesto de Los Pinos hablan claramente de una operación político-mediática para incorporar a los generales y almirantes a la contienda civil en una especie de “guerra de alta intensidad declarativa”. Precedente peligroso y preocupante.
Ningún comentarista de los medios oficiosos cuestiona al alto mando militar sobre la Ley de Seguridad Interior aprobada ya en la Cámara de Diputados y que este lunes 4 de diciembre fue duramente criticada por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por colectivos de más de 200 organizaciones civiles que impulsan la causa #SeguridadSinGuerra. Las críticas a la militarización de la seguridad pública no existen en la agenda del alto militar y de los medios y articulistas del “Consenso Los Pinos”.
De lo que se trata es de adelantar un escenario de polarización y tensión electoral que lleve a los altos mandos militares a tomar partido por el candidato priista José Antonio Meade. Y como ni siquiera existe un titular de la Fepade y los integrantes del Consejo General del INE son casi fantasmales, ninguna autoridad electoral les recordará a los generales y almirantes que calladitos se ven más respetuosos en las disputas de la sucesión.
Los únicos capaces de “sacrificar” y exhibir a los almirantes de la Marina son los ejecutivos de Televisa. ¿Por qué guardaron silencio los altos mandos militares ante la humillación pública y en cadena nacional del episodio de la niña ficticia Frida Sofía durante el 20 y 21 de septiembre y ahora se prestan a ser parte de la contienda electoral? ¿Acaso las fuerzas armadas no deberían estar por encima de las disputas partidistas para darle protección a la población, sin distinguir filiaciones políticas?
La mala Ley de Seguridad Interior
Este martes 5 de diciembre iniciará, en medio de una intensa protesta social en las redes, la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior. Las principales críticas que se le han realizado son las siguientes:
1.-NO EXISTEN ANTECEDENTES INTERNACIONALES. – En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados no se menciona ningún caso exitoso en otro país donde utilizar a las Fuerzas Armadas en funciones policiacas por periodos tan prolongados hayan permitido reducir el crimen organizado, mejorar la seguridad pública de la población y eliminar violaciones a los derechos humanos.
Por el contrario, los ejemplos son en sentido inverso: la militarización de las funciones policiacas han incrementado la inseguridad, han provocado la paramilitarización social y han generado un mayor autoritarismo al permitir la impunidad de las fuerzas militares.
2.-ES VIOLATORIO DE LA CONSTITUCION. – Viola el artículo 21 constitucional en el que se establece claramente que las instituciones de seguridad pública serán “de carácter civil, disciplinado y profesional” y que “el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberían coordinarse entre sí para ampliar los objetivos de seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad pública”.
También viola el artículo 129 constitucional que subraya: “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
En el dictamen no se establecen criterios claros ni regulación eficaz para explicar en qué casos y por qué razones se requerirá del uso de la Fuerzas Armadas para funciones policiacas. Simplemente señala que el crimen organizado en “áreas geográficas determinadas, ha rebasado a la autoridad civil” lo que “justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad”.
¿Quién establece, cómo y bajo qué criterios claros cuáles son las “condiciones para retornar a la normalidad”? ¿Qué significa “normalidad” en una ley como la de Seguridad Interior?
3.-ES VIOLATORIA A LOS DERECHOS HUMANOS. – La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como una red de organizaciones civiles han expresado su oposición a esta Ley de Seguridad Interior porque no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos. Sólo menciona, como un compromiso genérico que “se respetarán”.
El dictamen aprobado permitirá a las Fuerzas Federales –incluyendo a las militares- intervenir contra protestas sociales “si consideran que no son pacíficas”. ¿Quién lo determinará, bajo qué criterios, qué medidas de protección a los derechos humanos se tomarán? Nada de esto se establece en el dictamen.
La realidad es que el incremento de violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas coincide con su papel en funciones policiacas. De 190 quejas por año que llegaban a la CNDH en 2006 se pasó a mil 75 denuncias por año en los últimos años por violaciones a los derechos humanos contra elementos de las Fuerzas Armadas y la Marina.
4.-ES DISCRECIONAL, IMPRECISA Y FOMENTA LA IMPUNIDAD. – La Ley de Seguridad Interior no establece plazos claros, ni límites y menos reglas claras para determinar la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas. Mucho menos determina condiciones y plazos de retorno de los actuales efectivos de las Fuerzas Armadas.
El dictamen no menciona, por ejemplo, que cuando Enrique Peña Nieto asumió el poder presidencial existían ocho operativos especiales en igual número de entidades donde los efectivos militares ejercían funciones policiacas. Esta cifra creció cuatro veces: existen 24 operativos actualmente y no ha disminuido ni la violencia ni la inseguridad pública ni los delitos cometidos por la delincuencia organizada. ¿Qué demostración verídica, medible y certera existe para justificar la participación de los cuerpos armados dada la experiencia que tenemos desde 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón sacó a los militares de sus cuarteles?
Peor aún, tampoco existen datos verificables sobre las sanciones o juicios contra militares que hayan cometido delitos y violaciones a derechos humanos contra la población civil. Lo único que sabemos es que se ha incrementado la impunidad. Ahí están los casos de Tlatlaya, Ostula, Ayotzinapa y Nochixtlán, entre muchos otros, para demostrar que la Ley de Hierro de la Impunidad es lo que prevalece en todos estos casos.
5.-INCREMENTA EL PRESIDENCIALISMO, REDUCE EL EQUILIBRIO DE PODERES. – El dictamen de la Ley de Seguridad Interior justifica el exceso de presidencialismo al utilizar las facultades que le confieren el artículo 89 fracción IV de la Constitución para preservar la seguridad nacional en términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes para la seguridad interior y defensa del exterior.
En ningún momento se establecen balances y contrapesos del Congreso y mucho menos el respeto a la soberanía de las entidades federativas. Sin el concurso de los Congresos locales y menos sin el apoyo de la población civil de cada entidad, el Ejecutivo federal puede desplegar las fuerzas armadas no sólo para labores de seguridad pública sino prácticamente para las que considere “necesarias”.
Fuente.-www.homozapping.com.mx
