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viernes, 13 de octubre de 2017

GOBIERNO de "CABEZA" NO QUIERE RESPONSABILIDADES,QUIERE EX-GOBER PRESO en un PENAL FEDERAL...y decían que era solo un preso mas.

Por considerarlo un reo de alto perfil, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) solicitó a la Coordinación General de Centros Federales trasladar del penal de Cd. Victoria al ex Gobernador Eugenio Hernández Flores a otro reclusorio del País.

La petición fue hecha a través del oficio número SSP/03864/2017 y va dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad.

NOTA RELACIONADA:

Como antecedente del ex Mandatario se establece que el 12 de octubre, dentro de la causa penal 67/2017, se dictó auto de formal prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero en contra del ex Gobernador.

"Tal y como se desprende de los autos de la causa penal ya señalada, por tal motivo y en atención al alto perfil del procesado en mención se solicita el traslado del mismo a un Centro Federal", señala el oficio.

"Ya que el lugar en donde actualmente se encuentra privado de su libertad no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados para este tipo de personas".

Asimismo, indica que la petición se realiza a efecto de no poner en riesgo la integridad física y la salud del ex Edil de Ciudad Victoria, así como preservar la estabilidad y tranquilidad de la institución en donde actualmente se encuentra.

"Así como que no es posible su ingreso a población interna dado el alto perfil de la PPL (Persona Privada de la Libertad) mencionado, aunado a que no se cuenta con la adecuada infraestructura para salvaguardar la integridad física y la vida de dicha persona", subraya.

También piden su traslado con el fin de que los derechos humanos de Hernández, que se encuentra en situación de riesgo, no sean vulnerados.

El ex Gobernador fue detenido el pasado viernes, luego de cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y lavado de dinero.


Este jueves el Juez Segundo Penal, Juan Manuel Ham, dictó el auto de formal prisión, por el que se mantiene en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de esta localidad.

Fuente.-

LA "BARBIE",el PADRINO de la CARRERA CRIMINAL del PANCHO CALAGUA...se la cortaron sicarios en moto y 10 balazos.

La carrera criminal de Francisco Javier Hernández Gómez, "Pancho Cayagua" -líder del grupo delictivo La Unión de Tepito asesinado este miércoles- despuntó bajo el cobijo de Édgar Valdez Villarreal "La Barbie".
Según expedientes a los que La Silla Rota tuvo acceso, Valdez Villarreal admitió ante la Procuraduría General de la República (PGR) que a través de sus operadores tenía negocios con bandas criminales de la Ciudad de México y el Estado de México. A principios de 2010 convocó a una junta para unificar fuerzas en la capital, territorio que, hasta antes de su abatimiento, le perteneció a Arturo Beltrán Leyva.
"Pancho Cayagua" fue asesinado en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la delegación Gustavo A. Madero, por dos hombres a bordo de motocicletas que lo siguieron hasta lograr interceptarlo y darle alrededor de 10 balazos. 
En enero de hace 7 años, "La Barbie" - quien fue jefe de sicarios del cártel de Sinaloa y luego de Arturo Beltrán Leyv-  arribó a la Colonia Morelos junto con unos 30 de sus gatilleros. Cámaras del Gobierno no les perdieron el rastro durante las dos horas en que transcurrió la reunión, según consta en expedientes y declaraciones, incluida la de un policía infiltrado.
El trato, según testigos que rindieron testimonio en la averiguación PGR/SEIDO/UEIDCS/112/2010, era que Valdez Villarreal abasteciera de cocaína a Tepito y sus bandas delictivas, a cambio del 35 por ciento de las ganancias. El kilo de cocaína sería vendido entonces a 180 mil pesos el kilo. La Unión aglutinó a ocho grupos criminales de la ciudad.
"(...) En la junta estuvieron gente del ´Mayo´ (Zambada) y jefes locales que traían su propia estructura. Todo lo patrocinó ´La Barbie´ o ´La Muñeca´ y estuvieron los tepiteños, unos que por lo que yo sé eran ex policías de la Procuraduría General de la República (PGR) pero nunca supe sus nombres".

"La Policía del DF supo de todo el movimiento, hubo hasta dónde yo supe un operativo para agarrar a ´La Barbie´ pero desde arriba, es decir, desde el Gobierno central lo pararon, recibiendo yo instrucciones de dar seguridad perimetral y regresarnos a los tráiler donde habíamos llegado de Morelos", relató un testigo que usó la entonces SEIDO para integrar pruebas contra Valdez Villarreal.

La Unión 
Ese día "Pancho Cayagua" y su hermano Armando "El Ostión" fundaron La Unión. 
Dicha organización conjuntaría a varias familias del narcomenudeo en una sola y controlar la ciudad. El trató continuó con "La Barbie" unos meses después hasta su captura en agosto de 2010; después el trato continuó con su Carlos Montemayor.
Según reportes de Inteligencia de la Procuraduría de la Ciudad (PGJ) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el pacto estaban también los hermanos Magaña, cuyo sobrino, Edwin Agustín Cabrera Jiménez, "El Antuán", formaría posteriormente La Unión Insurgentes. 
Los Magaña eran de la Romero Rubio y controlaban el corredor Insurgentes (Norte a Sur), de ahí su relevancia. Sin embargo, al convertirse en Unión Insurgentes y levantar a los 13 del Heaven, las autoridades los desmantelaron. 
También pactaron Ricardo Castillo "El Moco", un ex colaborador de Los Zetas y Jorge Castro Moreno "El Abuelo", vínculo de ´La Barbie´ en el sureste del país para la entrada de cocaína de la ruta Panamá-México.
Desde entonces, "Pancho Cayagua" escaló en el organigrama criminal, pues venía de una familia dedicada a la producción de zapatos que más tarde incursionó en la venta de droga.
El Heaven
 Según declaró su hermano "El Ostión", ante autoridades capitalinas tras el secuestro de 13 personas sacadas del bar Heaven, el 26 de mayo de 2013, "Pancho Cayagua" vivía en Sonora, donde se sospecha pretendieron establecer conexiones para traficar cocaína a Estados Unidos.
 Pero la SEIDO sabía más de los hermanos Hernández Gómez. En el expediente del Heaven, consultado por La Silla Rota, "El Ostión" aceptó tener contactos en la subprocuraduría, de donde le entregaron información sensible sobre el grupo delictivo con el que tenían una pugna a muerte.
 "El declarante estaba investigando quiénes habían sido los responsables de estos hechos, ya que en días anteriores se había publicado en los periódicos que el declarante y su hermano Francisco Javier Hernández Gómez habían sido los responsables de los homicidios del gimnasio (en 2013, Colonia Morelos)".

"Por lo que solicitó apoyo a un ex policía de la PGR (que es su ahijado en la Santería) para ayudarlo a sacarlo del problema, ya que no era responsable de estos hechos ni tampoco su hermano. (...) Por lo que este policía les proporciona información que había hecho la SEIDO y que consistía en una hoja con fotografías de los propietarios del bar Heaven", se lee en el expediente.

 Con la muerte de "Pancho Cayagua" se prevé el final de La Unión Tepito como tal y una batalla por el control del centro de Ciudad de México y algunos municipios del Edomex. 
Fuente.-LaSillaRota/

LA "JUSTICIA AMAÑADA" TAMBIEN en el EJERCITO...saldos de la fracasada guerra Calderonista.

Fue una huelga de hambre de seis días al interior de la prisión militar de Mazatlán, Sinaloa, que puso en evidencia de nueva cuenta el amaño que existe en los juicios contra oficiales del ejército acusados de delitos fundados en testimonios obtenidos vía tortura. 

El caso del teniente de caballería Roberto Armando Garibaldy Valdez, ilustra de nueva cuenta cómo operó la “justicia de mando” en el teatro de operaciones de Sinaloa durante la guerra contra el narco del calderonismo, que a la fecha se ventila en distintos juicios en país donde ha quedado de manifiesto lo que los procesados consideran una “perversión política” de uso indiscriminado de testimonios falsos para justificar crímenes que siguen impunes.

Era mayo del 2010 cuando el quinto batallón de fuerzas especiales llegó a Culiacán, procedente de su base en Tijuana. Su misión era apoyar las operaciones militares de “alto impacto” contra el narco, que por entonces se realizaban en Sinaloa. Cuando arribaron al cuartel de la novena zona militar en la capital del estado, el entonces comandante el general de brigada Noé Sandoval Alcázar, los reunió en la explanada donde les dio un mensaje.

—A mí no me gusta llamarle todos los días a mi general Galván (Guillermo Galván Galván) y decirle sin novedad. Yo siempre debo reportar resultados—decía Sandoval al comentar que el reporte diario al entonces secretario de la Defensa Nacional debería incluir siempre novedades.

Sandoval Alcázar era en aquel entonces comandante de la novena región militar en Culiacán, poco después fue ascendido a divisionario y enviado a Monterrey, donde se hizo cargo de la comandancia de la cuarta región militar. En esa posición fue uno de los aspirantes a ocupar el cargo de secretario de la Defensa Nacional, no le alcanzó y fue nombrado Oficial Mayor de la Sedena, tiempo después cuando pasó a retiro el general de división Virgilio Daniel Méndez Bazán quien era subsecretario, ocupó ese puesto hasta el año pasado cuando pasó a retiro.

La llegada en la primavera del 2010 del Quinto Batallón de Fuerzas Especiales a Culiacán, que entonces estaba al mando del coronel de infantería Miguel Ángel Campos Chavarín, era para realizar operaciones contra los dos bandos en los que se había fragmentado el cartel del Pacífico. De un lado los Beltrán Leyva, del otro las facciones del “Chapo” Guzmán e Ismael “el Mayo” Zambada. La captura en enero del 2008 de Alfredo Beltrán Leyva, atribuida a una delación de Joaquín “el Chapo” Guzmán, había provocado la ruptura al interior de la otrora Federación, donde junto a los Guzmán y los Beltrán, las cabezas eran los jefes de los clanes Esparragoza, Zambada y Carrillo.

En su paso por Sinaloa el registro de quienes integraban el batallón, recopilado por los oficiales subalternos, decía que en esa misión se obtuvieron “excelentes resultados, como aseguramiento de droga, armas, dinero en efectivo y vehículos”.

El contexto de la intervención de la unidad de fuerzas especiales en la capital sinaloense eran las balaceras, asesinatos continuos, y hallazgos de osamentas. Por esos días ocurrió la muerte de un par de civiles la cual fue atribuida a elementos del ejército, vino entonces una protesta que se transformó en manifestación a las afueras del cuartel de la zona militar. Los familiares de las víctimas aseguraban que los responsables habían sido soldados, quienes se los llevaron, los torturaron e incineraron adentro de una camioneta.

Aquella protesta caló en la opinión pública, la denuncia circuló en medios locales y en páginas de internet. A nivel nacional hubo eco de la protesta, que empataba por entonces con otras denuncias similares que ocurrían en distintos puntos del país como Chihuahua, donde también se realizaba una operación militar contra el narco.

El general Sandoval ordenó que se abriera una investigación a cargo de la Policía Judicial Federal Militar, donde un grupo llegó a Culiacán al mando del capitán Joel Sotelo Vázquez, un oficial que hoy día ya está retirado. Los reportes señalaban que 13 efectivos de tropa pertenecientes al batallón fueron detenidos. Testigos del caso acusaron que fueron torturados y obligados a firmar declaraciones hasta por tres ocasiones diferentes. Bajo presión los soldados culparon de la muerte de los dos civiles al teniente Roberto Armando Garibaldy Valdez y a su colega de rango Jaime Cruz Santiago.

Los tenientes Garibaldy Valdez y Cruz Santiago fueron detenidos y permanecieron durante ocho días incomunicados en las instalaciones de la novena zona militar, sometidos a presión y tortura. Fueron consignados en el verano del 2010 acusados de homicidio calificado, imputaciones mientras realizaban labores de seguridad pública por órdenes del general Galván.

Juicio amañado
A manera de protesta por el cúmulo de violaciones a sus garantías individuales, que asegura, han caracterizado el juicio en su contra, el teniente Garibaldy Valdez inició una huelga de hambre el pasado 5 de octubre en la prisión militar de la Tercera Región Militar, en Mazatlán, Sinaloa.


En una misiva enviada a este blog, el teniente Garibaldy Valdez, oficial de caballería, señala que van más de siete años en los que durante varios careos y diligencias, los soldados que lo acusaron negaron la historia ya que fueron obligados bajo tortura a firmar lo que les pusieron enfrente. Quedó claro en careos constitucionales que fueron obligados a mentir, asegura.

El proceso en todo momento ha sido obstaculizado, prueba de ello es que más de siete años después aún no hay sentencias en firme, señala. Con un fallo de un consejo de guerra que los condeno a 45 años de prisión, éste fue revocada porque la autoridad militar no resultó competente para conocer el caso, ya que había civiles involucrados. En el año 2012 la causa penal pasó al ámbito federal y quedó adscrito al juzgado segundo de distrito en procesos penales federales en Culiacán.

En el año 2015 el juez dictó sentencia por 30 años, la cual fue revocada por un tribunal unitario por violaciones en el procedimiento.

“Estas violaciones no han sido corregidas porque su naturaleza las hace imposibles de reparar, como es el hecho de que el juez se niega a desechar las pruebas obtenidas con ilegalidad, ya que existen muchos testimonios del propio personal militar testigo de la investigación irregular que hubo coacción y tortura para obtener las confesiones”.

La queja principal del teniente Garibaldy es contra la actuación del juez federal Pedro Jara Venegas, quien se niega a cerrar la causa penal con argumentos que no acatan lo dispuesto en el fallo del tribunal unitario.

El funcionario judicial esgrimió que no es procedente el cierre de la causa porque el coacusado el teniente Cruz Santiago, se niega aun a cerrar su causa. Este hecho según la defensa de Garibaldy de manera legal no es impedimento para que concluya su causa y sea sentenciado.

La historia detrás
El caso de los dos civiles que fueron asesinados presuntamente por militares, ocurrió en el área donde operaba el Quinto batallón de fuerzas especiales. Los primeros peritajes demostraron que las víctimas perdieron la vida por disparos de fusil AK-47, arma que no es de uso oficial en las fuerzas armadas.

La versión que los miembros del batallón conocieron en aquel momento fue que se buscó calmar la protesta de los civiles, y se optó por encarcelar a los dos oficiales por órdenes del general Sandoval Alcázar. Pese a que nunca se demostró que hubieran sido militares los que ultimaron a los dos individuos.

Las familiares se manifestaron diciendo que fueron personas vestidas de militares y preguntaron a la novena zona militar, la cual negó todo, con oficios y partes informativos de los movimientos de tropas. Después se aclaró que no estaban en la zona militar los civiles que buscaban. Después las familias pusieron denuncia donde decían que fueron militares, en exámenes de testigos señalaron que a ellos les dijeron que mencionaran que habían sido los soldados.

Había una certeza que por información de inteligencia se había corroborado desde tiempo atrás: los narcos ya usaban desde entonces uniformes similares a los del ejército, era su modus operandi. Se documentó también durante el juicio que el teniente Garibaldy se encontraba en otro lugar diferente al sitio que mencionaron y donde presumiblemente ocurrieron los hechos.

La hipótesis de los militares acusados, era que fue gente del narco quienes hicieron eso.

Fin de una huelga
La huelga de hambre del teniente Garibaldy Valdez orilló a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos enviara un visitador el pasado lunes 9 de octubre al penal castrense que se encuentra dentro de las instalaciones del cuartel de la Tercera Región Militar, en Mazatlán.

El visitador Benjamín Vergara, de acuerdo a la abogada Ana Lucía Zavala Rodríguez representante del oficial procesado, se comprometió a que la CNDH intervendría ante el Poder Judicial de la Federación para que se cerrara la instrucción y se pusiera el caso en vista para sentencia.

El pasado miércoles 11 de octubre el teniente Garibaldy fue notificado del cierre de instrucción que antecede al cierre de la causa y durante la tarde dio por finalizada su huelga de hambre. También levantó una protesta que mantuvo a las afueras de la CNDH en la ciudad de México la representante legal.

El visitador se entrevistó en el penal de Mazatlán con otros procesados que atraviesan por una situación similar de prisión preventiva prolongada. Entre los militares con los que platicó sobre su situación procesal se encontraban el mayor Alejandro Rodas Cobón, quien lleva ocho años en prisión preventiva; el subteniente Mauricio Esteban Pérez Landón, quien lleva 12 años; el sargento Alberto Alvarado Vázquez, con ocho años y el soldado Jorge Rojas Marroquín con cinco años.

fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424

EN MEXICO NOS ARMAMOS o NO NOS ARMAMOS ?...una iniciativa ciudadana a la espera que a muchos desespera.

Pese a la reciente masacre ocurrida en Las Vegas, donde un tirador asesinó a 58 personas utilizando rifles automáticos, en México hay voces que se alzan a favor de una flexibilización de la ley para que los ciudadanos puedan portar armas para su defensa personal como ocurre precisamente en los Estados Unidos

En México la Constitución mexicana protege derechos como el acceso a la educación, a la salud, a una vida digna, la libertad de expresión y libre tránsito entre otros.
Pero hay un movimiento que pretende incluir en el catálogo de las garantías individuales el derecho a portar un arma en cualquier momento como una ampliación al término de la legítima defensa.
La Asociación Mexicana del Rifle (AMR) y la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego (AMUAF) han iniciado gestiones ante la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa de ley que permita a los ciudadanos no sólo una mayor facilidad en la obtención de licencias, sino la portación legal de armas en todo momento y lugar.
Frente a esa propuesta, organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano y México S.O.S. han cuestionado la posibilidad de que armar a la sociedad sea la solución a los problemas de inseguridad que se viven en el país, estableciendo que debe ser el Estado el único rector de la seguridad de todos.
La iniciativa ciudadana que promueven la AMR, la AMUAF y el diputado Leonardo Amador, es distinta a la presentada en octubre pasado por el senador de Colima, Jorge Luis Preciado, que planteaba reformas a la Constitución para que los ciudadanos pudieran extender el resguardo de un arma de fuego más allá de su domicilio y se pudieran tener en negocios o vehículos.
“La iniciativa que pretendemos”, dijo el presidente de la AMR y de la AMUAF, Luis Antonio Merino González, “se finca en la flexibilización de la norma vigente, para que todos los ciudadanos tengan acceso al derecho de portar armas y se eviten la trabas que se imponen por parte de la autoridad que expide las licencias de portación de armas de fuego”.
Por su parte, el diputado Amador dijo que esa sería una medida eficiente para terminar con los elevados índices delictivos que aquejan a los ciudadanos.
“Los hechos delictivos se verían inhibidos ante la suposición de los delincuentes de que cualquier ciudadano se encuentre armado, y puede repeler en cualquier cualquier tipo de agresión”, indicó.
Pero esa idea no es compartida por Orlando Camacho Nacenta, miembro consejero de la Comisión Nacional de Seguridad Pública y director de la organización civil México S.O.S., quien considera que bajo ninguna circunstancia armar a la sociedad mexicana es una solución a los problemas de inseguridad, pues debilitaría el Estado de Derecho.
Dijo que como sociedad no nos debemos dejar de fortalecer a las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad de los mexicanos, pues esa es la única forma de solucionar el problema que aqueja a ciudadanos y no el suministro de armas a la población civil.
En ese mismo sentido se manifestó el director de la organización Observatorio Nacional Ciudadano y consejero de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, Francisco Rivas Rodríguez, quien estimó que armar a la sociedad mediante la facilidad de acceso a las licencias de portación de armas sería incrementar un factor de riesgo para la violencia. 
Además, dijo, una medida de ese tipo también tendría otras consecuencias, entre las que destacó el efecto minimizador   de la autoridad en materia de rectoría de la seguridad de los ciudadanos, que a su vez llevaría a otros conflictos innecesarios como el incremento de culpables.
La oposición a la iniciativa de ley ciudadana que pretenden organizaciones armamentistas como la AMR y  la AMUAF, también ha recibido su rechazo por parte de familiares de víctimas de delitos ocasionados con armas de fuego, donde se considera que a menos cantidad de armas en circulación menor es el riesgo de violencia.
Luis Bolio Vásquez, padre del periodista Erick Bolio López, que murió ejecutado de tres balazos en Puebla el pasado 1 de mayo, dijo que la propuesta de armar a la sociedad para encarar la violencia es inviable. Consideró que es el Estado el que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y no dejar esa responsabilidad al libre albedrío de la ciudadanía.

INICIATIVA A LA ESPERA

El diputado Leonardo Amador Rodríguez, representante del distrito 5 de Poza Rica, Veracruz, dijo que a más tardar en dos semanas se presentará la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados
Según lo anunció Luis Antonio Merino González, la Asociación Mexicana del Rifle y la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego actualmente trabajan con el diputado del PRD, Leonardo Amador Rodríguez para llevar la iniciativa ciudadana al pleno del Congreso a fin de reformar la ley y que permita una mayor flexibilidad para la compra y portación de armas.
Merino González estima que sea en esta Legislatura federal cuando pueda prosperar su iniciativa, cuyo antecedente es la que presentó el senador panista por Colima, Jorge Luis Preciado, el 6 de octubre del 2016, en donde propuso reformas al artículo 10 constitucional para extender el resguardo y portación de armas del domicilio particular a los negocios y vehículos de los ciudadanos.
Por su parte, el diputado Leonardo Amador Rodríguez, representante del distrito 5 de Poza Rica Veracruz, dijo que a más tardar en dos semanas se estará presentando la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados, la que podría ser entregada por su persona en caso de que no se cumpla con el requisito de las firmas que la avalen.
El legislador dijo que la iniciativa es viable, pues con ella se pretende dar acceso a todos los ciudadanos al pleno derecho de la legítima defensa que en las condiciones actuales de violencia en el país “sería una forma de inhibir la delincuencia”.
Pero reconoció que debe ir aparejada de otras acciones como es la cultura a fin de que el ciudadano haga pleno uso de la legítima defensa, renglón en el que también trabaja el legislador.
“No estamos supeditados a lo que puedan hacer los legisladores para apadrinar una iniciativa como la que pretendemos”, explicó Luis Antonio Merino, “estamos haciendo nuestra propia gestión para llevar a cabo una iniciativa ciudadana que modifique y haga más accesibles las reglas para la portación de armas a favor de la ciudadanía”.
Dijo que actualmente La Asociación Mexicana del Rifle y la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, tras haber diseñado la iniciativa de ley, están en busca de 120 mil firmas de ciudadanos que avalen la propuesta a fin de que esta pueda tener curso en la Cámara de Diputados.
A la fecha, la propuesta de iniciativa de ley para flexibilizar la norma de adquisición de armas de fuego y entrega de licencias para su portación ya cuenta con el aval de 30 mil firmas de ciudadanos que empatan con la visión de las dos organizaciones armamentistas, por lo que se estima que podría ser en breve cuando se pueda presentar la iniciativa ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Los componentes de la iniciativa ciudadana que pretenden la Asociación Mexicana del Rifle y la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego son cuatro puntos básicos: que se eliminen los criterios discrecionales que actualmente se mantienen para la entrega de licencias de portación de armas, que se amplíe a calibres mayores las armas que puedan ser portadas por ciudadanos, que se garantice la compra legal de armas y que se permita la instalación de más tiendas de armas en el país.

REGULACIÓN NECESARIA

Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, la regulación de armas es necesaria para evitar consecuencias como la masacre ocurrida en Las Vegas el pasado 3 de octubre
“El estado actual en el que se encuentra la Legislación federal en materia de armas de fuego empuja al tráfico ilegal de armas y aumenta potencialmente el riesgo de situaciones como la ocurrida recientemente en Las Vegas”, refiere Luis Antonio Merino, presidente de las dos agrupaciones civiles pro armamentistas.
Frente a esa postura resalta la visión contraria de Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano, para quien la regulación de armas es necesaria y considera que dejar su fácil acceso a los ciudadanos podría traer consecuencias como la masacre de Las Vegas o la ocurrida en un colegio de Monterrey a principios de este año.
“No sabemos qué va a pasar con el resguardo”, dijo Rivas Rodríguez, quien aseguró que a mayor facilidad de acceso de la población a las armas de fuego, aumenta en forma considerable el factor de riesgo de violencia, pues consideró que mucha gente no está consciente de su uso.
Además, estimó el incremento de riesgos innecesarios al no existir la certeza de que todos los casos en donde un ciudadano interponga la legítima defensa en el uso de armas, sea atendido eficientemente por un agente del Ministerio Público, lo que implícitamente elevaría la cantidad de personas culpables de delitos.
Ante esa eventual posibilidad, Merino González señaló que a la par de la iniciativa ciudadana que promueve para que el acceso a las armas de fuego por parte de los ciudadanos “sea menos burocrático”, también se contempla “un programa de capacitación a los ciudadanos para el manejo de armas de fuego para su legítima defensa”.
El presidente de las agrupaciones pro armamentistas, Luis Antonio Merino González, señaló que a la par de la iniciativa ciudadana se contempla un programa de capacitación ciudadana para el manejo de armas de fuego en legítima defensa

FALTA UN ESTUDIO SERIO

La convicción que priva entre los miembros de la AMR y de la AMUAF, dijo su vocero, es  la sobrerregulación en la adquisición y posesión de armas lo que en México pone en riesgo a la sociedad civil, pues los grupos delincuenciales son quienes tienen mayor acceso al mercado negro.
En oposición a esa postura, Orlando Camacho Nacenta considera que la desregulación en la compra y posesión de armas no es la solución ni el camino a la disminución de los índices delictivos y citó como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, donde estudios con metodologías científicas  revelan el riesgo al que se expone una sociedad con acceso ilimitado a las armas de fuego.
Dijo que con base a estudios académicos serios se ha demostrado que en Estados Unidos, de 1970 a la fecha, han muerto a causa de las armas de fuego más personas de las que han fallecido en todas las guerras que ha tenido ese país desde la instalación de las 13 colonias hasta las guerras más recientes.
También aseguró que en el vecino país del norte, donde la adquisición de armas de fuego es libre y su acopio permitido, mueren 92 personas al día en hechos relacionados con éstas, además de que los niños de ese país tienen 14 veces más posibilidades de morir abatidos que cualquier otro menor.
Por eso Orlando Camacho aseguró que en esa propuesta de iniciativa de ley que pretenden la AMR y la AMUAF, no hay seriedad, pues no hay estudios ni investigaciones con metodologías serias que justifiquen dotar de armas a los ciudadanos como se plantea.

A FAVOR DE UNA CULTURA DE ARMAS

El vocero de la AMR y la AMUAF informó que de existir un programa para el manejo de armas se evitarían acontecimientos como el del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, en enero pasado
A la par de la propuesta de una flexibilización para que los ciudadanos puedan acceder a la compra legal de armas, la AMR y la AMUAF han dicho a través de su vocero estar a favor de una campaña de capacitación en el manejo y uso de armas.
“El problema en realidad no son las armas, sino la cultura para la portación de estas. Un arma por sí sola no mata. Lo que mata es la formación de las personas”, dijo Luis Antonio Merino.
Recordó el caso del estudiante que el 18 de enero de este año disparó contra sus compañeros de clases y su maestra en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey y dijo que esa situación pudo haberse evitado si existiera un programa para el manejo de armas, incluso si la propia pistola hubiese sido de adquisición lícita, lo que hubiera llevado a un resguardo seguro del arma decretado por la propia legislación.
Pero el hecho de que exista una sobrerregulación para la adquisición y portación de armas en México, explicó, sólo pone en riego a los ciudadanos, quienes no pueden acceder con la misma facilidad con la que lo hacen los delincuentes para adquirir cualquier tipo de armas de fuego para atentar contra la misma comunidad.
Frente a esa postura, Luis Bolio, familiar de una víctima directa del uso armas de fuego, consideró que ni siquiera con una cultura de armas se puede tener la certeza de que los índices de delincuencia bajen.
“A veces los mexicanos no tenemos ni siquiera cultura para el manejo de un auto, mucho menos la vamos a tener para el manejo de armas”, dijo.
“A veces los mexicanos no tenemos ni siquiera cultura para el manejo de un auto, mucho menos la vamos a tener para el manejo de armas”
- Luis Bolio
Padre del periodista Erick Bolio López, ejecutado con arma de fuego

MERCADO NEGRO AL ALZA

El presidente de la AMR y de la AMUAF, Luis Antonio Merino González, aseguró que antes de 1971 en todo el país existían al menos 20 empresas dedicadas a la venta de armas y los índices de homicidios no eran tan elevados como hoy
El mercado negro de armas en nuestro país, expuso Luis Antonio Merino, está siendo alentado por la propia legislación, la que desde 1971 se endureció para los ciudadanos.
“Se les limitó en la adquisición y portación de armas, haciendo que el mercado ilícito fuera en aumento, con un repunte, desde entonces, de los índices de homicidios dolosos”, dijo.
Recordó que hasta antes de 1971, en todo el país existían al menos 20 empresas dedicadas a la venta de armas y los índices de homicidios no eran tan elevados como hoy.
“En las estadísticas del Gobierno federal vamos a encontrar que la violencia por armas de fuego ha venido en aumento en el país desde que se tomó la iniciativa de cerrar el acceso a las armas a los ciudadanos”, señaló.
Así estableció que el mercado negro de armas de fuego es la principal causa en México de los elevados índices de violencia.
“Se verían disminuidos si todos los ciudadanos tuvieran la oportunidad de armarse para defender su vida, su familia y su propiedad; el delincuente se la pensaría dos veces antes de atentar contra cualquier ciudadano que potencialmente podría estar armado”.
Dijo que la masacre de Las Vegas, en donde un ciudadano norteamericano asesinó a 58 personas que asistían a un concierto musical, en realidad no es a causa de la portación de armas, sino a la falta de cultura armamentista y al estado psicológico del agresor, por lo que estimó que en ese sentido se debe trabajar en nuestro país para evitar tragedias como esa.
Agregó que tanto la Asociación Mexicana del Rifle como la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, no sólo están a favor de que se haga una nueva legislación en materia de adquisición y uso de armas, sino que de la mano debe haber una campaña de formación a los ciudadanos para el manejo y uso de armas de fuego e incluir perfiles psicológicos.
Además de una cultura armamentista, Luis Antonio Merino González sugiere incluir perfiles psicológicos de los posibles usuarios de armas de fuego
“Vamos a encontrar que la violencia por armas de fuego ha venido en aumento en el país desde que se tomó la iniciativa de cerrar el acceso a las armas a los ciudadanos”
- Luis Antonio Merino
Presidente de la AMR y de la AMUAF

Fuente.-

"ESO y SI los DETIENEN",NUEVA LEY CASTIGARA de 40 a 60 AÑ0S a QUIEN DESAPAREZCA a un "CRISTIANO"...empeorara si es la autoridad.

Con 361 votos a favor, 0 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta que el Senado de la República envió el último día de sesiones, en abril pasado, la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Asimismo, la turnó al titular del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a fin de que se asignen los recursos necesarios para poder operarla, y que a ellos se les permita participar en su implementación.
Según lo aprobado por los legisladores que integran la Cámara baja, los sujetos que incurran en este delito serán acreedores a una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa, la cual se puede aumentar hasta el doble, cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad, adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
La minuta de lo aprobado reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, para armonizar dichos ordenamientos con la nueva legislación, principalmente, en lo concerniente a las sanciones por el delito de desaparición forzada y el tratamiento de cadáveres de personas no identificadas.
Con lo aprobado se crean también el Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano, así como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Por otra parte, entre lo aprobado por los diputados federales está la investigación de los delitos a través de una Fiscalía Especializada, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las procuradurías locales, a fin de tener autoridades especializadas.
Además, establece la distribución de competencias y la coordinación entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para combatir el crimen, e incrementa las penas para quienes cometan este delito, por ejemplo, en la desaparición forzada cometida por particulares se impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

NOTA RELACIONADA:

Madres de jóvenes desaparecidos e integrantes del movimiento Nuestros Desaparecidos en México, quienes acudieron a la sesión de ayer jueves en San Lázaro, expresaron en una conferencia de prensa, que la nueva Ley será una herramienta para enfrentar lo que denominaron es una crisis de desapariciones e impunidad en el país.
Fuente.-

CAE NAZARIO "N" en la CDMX,MUY BUSCADO por la DEA y FINANCIERO de la "CLICKA del GOLFO"...andaria turisteando.

La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvo en la Ciudad de México a Nazario "N", presunto operador financiero del Cártel del Golfo, quien era buscado por la DEA.
Nazario, conocido como "Big Papa", se encuentra en la lista de los buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y fue detenido en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición.
El detenido es requerido por la Corte Federal del Distrito Este de Texas, para ser procesado por su posible responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y portación de arma de fuego.
A Nazario se le ubica como operador del Cártel del Golfo con operación en Tamaulipas.
"El requerido por la justicia de los Estados Unidos, puesto a disposición de la autoridad Judicial que lo requiere para continuar su proceso internado en el Centro de Readaptación Federal que la Comisión Nacional de Seguridad designe", agregó la PGR.
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