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sábado, 15 de julio de 2017

POLICIA de E.U ENCUENTRA "MOTA" en AUTOS NUEVOS "FORD FUSION 2017" FABRICADOS en MEXICO...desconfian de la gente del "Chapo".


Policías del condado de Portage, Ohio encontraron en 15 autos nuevos fabricados en México más de 180 kilógramos de mariguana y que tenían como destino final concesionarias en Ohio y Pennsylvania para su venta.

Una unidad antidrogas del condado acudieron a una concesionaria Ford, debido a la denuncia de un empleado que encontró un paquete de mariguana en el compartimiento de la rueda de auxilio durante una inspección.

Los investigadores fueron luego a un depósito cerca de Warren donde hallaron más paquetes en los mismos compartimientos de los Ford Fusion. También se encontraron paquetes similares en otras concesionarias en Ohio y una en Pennsylvania.

Un funcionario de la agencia antidrogas DEA informó que se halló marihuana en abril en vehículos enviados de México a Minnesota.

Entre Febrero y Marzo 22 MAS...

Una serie de bultos de marihuana fueron contrabandeados en los vehículos nuevos Ford Fusion 2017 y ha desencadenado una investigación en curso. 

Se cree que el cartel del ex-narcotraficante "El Chapo" está involucrado.

Entre febrero y marzo de este año, alrededor de 1.100 libras de marihuana se descubrió escondida en  por lo menos 22 Ford Fusion que se hicieron en México. La Marihuana valía alrededor de $ 1.4 millones.
El Departamento de Policía de St. Paul dijo en un reporte policial que el 10 de febrero de 2017, fue contactado por la policía local de ferrocarriles con una queja de narcóticos. Habían recibido un vagón que tenía 15 autos de México. Trece de los 15 ya habían sido enviados a los concesionarios unos días antes.
Los dos restantes 2017 Ford Fusions iban a salir ese día. Cuando el camionero fue a hacer su inspección previa al embarque, encontró grandes paquetes de lo que parecían ser drogas en el compartimiento de los neumáticos de repuesto en ambos coches.
El funcionario respondió:
En el compartimiento de repuesto en el maletero del coche había dos bolsas de basura negras. Dentro de las dos bolsas de basura había dos grandes bloques envueltos en Saran. Bajo el envoltorio Saran había una sustancia parecida a un alquitrán y semillas de café. Debajo había una capa de papel de estaño. Dentro de la hoja de estaño había una sustancia de hoja verde que sospechaba que era marihuana. Estimé que cada bloque pesaba aproximadamente 20 libras.
En total, alrededor de 80 libras de marihuana sospechosa se recuperó de ambos coches. El oficial recibió una factura por los 15 coches en el vagón, que incluía los lugares de concesión a los otros 13 habían sido enviados a.
Según Alpha News , uno de los Fusion fue comprado por un hombre de 87 años. Alpha News no especificó si logró disfrutar de la función extra en su Fusion.
Los otros doce coches salieron a varios concesionarios a través del estado y tres terminaron en un centro de alquiler de Aeropuerto Internacional Minneapolis-Saint Paul y estaban listos para ser alquilados.
La policía logró recuperar todas las drogas de los coches. Cada uno tenía entre 40 a 60 libras de marihuana rellenas en los compartimentos de neumáticos de repuesto.
El SPPD escribió que la policía ferroviaria creía que, dado que los automóviles venían de México, alguien en México cargó los coches con las drogas y luego los envió por vagón. 
Después de que el tren cruzó la frontera de los Estados Unidos y se detuvo para la inspección, el "co-conspirador" en el lado de los EEUU entraría en los vagones y recuperaría las drogas.
La policía ferroviaria dijo que era "un problema permanente para ellos" y que creían que "alguien olvidó o perdió la oportunidad de recuperar sus narcóticos en el lado estadounidense de la frontera", según el informe policial.
Un caso similar apareció el 10 de marzo de 2017 con la policía de Dilworth después de que la policía ferroviaria comenzó a decir a los empleados a hacer controles de rutina de los coches nuevos que se envían a través del sistema ferroviario.
En total, la policía de Dilworth dijo que encontró alrededor de 217 libras de marihuana en siete coches, con un valor de alrededor de $ 272.000.
Alpha News habló con un agente de aduanas estadounidense con licencia, quien especuló que las drogas podrían haber sido cargadas en los Ford en la planta de fabricación de Ford "después de la inspección de calidad, pero antes de cargar en el vagón". Agregó, 
"Los empleados de la asamblea de la planta a veces sólo ganan $ 50 USD a la semana, dejando una gran ventana para el soborno. No es inaudito que los extranjeros empobrecidos tomen beneficios, especialmente porque lo que los cárteles pueden pagar puede igualar el salario de un año o si amenazan al empleado oa su familia ".
"Sólo el 4% de los envíos comerciales son inspeccionados por CBP, dejando una gran oportunidad para el contrabando de drogas, armas y personas en los Estados Unidos. Sin embargo, la CBP ha capturado traficantes de drogas que ponen escondites para las drogas en los moldes de piezas moldeadas. No es difícil saber en qué envío están los coches con el escondite de la droga. Los observadores pueden identificar los números de los vagones de ferrocarril y los manifiestos de envío son de conocimiento público. Y un par de libras de drogas en cada coche no levantarían una ceja como peso extra en el transporte marítimo.
"Ford utiliza un programa de seguridad de la cadena de suministro conocido como Asociación Aduanera-Comercio contra el Terrorismo, o C-TPAT para abreviar. Los transportistas pueden inscribirse voluntariamente en el programa, siempre que controlen sus propios envíos. Los empleados de la fábrica serían los únicos que conocían las rondas de seguridad, los tiempos de inspección y los horarios de carga ".
"CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) se basa en gran medida en la detección electrónica previa a la importación, que revisa la información de envío en una base de datos del gobierno y luego identifica si debe ser radiografiada o físicamente inspeccionada por CBP. Los importadores con el mismo tipo de mercancía procedente de los expedidores reconocidos probablemente tendrían menos probabilidades de ser inspeccionados físicamente, especialmente una importación terrestre ".
El Ford Fusion se fabrica en la planta de Ford en Hermosillo, Sonora, México, que está ubicada en una zona controlada por el cartel de drogas de Sinaloa, un cartel que la DEA dice que "mantiene la presencia más significativa en los Estados Unidos".
El cártel de Sinaloa es responsable de suministrar miles de millones de dólares de drogas a nivel internacional, y fue liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los más infames señores de la droga en el mundo. En julio de 2015, El Chapo escapó de una prisión de máxima seguridad en México. Finalmente fue capturado nuevamente en enero de 2016 , poniendo fin a una de las más grandes cacerías humanas en la historia mexicana moderna.
En 2003, Ford anunció a través de un comunicado de prensa que, a pesar de la conocida actividad de droga en el área de Hermosillo, todavía comenzaría a construir automóviles medianos en la planta de Hermosillo en 2005. La compañía afirmó que era para ahorrar costos:
Durante la próxima década, Ford espera ahorrar hasta $ 2 mil millones en Norteamérica porque su sistema flexible costará entre un 10 y un 15 por ciento menos que los sistemas tradicionales, con un ahorro adicional del 50 por ciento en los costos de cambio.
No está claro si el conocimiento de las actividades del cártel tuvo alguna influencia en la decisión de Ford de cambiar la fabricación a Hermosillo.Tampoco está claro si Ford era previamente consciente de que sus automóviles se estaban utilizando para enviar drogas a los Estados Unidos y, si lo era, qué medidas se están adoptando para impedir que continúe ocurriendo.
En un correo electrónico, un portavoz de Ford escribió: "Somos conscientes de la situación y estamos cooperando con la investigación".
Con información de.-La Razón. JalopnIk (English versión)

En las "COMPRAS del GOBIERNO,las TRUCULENCIAS del GOBIERNO"...el negocio de servir sirviendo$e.


La revelación del fraude carretero1 en el Estado de México se suma a los escándalos por conflicto de interés que han rodeado al gabinete presidencial en los últimos meses. 
La Casa Blanca de Peña Nieto, la de Videgaray en Malinalco, las de Osorio Chong en Palmas y Bosques de las Lomas; en cada uno de los casos existe la sospecha de que hubo un intercambio entre funcionarios públicos y empresas contratistas favorecidas, en detrimento de los contribuyentes. Los términos del intercambio parecen simples: a cambio de beneficios privados —unas vacaciones en Cancún, casas de lujo a precio de descuento, o financiamiento de campañas políticas— los funcionarios otorgan favores de alto valor económico a las empresas, como condiciones ventajosas en la contratación de obras públicas del gobierno. En este capitalismo de cuates, los funcionarios y sus contratistas preferidos se reparten el dinero de los contribuyentes, potencialmente generan pérdidas en eficiencia económica y erosionan la legitimidad de las instituciones políticas.2

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¿Qué tan común es esta práctica? Es difícil saberlo. En México las mediciones disponibles de corrupción están basadas en percepciones3 de la población o en experiencias4 directas, con preguntas como ¿ha tenido usted que dar un soborno para facilitar un trámite o recibir un servicio público? Lo que ignoran estas medidas son aquellos actos de corrupción que permanecen ocultos a la mayoría de las personas, como los relacionados con la asignación del gasto público —una actividad que sucede, casi siempre, únicamente entre servidores públicos y empresarios—. Este tipo de corrupción es menos visible pero quizás de mayores proporciones económicas. Por mencionar el ejemplo más reciente, el sobrecosto para una sola obra, el Viaducto Bicentenario en el Estado de México, corresponde a casi el 0.4% del PIB de esa entidad. A falta de una medición directa que capture el intercambio de favores ilícito entre funcionarios de gobierno y contratistas, en este texto propongo una aproximación indirecta, en la que identifico irregularidades en las compras públicas que abren la posibilidad de actos corruptos.5 Además, presento evidencia, también indirecta, sobre un elemento específico de los términos de dicho intercambio que ha recibido menos atención que el enriquecimiento ilícito: el financiamiento (también ilícito) de campañas políticas.
Esta estrategia de medición consiste en identificar violaciones a los plazos mínimos marcados por la ley para la presentación de propuestas en la asignación de contratos de gasto público en el gobierno federal y las entidades. Es decir, identifico aquellos contratos irregulares en los que los funcionarios de gobierno dieron por concluida la recepción de propuestas de contratistas interesados antes del periodo legal mínimo. Los contratos, registrados en línea,6 incluyen obra pública, adquisiciones y servicios, y en conjunto representan una parte importante del gasto público.7
Al cerrar las licitaciones antes del plazo legal, el gobierno limita el número de ofertas posibles. Con menos tiempo para la preparación de propuestas y ante la expectativa general de una menor competencia en el proceso, uno esperaría que los plazos cortos redujeran además la calidad de las ofertas. ¿Por qué entonces los funcionarios encargados de adjudicar el gasto público adoptarían plazos menores a los reglamentarios? Acaso algunas de estas faltas serán atribuibles a simples errores administrativos, pero al definir plazos irregularmente cortos los funcionarios también pueden facilitar la asignación de contratos a empresas seleccionadas de antemano, sin tener que rechazar injustificadamente propuestas que son claramente superiores.8
Un caso ilustrativo es el malogrado proyecto del tren México-Querétaro. Las bases de la licitación estipularon un plazo para recibir propuestas que, a pesar de estar dentro del mínimo legal, resultó insuficiente para que todos los contratistas interesados (excepto uno) hicieran una evaluación adecuada de la obra. A pesar de las peticiones de los demás contratistas, el gobierno se rehusó a extender la fecha de cierre, y el proceso fue seriamente cuestionado por la sospecha de que el consorcio ganador —que incluyó a Grupo Higa, contratista cercano al presidente desde sus tiempos como gobernador del Estado de México— fue seleccionado de antemano.
Los datos oficiales revelan que la mayoría de los contratos de gasto público se ajustan a los plazos legalmente requeridos. El gobierno federal, por ejemplo, viola los plazos únicamente en el 2.5% de los contratos, que corresponde al 1.7% del total gastado. No obstante, hay una gran variación entre entidades. En un extremo, Campeche y Tlaxcala no presentan ningún contrato con plazos irregulares; en el otro, Veracruz contrata casi una quinta parte sus compras públicas con plazos irregularmente cortos (ver cuadro 1).
03-corrupcion-cuadro-01
Las entidades con mayores tasas de contratos irregulares son gobernadas por el PRI y el PAN. 
Este patrón persiste al separar los contratos por el partido en el poder al momento de la convocatoria de compra. Los gobiernos estatales gobernados por el PAN presentan en promedio una mayor proporción de recursos contratados irregularmente, seguidos por los gobiernos priistas y los perredistas. De igual modo, la administración panista de Felipe Calderón presenta mayores irregularidades en sus compras públicas que la actual administración federal (aunque, por la disponibilidad de datos, la comparación es del último año y medio de la administración de Calderón con los primeros dos y medio de la de Peña).
Aun así, los gobiernos estatales priistas son los únicos que, cuando contratan irregularmente, lo hacen con sus proveedores más frecuentes. Un alto número de contratos promedio por proveedor implica que pocas empresas reciben muchos contratos, lo cual debería representar un foco rojo especialmente si sucede bajo contratos irregulares. Como muestra el cuadro 2, para las administraciones estatales priistas el número de contratos promedio por proveedor es mayor para contratos irregulares que para los que se ajustan a los plazos mínimos. Para el resto de los partidos, así como para la administración federal priista de Peña Nieto, sucede lo opuesto (o no hay diferencias importantes).
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La evidencia, pues, indica que las irregularidades suceden en casi todo el país y bajo todos los partidos. Hasta aquí, sin embargo, los datos informan sólo sobre un lado del intercambio, el de contratistas favorecidos que pueden estar beneficiándose de plazos deliberadamente cortos en las licitaciones. ¿Qué podría determinar la propensión de los funcionarios a ofrecer estos favores? En un ensayo9 reciente, Luis Carlos Ugalde sugiere una conexión electoral. Al referirse al enorme financiamiento paralelo de las campañas políticas, Ugalde presenta anécdotas extraoficiales de algunos gobernadores que contribuyeron con grandes sumas a las campañas de sus candidatos. Sugiere, además, que estos fondos provienen del desvío de recursos públicos y otras fuentes ilegales, como contratistas y constructores que buscan ganar licitaciones de obra pública a modo.10
A decir de los testimonios, el intercambio entre funcionarios y contratistas está determinado en parte por la necesidad de financiar campañas. Más allá de las anécdotas, al analizar las irregularidades a lo largo del tiempo se observa que la conexión electoral se presenta de manera generalizada. En el Estado de México, la entidad recientemente defraudada por la empresa OHL, se puede observar un incremento en la proporción del gasto público en contratos irregulares algunos meses antes de la elección federal de julio de 2012, y un incremento más reciente, a unas semanas de las elecciones federales intermedias del 7 de junio de 2015.
La misma trayectoria persiste considerando los contratos asignados por todos los estados y reordenándolos por el número de meses faltantes para la elección federal o de gobernador más próxima. La proporción de contratos irregulares aumenta marcadamente al acercarse la elección, especialmente durante los últimos dos años. El número total de contratos y gasto total en compras públicas, por su parte, también siguen de cerca al ciclo electoral, lo cual implica que la cantidad total asociada con adjudicaciones irregulares se dispara al acercarse el día de las elecciones. Éste es precisamente el patrón que uno esperaría observar si, como sugieren las anécdotas de Ugalde, las administraciones estatales están favoreciendo a contratistas aliados que a cambio financian sus cada vez más costosas campañas políticas. De ser correcta esta interpretación, las elecciones, que en principio deberían cumplir un papel central en la rendición de cuentas de los gobernantes, han generado incentivos perversos para el uso indebido de recursos públicos.11
Los patrones aquí documentados, aunque apenas es una primera aproximación al análisis de los datos de compras públicas, subrayan la necesidad de una mejor fiscalización interna de recursos, en especial al acercarse el periodo electoral. Las irregularidades en los contratos que analizo no pueden más que sugerir la presencia de actos de corrupción —existe la posibilidad de que los plazos para recibir propuestas se estén violando por otras razones— pero aun así me parecen suficientemente sugerentes como para activar alarmas en los órganos de control. En todo caso, señalan de manera directa faltas administrativas que por sí mismas deberían indagarse.
Para recuperar el rol de las elecciones como un mecanismo de control político, además, la difusión de los actos de corrupción resulta esencial. La evidencia disponible indica que las revelaciones de corrupción reducen las probabilidades de reelección de los gobernantes (o del partido gobernante), y por tanto sus incentivos para participar en prácticas corruptas. En Brasil, por ejemplo, las probabilidades de reelección disminuyeron de manera importante para los alcaldes revelados12 como los más corruptos tras ser auditados, y la caída fue más pronunciada en la presencia de medios locales que divulgaron la información. En México la difusión13 de actos de corrupción a nivel municipal resultó en una caída en la votación por el partido gobernante en Jalisco, Morelos, Tabasco y el Estado de México.
Un primer paso para recuperar el papel de las elecciones en la rendición de cuentas es promover el trabajo de medios de comunicación que tomen el rol de vigilantes contra la corrupción. El análisis de las fuentes oficiales puede sugerir pistas acerca de la incidencia de actos corruptos, pero no es sustituto del periodismo de investigación de calidad, que ha tenido algunos buenos ejemplos recientes.14 Periodismo que, parafraseando a Salvador Camarena, nos amargue el desayuno a los lectores por nuestro propio bien.
En http://bit.ly/1FFSnTO se pueden consultar la nota metodológica, los anexos, los datos y la replicación del análisis. 
Ek Francisco Garfias
Candidato a doctor en ciencia política, Universidad de Stanford.

Agradezco a Zaira Razú por la idea de utilizar los plazos irregularmente cortos como sugerentes de actos de corrupción.
Fuente.-


2 Se esperarían pérdidas en eficiencia en la medida en que las empresas favorecidas tengan mayores costos que sus competidores (en palabras del presidente del Consejo de Administración de OHL: “No tenemos eficien- cia en costos, Pinfra es mucho más eficiente”), o deliberadamente distorsionen el mercado para extraer más rentas, como parece ser el caso con OHL y sus planes de inducir artificialmente un aumento en el uso del Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
5 Para el caso de las compras públicas, al menos, un diagnóstico preciso requeriría identificar todas las formas que el intercambio entre funcionarios y contratistas pudiera tomar —colusión en licitaciones, sobre facturación, malversación de fondos, etcétera— y después documentarlas por medio de auditorías implementadas imparcialmente. Esto no ha sucedido en México a gran escala y de manera sistemática.
7 Los plazos mínimos son regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (LOPSR), para contratos que utilizan recursos federales. Excluyo las contrataciones que utilizan sólo recursos estatales, que se asignan por adjudicación directa y, para el caso de contrataciones para obras públicas, también aquellas por invitación a al menos tres personas, dado que no cuentan con un plazo mínimo regulado por ley.
8 No obstante su atractivo, esta medida basada en las irregularidades de los contratos públicos puede sugerir sólo un tipo de corrupción —el relacionado con las compras que utilizan recursos federales— que se realiza con un método específico: la manipulación de los plazos para la presentación de propuestas. Deja fuera, por ejemplo, otras prácticas conocidas como la malversación de fondos, e ignora también actos corruptos en otras esferas de gobierno como el otorgamiento de permisos a nivel municipal. Sin embargo, en la medida en la que las irregularidades revelen prácticas corruptas de manera uniforme, esta aproximación ofrece un panorama más completo de la corrupción, que complementa a los reportajes sobre casos aislados.
10 Casos recientes en la región sugieren una conexión electoral similar. Los fiscales del caso de corrupción en Petrobras (http://www.bloomberg.com/news/features/2015-05-08/brazil-s-massive-corruption-scandal-has-bitterness-replacing-hope), la compañía estatal de petróleos brasileña, afirman que el 3% del valor de los contratos amañados era habitualmente distribuido entre tres partidos políticos para fines electorales. En Honduras, empresarios beneficiados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social con contratos con sobreprecios y servicios inexistentes financiaron ilegalmente (http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN0OJ21520150604) la campaña política presidencial del partido gobernante.
11 Esto no implica, por otro lado, que la democracia, incluso la imperfecta democracia electoral mexicana, ha traído consigo más corrupción. Esta es una pregunta empírica difícil de contestar, para la cual no disponemos, hasta donde yo sé, de buena evidencia.

ADELANTAN "REYES MAGOS" en la SEDENA,150 MIL JUGUETES a INTEGRANTES del EJERCITO y FUERZA AEREA...en el llamado año de Hidalgo.


Los Reyes Magos llegarán antes de tiempo a las bodegas e instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con más de 150 mil regalos a repartir entre las hijas e hijos de todos los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Sedena adelantó la compra de juguetes para todo el personal castrense y para ello presentó la Licitación Pública Electrónica Internacional Número LA-00700999- E296-2017, con la que buscará que empresas jugueteras nacionales y extranjeras le surtan, a los mejores precios de mercado, miles de piezas para entregarlas el 6 de enero de 2018.

Este año –el último de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y del general Salvador Cienfuegos Zepeda al frente de la Sedena– la dependencia comprará 155 mil 920 juguetes, cuyas muestras deberán ser presentadas primero a los mandos encargados de la compra para revisa si cumplen con los requerimientos señalados en la licitación.

De acuerdo con las bases de la licitación, esta es la primera vez que la Defensa Nacional adquirirá bienes mediante un procedimiento totalmente electrónico que no requerirá la presencia física de los interesados en surtir de juguetes a la dependencia, salvo en la etapa en la que los mandos deban ver físicamente las muestras de las piezas que se entregarían.

Todas las operaciones, aclaraciones, entrega y recepción de datos y aclaraciones, así como el fallo de la Sedena se hará mediante el sistema Compranet.

El calendario presentado por la secretaría para cada una de las fases de la licitación indica que la publicación de la convocatoria se hizo el pasado 6 de julio. La Junta de Aclaraciones se efectuará el 18 de julio, mientras que “la entrega de muestras físicas” será del 19 al 25 de julio.

La Presentación y Apertura de Proposiciones está programada para las12:00 horas del 26 de julio, mientras que la Comunicación del Acta del Fallo se hará a las 13:00 horas del próximo 15 de agosto.

La carta de la Sedena a los Reyes Magos contempla 120 tipos de productos, entre los que predominan los juguetes para las niñas. Marcas como Fisher Price, Mattel, Hasbro, Monte Carlo y Mi Alegría predominan en la lista elaborada por el Coronel de Zapadores Jonás Maceda Barroso (Subdirector de Adquisiciones), quien está bajo las órdenes del general Fernando Joaquín Ávila Lizárraga, Director General de Administración de la Sedena.

Entre los juguetes más solicitados están las Muñecas Monster High (3,250 piezas), Muñecas Barbie Bailarina y/o Princesa (3,340 piezas), Littlest Pet Shop Mascota en Escenarios (3,350 piezas), Carrito de Compras de Súper Mercado en plástico y cartón, marca Francisca Eugenia Zepeda (3,450 piezas).

Para los niños se comprarán juguetes como Muñeco Articulado 12” Star Wars, The Force Awakens, de Hasbro (3,350 piezas), Muñeco Articulado 12” Max Steel Equipo Turbo, de Mattel (2,350 piezas), Muñeco Articulado 12” DC Comics, Titan Hero Series, de Hasbro (3.130 piezas), juego de Química Mi Alegría (2,350 piezas), Fisher Price Reloj de Arena Aprende a Contar, de Mattel (450 piezas), Hot Wheels, Set de Cinco carros, de Mattel (3,350 piezas), Enciclopedia de Malos Alumnos, marca Novelty (250 piezas), Figura Electrónica 12” The Winter Soldier, de Hasbro (2,250 piezas).

La Sedena –que en agosto iniciará una campaña más de desarme voluntario en todo el país– también pidió en la licitación de juguetes de los Reyes Magos 3,250 Lanza Dardos Multi Blast Raptor, marca Fotorama, y rifles Nerf, N-Strike Elite Strongarm, de Hasbro (1,250 piezas).

En la licitación, la Sedena exige que la cotización del lote de juguetes se haga en pesos mexicanos y que todas las operaciones se hagan vía electrónica. Los licitantes deberán entregar una muestra física de cada uno de los productos de cada partida que oferten.

Una vez cumplidos todos los requisitos y superados los posibles obstáculos en la licitación nacional e internacional, la Sedena se compromete a pagar “el 100% cuando los bienes hayan sido entregados en su totalidad dentro de los 20 días naturales a partir de la presentación en el módulo de atención No. 6 de esta Secretaría”.

La forma de pago será mediante Transferencia Electrónica de Pagos, agrega la Sedena.








Fuente.-Jorge Medellín
@JorgeMedellin95