Visitanos tambien en:

sábado, 3 de octubre de 2015

LA "NOCHE de AYOTZINAPA hubo MAS MUERTOS",según "PARTE MILITAR"...todo a "cuentagotas".


El Servicio Médico Forense (Semefo) de Guerrero recogió cadáveres frente al Palacio de Justicia de Iguala la madrugada del 27 de septiembre de 2014, establece un parte informativo del Ejército mexicano que forma parte de la versión pública del expediente del caso Ayotzinapa de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ninguna información oficial anterior había documentado un cuarto sitio en el que se hubieran dado muertes la noche del ataque a los normalistas. Hasta hoy sólo se tenía conocimiento de la muerte de seis personas, entre ellas tres estudiantes y tres civiles más, en primer lugar en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte,  el cruce a Santa Teresa y el Camino del Andariego.

El dato de que se recogieron cuerpos frente al Palacio de Justicia es relevante porque ahí fue atacado el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban al menos 14 estudiantes que hoy están desaparecidos. Ello podría significar que aquél día hubo más muertes de las que se han informado.

El parte militar que LA SILLA ROTA pudo revisar en el expediente público de la PGR también refiere que los cuerpos que se levantaron en el sitio fueron llevados al Semefo de Iguala alrededor de las 6 de la mañana, aunque no se especifica el número de víctimas ni sus identidades.

LA SILLA ROTA tuvo acceso a la versión pública del expediente del Caso Ayotzinapa -de 85 tomos-, en donde se encuentra el documento del Batallón 27 de Infantería el cual revela que el Ministerio Público Federal y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, “dieron fe de los hechos y del levantamiento de los cuerpos” en otro punto de Iguala.

El documento podría exhibir que las autoridades federales y estatales escondieron información para cuadrar la “verdad histórica” sobre la desaparición y la presunta muerte de los 43 normalistas en el basurero de Cocula.

Otro elemento que suma a la sospecha, es que la PGR tardó 10 meses en solicitar los vídeos de las cámaras de vigilancia ubicadas a las afueras del Palacio de Justicia, y que lo hizo sólo a partir de una recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El contenido de las grabaciones es fundamental para conocer el operativo, quiénes los atacaron, identificar el destino al que fueron llevados los normalistas y si se registró el levantamiento de cuerpos por parte del SEMEFO. 
La ruta del ataque 
El GIEI señaló que mientras era atacada la caravana de tres autobuses de normalistas en el cruce de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, el autobús Estrella de Oro 1531 se había adelantado a la comitiva y tomó otro camino.

El chofer señaló en su testimonio que los normalistas le dijeron que saliera lo más rápido posible de Iguala para llegar a la Normal de Ayotzinapa (municipio de Tixtla).

Refirió que el autobús fue interceptado por al menos dos patrullas de policía que lo persiguieron por la salida de Iguala hacia Chilpancingo, que elementos dispararon sus armas de fuego, por lo que quedó bloqueado en la carretera, justo debajo del puente de Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala.

Todos los normalistas que iban en ese autobús fueron detenidos y están desaparecidos, por lo que no hay testimonios directos de lo sucedido, más que lo declarado por el chofer del autobús, los agentes de la policía y un miembro del Ejército -inteligencia militar- llegaron al lugar y presenciaron los hechos.

Según el análisis de telefonía -que permite ubicar el lugar donde se encontraban los normalistas por algunas de las llamadas realizadas o recibidas de sus teléfonos-, las declaraciones de estudiantes sobrevivientes que estuvieron presentes en los hechos -en la Central de Autobuses-, el reconocimiento realizado por los familiares y normalistas sobrevivientes de unas prendas de ropa pertenecientes a algunos de los desaparecidos que se encontraron en el autobús, el GIEI pudo determinar que en el Estrella de Oro 1531 viajaban:

Adán Abrajan de la Cruz, Alexander Mora Venancio, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlantempa, Julio César López Patolzín, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas y Martín Getsemany Sánchez García. 
Lugares del crimen 
La noche y madrugada de los ataques en Iguala murieron seis personas, de ellos tres eran estudiantes de Ayotzinapa. Según los testimonios de algunos de los normalistas que se encontraban en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte a las 22:00 horas, mientras eran atacados por la policía, y cuando aún Aldo estaba en el suelo agonizando, Julio César Mondragón “El Chilango”, les dijo a otros compañeros que había grabado varios videos con un teléfono.

Testigos señalaron que se encontraba muy afectado por lo sucedido. Posteriormente, “El Chilango” estuvo en la conferencia de prensa de las 0:30 horas, cuando se produjo el segundo ataque en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, de donde huyó corriendo como el resto de los normalistas cuando se produjeron los disparos que acabaron con la vida de los normalistas, Daniel Solís y Julio César Ramírez.

Según la versión del PM, Julio César Mondragón “El Chilango”, habría sido privado de libertad por policías municipales, de acuerdo con imágenes captadas por el C-4. Horas después fue encontrado muerto en el lugar conocido como Camino del Andariego, a la altura de las instalaciones de la empresa Coca-Cola.

El autobús, de la empresa Castro Tours 198, contratado por el equipo de fútbol “Los Avispones de Chilpancingo”, salió de Iguala a las 23:00 horas. Poco después el autobús pasó frente al Palacio de Justicia, más adelante, superó el retén de la policía municipal de Iguala, situado a la salida de la ciudad.

Doce kilómetros más adelante, en la misma carretera y en la zona conocida como el cruce de Santa Teresa, el autobús primero fue detenido por hombres armados y después atacado con armas de fuego, acabando con la vida del estudiante David Josué García Evangelista e hiriendo al conductor, Víctor Manuel Lugo Ortiz, quien murió poco después de llegar al hospital.

Durante el ataque al autobús de “Los Avispones de Chilpancingo”, dos taxis fueron alcanzados por las balas, y cerca de uno se encontró a una mujer muerta. 
Otras acciones del Semefo 
En la versión conocida hasta el día de hoy, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, murieron seis personas. Dos normalistas en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte; y uno en el Camino del Andariego. Un joven y una mujer perdieron la vida en el cruce a Santa Teresa, y un hombre en un hospital.

Sin embargo, el Semefo de Guerrero realizó el levantamiento de otros cuerpos en otra escena de ataque: el Palacio de Justicia.

Esta información se desprende de un oficio del Batallón 27 de Infantería de fecha 14 de octubre de 2014, contenido de la versión pública del expediente del Caso Ayotzinapa, al que LA SILLA ROTA tuvo acceso.

“Asunto: Hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre. EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN VERDAL GIRADA A ESTA COMANDANCIA DE BATALLÓN, ME PERMITO INFORMAR A ESTA SUPERIORIDAD DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 27 DE SEPTIEMBRE (sic) AL EFECTUAR RONDINES EN EL EXTERIOR DE LA CIUDAD CON PERSONAL DE LA GUARDIA EN PREVENCIÓN ENCONTRANDOME DESEMPEÑANDO EL SERVICIO OFICIAL DEL CUARTEL COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA”, señala el documento.

Se detalla que a las 23:00 horas del 26 de septiembre salió del Batallón 27 un teniente de infantería “CON 14 DE TROPA DOS CAMIONETAS TIPO CHEYENNE UNA ESTACIÓN DE RADIO Y UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS AL HOSPITAL GENERAL DE ESTA CIUDAD CON EL FIN DE VERIFICAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PERSONAS HERIDAS CON ARMA DE FUEGO, INCORPORANDONOS A LAS 23:20 APROXIMADAMENTE INFORMANDO EL RESULTADO DE SU INDAGATORIA AL CIUDADANO TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA **** (Borrado) SEGUNDO COMANDANTE DE BATALLÓN”.

Algo inusual inquietaba en Iguala al Batallón 27 de Infantería, por lo que elementos tuvieron que salir a las calles en los minutos posteriores.

“23:50. SIENDO LAS 23:50 HORAS SALIÓ EL CIUDADANO TENIENTE DE INFANTERÍA **** (Borrado) CON 14 DE TROPA DOS CAMIONETAS TIPO CHEYENNE UNA ESTACIÓN DE RADIO Y UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE QUE EN EL CRUCERO DE SANTA TERESA SE ENCONTRABAN PERSONAS CON ARMAS DE FUEGO”, indica el documento.

Cinco minutos después, el coronel de infantería del Batallón ordenó organizar con el personal de turno de descanso “una fuerza de reacción” para salir en caso de que el teniente de infantería requiriera apoyo. Y salió el convoy de militares en los primeros minutos del 27 de septiembre de 2014, con rumbo al Palacio de Justicia.

“00:30 HRS. EL SUSCRITO SALE CON EL SUBTENIENTE DE INFANTERIA **** (Borrado) EL SOLDADO **** (Borrado) PERTENECIENTE AL PELOTÓN DE INFORMACIÓN DE ESA UNIDAD MÁS NUEVE DE TROPA QUE SE ENCONTRABAN DESEMPEÑANDO SERVICIO DE GUARDIA EN PREVENCIÓN (SE ANEXA RELACIÓN DEL PERSONAL) EN DOS CAMIONETAS TIPO CHEYENNE CON EL FIN DE EFECTUAR PATRULLAMIENTOS A LAS SALIDAS DE LA CIUDAD CON LA INSTRUCCIÓN DE NO CONFRONTAR AL PERSONAL DE ESTUDIANTES DE LA NORMAL DE AYOTZINAPA, GRO, EN EL CONCEPTO DE QUE EL SOLDADO DE INFANTERÍA **** (Borrado) PRESENCIÓ EL EVENTO QUE REALIZARON A INMEDIACIONES DEL EDIFICIO DEL DISTRITO JUDICIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL IGUALA-CHILPANCINGO”, se puede leer en la hoja uno.

La información de las dos horas siguientes, sobre el patrullaje y las acciones del Batallón 27 fueron tachadas de la versión pública.

A las 2:00 horas del 27 de septiembre, los soldados establecieron la seguridad en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte, para “preservar el lugar de los hechos”, e incluyeron fotografías de su labor.

De acuerdo al documento, minutos después, grabaron una conferencia de prensa de un grupo de líderes estudiantiles de Ayotzinapa, y señala que estuvieron presentes reporteros de Milenio, Agencia de Prensa Independiente, El Sur y Cadena 3.

Un elemento de Inteligencia Militar, presenció el ataque a los normalistas que iban en el autobús Estrella de Oro 1531, frente al Palacio de Justicia, y entregó fotografías al Batallón 27, las cuales no se encuentran en el expediente de la PGR.

El parte militar señala que el SEMEFO levantó cuerpos en otro punto de Iguala, el mismo sitio donde fueron atacados y desaparecidos al menos 14 normalistas que iban a bordo del autobús Estrella de Oro 1531, frente al Palacio de Justicia.

“3:15 horas. ARRIBANDO AL DISTRITO JUDICIAL DE IGUALA EL C. LIC ****(Borrado) A.A.M.P.F. EL C. **** (Borrado) EL PERITO EN CRIMINALISTICA Y CIUDADANO **** (Borrado) CON UNOS MÁS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE PARA DAR FE DE LOS HECHOS Y HACER EL LEVANTAMIENTO DE LOS CUERPOS, SIENDO TRASLADADAS AL SEMEFO DE IGUALA, GRO. CULMINANDO SUS ACTIVIDADES A LAS 5:45 HORAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014”, describe el parte militar del Batallón 27 de Infantería.

A lo largo de un año, la PGR y la Fiscalía de Guerrero no reportaron que en el Palacio de Justicia se hayan levantados víctimas mortales y trasladado los cuerpos al SEMEFO de Iguala, como si lo informó el Batallón 27 de Infantería en un documento oficial.

La PGR tuvo acceso al parte militar, pero no inició una línea de investigación para determinar la identidad de las víctimas mortales y si algún cuerpo es de uno de los 14 normalistas de Ayotzinapa que iban en el autobús Estrella de Oro 1531, o bien, la PGR lo pasó por alto para cuadrar la “verdad histórica” de que los 43 estudiantes fueron asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río san Juan. 
Tardanza en recopilar evidencia 
Los videos de los lugares de interés para la investigación no los tuvo en cuenta la PGR hasta el momento en que el GIEI solicitó que se incluyeran.

El grupo de expertos exhibió que la PGR tenía conocimiento de que los normalistas que iban a bordo del autobús Estrella de Oro 1531, fueron detenidos en la salida de Iguala hacia Chilpancingo frente al Palacio de Justicia, y que tardó 10 meses en solicitar los vídeos de las cámaras de vigilancia ubicadas a las afueras de los tribunales.

Las grabaciones son fundamentales para conocer la organización del operativo, ubicar a las corporaciones de seguridad que participaron, identificar el destino al que fueron llevados los normalistas y establecer si hubo levantamiento de cuerpos por parte del Semefo como informó el Batallón 27.

“El GIEI investigó y confirmó que existían grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia en las que se veía la presencia del autobús y las agresiones contra los normalistas. Dichas grabaciones estaban en poder de la presidencia del Tribunal y no habían sido proporcionadas a la PGR para la investigación de los hechos”, expusieron en su informe sobre el Caso Ayotzinapa.

La PGR jamás indagó en el Palacio de Justicia para determinar si tenían alguna evidencia que ayudara en la investigación: “El GIEI tuvo conocimiento primero a través de una magistrada de Iguala y posteriormente por parte de la magistrada presidenta de la existencia de dichos videos que habían sido visualizados por ellas. Por dicho motivo y ante el riesgo de que se pierdan documentos vitales para el esclarecimiento de los hechos puso esta circunstancia en conocimiento de la PGR y solicitó investigar los hechos, dado el enorme tiempo de 10 meses transcurrido sin que dicha prueba hubiera sido proporcionada ni solicitada por las autoridades”.

Esta omisión podría revelar qué pasó con un grupo de estudiantes, saber quién se encuentra detrás del ataque a los normalistas de Ayotzinapa y si la PGR protegió a alguien en su investigación de la “verdad histórica”, y quiénes fueron esas personas.

fuente.-LaSillaRota.

LA "SEDENA" MANTIENE OCULTO "ARCHIVO TLATLAYA"...ni el "INAI" TIENE ACCESO.



A más de un año de la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos de militares, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha respondido sólo 41 solicitudes de información sobre los hechos, en ocasiones con contradicciones.

En algunos casos, tramitados del 1 de julio de 2014 a la fecha, la dependencia ha entregado información a cuentagotas, y en otros la declara inexistente o la reserva.

Por ejemplo, sobre la causa penal iniciada ante la Procuraduría de Justicia Militar por las ejecuciones ocurridas el 30 de junio de 2014, la Sedena respondió a una solicitud que no existe; en otra, que reservó el expediente, y en una más, que se trata de delitos castrenses, por lo que no es posible informar sobre el procedimiento.

Lo mismo ocurrió con diversos requerimientos sobre los informes, bitácoras o comunicaciones que realizaron los integrantes del Batallón 102, que fue el responsable de reaccionar durante los hechos.

En algunas solicitudes, la Sedena respondió que la información no existe; en otras, que es reservada, y en algunas más se entregaron comunicados de prensa. Incluso, a algunos solicitantes se les pidió dirigirse a la PGR.

Otras peticiones de información que también han tenido respuestas variadas son las que se refieren a los partes informativos realizados sobre los hechos.

Luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió abrir el expediente 338/2014, radicado ante el Juez Sexto Militar, los ocho elementos implicados en las ejecuciones promovieron un recurso de amparo para evitar la difusión de la información.

El amparo, radicado ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa del DF, otorgó la suspensión a la entrega de información, pero reconoció la facultad del INAI para revisarlo.

Ante ello, los militares promovieron un segundo amparo ante el Juez Décimo de Distrito Administrativo, que otorgó la suspensión definitiva.

La Ley Federal de Transparencia establece que el INAI puede acceder en todo momento a la información reservada o confidencial. Sin embargo, no ha podido ver el expediente.

La comisionada Areli Cano explicó que la Sedena ha argumentado que el principio del debido proceso es el que no permite la apertura de la información porque, según su criterio, sólo deben tener acceso las partes involucradas.

El Juez Militar tiene un año para resolver la causa penal, salvo que los implicados soliciten un término mayor para su defensa.

La comisionada Cano aseguró que, si el Juez de Amparo resuelve no dar acceso definitivo al expediente, litigarán el asunto en diferentes instancias.

Fuente.-

viernes, 2 de octubre de 2015

EL "FUERO de GUERRA y la "VENGANZA" al "ESTILO del EJERCITO"...


¿Cómo se “fabrica” una acusación en la justicia militar? La tradición de los “anónimos”, sirve no solo para defenestrar generales “incómodos”, como ocurrió en el año 2004 cuando fue sentenciado el brigadier Ricardo Martínez Perea, oficial de caballería que años antes rompió todos los records de decomisos de droga en Tamaulipas, con lo que afectó “intereses superiores” y fue acusado vía fax de manera anónima de “proteger” al narcotráfico. 
  • Los anónimos se usan en el fuero de guerra no solo para “sacar” de la circulación a mandos castrenses, sino también para dar pie a venganzas contra oficiales de menor jerarquía. Son vendettas que nacen de envidias, celos, frustraciones, comportamientos característicos de la subcultura militar en México. El caso un médico cirujano sucedido en Sinaloa es uno de los últimos ejemplos.
Alfredo Antonio Ramírez García era un oficial de sanidad que comenzó su carrera en 1991, cuando se graduó con rango de mayor y el título de médico cirujano por la Escuela Médico Militar. En 1994 luego de tres años de residencia en el Hospital Central Militar, fue enviado a una base militar en Acapulco, en el año en que comenzó el conflicto armado en Chiapas, al cuartel del Cuarto Grupo de Morteros que entonces tenía su sede en el puerto.
Su historia tuvo un giro inesperado ocho años después. De Acapulco llegó a Los Mochis en el año 2002, donde fue nombrado comandante del pelotón de sanidad del 89 batallón de infantería con sede en ese municipio del norte de Sinaloa. Ramírez García recordaba que a su arribo había un ambiente especial entre los oficiales de la unidad. Desde un principio el trato hacia su persona fue distante, parco y frio de parte de la mayoría de sus colegas de rangos superiores e inferiores, oficiales de arma todos ellos.
El doctor recordaba que su trabajo en el norte de la entidad se repartía entre dar consultas a militares y sus familiares, en actividades médicas profilácticas en el medio castrenses y cuando lo ordenaban los mandos, con la población civil en labores sociales. Era una actividad profesional relacionada con la salud, sin injerencia en las actividades operativas del batallón. Por razones de su servicio no era de su conocimiento el ámbito militar operativo, ya que su papel se circunscribía a un servicio técnico de apoyo médico. “Suele suceder que los comandantes de unidades y mayores de arma nos excluyen del círculo de jefes y oficiales. Nos consideran de inferior categoría por no ser de la clase de arma”, decía el mayor médico cirujano.
En el año 2002 cuando llegó a Sinaloa el comandante del 89 de infantería era el coronel Jorge Hernández Martínez, un frustrado estudiante de la Escuela Militar de Odontología. El trato con el mando de la unidad desde el principio siempre fue indiferente, discriminatorio hacia su subordinado del servicio médico. Una ocasión el coronel confesó que sus aspiraciones para formar parte del servicio militar de odontología, se frustraron porque había cierta animadversión en su contra. Fue dado de baja por motivos académicos, sin embargo, consideraba que fue porque le tenían mala voluntad los profesores. Por ese hecho, rememoraba el doctor, había un “abierto resentimiento” del coronel hacia su persona.
Su labor en el ámbito de la medicina contemplaba salir a monitorear la salud de las tropas desplegadas en la sierra. El 13 de septiembre del 2003, le tocó llevar cabo la campaña de vacunación contra el sarampión al personal desplegado en las bases de operaciones dentro del sector que corresponde al 89 batallón en Ahome, municipio donde se localiza Los Mochis, y varios poblados serranos colindantes con Chihuahua y Sonora. Ir y volver de inmediato tras concluir las actividades de su servicio, era la orden que recibió. Ese tipo de salidas siempre se hacían por disposición y con autorización del comandante del batallón, ya que nadie entraba ni salía del cuartel sin su anuencia a menos que se tratara de una orden superior.
Durante el recorrido que hizo por las diversas unidades desplegadas en la sierra del norte de Sinaloa, se entrevistó con los oficiales que iban al mando de diferentes destacamentos para coordinar su actividad encomendada. Uno de los mandos con los que se entrevistó fue el capitán Lorenzo Cirilo Fuentes, responsable de un agrupamiento, dos compañías, alrededor de 200 hombres, desplegadas en actividades militares. El mayor médico recordaba que nunca supo el tipo de actividades que realizaban porque no era parte del ámbito de su competencia.
Con el capitán Cirilo Fuentes durante los días en que vacunó a las tropas platicó de temas de la salud del personal, el desempeño de los soldados y sargentos de sanidad que se encontraba destacado en los pelotones. “Sin abordar temas militares ya que desconozco las cuestiones operativas. Sin proponerle ningún negocio particular relacionado con las actividades que el realizaba”, comentaba el médico.
“Para mí era una experiencia divertida salir a la sierra y visitar la zona montañosa del estado de Sinaloa, ya que la mayor parte del trabajo se encuentra en el consultorio médico”. Al terminar su encomienda se reincorporó al cuartel y recibió la orden del coronel Hernández Martínez de volver a sus actividades como médico del batallón.
Cómo “fabricar” acusaciones
Todo cambiaría el 19 de septiembre del 2003. Temprano por la mañana el coronel Hernández Martínez le ordenó se trasladara a Culiacán, donde tenía que presentarse por orden superior. “A base de engaños y en cumplimiento a sus órdenes” fue llevado a la comandancia de la novena zona militar que por entonces estaba al mando del general de brigada Julián David Rivera Bretón.
Recordaba que al llegar lo detuvieron en la oficina del jefe del Estado Mayor de la zona, donde le informaron que estaba acusado de delitos contra la salud sin que le dijeran quién o quiénes lo acusaban. No le permitieron hacer llamadas ni solicitar un abogado, tampoco hubo tiempo para presentar pruebas en su defensa ni nada que se le pareciera. De inmediato fue trasladado a una mazmorra del cuartel donde lo incomunicaron. Ahí un grupo de soldados de la Policía Judicial Federal Militar lo torturaron física y sicológicamente a la vista de varios agentes del ministerio público castrense.
El doctor Ramírez García después supo que llegó a la zona militar un fiscal militar, el mayor Julio César Domínguez Trueba, enviado desde la ciudad de México por la procuraduría castrense junto a tres agentes para investigar “el probable involucramiento” con el narco de personal del 89 batallón. Llegaron y preguntaron si había una investigación en curso, el oficial de justicia militar les informó que “ese mismo día se había iniciado una averiguación a partir de un parte rendido por el capitán Lorenzo Cirilo Fuentes en contra del mayor médico cirujano Alfredo Antonio Ramírez García”. La acusación contra el mayor médico era porque presuntamente “le ofreció al capitán recibir dinero a cambio de no destruir plantíos de marihuana que se encontraban en el sector de su responsabilidad”.
La acusación se armó a partir de un parte informativo elaborado por el capitán Cirilo Fuentes, el mismo con el que platicó la ocasión en que realizó la campaña de vacunación. El oficial decía que el día 13 de septiembre del 2003 el doctor le dijo que “había una gran cantidad de dinero a cambio de que sacara las bases de operaciones o que convenciera a los comandantes de las bases de operaciones que no destruyeran los plantíos de mariguana”. Esa hoja firmada por el comandante de una de las compañías que conforman en batallón 89, fue considerado por el ministerio público militar como prueba suficiente de que existían “elementos para presumir la existencia de delitos graves que afectaban la disciplina militar”.
La acusación se basó, según relató tiempo después el coronel Hernández Martínez, a partir de una reunión que tuvo con el comandante de la novena zona, el general Rivera Bretón. Con él trató el asunto del informe rendido por el capitán Cirilo y recibió la orden de proceder conforme a la ley. En calidad de denunciante, el comandante del 89 batallón entregó la documentación para integrar la averiguación donde la única prueba era el reporte del oficial.
El coronel denunció al doctor sin que le constaran los hechos, nunca estuvo físicamente los días 13 y 16 de septiembre en los lugares donde supuestamente ocurrieron. El mayor Ramírez García consideró que su caso, como profesional de la medicina y egresado de una escuela militar, fue usado como “chivo expiatorio” quizá para desviar la atención del cúmulo de irregularidades que tiempo después se conocieron contra militares comisionados en el estado de Sinaloa. Un año antes de su detención, en el verano del 2002, había reventado el caso del “narco batallón”, el 65 de infantería que tenía su base en Guamúchil, donde jefes, oficiales y tropa estaban “comprados” por los traficantes de droga que controlaban los narco cultivos en la sierra de Mocorito y Badiraguato.
El pasado mes de junio el mayor Ramírez García denunció su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplir casi 12 años de estar preso en el penal castrense de Mazatlán, dentro de las instalaciones de la Tercera Región Militar. En un escrito cuya copia posee este blog, hizo un recuento de los hechos, de las diligencias y de las violaciones a sus garantías individuales, que comenzaron desde que le negaron su derecho a una legítima defensa.
Ahí relató que el capitán Lorenzo Cirilo Fuentes en su comparecencia ante el ministerio público militar, afirmó que la propuesta que supuestamente le hizo para sacar a las tropas de ciertas áreas de cultivo de mariguana no lo comentó con nadie. Este dicho contradijo una declaración posterior donde afirmó que hasta el 18 de septiembre, días después que supuestamente sucedió la propuesta, pidió hablar con el comandante del batallón pero no por radio, sino en corto, “porque había algo grave que era necesario hablar con él personalmente”.
“Entonces, si era grave ¿por qué no le dio parte desde el día 13 que supuestamente le hice la oferta de negocio? ¿Acaso no era grave ese hecho?”, preguntó en su escrito el doctor Ramírez García.
El “montaje” de la acusación se basó también en el testimonio de un sargento de sanidad, quien narró que una ocasión una persona civil se acercó a una de las bases de operaciones a bordo de un vehículo. Llegó y preguntó por el capitán Cirilo, decía que iba de parte del médico militar de Los Mochis. Al capitán le entregó una caja de medicamentos y un mensaje, cuyo contenido solo conocieron Cirilo y otro oficial, el teniente Marco Antonio Sánchez Romero.
Ese supuesto mensaje habría sido elaborado tiempo después, en las sesiones de tortura donde el doctor fue obligado a firmarlo so pena de seguir siendo golpeado.
“No comprendo por qué el agente del ministerio público militar que dio inicio a la indagatoria, ordenó que se diera fe ministerial de los plantíos que refiere el parte informativo que da origen a la averiguación, ubicándolos y recogiendo muestras de los mismos. Ya que, como dije antes, en el escrito que efectivamente firmé de puño y letra para que ya no me siguieran torturando los agentes de la judicial federal militar, nunca me dijeron que pusiera coordenadas de los plantíos. Es más, ni me ordenaron que pusiera la palabra mariguana en el supuesto recado, ya que me dijeron los agentes judiciales que era una nota sin relevancia que me serviría de indicio para mi libertad, y si escribía la palabra mariguana me hubiera negado a hacerlo aun a costa de mi propia vida. Porque me hubiera dado cuenta que me estaban vinculado con actividades relacionas con drogas”.
El dicho del capitán Cirilo sobre la supuesta propuesta de no destruir plantíos, nunca fue confirmado por ningún otro testigo militar o civil, por lo que las acusaciones carecieron de sustento legal al no existir testigos, refirió en su demanda ante la CIDH el médico militar. Los mismos testigos añaden que el único que sabía la ubicación y coordenadas de los plantíos era el capitán Cirilo. Existen también las declaraciones de tres militares donde aseguran que nunca vieron a ningún civil que entregara el supuesto recado, además de que no conocían al doctor Ramírez García.
Demanda y traslado
Semanas después de que el mayor envió su escrito a la CIDH, un grupo de soldados se presentó en su celda. A las 06:30 de la mañana del 10 de septiembre, el doctor Ramírez García fue sacado de la prisión militar, subido a un avión con dirección a la ciudad de México y por enviado con custodia castrense al penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.

En las primeras horas luego del traslado, sus familiares denunciaron su “desaparición”, pues por motivos de “seguridad” ninguna de las autoridades militares en el penal y en la comandancia de la Tercera Región informaron de su paradero.
Tuvieron que pasar varias horas para que les entregaran una notificación de la secretaría de Gobernación, con sellos de la secretaría de la Defensa Nacional, donde informaban del traslado del doctor al “Centro de Readaptación Social Número 13 CPS/Oaxaca, ubicado en calle Antequera, N. 204 colonia Jalatlaco, Oaxaca, Oaxaca”. Los datos eran imprecisos, era un engaño, denunciaron los familiares. El doctor no estaba en ese Cefereso, sino en el penal federal de Miahuatlán, a donde lo localizaron después de indagar en diferentes instancias su paradero.
Durante el juicio llevado en los últimos años en su contra, el doctor tuvo una defensa de oficio que poco o nada hizo por desmontar las acusaciones. Al ser parte del sistema de justicia militar, los militares en labores de defensoría de oficio, no tienen independencia y están subordinados a los mandos superiores. En su escrito también señaló que en todo el proceso no se admitieron las pruebas que presentó ni se valoró los testimonios y evidencias que probaban que la acusación era un montaje. Tampoco se tomó en cuenta que fue torturado para obligarlo a firmar documentación con la que se armó el expediente.
Con estos señalamientos como hilo conductor, el caso del mayor Ramírez García, médico cirujano de profesión, llegó a la CIDH como otro caso más de los que se han denunciado en años recientes contra el llamado “fuero de guerra”, ese espacio considerado por los propios militares como un coto de poder del secretario de la Defensa Nacional, donde lo que aplica es “la justicia de mando”, en la que ni jueces, ni ministerios públicos ni defensores de oficio tienen autonomía.
fuente.-
Juan Veledíaz
@velediaz424

***Te puede interesar leer .

El día 19 de Septiembre del presente año, el Mayor Medico cumplió 12 años de prisión, ya que fue detenido de manera ilegal y arbitraria en septiembre del 2003 y sentenciado a 15 años y cuatro meses de prisión. No obstante la gravedad de los hechos denunciados y la simulación de juicio judicial que ha sufrido, la Corte Interamericana de Derechos humanos no ha contestado de ninguna forma al escrito de denuncia antes referido....(Leer mas....)


LO "EJECUTAN" en "PLAZA GARZA SADA al SUR de MONTERREY.



Un hombre que presuntamente era perseguido por unos pistoleros es ejecutado afuera del Restaurante Los Arcos, en la Plaza Garza Sada, en el sur de Monterrey.

El reporte fue hecho alrededor de las 17:40 horas, en la plaza comercial ubicada en la Avenida Garza Sada, a unos metros de Alfonso Reyes, a la altura de la Colonia Más Palomas.

Inicialmente se pidió el auxilio de las cruces Verde y Roja para atender a un hombre que había sido herido por arma de fuego, pero al llegar al sitio los paramédicos confimaron que ya no tenía signos vitales.

fuente.-

EL "NEGOCIO" de los "BOT'S"...la "audiencia FALSA y las "CUENTAS COMPRADAS".


La compraventa de audiencias falsas en Internet está a la alza, y estas estrategias fraudulentas le cuestan a la industria publicitaria miles de millones de dólares al año en anuncios que en realidad no son vistos por el público
La publicidad digital no ha resultado ser una panacea para los anunciantes, ya que las audiencias fraudulentas la convierten en un medio que no ofrece los resultados esperados.
En teoría, el Internet debía permitir a los anunciantes ampliar su alcance a una fracción del costo de otros medios como la publicidad televisiva. Además, el seguimiento de los usuarios de Internet permitiría a estas empresas realizar campañas más efectivas, que se adaptaran a los hábitos e intereses de los consumidores.
Pero la realidad ha sido otra, ya que Businessweek reporta que el rendimiento para los anunciantes en línea (es decir cuánto aumentan sus ganancias por cada unidad de gasto invertida en publicidad) es una relación de sólo 2 a 1, mientras que en la televisión ésta es de 6 a 1.  La razón de esto puede verse en un estudio reciente realizado en conjunto por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANA) de Estados Unidos y la empresa de seguridad White Ops. 
Éste muestra que el 11 por ciento de las “vistas” de anuncios en páginas web son realizadas por software automatizado (bots), mientras que el caso de los anuncios en video esta participación fraudulenta es de 23 por ciento.
El uso de los bots para inflar las cifras de visitas de un sitio en línea, o las de vistas digitales de una audiencia de publicidad digital, representa un costoso desperdicio para los anunciantes, que están invirtiendo dinero para que sus productos o servicios sean vistos por consumidores potenciales que de hecho sean personas.
De hecho, el mismo reporte de la ANA estima que en 2014 el tráfico fraudulento en línea le costó a los anunciantes 6.3 mil millones de dólares - más de 13 por ciento del total invertido globalmente en publicidad digital.
Industria a la defensiva
La llegada de la era digital y el ascenso del internet parecían ser la solución a todos las plegarias de la industria de la publicidad. Sin embargo, las promesas de eficiencia y de anuncios dirigidos estuvieron acompañados de nuevos problemas como el negocio fraudulento de los bots.
De acuerdo a un estudio de la ANA, entidad que reúne a grandes firmas que van desde Walmart hasta Pfizer, en 2015 se perderá el 13 por ciento del gasto global en anuncios en vídeos y páginas web debido a los bots.
Las empresas que pagan por publicidad digital están incrementando sus controles de seguridad para asegurarse que su audiencia es en realidad humana.
El portal Bloomberg ejemplifica el caso de Kellog, una firma que se dio cuenta de que gran parte de sus anuncios estaban ubicados en páginas que recibían únicamente visitas de bots o que se encontraban en páginas ocultas que tenían el tamaño de un pixel, invisibles al ojo humano. De cualquier forma, las agencias de tráfico registraban todo este movimiento como visitas, el indicador más valioso de la industria.
Cuando Kellog pidió detalles del costo que representaba cada parte del proceso de publicidad digital, las agencias se negaron. El laberinto web era imposible de descifrar, por lo que los costos de actividades o productos específicos eran inciertos.
El departamento de publicidad de Kellog tomó el control directo de todos los contratos con publicistas y plataformas digitales, removiendo de la ecuación a las agencias de tráfico y a las compañías de datos.  Además, se desarrolló un software para detectar la calidad de los sitios web en los que se ubicaban los anuncios y se eliminaron todos los tratos con páginas que negaban el acceso de auditores digitales.
Jim Kizka, director de estrategia digital de la compañía, dijo que las medidas se reflejaron en una caída en el tráfico de bots de hasta 75 por ciento y un aumento en el rendimiento de inversión en publicidad de los productos Corn Flakes y Raisin Bran.

fuente.-

"Con MAS INTELIGENCIA y MAS ALCANCE",MEXICO compra AVIONES NO TRIPULADOS a ISRAEL".


El pasado 29 de septiembre, una firma aeronáutica israelí anunció la venta de su aeronave no tripulada más grande, el Dominator XP al Estado mexicano, así como de un Hermes 900 a un país latinoamericano sin nombrar.
Los nuevos vehículos, cuya venta fue facilitada por la compañía mexicana “Balam”, serán destinados a misiones domésticas de seguridad, en vista de la capacidad de vuelos a largo alcance de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que ofrece el modelo antes mencionado.
Según fue revelado por la firma israelí, los Dominator XP ya completaron varios vuelos de prueba en suelo nacional.
Fuente.-
Angel Silva Juárez
@usul16

LA "CORRUPCION" de PEMEX...desde las "ALTURAS".


Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado, Luis Videgaray de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión en Pemex y corrupción. Hay incluso una investigación sobre funcionarios de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya. La tensión se ha venido acumulando desde hace varios meses, y se escuchan reclamos y molestias con el director de Pemex.

Desde hace tiempo Lozoya enfrenta problemas con Videgaray, quien lo acercó al equipo de campaña de Peña Nieto en 2012. Funcionarios dijeron que Videgaray se quejaba por el desorden en Pemex que había causado, por ejemplo, la caída en la producción. La explicación en la empresa es que bajó porque Hacienda le quitó recursos a Pemex para producir. Las confrontaciones entre los dos por ese diálogo de sordos no disminuyeron, y se reflejaron en reuniones de gabinete. Esto, sin embargo, era sólo parte de los problemas.

Uno mayor es el de la corrupción. Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias de que uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió siete millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio el año pasado, cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la Reforma Energética. Les pidieron 20 millones de dólares, dijeron personas que hablaron con los inversionistas. Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después.

La investigación en la Secretaría de Energía conduce a la oficina del coordinador ejecutivo de la Dirección General, Froylán Gracia, que es muy cercano a Lozoya. Sin embargo, dijo un funcionario de Pemex, la oficina de Gracia no está en posición para manejar la agenda de Lozoya, y su área de competencia escapa de la posibilidad de influir en la agenda. Las acusaciones de corrupción en Pemex son diversas y han ido aflorando por goteo.

Uno de los casos más publicitados fue hace pocas semanas, cuando después de que se publicaran fotografías del director de Procura y Abastecimiento, Arturo Henríquez Autrey, en una casa de playa del propietario de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, en 2013, renunció. Hernández Autrey dijo que fue una reunión de amigos –antes que existiera incluso Procura-, y que en ningún momento hubo intención de proteger al empresario petrolero, que a principio de ese año había sido acusado por Lozoya de un quebranto a Pemex por 5 mil millones de dólares.

La fotografía fue entregada a la prensa por Martín Díaz, quien era el segundo socio importante de Oceanografía, y que escapó a Miami para evitar un proceso judicial en México. La salida de Hernández Autrey no detuvo las cosas. La PGR recibió información que Yáñez Osuna llegó a pagar en cheque varios millones de pesos a funcionarios de Pemex para que repartieran entre sus superiores. No se sabe si se comprobó la veracidad de esos documentos o si fueron incorporados al expediente.

Oceanografía parece ser uno de los mejores ejemplos de lo que sucede en Pemex. Según la información que entregó Yáñez Osuna al entonces procurador general Jesús Murillo Karam, antes de que Pemex denunciara a Oceanografía, un alto funcionario de Pemex que dijo ir en nombre de Lozoya, le dijo que para evitar la acusación, tendría que asociarse con un banquero mexiquense.

Yáñez Osuna aceptó el trato para salvar a su empresa, pero cuando le llevaron el documento de la cesión de acciones, descubrió que no sería un paquete minoritario, sino que le entregaría la compañía a cambio sólo de no ir a la cárcel. Personas con conocimiento de esa reunión dijeron que la amenaza a Yáñez Osuna era que o vendía, o habría consecuencias. No vendió y la PGR, por petición de Pemex, inició un proceso judicial en su contra. Actualmente el empresario se encuentra preso.

Oceanografía no es la única empresa en la que se ha visto involucrado el director de Pemex. Recientemente se difundió un audio en el cual hablaba con el director de OHL para México, José Andrés de Oteyza, para ayudarle a resolver negocios pendientes con la CFE. Aunque en ese audio no hay indicios de corrupción, el conflicto de interés era claro. Hasta agosto de 2012, cuando se incorporó a la campaña presidencial, Lozoya había sido miembro del Consejo de Administración de esa empresa.

Un funcionario de Pemex desestimó las acusaciones que imputan a Lozoya y a una parte de su círculo íntimo. “Se han lastimado muchos intereses”, agregó. “Sólo el año pasado, los ‘coyotes’ dejaron de ganar unos 29 mil millones de pesos”. A las sospechas de corrupción se le suman los conflictos con Videgaray y Joaquín Coldwell, que arrojan luz a la confrontación con Lozoya, y las imputaciones que le hacen. El tema tiene claramente dos caras, donde se mezclan asuntos éticos y legales con diferencias políticas. ¿Qué sucederá? Lo determinarán las investigaciones. Por lo pronto, Lozoya mantiene, en lo político, el apoyo presidencial.

Fuente.-

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
@rivapa

FUE DETENIDO por el "EJERCITO",es ENLACE del CDG y es "NUEVO JEFE de MINISTERIALES en TAMPICO"....si hasta parece "requisito".


En una muestra mas inecesaria de que la "Certificación y Control de Confianza Policiales" en Tamaulipas son una farsa, tan reales como la "lucha libre" y tan honestos como el "combate" a la corrupción politica,se puede interpretar de la enesima burla a los ciudadanos que estan vivendo en "crisis de inseguridad" en la zona sur de Tamaulipas y que puede agudizarse tras el anuncio hecho publico por la PGJE TAMAULIPAS que aun preside Ismael Quintanilla Acosta que designo Comandante de la PME a Ernesto Escobar Perez así como nuevos titulares de la misma "Policia Ministerial Estatal" en Tampico,Madero y Altamira,desatendiendo sus antecedentes "delictivos" que lo sitúan como "enlace" del Cartel del Golfo,el y varios comandantes mas fueron detenidos por militares en 2008 e ingresado a las instalaciones de la entonces "Subprocuraduria de Investigación en Delincuencia Organizada" hoy "SEIDO" en la ciudad de Mexico.


Imagen.-Milenio.com
Tamaulipas,MX.- 02/Oct/2015 Y es que el día de ayer de manera oficial la PGJE de Tamaulipas instruyo la reapertura de las oficinas de esta corporación Ministerial tras casi 1 año y 3 meses de haber sido temporalmente ocupadas por Policias Federales Ministeriales  por cuyo fracaso convirtieron su "cargo" en una carga mas para Tamaulipas bajo el "trato" VTP (Viaje todo Pagado) su presencia ha sido pasada desapercibida por la poblacion en los municipios donde actualmente siguen desempeñandose aun ante la falta de efectivos de la Policia Ministerial Tamaulipeca que fueron "presuntamente "sometidos al escrutinio de los mal llamados "Controles de Confianza" que en la practica han demostrado ser bastante "inútiles" e "ineficaces" a la luz de las evidencias.

El mismo día de ayer el Delegado de la misma PGJE en la zona sur de Tamaulipas Antonio Jara Benavides que ocupa el cargo tras ser despedido su anterior titular Orlando Aguilar Marquez también por presuntos actos de "corrupción"  les hizo entrega a los nuevos titulares de esta corporación del equipo y oficinas a los encargados para las Comandancias de "Tampico,Madero y Altamira" ,Salvador Martinez Apodaca,Mario Mar Gutierrez  y Gerardo Rodriguez,todos ellos frecuentemente cuestionados por "actos deshonestos",sus nombres han sido parte de las "nominas" del Cartel del Golfo en la zona y  profusamente mencionados por esos  vínculos.

Y aunque el caso de Ernesto Salvador Escobar Perez es tan solo uno mas de los documentados en Tamaulipas que demuestran el "fracaso" de la "inteligencia pero particularmente el de las instituciones que a un "millonario costo" dicen "depurar" sus policias,pues ERNESTO SALVADOR ESCOBAR PEREZ fue detenido en 2008 junto al entonces titular de la Policia Ministerial en Ciudad Madero  Omar Martinez Saldivar también actualmente en funciones de acuerdo a archivos periodísticos de la frontera de Tamaulipas que lo sitúan "operando" en Matamoros.


Pues tanto Escobar como Martinez Saldivar y varios efectivos mas fueron detenidos cuando se dirigían a la Capital Ciudad Victoria en Marzo de 2008 en una "gasolinera" en Altamira y  acababan de recoger "dinero ensobretado" como presunto pago del Cartel del Golfo por sus "servicios",los Militares les encontraron en posesión de 304 mil 950 pesos que les fueron decomisados al igual que 2 costosos relojes de la marca Rolex y Cartier con valor superior a los 400 mil pesos,seis celulares y 2 vehículos de lujo,lo anterior quedo consagrado en la Averiguación Previa Penal Federal AP/PGR/UEIDCS/109/2008 que refiria también la detención del entonces comandante de la misma corporación en el municipio de Altamira Placido de Jesus Martinez Gutierrez y dos agentes mas identificados como Santiago Navarro Leon y Armando Salas Moncada  ,Placido de Jesus Martienz seria luego ejecutado en Reynosa una vez que obtuvieron todos la "libertad" no porque hayan sido "inocentes" sino porque una débil "pesquisa" y una "sospechosa" defensa presuntamente pagada por el mismo "cartel" no demostro la "culpabilidad" ,pues de acuerdo al mismo trascendido de la "época" era estrecha la cercanía de los involucrados con las entonces "cupulas" del "Cartel del Golfo" que servían de "enlace" con el entonces Procurador de Justicia JOSE GUADALUPE HERRERA BUSTAMANTE hoy Magistrado Estatal.

Imagen.-Narco Director PME
Pero mas alla del "escrutinio oficial",esta el escrutinio publico,es la sabia calle,la inteligencia callejera,las lenguas "malas" de la gente buena que los conoce y exhibe,la que se hace escuchar por las "redes sociales", el único medio que dispone ante la "cerrazon" de sus autoridades y via la DENUNCIA CIUDADANA los pone a relieve y les encarece la impunidad que visiblemente "gozan" ,en ella señalan los pormenores del arresto de ERNESTO ESCOBAR PEREZ y acusan la protección de PORFIRIO CASTILLO DELGADO actual DIRECTOR GENERAL de la POLICIA MINISTERIAL en TAMAULIPAS a quien presuntamente le llevaban ese "Dinero Ilicito" cuando fueron detenidos por el "Ejercito".....aqui un trascendido y su TEXTO INTEGRO:



...."esto se lo debe la sociedad a su gobernador inepto y su secretario de seguridad asi como a su procurador y tambien al corrupto director de la policia ministerial porfirio castillo delgado ya que estos tres servidores publicos no hacen su trabajo bien y le venden la idea a su gobernador diciendole que ay avances que ya frenaron robos secuestros y que ya negociaron con los mañosos etc para que se la lleven tranquilo y no se metan con la poblacion civil pero todos sabemos que no es sierto la delincuencia comun y organisada esta a todo lo que da arreciando contra la sociedad tamaulipeca esto debe de cambiar ay que sacar a ese procurador a ese secretario de seguridad publica a ese corrupto y inepto y nefasto director porfirio castillo ellos son los encargadoe de investigar y perseguir los delitos y no lo hacen en el caso de ese director de la policia ministerial ya se a comentado todo su negro historial y el gobernadodor lo sigue manteniendo ahi prueva de esto sus elementos que el palomio para que sigueran en la policia ministerial todos esos elentos son unos delincuentes coludidos con la delincuencia organisada la mayoria entro ala filas de la policia sin un curso previo solo con un padrino que los recomendo para ser exactos los que tiene aorita en la zona sur del estado a cargo de un comandante de nombre ERNESTO ESCOBAR PEREZ "a" EL DODO el cual el mismo porfirio hiso comandante deverian checarlo a el lo detuvieron cuando el lider del cartel en la zona sur gabriel montes "a2 el sierra les acababa de pagar la nomina y se dirijian a cd vic a ver al entonces directo a dejarle lo que el sierra le habia mandado tambien de dinero para ese director y ese mismo tal comandante ernesto escobar ya habia sido corrido por andar involucrado en el robo de vehiculos y regreso de nuevo ala policia por estar apoyado en aquel entonces por juancarlos de la cruz "a" el jc y quien arreglo su regreso ahi estan pruebas de como es el proceder de este delincuente director porfirio castillo que investigen las autoridaes y veran como van a sacar mucho mas y tambien que el gobernador los investigue a ellos y el procurador que investigue a su director el procurador sabe bien quien es quien sabe como se maneja este director pero no hace nada en la detencion supuesta de la banda de los payasos en la zona sur la delincuencia entrego a esos a los ministeriales a ese comandante ernesto escobar no fue un trabajo de investigacion esos detenidos andaban de alchones y guardias trabajaban para el tal negro quien es el encargado de tampico por parte de la delincuencia organisada ahi el que es uno de los enlaces es un agente de nombre salvador apodaca el chava apodaca el trabaja con el contador carlitos chequenle y van a ver a ver que todo esto es verdad como es posible que ese chava apodaca pasara los examenes de control si es bien drogadicto y siempre a andado de gato de los del cartel del golfo esto apenas empieza para esos ministeriales que dejo ese disque director porfirio castillo porque todo se les va ventilar y se tienen pruebas de todos ellos que ya estan en manos de la siedo y de la pgr sacaron a buenos policias para dejar pura basura pronta sabran mas...." 

***Te puede interesar leer.

"NOE HINOJOSA: "CERTIFICACION POLICIAL" ...una FARSA con la COMPLICIDAD del ESTADO.