Morena ha decidido vestirse de tribunal moral para 2027:anuncia “dobles candados”, perfiles impolutos y una selección casi monástica, pero pretende convertir la sospecha, el expediente abierto o el señalamiento político en una especie de sentencia anticipada. El problema es incómodo para su narrativa: en un Estado de derecho, la buena intención partidista no puede estar por encima de los derechos político-electorales ni del principio de presunción de inocencia.
Rómulo Pérez Sánchez, presidente del Consejo Estatal de Morena, afirmó que el partido endurecerá los filtros para revisar los perfiles de sus aspirantes, luego de los señalamientos que relacionan a algunos políticos morenistas con presuntas redes delictivas.
Morena y el doble candado de la hipocresía
Morena al parecer ya encontró la fórmula para resolver lo que jueces, ministerios públicos y tribunales llevan años sin poder arreglar: basta con que el partido sospeche de alguien para volverlo inelegible.
Rumbo a 2027, el partido que en Tamaulipas aun opera bajo la batuta de un multiacusado en EE.UU, Américo Villarreal, presume sus nuevos “candados” para depurar candidaturas: nada de procesos judiciales abiertos, nada de antecedentes incómodos, nada de aspirantes que manchen la fotografía de la transformación.
Todo muy edificante, muy moral; muy propio de una organización que lleva años hablando de honestidad como si fuera una patente registrada.
Pero entre el discurso de lo deseable y la legalidad de lo posible hay un abismo que Morena pretende cruzar a fuerza de boletines.
Porque una cosa es exigir perfiles íntegros —objetivo razonable, incluso indispensable— y otra muy distinta es inventar una pena política sin sentencia firme. Si bastara una carpeta de investigación, una denuncia, una acusación pública o un procedimiento sin resolver para cancelar el derecho de alguien a competir, entonces ya no necesitaríamos tribunales: bastaría con tener adversarios, enemigos internos o una oficina de comunicación suficientemente activa.
Morena parece querer elevar la sospecha a categoría de prueba y el expediente abierto a equivalente de condena. Es una tentación autoritaria bastante cómoda: se habla de “depuración”, se presume “filtro ético” y se vende “compromiso con la ciudadanía”, aunque en los hechos se abre la puerta a restringir derechos político-electorales con criterios que no necesariamente han sido resueltos por autoridad competente.
La Constitución no reconoce la figura del “candidato moralmente inconveniente para el partido”. Tampoco autoriza que una dirigencia partidista suplante a un juez y determine, por decreto interno, quién merece participar en la vida pública y quién debe quedar fuera por estar bajo sospecha. La presunción de inocencia no es un beneficio reservado para los personajes simpáticos, ni una concesión que se pierde cuando Morena necesita limpiar su narrativa electoral.
Y aquí está la contradicción central: el partido que suele denunciar persecución política cuando alguno de los suyos enfrenta investigaciones, ahora pretende usar las investigaciones como filtro automático cuando conviene excluir perfiles.
Cuando el acusado es aliado, hay “lawfare”, “golpismo judicial”, “campaña mediática” y “venganza de los conservadores”. Cuando sea aspirante incómodo, rival interno o personaje prescindible, entonces el simple proceso abierto se convierte en prueba de indignidad.
Eso no es justicia. Es selectividad con chaleco guinda.
La ley permite establecer requisitos de elegibilidad, exigir documentación y revisar si una candidatura cumple con parámetros constitucionales y legales. Lo que no permite es despojar arbitrariamente a una persona de sus derechos políticos sobre la base de una imputación no resuelta.
Una candidatura rechazada únicamente por tener un proceso abierto, sin condena firme que produzca una consecuencia jurídica de inelegibilidad, tendría argumentos sólidos para impugnar la negativa ante la justicia electoral.
Y probablemente la derribaría.
Los partidos tienen libertad de autoorganización, sí; pero esa libertad no es licencia para restringir derechos fundamentales a capricho de la dirigencia ni para fabricar sanciones políticas que el orden jurídico no contempla. La autonomía partidista termina donde comienza el derecho de la ciudadanía a ser votada y el deber de toda autoridad —incluidos los órganos internos de los partidos— de actuar con racionalidad, proporcionalidad y respeto al debido proceso.
Morena puede hablar de candidaturas ejemplares, de ética pública y de “no repetir los vicios del pasado”. Que lo haga. Nadie está obligado a aplaudir perfiles impresentables. Pero si su “doble candado” consiste en convertir una denuncia en sentencia y una investigación en inhabilitación, entonces no está construyendo un mecanismo de selección: está ensayando un tribunal de excepción con logotipo partidista.
La honestidad no se acredita con comunicados; se demuestra respetando la ley incluso cuando resulta incómoda. Y la presunción de inocencia no desaparece porque a Morena le estorbe un aspirante.
Morena quiere vender sus “dobles candados” para 2027 como una cruzada de limpieza moral. Traducción: si alguien tiene un proceso abierto, aunque no exista sentencia firme, el partido pretende tratarlo como políticamente sentenciado.
Muy revolucionario todo: ya no hacen falta jueces, pruebas ni resoluciones definitivas; basta con que haya sospecha, carpeta, denuncia o ruido mediático para que la dirigencia se ponga toga y dicte inelegibilidades.
El problema es que los derechos político-electorales no se cancelan por boletín partidista. Un proceso en trámite no equivale a culpabilidad, y una dirigencia no puede inventar una inhabilitación donde la ley no la prevé.
Si Morena rechaza a un aspirante sólo por tener una investigación abierta, sin sentencia firme que jurídicamente le impida competir, esa negativa puede ser impugnada y eventualmente revocada.
Hablan de lo deseable: candidatos impecables. La ley, en cambio, habla de lo posible: derechos, debido proceso y presunción de inocencia. Pero Morena parece haber confundido la ética con el atajo y la justicia con la conveniencia.
Cuando un expediente afecta a uno de los suyos, denuncian persecución. Cuando sirve para bajar a un incómodo, le llaman “filtro de integridad”. No es un doble candado: es doble rasero.
Morena no está descubriendo la ética; está intentando descubrir cómo usar la sospecha como arma electoral sin que parezca persecución. El detalle es que la Constitución todavía no reconoce la culpabilidad por conveniencia partidista.
Con información : Hoytamaulipas/
Nomás q se cambien al pan los q no estén de acuerdo
ResponderBorrarNomás q se cambien al pan los q no estén de acuerdo
ResponderBorrar