La denuncia presenta una secuencia de reuniones, mensajes y advertencias que, de acuerdo con el empresario Israel Alejandro Valdéz Sánchez, buscaban que desistiera de un juicio administrativo y renunciara a una indemnización reconocida en sentencia. El escrito atribuye esas actuaciones a cuatro personas y pide investigar posibles extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones; son hechos denunciados, no responsabilidades judicialmente acreditadas.
Narración de la denuncia
Israel Alejandro Valdéz Sánchez, propietario y representante legal de Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V., llevó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas el 7 de septiembre de 2026.
El escrito parte de un conflicto administrativo: su empresa celebró con la Secretaría de Administración estatal el contrato SEBIEN/CONT/CGJ/001/2023, cuya rescisión, emitida el 25 de abril de 2023, fue impugnada mediante el juicio de nulidad 047/2023/I-A.
La Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas dictó sentencia definitiva el 27 de enero de 2025. Según la denuncia, la resolución declaró procedente el juicio, tuvo por acreditada la acción de la empresa, anuló la rescisión del contrato y reconoció el derecho subjetivo de la parte actora a ser indemnizada por daños y perjuicios. Esa sentencia, sostiene Valdéz Sánchez, fue el punto de partida de una cadena posterior de acercamientos que él interpreta como presión para abandonar su reclamación patrimonial.
El primer episodio que narra ocurrió alrededor de las 16:00 horas del 27 de marzo de 2025, en el consultorio dental del denunciante, ubicado en la calle Olivia Ramírez número 1443, en la colonia Las Palmas de Ciudad Victoria. Su asistente, Laura Molina Charles, le informó que una persona lo esperaba en la recepción. Al terminar de atender a un paciente, Valdéz Sánchez se acercó a la visitante.
En el diálogo que reproduce, la mujer le preguntó si él era “Grupo Dalka”; él se identificó como doctor Alejandro Valdéz y dueño de la empresa. Ella se presentó como la doctora María de la Luz Santiago de Villarreal y le dijo que había perdido una demanda contra él, “la demanda de las despensas”, para luego preguntar cómo la iban a arreglar.
El denunciante relata que llevó a Santiago Diez de Bonilla a su oficina, en la planta alta del inmueble. Allí, según el escrito, ella le habló de que eran vecinos, le pidió su versión del litigio y preguntó por qué estaba involucrado su hijo, Américo Villarreal Santiago.
Después, Valdéz Sánchez afirma que la visitante le formuló esta propuesta: “Yo ando de metiche, a mí nadie me mandó, pero yo te ofrezco contratos en el DIF para que tú retires la demanda. Te arreglas conmigo directo, con nadie más vas a arreglar, porque nunca me buscaste a mí”.
El empresario asegura que rechazó el planteamiento. Dice que Santiago Diez de Bonilla insistió: “Piénsalo, Alejandro, te ofrezco los contratos, dime cómo nos arreglamos”, le entregó un número celular y se despidió anunciando que formularía una oferta y que esperara su llamada. La denuncia subraya que el encuentro habría durado aproximadamente dos horas y que la visita quedó registrada por el sistema de videograbación del inmueble; el denunciante ofrece una impresión y dice que entregaría los videos a la carpeta de investigación.
El ofrecimiento en el DIF
Meses después, el 18 de noviembre de 2025, el denunciante recibió una llamada desde las oficinas del Sistema DIF Tamaulipas. Le informaron que María de la Luz Santiago Diez de Bonilla lo esperaba a las 12:30 horas del 20 de noviembre. Valdéz Sánchez afirma que acudió a las oficinas centrales del DIF, sobre la calzada General Luis Caballero, en Ciudad Victoria.
La reunión, según su versión, duró aproximadamente media hora. Ahí, dice, la denunciada reiteró el ofrecimiento de contratos públicos del DIF a cambio de que él desistiera del juicio de nulidad referido previamente. Además, sostiene que ella le dijo que hablaría con el gobernador para hacerle una propuesta. El escrito agrega un detalle: mientras ambos dialogaban, había otra mujer en la oficina que tecleaba en una computadora todo lo que se decía.
La denuncia no presenta esa reunión como un trámite administrativo ni como una simple invitación a negociar. La coloca dentro de una misma secuencia: ofertas de contratos públicos a cambio de abandonar el litigio y renunciar a la consecuencia económica de una sentencia favorable. El denunciante afirma que no aceptó ese intercambio.
Las visitas de Beas Gámez
El 25 de abril de 2025, de acuerdo con el escrito, Valdéz Sánchez recibió un mensaje de WhatsApp desde el número 834 111 46 67, que atribuye a Jorge Luis Beas Gámez. Tras una llamada, acordaron verse el 30 de abril en el domicilio del denunciante, en la calle Olivia Ramírez 1443.
Beas Gámez llegó alrededor de las 11:40 horas del 30 de abril, acompañado por escoltas armados, según refiere la denuncia. El empresario sostiene que el visitante se presentó con estas palabras: “Vengo como representante del Gobernador. Los abogados quieren hacer negocio contigo, no le hagas caso a tus abogados, vamos a arreglar este tema. ¿Cuánto quieres para que te desistas?”
Valdéz Sánchez respondió que escucharía cualquier ofrecimiento y le informó que días antes había recibido la visita de María de la Luz Santiago Diez de Bonilla. Según su relato, la mención provocó una sorpresa evidente en Beas Gámez. A partir de ese momento, el tono cambió: el denunciante afirma que Beas endureció su actitud y le dijo: “Te lo voy a decir así: amigo no eres nada contra el gobierno. Si yo quiero, te aplasto como un zancudo. Todo el poder del aparato gubernamental va a estar en tu contra. Piénsalo”.
El denunciante señala que rechazó la intimidación y pidió, en todo caso, una oferta formal. Beas Gámez habría dicho que llevaría el mensaje y que tendrían una reunión posterior. Esa visita también quedó, según el escrito, registrada por el sistema de videograbación de la vivienda.
Al día siguiente, 1 de mayo de 2025, Beas Gámez volvió a buscarlo por WhatsApp. Llegó aproximadamente a las 12:58 horas en un Audi negro, acompañado por un escolta armado. Esta vez, siempre conforme a la denuncia, lo invitó a caminar fuera del inmueble y le transmitió una nueva propuesta: “El gobernador dice que lo que gastaste y un poquito más, y me lo tienes que comprobar con facturas. Piénsalo por favor, no te perjudiques”.
Valdéz Sánchez dice que rechazó de nuevo el planteamiento. Luego, el 5 de mayo, Beas Gámez regresó al domicilio en una Suburban negra conducida por otra persona. No ingresó al inmueble; hablaron en la vía pública, sobre la calle Olivia Ramírez. Ahí, el denunciante le atribuye esta advertencia: “Alejandro, la propuesta es la misma, tus abogados quieren hacer negocio contigo, tu situación jurídica va a cambiar considerablemente cuando mi esposa llegue a la presidencia del Poder Judicial del Estado”.
El escrito dice que, ante la respuesta del empresario de que aquello no podría prosperar, Beas Gámez replicó: “No, pero te va a doler la cabeza”. Después habría dicho que dejaría “la línea de comunicación abierta”, aunque insistió en que Valdéz Sánchez estaba “cometiendo un error” y debía atenerse a las consecuencias. El denunciante asegura que también esta visita fue captada por su sistema de videograbación.
La audiencia y Palacio
La denuncia sitúa un cuarto episodio el 3 de junio de 2025, durante un receso de una audiencia intermedia en una causa penal seguida contra Valdéz Sánchez. Según relata, Francisco de Jesús Justiniani Ibarra se dirigió a su defensor particular, Víctor Hugo García Huerta, para pedirle que le transmitiera un mensaje.
La frase que el denunciante atribuye a Justiniani Ibarra fue: “Dile al doctor que se deje de tonterías. Le van a hablar por teléfono de la oficina de gobierno; que conteste la llamada y que, por su seguridad y el bien de todos, de él y de su familia, acepte el trato que le van a dar”.
Valdéz Sánchez sostiene que su defensor le transmitió el mensaje visiblemente alarmado. En el propio acto judicial, afirma, informó al juez sobre lo ocurrido y sobre la referencia expresa a su seguridad y la de su familia. También señaló que había sido amenazado por Justiniani y manifestó su intención de revocar la designación de su abogado. El documento solicita que la Fiscalía recabe la videograbación oficial de aquella audiencia ante el órgano jurisdiccional.
Durante ese mismo receso, continúa la narración, el empresario recibió una llamada del número 834 130 35 55. La persona se identificó como Marco Antonio García Barrientos y lo citó en su oficina del Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria. Valdéz Sánchez afirma que su trayecto y llegada quedaron registrados por las cámaras de vigilancia de esas instalaciones.
Ya en la oficina, el denunciante dice que García Barrientos se ostentó como titular de la Consejería Jurídica del gobernador de Tamaulipas. Ahí le habría formulado una oferta: “Tenemos una oferta: queremos que te desistas de la demanda administrativa y nosotros nos desistimos de la demanda penal”.
Al preguntarle cómo operaría el acuerdo, según el escrito, García Barrientos explicó que la audiencia penal había sido colocada al día siguiente a las dos de la tarde para que, por la mañana, Valdéz Sánchez desistiera “temprano” de la vía administrativa y, cuando llegara la hora de la audiencia, ellos ya se habrían desistido de la penal.
El denunciante destaca que esa afirmación implicaría, desde su perspectiva, una intervención en la programación de una audiencia judicial para hacerla coincidir con su desistimiento de un derecho patrimonial. Valdéz Sánchez afirma que expresó la cifra que consideraba adeudada por el Estado, derivada de la indemnización reconocida en la sentencia administrativa. García Barrientos dio por terminada la reunión; el empresario se retiró sin aceptar propuesta alguna y, a su salida, afirma haberse encontrado con el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.
El escrito añade que el 10 de junio de 2025 García Barrientos ofreció una rueda de prensa en Palacio de Gobierno. Según el denunciante, el funcionario habló públicamente de su caso, aunque omitió explicar el motivo de la visita de Valdéz Sánchez al recinto gubernamental días antes.
Lo que pide investigar
La denuncia presenta los encuentros como una conducta coordinada y sostenida, ocurrida entre marzo y junio de 2025, con un objetivo común atribuido por el promovente: que desistiera del juicio de nulidad y renunciara a la indemnización reconocida en sentencia firme. En su propio encuadre legal, el denunciante sostiene que los hechos podrían constituir extorsión agravada, intimidación, amenazas y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Para sostener su narración, solicita a la Fiscalía obtener, entre otros elementos:
- Copia certificada de la sentencia del 27 de enero de 2025 dentro del expediente 047/2023/I-A.
- Copia del contrato SEBIEN/CONT/CGJ/001/2023 y de la resolución de rescisión de 25 de abril de 2023.
- Bitácoras de visitantes y agenda de audiencias del Sistema DIF Tamaulipas.
- Registros de acceso y videograbaciones de Palacio de Gobierno.
- Nombramientos y constancias de adscripción de los denunciados que tengan carácter de servidores públicos.
- Videograbaciones del sistema C5 de las fechas 27 de marzo, 30 de abril, 1 de mayo y 5 de mayo de 2025.
- La videograbación oficial de la audiencia en que, afirma, se transmitió la advertencia relacionada con su seguridad y la de su familia.
El promovente solicita ser reconocido como víctima u ofendido, que se le designe asesor victimal, que se dicten medidas urgentes de protección para él y su familia y que se prohíba a las personas denunciadas acercarse o comunicarse con ellos.
También pide que se abra la carpeta de investigación, se practiquen las diligencias ofrecidas y, en su momento, se ejerza la acción penal contra quienes resulten responsables.
Con información: @Redes/
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