“REDES DESBARATAN REDES: APUNTAN a M.P REPROBADO como ENLACE entre FISCALÍA y el CDG en MATAMOROS”…siempre hay uno, o más de uno, que recibe las instrucciones.

Las redes sociales han demostrado ser un territorio incómodo para el poder: un espacio que no siempre puede ser vigilado, administrado ni silenciado por el Estado. Entre ruido, propaganda y cuentas anónimas, también emergen señalamientos capaces de romper el blindaje institucional y de exhibir esas redes que operan donde debería imperar la ley: las delincuenciales, pero también las de protección, tolerancia y complicidad oficial.

Ese es el alcance del señalamiento recientemente difundido contra Eduardo Rodríguez, identificado en la publicación como integrante del Ministerio Público en Matamoros y presunto enlace entre la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y Alfredo Cárdenas, alias El Contador, señalado como líder de «Los Escorpiones «,una peligrosa facción del Cártel del Golfo que actúa bajo el paraguas de MORENA y el alcalde de Matamoros. 

La acusación, por su gravedad, no puede despacharse con el reflejo burocrático de ignorarla, descalificarla o esperar a que el escándalo se diluya entre publicaciones y reacciones.

La fuente que difunde el señalamiento —tradicionalmente asertiva en este tipo de denuncias— obliga a tomar el mensaje con seriedad, aunque, desde luego, no sustituye una investigación ni acredita por sí sola los hechos.

Precisamente por ello corresponde a la autoridad actuar a ambos lados del río, pues se presume que el señalado reside en Brownsville Texas,en Mexico le pagan en pesos y el gasta en dólares. No se busca convalidar una acusación pública de las que ya existen muchas, sino esclarecerla mediante expedientes, registros, llamadas, movimientos financieros, controles de confianza —que, según la denuncia, habría reprobado—, antecedentes laborales y toda la evidencia disponible con las herramientas de la ley.

Lo que debe hacer la autoridad

Ante una denuncia pública que atribuye a un servidor ministerial una posible conexión con una organización criminal, la Fiscalía tiene la obligación de abrir, de oficio, un acta circunstanciada. Ese documento debe dejar constancia formal de:

• La existencia y contenido íntegro de la publicación.
• La fecha, hora, cuenta emisora, imágenes y alcance de la denuncia.
• La identificación del servidor público mencionado.
• Las diligencias iniciales ordenadas para preservar evidencia digital.
• La valoración preliminar de posibles delitos, faltas administrativas o riesgos de infiltración institucional.
• La determinación de remitir el caso a un área distinta e independiente, para evitar que quienes pudieran estar involucrados investiguen dentro de su propia estructura.

Aunque más que hablar de una “obligación legal de abrir un acta circunstanciada” como si ésa fuera la única figura obligatoria, conviene precisarlo así: la ley obliga a la Fiscalía a investigar cuando conoce de una posible conducta delictiva perseguible de oficio. El acta circunstanciada sería el instrumento inicial para documentar, preservar y dar trazabilidad al señalamiento; si de esa revisión surgen datos mínimos de delito, la consecuencia procedente es abrir una carpeta de investigación, no archivar el asunto en la conversación digital.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ahora a cargo de un ex-recluso federal por servir al Cartel del Golfo en Matamoros , no puede alegar desconocimiento ni refugiarse en el silencio frente a un señalamiento público que atribuye a un servidor ministerial una posible relación con delincuencia organizada. 

El artículo 9, fracción I, de su Ley Orgánica establece que, siempre que la institución tenga conocimiento de la posible comisión de un delito perseguible de oficio o por denuncia, deberá investigarlo; no es una cortesía política ni una facultad discrecional. 

Por ello, la publicación debe ser incorporada de inmediato mediante un acta circunstanciada que documente su contenido, fecha, cuenta emisora, imágenes, enlaces, identidad de la persona señalada y cualquier otro dato verificable, a fin de preservar el material digital y determinar, sin prejuzgar, si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación.

La exigencia puede sostenerse en tres planos:

• Ley Orgánica de la FGJ de Tamaulipas, artículo 3. La Fiscalía tiene como fines investigar delitos, esclarecer hechos, combatir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho. Una acusación que plantea una posible infiltración criminal en la procuración de justicia encaja de lleno en esos fines institucionales.
• Ley Orgánica de la FGJ de Tamaulipas, artículo 5, fracción I. Corresponde a la Fiscalía investigar y perseguir los delitos. La obligación no desaparece porque la primera noticia del hecho haya aparecido en redes sociales; lo relevante es que la autoridad adquiere conocimiento de hechos que, de confirmarse, podrían tener relevancia penal
• Ley Orgánica de la FGJ de Tamaulipas, artículo 9, fracciones I, II y IV. El principio de legalidad exige investigar la posible comisión de delitos de oficio; el de imparcialidad obliga a atender tanto los datos que incriminen como aquellos que desmientan la versión; y el de objetividad impide resolver el caso con rumores, afinidades o intereses, pues toda determinación debe descansar en datos de prueba.
• Código Penal de Tamaulipas, artículo 439. Entre las hipótesis de encubrimiento figura omitir denunciar hechos perseguibles de oficio que se sabe se han cometido, se están cometiendo o van a cometerse. Esto no autoriza a dar por probada ninguna acusación difundida en redes, pero sí refuerza que una autoridad no debe desentenderse de información potencialmente delictiva sin verificarla.

Por qué un acta circunstanciada

El acta no sustituye a la investigación ni equivale a imputar o procesar a alguien. Su función es dejar constancia institucional de que la Fiscalía recibió una noticia criminal y de qué medidas iniciales adoptó para no perder evidencia.

En un caso difundido por redes, debería asentar, como mínimo:

• Capturas íntegras de la publicación, URL, fecha, hora, usuario emisor y material multimedia.
• La transcripción literal del señalamiento, evitando que una interpretación posterior altere su contenido.
• La identificación administrativa del servidor público mencionado y su adscripción.
• La orden de preservar evidencia digital y verificar la autenticidad, origen y contexto del mensaje.
• La remisión a un área competente e independiente, especialmente si el señalado pertenece a la propia Fiscalía.
• La determinación fundada sobre si los datos reunidos justifican una carpeta de investigación, una investigación administrativa o, en su caso, el archivo por inexistencia de elementos delictivos.

No se pide que la Fiscalía condene a nadie por una publicación ni que sustituya la prueba por el escándalo. 

Se exige algo más básico: que deje constancia formal de la noticia criminal, preserve la evidencia y active una revisión independiente. El artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no deja margen para la comodidad institucional: cuando la autoridad conoce de una posible conducta delictiva perseguible de oficio, debe investigarla. 

Primero, mediante un acta circunstanciada que fije el contenido y origen del señalamiento; después, si aparecen datos mínimos que lo ameriten, con la apertura de la carpeta de investigación correspondiente. Callar no es objetividad; objetividad es investigar tanto lo que pueda comprometer al señalado como aquello que pueda exonerarlo.

No se trata de condenar a Eduardo Rodríguez desde una pantalla ni de convertir una publicación en sentencia. Se trata de algo más elemental: cuando se acusa que la procuración de justicia puede estar sirviendo de puente hacia el crimen organizado, el silencio oficial deja de ser prudencia y empieza a parecer encubrimiento.

El punto incómodo

En Tamaulipas, donde la línea entre autoridad, miedo y criminalidad ha sido históricamente motivo de sospecha pública, una denuncia de esta naturaleza merece algo más que indiferencia. Si es falsa, una investigación seria debe desmentirla con claridad. Si contiene elementos ciertos, el costo de haberla ignorado será todavía mayor.

Las redes sociales no reemplazan al Ministerio Público; lo exhiben cuando éste no cumple su función. Y cuando la denuncia apunta a que un agente estatal podría fungir como enlace de un capo, la respuesta legal no puede ser el mutismo: debe ser un acta circunstanciada, una investigación autónoma y resultados verificables.

Con información: @Redes/