Militares dispararon contra civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero por una "sospecha", hecho que derivó en la muerte de cinco personas, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación 95VG/2023, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detalla que ese día, entre las 04:30 y 4:50 horas, siete personas que circulaban en una camioneta pickup fueron seguidas por cuatro vehículos oficiales, en los que viajaban 21 militares que realizaban tareas de seguridad pública.
De acuerdo con la narrativa hecha por la CNDH, basada en la indagatoria, cuatro elementos dispararon contra la unidad sin que hubiera una agresión por parte de los civiles ni una amenaza real en contra de los servidores o de terceros.
"Se puede afirmar que no se encontraron armas dentro del vehículo particular. También, que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego, que ningún elemento militar presentó lesiones por proyectil de arma de fuego y que todos los elementos militares involucrados en los hechos manifestaron ante el representante social de la Federación, que ninguno vio que del vehículo particular se originaran disparos de arma de fuego", detalla el documento.
Esta versión contrasta con la difundida por la Sedena, en la que afirmaba que los civiles estaban armados.
En la recomendación, la CNDH solicitó a Sedena que colabore en la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de las siete personas afectadas para que proceda la reparación integral de daño.
"También se le pide que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente ante el Órgano Interno de Control en la SEDENA en contra del personal que sin justificación legal alguna accionó sus armas de fuego en agravio de las siete víctimas directas", señala la CDNH.
Además, solicitaron que se otorgue atención médica, así como apoyo psicológico y tanatológico, a los sobrevivientes del ataque y las víctimas indirectas.
Acusan acto de intimidación
El próximo 10 de abril se realizará la audiencia en la que cuatro elementos de la Sedena serán imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
El juicio será realizado en Reynosa, algo que la defensa de los afectados considera un "acto de intimidación", ya que tienen que trasladarse a una Ciudad conflictiva.
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