Mauricio Guízar Cárdenas, mejor conocido en el ámbito del narcotráfico como “El Amarillo”, fue sentenciado a 20 años de cárcel por sus actividades criminales mientras fue líder del Cártel de Los Zetas.
Los reportes disponibles especificaron que “El Amarillo” llegó a consolidarse como jefe del grupo delincuencial en varios estados del sureste del país, incluidos Tabasco, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, y Campeche.
En concreto, Guízar Cárdenas fue condenado por su incursión en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. El fallo condenatorio fue conseguido gracias a la participación conjunta de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación del Estado de México.
“El Amarillo” fue capturado por la Secretaría de Marina en julio de 2012 en la ciudad de Puebla. Durante su captura, las autoridades le aseguraron una cantidad no especificada de droga, así como una subametralladora, un lanzacohetes de guerra antitanque y granadas.
Guízar Cárdenas, a quien también se le conocía como “El Gordo”, fue identificado como colaborador de Omar Treviño Morales, “El Z-42″, quien asumió el liderazgo de Los Zetas en 2013 tras la captura de su hermano, Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″.
Cabe especificar que el 20 de septiembre de 2022 ya se había dictado una sentencia de 20 años en contra de Guízar Cárdenas. Sin embargo, el exlíder criminal y su defensa legal interpusieron un recurso de apelación con el objetivo de que las autoridades judiciales revirtieran el fallo.
Luego de una evaluación al caso, la condena fue ratificada, por lo que “El Amarillo” permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, a donde fue trasladado desde que la Semar cumplimentó su captura.
Los Zetas surgieron a finales de la década de 1990 como un brazo armado del Cártel del Golfo ante el deseo de Osiel Cárdenas Guillén de crear un ejército propio. La formación militar de quienes integraron las filas de esta célula criminal, así como la caída de algunos líderes de la organización, fueron las condiciones óptimas para que Los Zetas comenzaran a disputar el territorio.
Uno de los aspectos que convirtió a este grupo delictivo en el más temido del país desde su surgimiento hasta el año 2012, aproximadamente, fue la brutalidad con la que perpetraban sus crímenes.
En su nutrido y violento historial están registrados dos de los episodios más trágicos en la historia reciente de México: la masacre de San Fernando en 2010 y la matanza de Allende en 2011.
La primera, también llamada “Masacre de los 72″ ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, entre el 22 y el 23 de agosto de 2010 en el ejido El Huizachal, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.
En aquella ocasión, Los Zetas ejecutaron a 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) por la espalda, apilaron sus cuerpos y los abandonaron a la intemperie. Las indagatorias detallaron que las víctimas habían sido secuestradas y, tras negarse a trabajar para el cártel, fueron asesinadas.
Por otro lado, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 18 de marzo de 2011 un grupo de al menos 60 sicarios de Los Zetas embistió el municipio de Allende, en Coahuila.
Su objetivo era encontrar a Luis Garza Gaytán, excolaborador del cártel que había sido señalado como traidor. Garza Gaytán, junto con otras dos personas, vendieron información de la organización criminal al gobierno estadounidense y huyeron del país.
Ante tal situación, los hombres del cártel se adentraron en Allende (donde vivían familiares y allegados de sus “traidores”) y le ordenaron a la Policía Municipal que ignorara todos los llamados de auxilio.
El documento de la Comisión indicó que entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 hubo múltiples irrupciones violentas a las casas de los habitantes, los sicarios destruyeron 32 propiedades y privaron de su libertad a decenas de personas. El dato oficial asentado en el expediente refiere que al menos 26 pobladores fueron ejecutados.
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