Desde que se inició la guerra contra el narcotráfico poco más de 300 militares han sido sujetos a proceso por delitos cometidos en “cumplimiento de su deber”. Entre esos casos destaca el del subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández, quien lleva 12 años encarcelado sin sentencia, pero además denunciando diversas anomalías cometidas en su proceso. La juez, asegura el militar, no toma en cuenta que “me pidieron actuar contra el enemigo”. Es así que Tadeo Hernández se niega a ser sentenciado por la muerte de un sicario.
Desde hace 12 años el subteniente Jorge Alberto Tadeo Hernández forma parte de los más de 300 militares detenidos y sujetos a proceso por delitos cometidos “en cumplimiento del deber”.
Proceso informó (edición 2408) que desde 2007 y hasta septiembre de 2021 al menos 308 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están sujetos a procesos penales por violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de civiles.
Las historias de estos elementos se encuentran en 147 procesos penales iniciados en su contra por abuso de autoridad, violaciones sexuales, homicidio y tortura, entre otros delitos.
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Mientras desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón la sociedad civil ha hecho hincapié en que los militares no están capacitados para mantenerse en labores de seguridad pública en contacto con civiles, y esto derivó incluso en una reforma con la cual los jueces del fuero común ya pueden conocer de los juicios contra militares, cuando éstos cometen delitos en agravio de ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha buscado revertir la situación.
Aunque López Obrador ha sido el principal defensor del papel de los militares en la vida pública del país, la problemática de los procesos conocidos por jueces del fuero común contra militares derivó en que el domingo 12 cientos de personas salieron a marchar a las calles para exigir el respeto a los derechos humanos de los elementos castrenses.
Mientras tanto el subteniente Tadeo Hernández permanece en constante batalla para demostrar que los delitos que se le atribuyen, cometidos en 2011, fueron producto de la falta de capacitación para labores policiacas, instrucciones de altos mandos y la orden terminante de “combatir al enemigo”.
Durante 12 años ha permanecido sujeto a prisión preventiva de oficio en el Campo Militar 1, y pese a no recibir sentencia, afirmó que no quiere ser condenado por una autoridad que desconoce por completo los protocolos de actuación castrenses y con base en una averiguación previa amañada.
*Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2420 de la edición impresa de Proceso
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