La política morenista volvió a confirmar que la lealtad no es un principio; si lo fuera, sería su final. Es una membresía temporal, renovable sólo mientras resulte útil para los individuos, tanto en organizaciones políticas como criminales —o política y criminalmente organizadas—.
Américo Villarreal, aun gobernador de Tamaulipas, quien en 2021 fungió como coordinador de campaña de Rubén Rocha Moya y antes lo defendía —en público y en privado— como si se tratara de una causa de Estado, estampó su firma en el comunicado de gobernadores que exigia “madurez y responsabilidad” al sinaloense.
Traducción del idioma institucional: cuando el amigo se vuelve incómodo o un estorbo, se le pide que sea adulto y se retire sin hacer ruido, aunque ambos se deban mutuamente dos pedazos de gubernaturas distintas, operadas con los mismos malos oficios criminales.
Así opera este mecanismo: primero se reparten abrazos, cargos y elogios; después, ante el costo político, aparecen los comunicados de moralidad súbita y las firmas de quienes ayer eran parte del círculo íntimo.
Como lo cita EL UNIVERSAL:
Villarreal, además señalado por autoridades estadounidenses en un contexto de acusaciones que él ha rechazado y anda buscando arreglar con un despacho jurídico, pero con soto a los impuestos, parece conocer bien esa gramática del poder: la solidaridad dura hasta que llega una instrucción superior, una encuesta adversa o la necesidad de salvar el propio pellejo.
Rocha Moya, dos veces licenciado y hoy aparentemente prescindible, quizá descubra que en la política de sus examigos el respaldo no se mide por la amistad sino por la utilidad; y que la lista de Navidad puede reducirse con la misma rapidez con la que se firma un desplegado.
La traición bajo dinámicas del crimen organizado
Entre la traición política y ciertas dinámicas del crimen organizado puede identificarse una similitud estructural. Aunque esta analogía no constituye una equivalencia factual, su fuerza reside en describir el método: alianzas utilitarias, obediencia a jerarquías y rupturas cuando el costo se vuelve intolerable para el negocio tradicionalmente criminal y políticamente organizado.
El antiguo aliado deja de ser un activo, pasa a ser un pasivo y un riesgo para toda la organización.
«La traición política se parece a las dinámicas de lealtad en organizaciones criminales porque en toda alianza politica, criminal o ambas, se riegen por el mismo cálculo: la fidelidad dura mientras produce beneficios y termina cuando proteger al aliado amenaza al grupo.
En ese esquema, los afectos son decorativos; lo decisivo es la utilidad. Primero vienen los abrazos, los cargos, las defensas públicas y las fotografías. Después, cuando la presión crece, aparecen los comunicados, la distancia moral y las firmas de quienes ayer juraban lealtad.
El caso de Rubén Rocha Moya exhibe esa mecánica. Américo Villarreal, quien coordinó su campaña en 2021 y fue parte de su círculo de defensa política, se sumó al pronunciamiento de gobernadores de Morena que pidió al sinaloense “madurez y responsabilidad”.
La política de facción tiene su propio código: nadie es imprescindible, nadie está por encima del cálculo y el respaldo se retira con la misma rapidez con que antes se otorgó. En ese mundo, la amistad no se rompe por principios; se cancela por instrucciones, encuestas, expedientes o miedo a que el costo ajeno se convierta en costo propio.
Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, le contó a la Fiscalía General de la República (FGR) una versión que pinta la reunión donde secuestraron al capo como una operación criminal que terminó en desastre: los sicarios de Joaquín Guzmán López habrían matado a Héctor Melesio Cuén casi de chiripa, con un balazo en el pie que desembocó en una hemorragia fatal y, según el relato, un paro cardiaco.
De acuerdo con Félix, Cuén no era el objetivo a eliminar. Pero el tiro hizo su trabajo, la víctima se desangró y los pistoleros pasaron de la sorpresa a la administración de daños. La supuesta solución fue fabricar una escena: un asalto en una gasolinera de Culiacán, videograbado y útil para intentar despegarse del cadáver.
El testigo indirecto
Félix está casado con Teresa Zambada Ortiz, hija del capo preso en Estados Unidos. Declaró ante la FGR que los asesinos obligaron a Fausto Corrales Rodríguez —quien acompañaba a Cuén— a fingir el asalto para dejarlo registrado en video.
Corrales se encuentra preso desde el miércoles pasado en el Penal del Altiplano, procesado por encubrimiento y falsedad en declaración ante una autoridad ministerial.
“El Chavo Félix” no estuvo en la reunión del 25 de julio de 2024, en el Fraccionamiento Huertos del Pedregal, Culiacán. Su relato se sostiene, dice, en lo que Corrales le contó; es decir, en la voz de un hombre que habría estado presente cuando asesinaron al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y secuestraron a “El Mayo”.
El 27 de febrero de 2025, Félix declaró:
“Fausto también me dijo que Melesio Cuén también murió en el rancho donde se llevó a cabo la reunión, de un paro cardiaco, pero que también le dispararon en el pie, refiriéndome que él sabía todo ello porque él estuvo en el lugar, es decir, él estuvo en esa reunión, y que inclusive los pistoleros de Joaquín Guzmán López no querían que se muriera Melesio, ya que refirieron: ‘chingada madre, se murió, se murió’”.
Y añadió:
“Y a Fausto le dijeron cómo iba a fingir la muerte de Melesio Cuén, sin decirme con exactitud quién, pero le dijeron que lo llevara a una gasolinera donde iban a hacer como que le iban a echar gasolina a la camioneta Ranger raptor color blanco, y que iban a fingir que los querían asaltar para justificar la muerte en ese lugar, y de ahí es la versión oficial que salieron en los medios de comunicación”.
Félix fue detenido el 18 de enero de 2025 en Quilá, Culiacán, y expulsado de México el 12 de agosto siguiente, dentro de una lista de 92 narcotraficantes desterrados por el Gobierno federal en el lapso de un año. El 26 de junio pasado se declaró culpable de cuatro cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, en San Diego.
“Me voy a entregar, pero te voy a chingar”
La versión de Félix coincide en lo esencial con la carta que Zambada difundió el 10 de agosto de 2024. Aunque no estuvo en el sitio, asegura conocer lo que maneja la familia del capo y vuelve a colocar a Fausto Corrales como fuente central.
Según ese relato, Joaquín Guzmán López convocó a “El Mayo” y a Cuén a una cita en Huertos del Pedregal el 25 de julio de 2024.
Cuén llegó con Corrales. Zambada arribó acompañado por José Rosario Heras López, “El Chayo”, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, integrante de su equipo de seguridad. En esta versión no aparece el gobernador Rubén Rocha Moya.
La declaración describe la emboscada:
“Ingresando al rancho, saludó el señor Fausto Corrales, y una vez que ingresaron al lugar, salió Joaquín Guzmán López de un cuarto diciéndole al señor Ismael Zambada que quería hablar con él en privado, ingresando ambos -Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López-, a un cuarto obscuro donde inmediatamente al ingresar Joaquín Guzmán López cerró la puerta y diversos pistoleros de Joaquín Guzmán López que se encontraban en ese cuarto esposaron a Ismael Zambada García, diciéndole Joaquín Guzmán López a Ismael Zambada García que se iba a entregar con el Gobierno de los Estados Unidos de América, pero que se lo iba a chingar a él también”.
Después, según Félix, vino el traslado:
“Y al parecer sacaron a Ismael Zambada García por la puerta de atrás, echándolo atrás de una camioneta donde iban pistoleros y el propio Joaquín Guzmán López; lugar donde fue golpeado al mismo tiempo que lo ofendían, y después de un recorrido de 15 minutos aproximadamente, llegaron a una pista de aviones de la cual desconozco su ubicación y su nombre, donde lo subieron los pistoleros y el propio Joaquín Guzmán López a un aeronave que solo sé que es bimotor, de color negro con blanco y líneas coloradas, sin recordar mayores datos en la cual volaron de ahí a Texas”.
El dictamen: no fue “paro” sin más
La necropsia firmada el 26 de agosto de 2024 por el médico José Antonio Angulo Beltrán establece que Cuén murió por un “choque hipovolémico secundario a laceración de arteria poplítea derecha producida por proyectil disparado por arma de fuego”.
El documento precisa:
“Esto lo sustentó por haber observado lesiones de las producidas por proyectil disparado por arma de fuego en pierna derecha, misma que al disecar piel y músculos de la región anatómica posterior de pierna se visualizó sangre coagulada en planos profundos, mostrando posteriormente la laceración de la arteria poplítea derecha”.
También concluye:
“Por lo observado en las fotografías, y al no obrar evidencia de otra lesión del tipo que pongan en peligro la vida, se coincide en que la lesión arterial periférica fue la causante del fallecimiento”.
La FGR revisó esa necropsia y añadió que hubo lesiones de arma de fuego en ambas piernas, aunque coincidió en que la lesión en la parte inferior de la pierna derecha fue la que derivó en la muerte.
El dictamen de la FGR, fechado el 3 de octubre de 2024, señala:
“Se debió a una muerte violenta producida por disparos de arma de fuego, sin que haya realizado maniobras de lucha, forcejeo y/o defensa. Por lo que hace a la distancia en que se produjeron los disparos… éstos fueron realizados a una distancia mayor a 70 centímetros, considerando la boca del cañón del arma de fuego utilizada y las zonas anatómicas impactadas”.
Y remata:
“Desde el punto de vista anatómico, las lesiones por proyectil disparado por arma de fuego se localizaron generalmente a nivel de ambos miembros inferiores, en el caso de la derecha durante su trayecto lesionó en un 50 por ciento la arteria poplítea, la cual conllevó a un estado hemodinámico grave que dio como resultado la muerte”.
El expediente que no deja de crecer
Mientras la viuda de Cuén reclama falta de avances, FGR y Poder Judicial chocan por el caso Mayo-Cuén. La Fiscalía defiende su indagatoria y sostiene que encontró sangre de Cuén; un juez, por su parte, exhibió a la institución al revelar que mintió sobre el caso. Entre declaraciones de oídas, un supuesto secuestro, una muerte atribuida a un disparo y el presunto guion de una gasolinera, el expediente sigue acumulando versiones, contradicciones y preguntas que ninguna autoridad ha conseguido sepultar.
La carta no es una explicación: es una rendición administrativa. Rubén Rocha Moya convierte la gubernatura de Sinaloa en una puerta giratoria: reasume el cargo y, casi de inmediato, vuelve a pedir licencia “indefinida”. Eso no es una decisión de Estado; es la prueba documental de que su retorno fue una operación política-criminal mal calculada, sin sustento público y considerando lasrabietas de la presidenta, gobernadores y partido,desautorizada desde arriba.
El texto, frase por frase
“Me dirijo a usted con fundamento en el artículo 50, fracción VIII…”
El gobernador abre con el blindaje ritual: citar una norma antes de explicar el motivo. La legalidad invocada funciona aquí como coartada, no como argumento. Que una Constitución permita solicitar licencia no vuelve seria cualquier licencia, ni moralmente defendible la improvisación en el ejercicio del poder.
La pregunta elemental no es si puede pedirla. Es por qué reasumió el cargo si, al día siguiente, ya debía abandonarlo de nuevo. El derecho no está para cubrir el ridículo político ni para convertir el mandato popular en sala de espera.
“…para efecto de exponer lo siguiente:”
Y no expone nada.
No hay causa política, administrativa, personal, institucional o sanitaria. No hay información para las y los sinaloenses. No hay una sola línea que explique qué cambió entre su regreso y su nueva salida. Esa omisión no es un detalle de estilo: es el corazón del escándalo.
Un gobernador no se manda a sí mismo una licencia. Ejerce una responsabilidad delegada por el voto. Por eso, cuando se separa de su cargo —otra vez— tiene el deber democrático de decir por qué. Rocha pide permiso al Congreso, pero se niega a rendir cuentas a la sociedad.
“Por así considerarlo pertinente…”
Esta es probablemente la frase más ofensiva del documento.
“Por así considerarlo pertinente” equivale a: porque le dio la gana, porque puede, porque nadie tiene por qué saber. Es una fórmula de suficiencia personal para justificar una decisión que trastoca la continuidad del Poder Ejecutivo de un estado.
La gubernatura queda reducida a una propiedad temporal del titular: entro cuando quiero, salgo cuando quiero y, si acaso, presento un papel de tres párrafos.
No. Un gobernador no administra un permiso laboral cualquiera. Administra seguridad, presupuesto, hospitales, escuelas, obras, relación con municipios, protección civil y conducción política de una entidad atravesada por una crisis de violencia y gobernabilidad. La “pertinencia” tendría que ser pública, verificable y explicada, no íntima ni caprichosa.
“…solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días…”
La frase es una pequeña obra maestra de la evasión.
“Temporal” e “indefinida” pueden convivir formalmente, pero políticamente exhiben una contradicción brutal: se va, pero no dice hasta cuándo; conserva el título, pero abandona el despacho; pide que el Congreso active un mecanismo constitucional, pero evita asumir el costo de una decisión definitiva.
Y “por más de treinta días” es la guinda burocrática. No establece una fecha de retorno ni un horizonte institucional. Es una licencia abierta, presentada como si tuviera contornos. No es claridad: es neblina jurídica administrada.
Si el gobernador sabe que no está en condiciones políticas, legales,personales o institucionales de ejercer el cargo, lo responsable no es una licencia indefinida. Lo responsable es la renuncia. La licencia sirve para una ausencia excepcional y delimitada; no para encubrir una incapacidad política de sostener el gobierno.
“…al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.”
Aquí aparece la dimensión más grave: el puesto no es un encargo ornamental ni una credencial que se guarda en el bolsillo mientras se resuelven conflictos internos.
Rocha reasumió el 21 de agosto y pidió otra licencia apenas un día después, sin dar una explicación sustantiva. Esa secuencia exhibe que el regreso no fue resultado de una decisión madura de gobierno, sino de una lectura equivocada del poder, de una pulseada mal medida o de una instrucción incompleta. En cualquiera de las tres hipótesis, Sinaloa queda subordinado al desorden de una élite.
“En virtud de lo anterior, solicito se proceda conforme a lo establecido por el artículo 58…”
“El anterior” no existe: no hay una razón expuesta que justifique la petición. El párrafo concluye como si el texto hubiera cumplido con explicar algo, cuando apenas dejó constancia de una voluntad personal.
El artículo 58 puede marcar el procedimiento que debe seguir el Congreso ante la falta temporal o absoluta de la persona titular del Ejecutivo. Pero un procedimiento constitucional no cura una decisión irresponsable. La ley puede ordenar quién sustituye, cuánto tiempo y bajo qué figura; no puede devolver seriedad a quien decidió jugar con la continuidad del gobierno estatal.
Lo jurídico: licencia no equivale a absolución
El oficio se apoya en el artículo 50, fracción VIII, de la Constitución de Sinaloa y pide al Congreso actuar conforme al artículo 58. Es decir: Rocha reconoce que la separación del Ejecutivo no depende de su sola voluntad y requiere intervención legislativa.
Pero el punto jurídico-político es más incómodo:
Una facultad constitucional no es un cheque en blanco.
Una licencia temporal debe responder a una causa concreta y ser compatible con la continuidad institucional.
Una licencia “indefinida” luego de reasumir por apenas un día es un fraude a la idea de temporalidad, aunque se vista de lenguaje constitucional.
La ausencia de motivos priva al Congreso y a la ciudadanía de elementos para valorar si procede una ausencia temporal o si, en realidad, se está ante una renuncia política disfrazada.
Si no hay voluntad ni condiciones para gobernar de manera estable, mantener el cargo mediante licencias sucesivas permite retener el poder formal sin asumir el deber material de ejercerlo.
El Congreso no debería limitarse a estampar un recibido y tramitar. Debe exigir explicaciones públicas, precisar duración, condiciones, suplencia, consecuencias administrativas y el estado de las decisiones tomadas durante el fugaz regreso. Su obligación no es facilitarle una salida elegante al gobernador: es defender la continuidad del Estado.
La presidencia se enteró tarde
La presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó públicamente del regreso de Rocha y sostuvo que ningún interés personal debe ponerse por encima del pueblo y de la nación; los reportes señalan que esa postura llegó después de la reincorporación del gobernador y que la presión política precedió a la nueva solicitud de licencia.
Eso deja dos lecturas, ambas devastadoras para el oficialismo.
Primera: si Sheinbaum realmente se enteró o reaccionó por X, el gobierno federal exhibe una falla de coordinación e inteligencia política elemental. Un gobernador de Morena, bajo una crisis de alto impacto, no puede regresar al cargo sin que Palacio Nacional tenga previsión, información y una ruta clara. Si nadie alertó, los canales de control político son deficientes.
Segunda: si sí sabían y dejaron correr la operación hasta que estalló públicamente, entonces no hubo desconocimiento sino cálculo torpe. Esperaron el costo mediático, midieron el rechazo y ordenaron la rectificación. Peor aún: en ese caso, la presidencia trató a Sinaloa como tablero de daños reputacionales, no como una entidad que merece estabilidad.
El poder presidencial queda exhibido en su doble falla: o no controla la información estratégica de su propio movimiento, o la controla mal y reacciona cuando el escándalo ya está servido. El “todo poderoso” aparato político-criminal no evitó que un gobernador de morena entrara, saliera, regresara y volviera a salir en cuestión de días. Eso no es fuerza; es descoordinación con uniforme de disciplina.
La renuncia que evita
Rocha escribió después que “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”. La frase sería respetable si estuviera acompañada por el acto consecuente: renunciar.
Porque si Sinaloa está por encima de todo, no se le somete a un gobierno intermitente. Si la nación está por encima de todo, no se fabrica otro episodio de incertidumbre institucional. Y si el movimiento está por encima de todo, no se obliga a la presidenta a desmarcarse públicamente de un regreso que, por lo visto, nadie quiso defender.
Una licencia indefinida no resuelve el problema: lo patea. Permite a Rocha abandonar la función sin abandonar completamente el poder; le deja una puerta entreabierta para volver cuando cambie el clima, mientras Sinaloa paga la factura de su vaivén.
Lo honesto era renunciar. Lo demás es burocracia para no pronunciar la palabra que describe lo obvio: ya no puede, no debe o no quiere gobernar.
El hashtag #Narcogobernador en X (antes Twitter) se convirtió ayer en tendencia. La etiqueta, crítica y altamente polarizada, se utiliza de forma masiva y recurrente para señalar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Aunque no es un término nuevo en el vocabulario político mexicano (se ha aplicado históricamente a otros gobernadores o políticos acusados de colusión con el crimen organizado), pero en 2026 se consolidó como tendencia fuerte y específica alrededor del caso Rocha.
Origen y contexto del caso
Abril 2026: El Departamento de Justicia de EE.UU. (fiscalía del Distrito Sur de Nueva York) deselló una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios/exfuncionarios de Sinaloa por conspiración para importar narcóticos (fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina), posesión de armas y delitos relacionados.
La tendencia #narcogobernador / #NarcoGobernador (datos al 23 de agosto 2026, basados en búsquedas en X):
Volumen y alcance aproximado
Actividad reciente (20-23 de agosto): Cientos de publicaciones (picos claros el 21 de agosto por el regreso de Rubén Rocha Moya al cargo y el 22-23 por su nueva solicitud de licencia) y se mantiene activo de forma constante entre cuentas opositoras y anti-4T.
Histórico: Ha llegado a posiciones altas en tendencias de México en el pasado (ej. top 7 en enero 2025, con volumen estimado bajo 10 mil tweets en picos anteriores).
Picos de engagement: Los posts que citan noticias virales o el anuncio oficial de Rocha (que superó 1.7 millones de vistas y 2.800 likes) elevan el alcance. Posts con video o imagen del regreso alcanzan cientos de likes cuando se combinan con el hashtag.
Sentimiento: Abrumadoramente negativo/crítico (~90-95 % de los posts muestreados). Se usa para atacar a Rocha Moya, Morena, Sheinbaum y AMLO, asociándolos a “narcogobierno”, “narcopartido” e impunidad. Casi nula defensa del hashtag desde el oficialismo.
Aquí las más relevantes de los últimos días (21-23 de agosto 2026), priorizando likes + reposts + impacto:
@avieu (21 ago 2026) “La impunidad en su máximo esplendor 👇🏼 #Narcogobernador” (citando video del regreso de Rocha a Palacio de Gobierno).. Uno de los posts con hashtag de mayor engagement directo.
@edubacio (22 ago 2026) Caricatura/memes sobre “TiTiNa” (Sheinbaum) y el #NarcoGobernador regresando por el fuero.
@grupocarax (21 ago 2026) Simple “#narcogobernador” citando el video viral de Azucena Uresti sobre el regreso de Rocha (el original de Uresti tiene 4.623 likes y 180 mil vistas).
@CBRJuanjo (23 ago 2026) Crítica fuerte a Morena por reinstalar al #NarcoGobernador y enfrentar a EE.UU.
@CarlosBarona_ (23 ago 2026) “VAYA, VAYA, AL PARECER EL #NARCOGOBERNADOR ROCHA MOYA YA RECULÓ…” (sobre la nueva licencia).
@reymondean26634 (23 ago 2026) “MORENA y su #NarcoGobernador” (citando post de alto engagement).
Otras menciones notables incluyen posts de @laredish, @me_im_not_101 y @Mau_Vida (20-30 likes/reposts) que combinan memes, fotos de Rocha o críticas a la “protección” del gobierno federal.
La tendencia se alimenta principalmente de:
El anuncio de regreso de Rocha (21 ago).
La rápida nueva solicitud de licencia (22-23 ago) tras críticas internas de Morena/Sheinbaum.
Videos de su reaparición y reacciones de madres buscadoras.
