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viernes, 24 de julio de 2026

«AMÉRICO es el MAL EJEMPLO: EE.UU SANCIONA al CJNG con un PORTAFOLIO que haría SONROJAR cualquier CONGLOMERADO GLOBAL»… aun sin empuñar el arma, apremia sancionar gobernadores que les abren la puerta.


El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya no es solo una organización criminal: es, francamente, un corporativo modelo digno de cualquier escuela de negocios… si el plan de estudios incluyera lavado de dinero 101 y diversificación ilícita avanzada.

Porque sí, mientras algunas empresas apenas sobreviven con un giro, el CJNG decidió armar un portafolio que haría sonrojar a cualquier conglomerado global: agricultura, seguridad privada, tequila, transporte, combustibles, logística, suplementos alimenticios y hasta calzado infantil. Nada grita “expansión estratégica” como vender tenis para bebés mientras se mueve dinero del narco con la otra mano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) básicamente destapó lo que parece menos una red criminal y más un holding transnacional con obsesión por la diversificación. Empresas creadas entre 2015 y 2024, distribuidas en varios estados, con administradores que aparecen aquí, allá y en todas partes, como si el acta constitutiva fuera una membresía multiusos.

Ahí está Roberto Jiménez Arias, que lo mismo administra una agropecuaria que una tequilera o una comercializadora. Un emprendedor todoterreno. O Miguel Ángel Ayala Botello, que combina seguridad privada —con permiso oficial, por cierto— con negocios agropecuarios. Porque nada dice “ética y respeto a los derechos humanos” como un corporativo que, según su propia publicidad, protege valores… aunque no especifique de dónde vienen.

Y luego está el resto del catálogo: licorerías, transporte de lujo, extracción energética, muebles, suplementos fitness y hasta zapatitos para bebé. El mensaje es claro: el CJNG no solo mueve mercancía ilegal, también entiende el arte de mezclar ingresos como todo un MBA… solo que sin tesis, pero con mucho efectivo.

Lo verdaderamente fascinante no es solo la amplitud del portafolio, sino la naturalidad con la que estas empresas operan dentro de la economía formal: registros mercantiles, permisos oficiales, páginas de Facebook con lenguaje corporativo impecable. Todo en regla, salvo el pequeño detalle del origen del dinero.

Al final, más que una red criminal, lo que emerge es una especie de multinacional paralela, donde la línea entre lo legal y lo ilegal no es borrosa: es deliberadamente intercambiable. Un modelo de negocio que no innova en productos, pero sí en cinismo.

Porque si algo queda claro, es que aquí no estamos viendo improvisación criminal, sino planeación empresarial con esteroides. Y mientras el discurso oficial sigue hablando de combate al crimen organizado, ellos ya están operando como si cotizaran en bolsa… aunque su verdadero mercado, claro, siga siendo la impunidad que nos e acaba con la caída de un jefe, pues estamos ante la presencia de un mando vertical y una estructura horizontal.

Por qué importa sancionar al que “facilita”

Washington tiene razones para sancionar también a los facilitadores, porque el crimen organizado no funciona solo con sicarios y jefes visibles; necesita abogados, operadores financieros, prestanombres, asesores y empresas pantalla que le den apariencia de normalidad a la maquinaria. La OFAC ya ha actuado contra redes empresariales y personas vinculadas al CJNG, precisamente porque esas estructuras ayudan a mover dinero, abrir puertas y blindar operaciones ilícitas. 

Sancionar únicamente al jefe del Cartel de Jalisco que tambien opera en Tamaulipas,como muestra el mapa de la OFAC ,deja intacta la infraestructura que hace posible el negocio. Los facilitadores son el puente entre el dinero sucio y el circuito formal: constituyen sociedades, firman contratos, prestan servicios, lavan reputaciones y, en muchos casos, sirven de escudo legal y político. Cuando EE.UU. sanciona a esos actores, no solo castiga conductas individuales; intenta romper la cadena de intermediación que sostiene al corporativo criminal. 

El argumento central es que un asesor u operador con acceso institucional puede encajar como pieza clave de la red, no como adorno. Si una persona usa su cargo, influencia o cercanía al poder para normalizar, proteger o conectar a una estructura criminal, la OFAC puede verlo como parte funcional del entramado, igual que a un testaferro o a una empresa fachada. 

Dicho en tono más llano: no basta con no empuñar el arma; también puede ser sancionable el que abre la puerta, limpia la imagen o cobra por hacer de enlace. 

Al final, el punto es simple: si el crimen organizado opera como un consorcio, los facilitadores no son “terceros inocentes”, sino el departamento de expansión, relaciones públicas y cumplimiento a la medida del delito. Por eso EE.UU. los sanciona: porque sin esa capa de intermediarios, muchas redes no podrían pasar de la violencia bruta a la rentabilidad elegante. 

Con información: ELNORTE/ TREASURY.GOV/

«JUEZ FEDERAL ORDENA TRASLADAR al MAYO ZAMBADA a HOSPITAL-CÁRCEL con AIRE ACONDICIONADO y ATENCIÓN MÉDICA GRATIS de por VIDA»…en México,policías,militares y gobernadores siguen impunes.


El juez Brian M. Cogan ha recomendado este viernes que Ismael El Mayo Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa, sea internado en un centro médico penitenciario federal, con lo que evitaría una cárcel de máxima seguridad. La decisión judicial responde a una de las peticiones del capo, de 76 años, en su acuerdo con la Justicia estadounidense para aceptar la condena a cadena perpetua impuesta el pasado 6 de julio. 

El lunes, El Mayo fue sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico. El juez también ordenó el decomiso de 15.000 millones de dólares vinculados a su etapa criminal, una suma que su abogado ya ha asegurado que El Mayo no cumplirá.

El defensor del Mayo Frank A. Pérez fue el encargado de enviar la carta al juez en la que exponía que “como consecuencia de los graves delitos” que el capo había cometido, aceptaría ser sentenciado de por vida. Pero el abogado apuntaba al inicio del escrito que el líder criminal “lidia con un complejo cuadro de problemas de salud relacionados con la edad”, por lo que solicitaba que la prisión a la que fuera enviado debería estar “adecuadamente equipada para atender la necesidad de tratamiento médico del acusado”. Perez aseguró que con esa solicitud no buscaban un “trato especial”, sino que realmente “requiere un entorno médico o administrativo seguro”. “Él reconoce y acepta que la sentencia que imponga este tribunal. Excluirá cualquier posibilidad de ser liberado de su encarcelamiento”, añadió entonces el defensor.

El Mayo fue entregado en julio de 2024 a la Justicia estadounidense por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de su histórico socio Joaquín El Chapo Guzmán, en un movimiento que también supuso su rendición ante Washington. Ese secuestro —como lo definirían las autoridades estadounidenses— llegó de manera inesperada para El Mayo. El abogado aseguró el martes que el exlíder criminal “confiaba mucho” en los hijos del Chapo. “Por eso que se reunió con ellos. No lo vio venir [su entrega]. El secuestro le quitó mucho y lo derrumbó”, apuntó Pérez en entrevista con Milenio.

La sentencia en el tribunal de Brooklyn, Nueva York, exigía también el decomiso de los 15.000 millones de dólares ligados a su vida criminal. 

Esto pone a revisión las propiedades del Mayo que, según admitió el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, son inexistentes en México. Las autoridades mexicanas no han encontrado propiedades a su nombre, pero sí relacionadas con el Cartel de Sinaloa. 

El abogado del Mayo afirmó que “no hay forma” de que el líder criminal pueda pagar esa cantidad. “El Gobierno no le identificó ninguna propiedad, no identificaron nada. La gente a ese nivel no tiene nada a su nombre”, apuntó en la entrevista. La FGR informó el mismo martes que analizaría si México puede acceder a parte de los bienes y recursos de ese patrimonio construido con el narcotráfico. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, dijo la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su habitual conferencia de la mañana.

La entrega del Mayo a Estados Unidos abrió pronto una grieta en el seno del Cartel de Sinaloa, donde dos de sus facciones —Los Mayos y Los Chapitos— mantienen una guerra abierta en el Estado sinaloense. 

La violencia de los carteles se ha mantenido desde aquel julio de 2024, con Culiacán como principal escenario del conflicto. 

Con información: Diario Español/El País/

jueves, 23 de julio de 2026

LOS «TERRITORIOS de ZACATECAS y DURANGO FACTURADOS al MAYITO FLACO del CÁRTEL de SINALOA»… son franquicias que han sido combatidas, pero también apoyadas por militares.


El War Room de Código Magenta es, básicamente, la radiografía de un narco–Estado que ya ni se molesta en disimular: Zacatecas y Durango como franquicia del Mayo Flaco, con los gobiernos locales reducidos a comparsa inepta o cómplice y la economía ganadera funcionando como lavadora industrial al servicio del crimen organizado. 

1. El mensaje de los Mayos: gobierno, quítate de aquí

El arranque es brutal: cinco cuerpos mutilados en Pozo de Gamboa y una narcomanta que no sólo reclama territorio, sino que le dicta línea al gobierno federal: “no se metan en Zacatecas y Durango”. El destinatario no es cualquier burócrata: va directo a Omar García Harfuch, Luis Cresencio Sandoval, David Monreal y a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, como si fuera un memorándum de control de riesgos, sólo que redactado con descuartizados. 

La investigación subraya algo incómodo para el discurso oficial: la “pacificación” vía dejar de confrontar a los grupos dominantes equivale, en la práctica, a otorgarles el monopolio de la violencia y de la economía criminal en esos estados. En otras palabras, el Estado presume reducción de homicidios mientras cede territorio, mercados y ciudadanos a una estructura paramilitar financiada por extorsión ganadera. 

2. La ganadería como lavadora: de la cuota al feedlot

El corazón del War Room está en el testimonio de Manuel Núñez, operador de Palante, que describe con precisión cómo se captura una cadena productiva completa a punta de cuotas, miedo y facturas. En Zacatecas, la historia va de cobrar 400 pesos por becerro a imponer 1,600 por cabeza, más el derecho exclusivo de quién compra y quién vende; quien se niega, como su empresa, es expulsado del mercado mediante burocracia capturada: “no estás autorizado con el otro gobierno”, es decir, con el cartel. 

La mecánica en Durango tiene nombre y apellido: Jesús Félix Madureño va municipio por municipio imponiendo que se compre a 60 pesos el kilo y se venda a él en 65, para revender a 100 a grandes empresas, mientras envía fotos de fajos de billetes como propaganda de éxito criminal. La pieza clave del sistema son los “ganaderos respetables” como Pepe Fernández, presidente de una asociación, que acepta servir de bodega y plataforma de venta “porque debe al banco”, convirtiendo la deuda en coartada para colaborar con una estructura que lava dinero vía facturas exigidas por los grandes feedlots. 

La investigación desmonta la comodidad de las grandes compañías: cuando compran sin mirar de quién, son el último eslabón que blanquea efectivo criminal mediante depósitos bancarios disfrazados de operación ganadera normal. El resultado es una paradoja cruel: el crimen organizado exprime al pequeño productor, el Estado dice proteger a “los pobres”, y los que pierden son precisamente esos rancheros arrinconados entre el fusil y la factura.

3. Estados capturados: Monreal, Villegas y la policía como sucursal

Código Magenta no se queda en el nivel de “hay extorsión”; pone nombres sobre la mesa y señala directamente a los gobernadores como ineptos o coludidos. En Zacatecas, Manuel Núñez describe un dominio “100%” de los grupos criminales sobre los productores, y concluye que eso sólo es posible porque el gobierno lo permite, retratando a David Monreal como un personaje que debería estar más cerca de un manicomio que de un palacio de gobierno. 

En Durango, la narrativa se vuelve aún más obscena: policías municipales que detienen camiones, toman fotos de choferes y ganado, y comparten por WhatsApp la misma información que el empresario mandó a las autoridades, pero reenviada por los sicarios. La policía no es infiltrada: es, en los hechos, un departamento más de la organización, deteniendo camiones, avisando a los grupos y disciplinando a quien se sale del esquema de extorsión. 

El caso de “Claudisola” funciona como instantánea brutal del país: campesinos con diez hectáreas, veinte vacas y una troca vieja, que terminan con la hija encarcelada porque la autoridad necesita arrancarles el terreno, inventando armas y delitos para presionarlos. Ahí el War Room deja claro que la línea entre negocio ganadero y uso mafioso del sistema de justicia se borró: las cárceles y las carpetas de investigación son herramientas de despojo para el más pobre, mientras los verdaderos operadores criminales siguen facturando y grabando audios tranquilamente. 

4. De la pesadilla ganadera a la narrativa del “narco–Estado”

El reporte conecta la crisis de la “gusano barrenador” con la penetración del crimen en la ganadería, mostrando cómo la negligencia compartida de México y Estados Unidos permite que un problema sanitario escale a conflicto político y económico binacional. La solución técnica –plantas de mosca estéril y producción masiva de 500 millones de insectos– contrasta con la lentitud y el cálculo político: ambos gobiernos sabían desde 2022 que venía la plaga y se movieron tarde por razones que van de la burocracia al cálculo electoral. 

Mientras tanto, la narrativa en Washington se va acomodando: México como narco–Estado, los carteles como explicación fácil para todo, y la ganadería mexicana convertida en chivo expiatorio útil para grupos de presión como R-CALF que buscan cerrar fronteras a la competencia. Núñez apunta algo clave: se toma un 20% de verdad –sí hay crimen y sí hay ganado que entra de Centroamérica con cuota– y se infla un 80% de sospecha hasta convertirlo en doctrina política, dañando exportadores mexicanos mientras se mantienen vivos los intereses electorales y proteccionistas estadounidenses.

La pieza remata con un punto que debería avergonzar a cualquier gobierno que se diga serio: la Secretaría de Seguridad le reconoce a los ganaderos que tienen “diez problemas más grandes” antes que ocuparse de la extorsión estructural en Zacatecas y Durango. El mensaje es transparente: la inseguridad se dejó crecer hasta niveles monumentales y hoy el Estado administra el desastre, no lo combate; la ganadería es sólo otro frente donde se acepta que el crimen mande, siempre y cuando la estadística nacional aguante. 

Con informacion: CODIGO MAGENTA

«VAN 7 y NO es MALA SUERTE, es MAL GOBIERNO: BASTABA ESCUCHARLO HABLAR del NARCOESTADO para SABER que estaba en PELIGRO»…habia pedido protección.


El gobierno de Claudia Sheinbaum vuelve a quedar retratado en su versión más miserable: la del Estado que mira, escucha y no hace nada. Mientras un periodista denunció amenazas de muerte durante un año, las autoridades federales y estatales practicaron su deporte favorito: la omisión con vocabulario institucional. El resultado es el de siempre, pero cada vez más intolerable: un periodista asesinado, una investigación que llega tarde y una maquinaria oficial empeñada en simular que la tragedia fue inevitable.

La imagen produce desamparo. El periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar estaba comiendo en la calle, en un negocio de quesadillas y tacos sobre la acera, cuando lo asesinaron a balazos unos sujetos a bordo de una moto. 

Quedó sentado, con el cuerpo echado hacia adelante y la cabeza apoyada en la mesa. Vestía unos pants, playera, tenis, ropa que uno llama de casa, nada formal, lo que alguien se pone para ir a un mandado y volver enseguida. 

Le colocaron una manta sobre la cabeza para atenuar las fotografías del crimen. Todo en la imagen indica vulnerabilidad. El acto de comer, el negocio austero, la vida y la muerte de Leyva, su trabajo de periodista, el séptimo que es asesinado este año en México. El crimen ocurrió en San Pablo Etla, a 40 minutos en auto de la capital de Oaxaca. Una vez más, en México, uno de los países más peligrosos para el desempeño de la profesión.

Leyva, de 60 años, era periodista independiente y un columnista muy crítico y directo con el Gobierno del Estado, encabezado por Salomón Jara, del oficialista partido Morena. “¿Me conocen? Me llamo Alejandro Leyva, pero muchos me dicen El Moscardón, el que le zumba los oídos al anodino gobernador, en minúsculas y entre comillas, las verdades que los oaxaqueños padecemos por su ineptitud y su enfermedad mental”, decía el periodista en uno de sus audaces videos, recuperados en redes sociales tras su asesinato este miércoles. 

Leyva solía decir que Jara “desgobernaba” el Estado sureño de México y lo acusaba de “denostar” y censurar a los periodistas críticos. “Por cada voz que apagues en los medios, Salomón, van a surgir 10 más”, advertía él.

Con tres décadas de carrera, el veterano periodista fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), la cadena estatal, y tenía una columna llamada El Zumbido del Moscardón. Allí, acusaba al mandatario de tener “al narco metido hasta las narices” en su Administración, lo que explicaba, decía, el aumento de la violencia en el Estado. En una de sus últimas publicaciones, denunció un esquema de despojo de tierras y blanqueo de dinero mediante inversiones en desarrollos hoteleros, un negocio que presuntamente involucra a narcos y funcionarios del oficialismo, a los que Leyva mencionaba por su nombre.

México no sólo carga con una violencia criminal desbordada que sexenio tras sexenio hereda montañas de cadaveres; carga también con un gobierno que, frente a la prensa, responde con solemnidad, comunicados y una eficacia inversamente proporcional al tamaño de su discurso. 

La cifra no es un accidente administrativo: es la radiografía de un país donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo y donde la protección estatal aparece, como tantas otras promesas, sólo en el papel.

Si el poder quisiera indignarse de verdad, empezaría por explicar por qué las alertas no activaron protección, por qué las advertencias no se tradujeron en acciones y por qué la impunidad sigue siendo el idioma oficial cuando matan a un periodista

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ ZEDRIK RAZIEL

EL «ACUERDO de BADIRAGUATO: ASI se GANAN ELECCIONES para que NARCOS OCUPEN el ESTADO LEGITIMAMENTE con URNAS»…y gobernador, presidente, se vuelven gobernados.


Lo más importante de la mesa de AL PUNTO de Codigo Magentasobre el Acuerdo de Badiraguato es, en pocas palabras, que el narco dejó de ser “huésped incómodo” del Estado y pasó a ser su socio político y electoral, con Washington ya oliendo la podredumbre y apuntando, ahora sí, a funcionarios y gobernadores, no sólo a capos.

El “recuento de daños”: país en modo desastre

Ramón Alberto Garza y el periodista y analista antonio Navalón, abren como si estuvieran haciendo inventario en Protección Civil: retiro de visa a Adán Augusto, audios de Marina del Pilar, renuncias en la Fiscalía CDMX, refinería pirata en Monterrey, detención brutal de Rufo, confesión del Mayo y la presidenta paseándose en Nueva York con Trump.

La semana no es “agitadita”, es un manual de cómo un gobierno se hunde mientras la clase política discute si la foto con el presidente gringo salió bien iluminada.

La joya: la “huachirrefinería” privada refinando 10 mil barriles diarios y facturando 5 mil millones “por arriba de la mesa”, mientras por abajo seguramente corría el verdadero negocio, con Guardia Nacional, autoridades locales y federales aplicando la doctrina oficial: ver, oír y obedecer… al que paga.

El Mayo: de capo a héroe geriátrico de la paz

El relato sobre el Mayo Zambada raya en la comedia negra: acepta cadena perpetua, se declara culpable, se confiesa promotor de corrupción a policías, militares y políticos, y a cambio pide tres cosas: que digan que lo traicionaron, que no lo maten y que lo manden a una cárcel con buen hospital.

Al final, el hombre que llenó el país de sangre es presentado casi como abuelo entrañable al que por fin le van a dar diálisis y tratamiento de cáncer “en condiciones dignas”, mientras los jóvenes mexicanos reciben el sermón de que la violencia “no es el camino”.

El párrafo crucial de su declaración es la admisión de que su organización “alentó la corrupción” al pagar a policías, comandantes militares y políticos para operar libremente, justo la línea que Estados Unidos necesitaba para escribir el capítulo “México, Estado capturado” en su propio informe.

Rocha y el Acuerdo de Badiraguato: no es soborno, es ocupación del Estado

Navalón coloca a Rocha Moya como el caso extremo: ya ni se trata de dar maletas de dinero a mandos medios, sino de ganar elecciones para que los aliados del narco ocupen el Estado “legítimamente” por las urnas.

La elección de Sinaloa es descrita como golpe de Estado electoral: operadores del PRI secuestrados la noche previa, estructuras desarticuladas y el candidato puntero desaparecido entre las 2 y 4 de la mañana, mientras los votos los manejaba quien realmente mandaba.

Rocha, prófugo potencial de la justicia norteamericana, es el símbolo de la frontera cruzada: ya no es el narco corrompiendo al sistema, es el narco convirtiéndose en sistema, con la amenaza de que vayan también por su esposa e hijos como parte del paquete Badiraguato.

DEA, Terry Cohn y la fiesta mundialista de la presidenta

Mientras la presidenta se va feliz a la final del Mundial en Nueva York, invitada por Trump, Terry Cohn se planta ante la prensa en la puerta del juzgado del Mayo para soltar el aviso urbi et orbi: si traficas con drogas o eres funcionario corrupto, la DEA va por ti.

Es el mensaje menos cifrado que se ha enviado en años: ya entendieron que sin tocar a gobernadores, secretarios, operadores políticos y fiscales, lo único que se logra es cambiar de capo, no de régimen.

Navalón remata: la presidenta ya no decide quién se va y quién se queda, eso está en manos de la línea dura en Washington y del Comando Norte; se acabó la época del charter con 27 “malosos” extraditados a capricho presidencial, ahora la lista la hace otro.

Justicia selectiva, “sentido común” sobre la ley y la paz narca

El episodio de Tulum es una radiografía del deterioro: la presidenta regaña públicamente al responsable local de sostenibilidad por “respetar demasiado la norma” y le exige privilegiar el “sentido común” por encima de la ley.

Es la versión avanzada del viejo mantra de que algo puede ser legal pero “no moral”, sólo que aquí ya ni se molestan en cambiar las leyes; simplemente se anuncian como obstáculo y se invita a ignorarlas cuando estorban al proyecto, al negocio o al compadre.

El resultado: justicia de acordeón, fiscales que obedecen al que manda o al que paga, gobernadores a los que se les perdona audios comprometedores mientras se persigue selectivamente a otros, como Rufo, detenido como si fuera capo de guerra para mandar mensaje ejemplarizante… pero sólo al que conviene.

Zacatecas: cadáveres colgados, minas y mensaje a la presidenta

Los diez cuerpos colgados en Zacatecas no son sólo horror territorial, sino carta de presentación para inversionistas mineros internacionales: aquí manda quien tenga más armas, no quien tenga más concesiones.

Navalón plantea que es ruptura entre el cártel de Zacatecas y la familia Monreal, con los ejecutados escogidos como aviso de que el político que traiciona paga, y de que la minería, pieza clave del desarrollo, puede convertirse en rehén permanente.

Además, su lectura es que el episodio también es mensaje directo para la presidenta: si Estados Unidos va a empezar a decir quién sí y quién no se entrega, los cárteles ajustarán la regla del juego con violencia espectacular en estados clave, y Zacatecas es sólo el piloto.

La frase final: vienen por los funcionarios corruptos

El cierre de la mesa no es optimista ni ambiguo: a partir de la confesión del Mayo y del mensaje de Terence Cole, el gobierno estadounidense “ya viene por los funcionarios corruptos”, no se conformará con jefes de cárteles y va a perseguir a quienes les hayan abierto la puerta desde la estructura oficial mexicana.

El “tobogán de bajada final” que describe Navalón es la imagen perfecta: México se lanzó hace años, creyendo que sólo iban a caer narcos; ahora, la gravedad está alcanzando a gobernadores, operadores electorales, fiscalías y a una presidencia que se toma selfies en Nueva York mientras se incendia el país que dice gobernar.

Con información: CODIGO MAGENTA

«MIREN que COBRONES: INFORMACIÓN por APAGONES COSTARÁ 70 MIL PESOS en MEXICO por SEGURIDAD NACIONAL»… ya no mereces saber gratis por qué el refrigerador está sudando.


Conocer los detalles sobre un apagón eléctrico en México, eso que antes se podía consultar sin pedirle permiso al universo, ahora cuesta. Sí: cuesta dinero, tiempo y hasta humillación burocrática, porque el gobierno decidió que la información sobre el estado del sistema eléctrico ya no es para mortales comunes, sino para “usuarios de confianza” con cartera suficientemente obediente.

El asunto no es menor. Según reportes, citados por Bloomberg, el Cenace restringió desde 2024 el acceso público al estado operativo y al margen de respaldo del Sistema Eléctrico Nacional, y ahora el acceso a esos datos puede rondar los 70 mil pesos al año, o unos 4 mil dólares, además de registro, formato, validación y firma de confidencialidad, como si mirar si se va a ir la luz fuera un privilegio geopolítico.

La transparencia, pero en versión premium

Antes, cualquier ciudadano podía revisar información clave para anticipar riesgos de apagón. Ahora, la cosa viene con candado, contraseña, membrete y probablemente un bautizo ceremonial para demostrar que uno merece saber por qué su refrigerador está sudando.

La justificación oficial, cómo no, es la seguridad nacional. Porque en México, cuando algo resulta incómodo o exhibe la fragilidad del sistema, siempre existe la solución mágica: declararlo sensible, reservarlo y ya después vemos si la realidad coopera.

El sistema eléctrico, a la mala

La parte más fina del asunto es que, mientras se encarece el acceso a la información, el propio sistema eléctrico sigue dando señales de estar tremendamente estresado, con alertas, márgenes reducidos y una red que no precisamente inspira serenidad.

En términos simples: si el sistema está tan apretado que ni compartir datos puede hacerlo sin nervios, el problema no es la transparencia. El problema es la red, la planeación y esa costumbre gubernamental de querer resolver la precariedad con secretismo administrativo y propaganda energética.

Así que sí: ahora enterarse de un apagón ya no solo depende de que se vaya la luz, sino de que uno tenga los miles de dólares, los papeles, la firma y la bendición institucional para merecer la información. La oscuridad ya no solo es física; también es tarifada.

Con información: ELNORTEBLOOMEBERG/