LE «TERQUEARON: MOTOSICARIOS NO quisieron ESPERAR que SALIERA y se METIERON a la ALCALDÍA a MATAR al PRESIDENTE MUNICIPAL»…casi una docena con Sheinbaum y Harfuch.

En México, ni el despacho del alcalde es territorio seguro. Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, ya había probado la antesala del atentado en enero… pero esta vez no hubo segunda oportunidad. Lo ejecutaron a balazos dentro del propio Palacio Municipal, como si el poder local fuera apenas un decorado más en una zona donde manda otra autoridad.

El guion se repite: motocicleta, sicarios con casco, cero detenidos y un operativo que llega después, cuando ya sólo queda acordonar y prometer justicia. La Fiscalía estatal confirmó el hallazgo del cuerpo dentro del Ayuntamiento, mientras peritos y agentes hacen lo de siempre: levantar evidencias en un país donde los expedientes suelen engordar más que las respuestas.

#cdmx,#reynosafollow,#morelia,#culiacan,#tijuana,#verfollow,#toluca,#guadalajara,#cdjuarez,#zacatecas,#slp “Es un MATADERO y YA VAN 8 con SHEINBAUM”: “EJECUTAN en MICHOACAN a ALCALDESA de MORENA CUÑADA del ABUELO de CARTELES UNIDOS y SEÑALAN su HIJA FUE NOVIA de GENERAL… pic.twitter.com/26CuRGwVup

— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) June 17, 2025

Lavín, emanado del Partido Verde, ya estaba marcado. En mayo le dejaron narcomanta: que no se “alineaba”, que protegía a los contrarios. Traducción local: no estaba jugando el juego correcto con los grupos que realmente controlan la plaza. Antes, en enero, había sobrevivido a un ataque a balazos junto a su esposa. La advertencia estaba dada; la sentencia sólo se postergó.

#cdmx #guadalajara #puebla #slp
«OTRO DÍA, OTRO POLÍTICO EJECUTADO: CRIMINALES ACRIBILLAN en FERRETERÍA EX-ALCALDE de OAXACA»… matan y escapan, como siempre. https://t.co/wGuPjIxUtK pic.twitter.com/tYc7x55Pdi

— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) July 14, 2026

Temoac no es excepción, es síntoma. Un municipio donde hasta la tesorera —detenida en 2025— fue señalada como líder criminal de “Los Aparicio”. Sí, la encargada de las finanzas públicas presuntamente operando para una organización vinculada a secuestros, narcomenudeo y homicidios. Gobernar ahí no es administrar: es sobrevivir.

Así que el asesinato de un alcalde dentro de su propio edificio no es un escándalo aislado, es una postal más de la normalización. La política municipal, en ciertas regiones, dejó de ser competencia electoral y se convirtió en un campo de ajuste de cuentas.

Hasta donde llegan los reportes más citados, en noviembre de 2025 ya iban 10 alcaldes asesinados en el sexenio de Claudia Sheinbaum, según conteos publicados en medios como El Economista y otros resúmenes periodísticos.

Y mientras tanto, el Estado despliega operativos. Siempre después. Siempre tarde.

Con información: ELNORTE/ ELECONOMISTA

«ERA CRITICO del GOBIERNO, YA lo MATARON: PERIODISTA DESAYUNABA cuando LLEGÓ el PODER CRIMINAL a MASACRARLO»… indignación del gobernador va a durar menos que el eco del disparo.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado en Oaxaca después de hacer lo que muchos en el poder detestan: escribir, cuestionar y exhibir. La ironía es casi obscena: cuando la crítica incomoda, el discurso oficial corre a lamentar la tragedia con su libreto de siempre, mientras la realidad sigue cobrando la factura en sangre.

 El periodista fue férreo crítico del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz y fue ejecutado la mañana de este miércoles en el Fraccionamiento Esmeralda mientras desayunaba en un puesto de comida. 

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el asesinato del ex director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) y titular de la columna «El Zumbido del Moscardón».

Leyva no era un adorno del periodismo local; era una voz incómoda, de esas que el gobierno tolera solo mientras no toquen nervios sensibles. Su muerte deja al descubierto el viejo guion de la simulación: condenas públicas, promesas de investigación y una instantánea indignación institucional que suele durar menos que el eco del disparo.

En un país donde ya suman varios asesinatos de periodistas este año, el homicidio de Leyva no es una excepción trágica, sino otro expediente que confirma lo que el poder se empeña en maquillar: ejercer el periodismo crítico sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y, por supuesto, al gobierno siempre le queda muy bien la pena ajena cuando ya no puede evitar el escándalo.

Con informacion: PROCESO/

SE «HIZO BOLAS el ENGRUDO: INDAGAN en ZACATECAS los PACTOS de FUNCIONARIOS JALANDO con CÁRTELES ENEMIGOS que TERMINARON en MATAZÓN»…no se puede chiflar y tragar pinole.

Zacatecas anda convertido en laboratorio del “a ver quién engaña a quién”: mientras unos funcionarios presuntamente le guiñan el ojo a una célula del Cártel de Sinaloa, otros mandos menores parecen haber hecho migas con operadores del CJNG; el resultado fue el clásico favor mal cobrado, filtraciones, traiciones y un ajuste de cuentas que acabó en una jornada de horror con 10 personas asesinadas.

El gobierno estatal dice que no hay pactos con nadie y que investigará a fondo, pero la realidad es que el engrudo ya se hizo bolas y, cuando el poder coquetea con el crimen, el país termina pagando la cuenta con cadáveres, miedo y escenas de terror que Zacatecas conoce demasiado bien.

El pasado fin de semana, al menos 10 personas fueron encontradas sin vida en distintos puntos de los municipios zacatecanos de Pánuco, Morelos y Sain Alto, en una de las jornadas de violencia de mayor impacto registradas este año en la entidad.

El Gobierno estatal informó que nueve de las víctimas ya fueron identificadas, mientras que la Fiscalía del estado indicó que tiene una línea de investigación robusta. Entre los muertos está el ex Alcalde de Sombrerete, Ignacio «Nacho» Castrejón Valdez.

La exhibición de cadáveres colgados de puentes, abandonados en plazas públicas y distribuidos sobre carreteras volvió a convertirse en una forma de marcar presencia de los grupos criminales que operan en Zacatecas, un estado que entre 2021 y 2022 hizo de esas escenas uno de los símbolos más visibles de la guerra por el control del territorio.

Uno de los primeros episodios de alto impacto ocurrió el 5 de julio de ese año, cuando dos hombres fueron encontrados colgados del distribuidor vial La Escondida, en la capital zacatecana.

Un mes después, el 12 de agosto, otros seis cuerpos aparecieron suspendidos del puente de El Orito, también en la ciudad de Zacatecas, una escena que confirmó que la exhibición pública de ejecutados se había convertido en un mecanismo recurrente de intimidación.

La violencia alcanzó un nuevo nivel tras el inicio del Gobierno del morenista David Monreal.

El 18 de noviembre de 2021, apenas dos meses después de que asumiera la Gubernatura, nueve cadáveres fueron encontrados colgados de un puente vehicular en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc y otro cuerpo fue localizado sobre la cinta asfáltica.

Cinco días después, otros ocho hombres aparecieron suspendidos entre puentes y árboles en distintos puntos de Fresnillo. Días antes también habían sido localizados tres cuerpos colgados en un puente sobre la carretera federal 23 y otras víctimas suspendidas de árboles en Loreto.

Para entonces, Fresnillo acumulaba decenas de casos de personas exhibidas en puentes y árboles, mientras las imágenes recorrían el País y colocaban nuevamente a Zacatecas entre las entidades con mayor violencia.

Con información: REFORMA/

«YA DEBERÍAN estar DETENIDOS: SOMETIERON a TORTURAS a DAFNE para CONSTRUIRLE el CARACTER y la DESTRUYERON»…sistemática y disfrazada de “disciplina”

Esto no fue un accidente: fue un régimen de tortura que terminó en feminicidio, y hoy hay responsables con nombre y apellido que deberían estar ya detenidos, entre ellos el director del Colegio Militarizado Doenitz, Jorge Luis Ponce, y Estrella “Estrellita” Mora, encargados de esa institución en Ciudad Madero, donde Dafne, de 13 años de edad, fue torturada y asesinada en nombre de “construirle carácter”, hasta destruirle la vida.

La escena del crimen, no un “campamento”

Alejandra,madre de Dafne no fue a recoger a su hija a un hospital, fue a recoger un cuerpo tratado como desecho: una niña de 13 años en una bolsa, tirada, orinada, vomitada, semidesnuda, con moretones, dentro de la misma institución que cobró por “formarla”.

No había ambulancia, no había policía, no había Protección Civil: ningún protocolo de emergencia, de preservación del lugar de los hechos ni de cadena de custodia; la academia convirtió el plantel en su propio SEMEFO clandestino y la fiscalía miró para otro lado.

Tortura sistemática disfrazada de “disciplina”

La madre habla de un patrón: niños y niñas violentados física y sexualmente, sometidos a humillaciones, a castigos extremos, a un ambiente de terror que solo se explica como tortura institucionalizada.

No son “excesos” aislados, son prácticas: encierros, privación de alimentos y sueño, golpes con mosquetones, alumnos colgados de las extremidades; un modelo de “educación militarizada” que cumple todos los criterios de tratos crueles y degradantes contra menores que se repiten por todo el pais.

Feminicidio, no accidente escolar

La necropsia revela asfixia y exceso de agua en los pulmones, junto con golpes en el cuerpo, lo que contradice frontalmente la versión de una simple caída en el baño; la propia madre informa que el peritaje apunta a homicidio y exige que se investigue como feminicidio.

La Fiscalía de Tamaulipas ya abrió carpeta bajo protocolo de feminicidio, lo que significa que reconoce indicios de violencia de género y responsabilidad humana, no un “evento fortuito” mientras una niña tomaba un baño.

Quiénes tendrían que estar ya detenidos

Alejandra identifica responsables directos: Estrellita Mora, la institutriz a cargo del grupo, y Jorge Luis Ponce, un arquitecto que se disfraza de militar y funge como director y propietario de la Academia Militarizada Marina/Doenitz que se muestra cercano al alcalde de Morena en Ciudad Madero,Erasmo González Robledo.

Ambos ejercían poder de mando sobre Dafne y sobre el régimen de castigos, autorizaron o toleraron prácticas de tortura y omitieron garantizar atención médica y salvaguarda de la vida; eso, en cualquier código penal, se llama responsabilidad por acción y por omisión.

Cadena de omisiones criminales

Cuando Alejandra llega, su hija “ya estaba como un paquete”, lista para entregarse, sin presencia de autoridad alguna: ni ministerio público, ni peritos, ni policía.

La entrega del cuerpo dentro de la propia academia, y no en el Servicio Médico Forense, es una violación frontal de protocolos de investigación y una omisión gravísima de la fiscalía y los servicios de emergencia, que facilitaron la manipulación del escenario.

El Estado: cómplice por inacción

Días después, el gobernador Américo Villarreal promete avances “en 48 horas”, mientras no hay un solo detenido y la madre tiene que etiquetar a Sheinbaum, a Harfuch y a medio gabinete en redes para que alguien se digne a responder y muy probablemente forzados, lo hagan, tarde y mal.

La muerte de Dafne es noticia internacional, con denuncias en varios idiomas, pero la respuesta institucional es burocrática, lenta y opaca; el mensaje es brutal: a una menor la pueden torturar hasta la muerte en un curso de verano y el Estado se toma su tiempo.

Tipos penales que encajan como anillo al dedo

No hace falta estirarle el código:

• Tortura y tratos crueles contra menores, por castigos físicos, privación de sueño, humillaciones y novatadas violentas.
• Homicidio doloso con agravante de feminicidio, por la combinación de golpes, asfixia, control absoluto del contexto y ocultamiento de la gravedad del estado de Dafne.
• Responsabilidad de servidores y particulares por violar protocolos de protección de niñas, niños y adolescentes y operar un centro que normaliza violencia como método “pedagógico”.

La voz de Alejandra: prueba política y moral

Sin la voz de Alejandra, esto habría quedado archivado como “accidente” escolar; gracias a que una madre alzó la voz, exalumnos empiezan a narrar años de violencia, acoso sexual y tortura dentro de la academia.

Ella no está pidiendo un milagro, está exigiendo lo mínimo: verdad, celeridad en la investigación, reclasificación a feminicidio y detención de quienes torturaron y dejaron morir a su hija bajo un uniforme que no les corresponde.

Con información: MILENIO/

«NI TAN RICO: MÉXICO NUNCA se ATREVIO a CAPTURAR al MAYO ZAMBADA porque era CAMARADA y ahora QUIERE PELEAR su FORTUNA»…para perseguir dinero si son buenos.

México: el país que nunca se atrevió a tocar al Mayo Zambada en casi 5 décadas de impunidad… ahora quiere pelearse por las sobras de su fortuna como si fuera rifa del bienestar.

El valiente… después del juicio

Durante 45 años, El Mayo Zambada fue el jefe histórico del Cártel de Sinaloa, pagando sobornos “en todos los niveles del gobierno mexicano” para operar sin molestias. Nunca lo pudieron —ni quisieron— capturar aquí, pero en cuanto una Corte de Nueva York le suelta cadena perpetua y orden de decomiso por unos 15 mil millones de dólares, de repente a México le salió el espíritu justiciero y contable.

Sheinbaum y la doctrina del “moche”

En Estados Unidos se ordena el decomiso de hasta 15 mil millones de dólares en bienes ligados al Mayo, aplicables también a hijos, descendientes y administradores, aunque ni ellos saben bien dónde está todo ese dinero. 

Y entonces aparece la presidenta Claudia Sheinbaum, muy institucional, anunciando que pedirá a la FGR revisar si México puede reclamar “parte de esa fortuna”, aclarando que todavía ni siquiera está asegurada, pero por si acaso: que no se diga que el gobierno no pelea lo que nunca quiso investigar a fondo.

Justicia retroactiva, versión tesorería

El capo tiene 76 años, sentencia de cadena perpetua, y un decomiso récord que, en la práctica, es más una cifra aspiracional que una cuenta bancaria localizada. 

Es la justicia a la mexicana: cuando el narco está armado y protegido, silencio administrativo; cuando está viejito, sentenciado en Brooklyn y su fortuna entra en Excel, entonces sí, todos se acuerdan de que “el dinero viene de delitos cometidos en territorio nacional” y que hay que defender la soberanía… sobre el botín.

Y quienes han sido los criminales mas ricos

Con información: GRAVITY/ ELNORTE/

«MAS de 350 MILLONES ?: EXHIBEN GENERAL OBEDIENTE TRANSANDO CONTRATOS ORDENADOS por AMÉRICO con DINERO de la SEGURIDAD PÚBLICA»…hasta narcos han recibido.

Bajo el gobierno de Morena y de Américo Villarreal, Tamaulipas parece haber perfeccionado un viejo arte mexicano: el de disfrazar la transa con burocracia, sellos y una empresa que sirve para todo menos para lo que presume servir. Ahí está Casa Casve MX, la “consentida” que, nacida en 2020, ya presume 350 millones de pesos en contratos de seguridad pública, como si el erario fuera un cajero automático con vocación de beneficencia.

La elegancia de la transa y el montaje para justificarla es casi admirable, si no fuera porque el gobernador Villarreal Anaya lo paga con dinero de los contribuyentes. 

La empresa aparece con un catálogo de actividades tan amplio que parece más un menú de buffet corporativo que una razón social seria: fotografía, construcción, telecomunicaciones, cómputo, inmobiliaria, consultoría y hasta obras eléctricas; un verdadero todóloga de utilería para una administración que, al parecer, confunde la seguridad pública con la subcontratación sin pudor.

Y para rematar el cuadro, los contratos no son una anécdota aislada ni una caída del sistema: según la información , vienen de 2023, 2024 y 2025, y se habrían firmado con funcionarios como Willy Zúñiga Castillo,ex-presidiaro reciclado del penal de Tamatan.

Igual ocurrió con Jorge Cuéllar Montoya y el actual General Carlos Arturo Pancardo Escudero. Es decir, no se trata de un desliz administrativo, sino de un método ordenado por el gobernador: el clásico modelo de siempre, ese en el que el dinero público viaja con una sonrisa institucional y regresa convertido en opacidad, exceso y sospecha.

Que dice la info:

El primer domicilio fiscal registrado por la empresa fue en calle Cristóbal Colón #2708, entre Yucatán y César López de Lara, en el fraccionamiento Valle Iraguayo, con una casa particular.

Posteriormente, Casa Casve MX cambió su domicilio fiscal a la calle Claveles #1247, entre avenida Las Torres y Ejevial, en el residencial Las Rosas, ubicada en otra vivienda.

El domicilio más reciente registrado por la empresa es en calle Loma Prieta #252, entre calle Mier y Terán y Pino Suárez, en el fraccionamiento Villarreal, que corresponde también a un domicilio particular.

Los tres domicilios están ubicados en zonas habitacionales de la capital tamaulipeca, sin que se identifique en ninguno de los casos una construcción con características de oficina corporativa, bodega o instalación industrial acorde al volumen de contratos que la empresa ha obtenido con el gobierno estatal.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a combatir la simulación de operaciones de empresas factureras.

El SAT tiene a la tarea de detectar cuando un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.

Cuando esos supuestos se cumplan, el SAT “presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, es decir, que es una empresa facturera.

Una dinámica criminal contra los intereses ciudadanos, en la que el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) también era ducho en la transa.

Porque, al final de cuentas, lo único que los hace diferentes a los gobernantes, además del color del partido, es el nivel de sinvergüenzas que compiten por ser el peor.

Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/

LES «DIERON PIN en VEZ de…BOTE ?»: la FGR se GASTA 1.5 MILLONES para RECONOCER EMPLEADOS que en REYNOSA estan BIEN RECONOCIDOS…pero por el Cartel del Golfo.

La austeridad, en la Fiscalía General de la República que dirige Ernestina Godoy, parece tener una definición bastante creativa: casi 1.5 millones de pesos para comprar pines de reconocimiento. Porque, claro, no hay mejor manera de honrar la procuración de justicia que con un adorno de cobre que termina costándole al erario como si fuera una medalla de guerra.

La FGR licitó hasta 9 mil 600 pines para su personal, entregados el 12 de julio, Día de la abogada y el abogado, con la leyenda “La Justicia al Servicio del Pueblo”, según el anexo técnico firmado por Moisés Tolento García. La pieza de colección institucional no solo lleva el logotipo de la dependencia; también carga con la ironía de que el “reconocimiento especial” sale, cómo no, del bolsillo de usted y para muchos que no lo merecen.

El elogio con factura

Aquí el problema no es reconocer al personal. El problema es que la FGR convirtió un gesto simbólico en una erogación que huele más a propaganda interna que a austeridad republicana.

Si el mensaje era “valoramos su trabajo”, bastaba una ceremonia sobria, una constancia, o incluso un aplauso que no requiriera licitación. Pero en la lógica burocrática mexicana, todo reconocimiento necesita su propia partida, su contrato y su factura, aunque el resultado final sea un pin de cobre con vocación de souvenir.

El contraste incómodo

La frase “La Justicia al Servicio del Pueblo” queda especialmente bien cuando la imprime una institución que paga casi 1.5 millones por un símbolo de autocelebración. Es el tipo de austeridad que no recorta excesos; los barniza.

Y ahí está el fondo del asunto: mientras se pide al país disciplina y contención, la fiscalía se permite un gesto de lujo administrativo para premiarse a sí misma. La cuenta, desde luego, no la pagan los funcionarios que reciben el pin; la paga el ciudadano que nunca pidió tan costoso homenaje.

En la FGR, la justicia no solo se procura: también se cotiza por pieza. Y cada pin parece decir, con un brillo muy institucional, que el reconocimiento puede ser sencillo, pero el dispendio jamás pierde el estilo.

Con información: ELUNIVERSAL+/