El War Room de Código Magenta,con Rodrigo Carbajal, es básicamente un sketch de comedia negra sobre cómo una “mano invisible” terminó pidiendo reflector, oficina con aire acondicionado y chófer con viáticos en dólares.
El guion no oficial
Desde el día uno del sexenio, Claudia Sheinbaum dijo “alto”, y Andy dijo “a lo grande”. Él no se veía como hijo del expresidente, sino como heredero universal de la marca, las siglas, el partido y, de paso, la silla del 2030. No había prueba de nada, pero había certeza de todo: todos eran conjeturas, todos eran supuestos, pero curiosamente todos terminaban en el mismo apellido.
La banda de Andy
Andy y su hermano Gonzalo se autoproclamaron call center directo con Palenque: si querías algo del patriarca, tenías que pasar primero por la hermandad Beltrán. A partir de ahí empezó el casting para el reparto de amigos leales en el gabinete: Marat Bolaños en Trabajo, Martínez Dañino en el SAT, De Botton en las finanzas capitalinas, Paulina García en el Edomex, Calderón Alipi cobijando contratistas, Azaf operando tráfico de influencias en Pemex. No era gobierno, era incubadora de la candidatura 2030 de Andy: presupuesto, plazas y contratos como merch oficial de campaña adelantada.
Carlos Torres y el club de los inseparables
En medio de la red de compadres, uno brilla más: Carlos Torres Rosas, doble camiseta como zar de programas del Bienestar y Secretario Técnico del gabinete, pero, en la práctica, roommate político de Andy. Su lealtad venía de herencia: el papá, viejo cuadro de izquierda, y el hijo, nuevo gerente de la operación territorial de los programas sociales, cuando a Gabriel García lo mandaron a la banca. En resumen, los programas del Bienestar pasaron de política social a brazo electoral de un solo nodo de poder: el hijo del expresidente.
Nafinsa, la franquicia de la red
Cuando Sheinbaum lo nombra director de Nacional Financiera y Bancomext, no invita a un tecnócrata, invita al representante legal de la red de Andy en la banca de desarrollo. No importa que el expediente de fracasos electorales de Andy vaya de Coahuila a Veracruz, ni que lo persigan las notas del viaje a Tokio, las investigaciones por huachicol fiscal o las menciones a su exchofer en expedientes en Houston. Lo que se lee como escándalo en la prensa, en Palenque se traduce como “beneficio de inventario”: nada le pega, todo confirma que su nombre viene con fuero moral incorporado.
La mano no tan invisible
Oficialmente, Andrés Manuel López Beltrán “opera como una mano invisible en el gobierno federal”. En la práctica, esa mano llena formatos, firma oficios y coloca amigos en Nafinsa, Bancomext y donde se pueda, al grado de que lo invisible ya es más bien fluorescente. La tragedia política de Sheinbaum no es solo lidiar con esa mano, sino no tener un equipo propio suficiente para evitar que le sigan rentando operadores ajenos para puestos clave.
Hacienda, sin Hacienda propia
Mientras tanto, en la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador se entera por la prensa de algunos nombramientos y evalúa si renunciar, como ya lo hizo antes Rogelio Ramírez, cuando le negaron el derecho de armar su propio tablero financiero. La moraleja es brutal: el perfil técnico es opcional, el pedigree político no. Quien sí tenía el aval de exsecretarios termina desplazado por el amigo de Andy que necesita respaldo institucional y, sobre todo, espalda bien cuidada.
Epílogo: ataques sin pruebas, poder sin dudas
En la narrativa oficial, todo son ataques sin sustento, calumnias sin evidencia, teorías conspirativas contra un hijo ejemplar del antiguo presidente. En la práctica, la misma estructura que niega los señalamientos se encarga de blindar, promocionar y reciclar a los mismos nombres en los mismos círculos, con nuevos cargos cada vez más estratégicos. La “mano no tan invisible” de Andy, al final, funciona como un spoiler adelantado del 2030: la trama ya se escribió, solo falta ver si la audiencia se la compra.
El episodio del mausoleo florido en Zapopan es, más que un homenaje de “hijo amoroso”, la foto nítida de un cártel que también se hereda como si fuera rancho familiar: el CJNG versión dinastía, con JP luciendo el título de capo por línea sanguínea.
El altar del padre patriarca
En pleno Día del Padre, la tumba de Nemesio Oseguera en el Recinto de la Paz amaneció tapizada de arreglos de rosas rojas tamaño mitin priista, rematados con la dedicatoria cursi: “Para mi padre, de parte de tu hijo JP, te amo papá”.
Es el narco–kitsch elevado a propaganda: flores de lujo, mensaje “familiar” y el guiño público de que la sucesión está resuelta, como si se tratara del retrato oficial de la nueva administración criminal.
Heredero por consigna
Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, “JP”, “Pelón”, es señalado por autoridades de México y de Estados Unidos como quien asumió el liderazgo del CJNG tras la muerte de “El Mencho”.
No se trata de un improvisado: expedientes judiciales lo colocan en los altos mandos del grupo desde 2007, con cargos por conspirar para importar cocaína y metanfetaminas y una recompensa de hasta cinco millones de dólares en su cabeza.
Familia, crimen y legado
La postal que se quiso vender es la del hijastro devoto: Juan Carlos es hijo biológico de Armando Valencia Cornelio, fundador del extinto Cártel del Milenio, y fue “adoptado” en la tradición más mexicana posible: casándose su madre con el futuro capo de las cuatro letras.
En este árbol genealógico, el ADN no se hereda solo; se heredan rutas, operadores y una estructura criminal que ya venía montada desde el Milenio hacia lo que después sería el CJNG.
El linaje del caos
Tras la muerte de “El Mencho” en febrero, durante un operativo militar en Jalisco, el CJNG respondió con narcobloqueos, vehículos incendiados y caos en al menos cinco estados y hasta 20 entidades según distintos reportes, para dejar claro que el apellido seguía mandando.
La escena del cementerio, con mausoleo y rosas, es el capítulo de relaciones públicas de ese mismo mensaje: la violencia se combina con el melodrama, y el “te amo papá” sirve de slogan para recordar quién sigue cobrando la nómina del terror.
En la SEP a cargo del Secretario de Educación , Mario Delgado, no están educando, están puliendo egos. Mientras las escuelas públicas siguen parchándose con buena voluntad y presupuestos raquíticos, la burocracia decidió que lo urgente no es enseñar mejor, sino verse mejor. Sí, verse: 15.3 millones de pesos en cursos de coaching, negociación e “imagen personal”. Porque al parecer el problema de la educación en México no es estructural, es estético.
El dispendio es difícil de maquillar, incluso con todo el “coaching” contratado. Se trata de dinero público destinado a inflar habilidades blandas de funcionarios que ya cobran por tomar decisiones, no por practicar discursos frente al espejo. En cualquier lógica administrativa básica, el gasto debería responder a necesidades apremiantes: infraestructura, capacitación docente sustantiva, materiales educativos, conectividad. Aquí no. Aquí la prioridad es enseñarle a la burocracia a caminar como si supiera a dónde va.
La narrativa oficial intenta vender esto como “profesionalización”, pero la profesionalización no se mide en talleres de imagen ni en seminarios de negociación de PowerPoint. Se mide en resultados. Y ahí es donde el argumento se desmorona: no hay evidencia de que estos cursos incidan en el aprendizaje de los estudiantes, ni en la eficiencia institucional. Es gasto sin retorno público tangible, lo que en términos llanos se llama desvío de recursos, aunque venga envuelto en facturas legales.
Peor aún, el simbolismo es devastador. En un sistema educativo donde hay escuelas sin agua, sin electricidad o con techos a punto de colapsar, destinar millones a “imagen personal” no solo es frívolo: es una señal de desconexión absoluta entre la élite administrativa y la realidad educativa. Es la burocracia ensayando cómo parecer competente mientras el sistema que administra sigue fallando.
La metáfora es inevitable: están intentando convertir guajolotes en águilas a punta de coaching. Pero ni el mejor curso de liderazgo convierte la mediocridad estructural en excelencia institucional. Lo que se obtiene, en el mejor de los casos, es un guajolote con mejor postura y vocabulario más pulido. En el peor, un aparato que gasta en apariencia lo que debería invertir en sustancia.
Esto no es un exceso menor ni un gasto discutible: es una distorsión de prioridades. Y cuando el dinero público se usa para inflar la percepción en lugar de resolver problemas, deja de ser administración y empieza a parecer simulación.
Goza del respaldo de la presidenta de la república y se empeña en transmitir, a toda costa, confianza y tranquilidad. Eso, a la luz del día.
En lo privado y en lo oscurito, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha buscado acercarse a agencias de inteligencia de Estados Unidos a través de un grupo de contactos –“asesores externos del FBI”, según fuentes de inteligencia consultadas– que le han ofrecido reunirse con ella y con sus abogados “en el consulado americano, en una oficina en Tijuana”, para ayudarla con las “sanciones y cargos” que el gobierno estadounidense podría presentar en breve en su contra.
En el audio de una reunión con el grupo de “gestores” que prometió ayudarla a entrar en comunicación con dicha agencia, la gobernadora afirma que buscó la ayuda de un abogado “alejado de Baja California para que no fuera a filtrarse”, y comenta que quisiera que todo se lleve a cabo a través de este, “para que él se encargara de todos los trámites legales y jurídicos y que él me pudiera explicar exactamente toda la situación”.
–¿Cuál es el nombre de su abogado? –le preguntan.
La gobernadora menciona el nombre de Michael Nadler, el exfiscal del Distrito Sur de Florida que llevó el caso en contra de Alex Saab, el empresario favorito del régimen de Nicolás Maduro al que se acusó de lavar al menos 350 millones de dólares defraudados a Venezuela a través del control cambiario, y de enriquecerse, entre otras cosas, con la venta de comida de mala calidad distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Nadler logró vencer las trabas impuestas por el chavismo y extraditar a Saab a los Estados Unidos. Hace seis años causó revuelo en los medios al anunciar que, luego de encarcelar a los principales delincuentes de Venezuela, renunciaría a su puesto para comenzar a ejercer en privado.
Nadler es un abogado caro, que lleva casos de altísimo perfil.
“Él viene para acá cuando se requiere, una vez al mes…”, dice Marina del Pilar en el audio que fuentes de inteligencia me han compartido.
“Puede traer a sus abogados con gusto y lo podemos hacer en el consulado americano, en una oficina en Tijuana”, le responden.
Hace poco más de un año –mayo de 2025– la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que Estados Unidos les había revocado la visa tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres Torres.
De manera oficial, él era coordinador de Proyectos Estratégicos de su gobierno. Para las agencias de seguridad estadounidenses, Torres era en realidad el engranaje que permitía a Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa, operar abiertamente en Baja California.
A Torres se le ha acusado de recibir 9 millones de pesos mensualesa cambio de permitir las actividades de ese grupo criminal. En los días en que se hizo público el retiro de su visa, aseguró que se trataba solo de “criterios administrativos cada vez más comunes”.
La gobernadora declaró que se sentía tranquila “y con la frente en alto”, y le refrendó a su esposo su respaldo “moral y político”.
Fue la primera política mexicana que confirmó públicamente que la visa le había sido retirada. La orden había llegado directamente desde el Departamento de Estado. A ningún gobernador mexicano en funciones Estados Unidos le había retirado la visa.
Como ocurrió después en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también acusado de proteger actividades del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum no tardó en salir en defensa de Ávila Olmeda, ni en lanzarse en contra de los políticos del pasado, “que entregaron el país” y “permitieron el injerencismo”.
En una visita a Palacio Nacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, comunicó su sorpresa ante el apoyo que la presidenta estaba brindando a Ávila: con bastante antelación se le había avisado de lo que venía. La presidenta siguió haciendo patente su respaldo a la gobernadora, pese a que las presiones siguieron aumentando.
A tres meses del escándalo, Ávila declaró que se hallaba en proceso de recuperar su visa y señaló que seguía trabajando en coordinación con Estados Unidos “en un ambiente de mucho respeto”. Volvió a insistir en que se trataba de “temas administrativos”.
Cinco meses después del escándalo de las visas, en lo que se leyó como una jugada de control de daños, Ávila anunció que se había divorciado de Torres Torres. En enero de 2026, tras una larga reunión de trabajo en la que participaron enlaces de México y Estados Unidos, Mario Delgado fue visto en Baja California en charla con la mandataria. Se especuló que la reunión tenía como fin acordar la separación de Ávila del cargo.
Ese mismo mes, sin embargo, la presidenta Sheinbaum expresó que “la gobernadora tiene nuestro apoyo” y subrayó los resultados que esta ha obtenido “en muchos temas, particularmente en el tema de seguridad”. La presidenta anunció que Marina del Pilar llegaría “bien” al final de su gobierno.
La gobernadora, al parecer, no estaba tan segura. Comenzó a buscar, como afirma ella misma en el audio filtrado, la manera de llegar al FBI para “resolver eso y aclarar cualquier cosa”.
Sostiene Ávila en la breve conversación que ha estado reuniéndose con las agencias “que la han buscado”. En esta parte de la conversación no queda claro por qué tuvo que buscar entonces los servicios de “asesores externos”. No queda claro cuáles serán los términos con que se le ayudará con las “sanciones y cargos”.
No queda claro, tampoco, de dónde vienen los recursos con que contrató uno de los despachos más caros de Miami. Lo que sí queda claro es que, mientras ella transmite tranquilidad, Nadler se reúne con ella “cuando se requiere, una vez al mes”.
Parece demasiado para un simple asunto administrativo.
Hay una bomba de tiempo en Palacio Nacional y Morena que la Presidenta Claudia Sheinbaum, si está enterada, debe desactivar. Y si no lo sabe, averiguar y desactivarla también. El detonante es Iván Silva, su estratega electoral y a quien le encargó el proceso de selección de candidatos y las campañas de cuando menos 14 gubernaturas el próximo año. Silva es un riesgo, para ella y para su objetivo de ir remplazando la estructura política obradorista a partir de 2027 por una claudista, al ser una persona de interés del Gobierno de Estados Unidos.
Silva, que ha trabajado con ella desde hace tiempo, no es el incondicional que cree. Forma parte de un entramado político con presuntos vínculos con el crimen organizado, razón del interés de Washington en él, previos a su colaboración con la Presidenta. Silva, fundador y cabeza de Heurística, la consultora que diseñó la estrategia de Morena, operó el cuarto de guerra y las redes sociales en las campañas presidenciales de 2018 y 2024.
Su entrada al círculo de poder de la 4T le abrió la puerta a numerosos gobernadores morenistas. Uno muy importante, clave para Estados Unidos, es Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
El consultor, que empezó asesorando campañas en Jalisco y fue colaborador cercano de Aristóteles Sandoval, asesinado en Puerto Vallarta por sicarios contratados por el Cártel Nueva Generación poco después de salir del Gobierno, manejó varias campañas, como la de Villarreal y la de Miguel Ángel Navarro Quintero en Nayarit. Silva tuvo como segundo a un exitoso consultor panameño, Avidel Villarreal, que, como el tapatío, ha estado bajo el radar de las agencias de inteligencia estadounidense desde hace varios años por sus nexos con figuras del crimen organizado.
La bomba de tiempo tiene su detonador en Tamaulipas.
Silva y Sandoval se relacionaron en ese Estado con el abogado Juan Pablo Penilla, que es abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, ex jefe del Cártel de Sinaloa, y participó en la defensa de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, ex jefe de Los Zetas y desterrado por la Presidenta Sheinbaum el año pasado junto con casi un centenar de narcotraficantes.
Junto con su socio, Sergio Ramírez, se vinculó con la Unión Tepito, que disputa el control de los negocios ilícitos en la Ciudad de México con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Villarreal y Penilla siguieron viéndose tras las elecciones en Tamaulipas. Penilla es asesor honorario del gobernador Villarreal, y el consultor es su estratega de comunicación y se cree que se encuentra detrás de la idea de demandar al periódico “Los Ángeles Times” que publicó que el Departamento de Estado le había cancelado la visa por una investigación abierta en el Departamento de Justicia por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, y a los medios que reprodujeron la información.
El gobernador siempre ha negado todo, pero recurrió al consultor panameño para que le ayudara a resolver el problema con su visa, en lo cual tiene experiencia porque Martín Torrijos, a quien asesoró en su frustrada campaña presidencial en Panamá el año pasado, perdió su visa estadounidense por las mismas razones que Américo Villarreal.
El año pasado, las agencias de inteligencia estadounidenses monitorearon los movimientos del consultor, que vivió en Polanco hasta hace unos meses. Los estadounidenses tienen fotografías de Avidel Villarreal con Penilla en dos restaurantes de lujo en Polanco, en la zona hotelera y en la parte conocida como “Polanquito”, donde comieron en 2024.
El consultor panameño dejó su casa en Polanco y se fue a Ciudad Victoria, aunque casi cada semana, de acuerdo con lo trascendido, viaja a Panamá.
El panameño sigue trabajando con Silva, aunque no se sabe su grado de involucramiento por estar metido en la estrategia de las campañas para gobernador y el manejo de las redes sociales. Silva, a quien según un funcionario estadounidense también le cancelaron la visa, su socio panameño, Penilla, y el ex líder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, están imputados en dos investigaciones en las cortes federales texanas de San Antonio y Corpus Christi, por presuntos vínculos con el crimen organizado.gobi
Los casos en las fiscalías estadounidenses cruzan por varias figuras de Morena. El principal es Delgado, señalado en la investigación sobre la red criminal que creó el empresario Sergio Carmona con el huachicol en Tamaulipas, de donde salió el financiamiento para ocho campañas a gobernador en 2021, incluidas las de Villarreal, Navarro Quintero y Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Otro es Ricardo Peralta, representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, y que se vinculó a ese grupo desde que fue efímeramente director de Aduanas en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y subsecretario de Gobernación cuando la titular era Olga Sánchez Cordero.
Con esa representación habló con los cárteles en Tamaulipas y Sinaloa para sentarlos a negociar la pax narca, que Penilla y Ramírez promovían.
El consultor Villarreal, de acuerdo con datos de inteligencia estadounidenses, diseñó ingenierías financieras para sacar dinero destinado a campañas electorales a paraísos fiscales en el Caribe, y a Panamá, para los hijos del gobernador de Tamaulipas, entre otras figuras de Morena.
Su socio Silva también realizó negocios paralelos vinculados a las campañas, según los mismos reportes de inteligencia, como el de camisetas y utilitarios que importaba de China y que presuntamente lo metía de contrabando a México con la ayuda de Peralta y de quien hay varias investigaciones en curso, Andrés Manuel López Beltrán, el polémico hijo del ex presidente.
La relación de Silva con personas vinculadas al senador Adán Augusto López Hernández y a López Beltrán, lo colocan en las antípodas de los intereses de la Presidenta Sheinbaum. En este espacio se reveló la semana pasada que parte del financiamiento para las campañas que le encargó la Presidenta, estaba siendo aportado por el empresario Fernando Padilla, que es uno de los que fondean precandidatas afines al senador.
No se sabe cuál de los expedientes en las cortes estadounidenses sobre políticos vinculados con el crimen organizado será el primero en darse a conocer. Cada uno es delicado por la figura involucrada, pero en el caso de Silva, al tener el control de la mayoría de las campañas para gobernador, una imputación pública en Estados Unidos podría meter en crisis la estrategia operativa de Morena, si no tienen alternativas en caso de que él sea uno de los expuestos en los próximos meses.
México está gobernado por el narco y nadie más. En efecto, en el Palacio no van a contestar, porque ya es imposible ocultar la realidad. México es un narcoestado, un país sometido por políticos criminales desde el Palacio Nacional, en complicidad con cárteles de la droga y del contrabando; el tiempo se agota para el Rocha y su banda, y las nuevas listas de narcopolíticos de Morena pueden aparecer en cualquier momento.
La complicidad de los cárteles de la droga para llevar a Morena al poder está más que documentada; lo sabemos en México y lo saben con detalle en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero también sabemos que la ambición desmedida de poder y dinero criminal encontró en el robo y contrabando de combustible otra veta que, hasta donde se sabe, ha dejado más de 600 mil millones de pesos a políticos criminales. El huachicoleo fiscal es una operación criminal para robarse millones de pesos todos los días.
Hay muchos gobernadores, gobernadoras y políticos de Morena involucrados, pero la trama central gira alrededor del morenista sinaloense Rubén Rocha Moya y el todavía gobernador tamaulipeco Américo Villarreal. Una parte de ese dinero se habría utilizado para garantizar, junto con la acción de los cárteles del narco, el triunfo de Morena en las elecciones del 2021.
Tal y como dice el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez, la estrategia para decidir a dónde enviar el dinero sucio fue de Jesús Ramírez y de López Obrador desde el Palacio Nacional.
Sergio Carmona tuvo sus primeros encuentros con la política en tiempos en que Francisco Cabeza de Vaca gobernaba Tamaulipas, justo antes de que Morena ganara la presidencia en 2018. Pero nunca logró vincularse con los políticos que controlaban las grandes obras, nos narra el director de Código Magenta, Ramón Alberto Garza. Carmona era un personaje que básicamente operaba contratos por fuera en el gobierno de Tamaulipas con un tipo llamado Horacio García.
Este personaje es el personaje que estaba en ese momento en una subsecretaría de salud que luego se fue a Morena, salido del corrido del gobierno de Cabeza de Vaca. Ya sin contactos, Sergio Carmona dirigió sus baterías a Morena, el partido que había ganado la presidencia de la República en 2018.
Hábil en los negocios, Sergio ya importaba combustible a baja escala con su hermano Julio César Carmona y juntos vieron en las aduanas una mina de oro, sobre todo la de Reynosa, el escenario ideal para crecer el huachicol fiscal a niveles industriales.
Es ahí donde entra en escena Ricardo Peralta, entonces administrador general de aduanas, y Audomaro Martínez Zapata, el jefe de seguridad del recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, se dedicó a entregar las aduanas al mejor postor.
Las aduanas fueron palomeadas por Audomaro, el general Audomaro, que era el jefe del Centro Nacional de Inteligencia y el que se supone que pasó control a control, que pasó la lupa sobre todos los secretarios de seguridad que fueron nombrados en el sexenio de López Obrador y el que autorizó o palomeó los principales cargos.
Así le entregaron la aduana de Reynosa a Julio César Carmona; estuvo ahí menos de cuatro meses, tiempo suficiente para armar una red que enlazó Reynosa con las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo.
Con ese corredor, Sergio Carmona controló más del 70% del tráfico de hidrocarburos, pero los hermanos Carmona querían más. A través de José Ramón Gómez Leal se comienza a conectar con la clase política de Tamaulipas y, con miras a hacer negocios, comienza a financiar campañas políticas de alcaldes, de candidatos a diputados, senadores, etcétera, porque sabe que al financiar las campañas, y cuando estas personas lleguen al poder, le van a poder dar contratos a sus diversas empresas.
Se da cuenta que puede financiar también las campañas de los gobernadores y a través de estas figuras se acerca al entonces presidente nacional de Morena, que era Mario Delgado, y le hacen la propuesta de financiar las campañas de quienes van a llegar en 2021 y 2022 a los cargos de gubernaturas.
Entra Rocha Moya, entra Marina del Pilar, entra Indira Vizcaíno, entran diversas altas figuras de Morena que se involucran con este personaje. Así empezó a fluir el dinero del huachicol a las campañas de morenistas en municipios, diputaciones y por lo menos a ocho gubernaturas: Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Campeche y Michoacán. Américo Villarreal fue el operador electoral en la campaña de Rubén Rocha Moya.
La elección de Tamaulipas fue un año después de la de Sinaloa y en ese trance, en ese ínterim, él operó la campaña de Rocha Moya y se va extendiendo la red que abarca muchísimos estados. En Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedolla; en fin, se habla de siete gubernaturas financiadas por el rey del huachicol, entre 500 y 800 millones inyectados para esa campaña. Dos son las más documentadas por la participación del crimen organizado: Sinaloa en 2021 con Rubén Rocha Moya y la de Tamaulipas con Américo Villarreal en 2022.
En el caso de Rocha Moya fue Sinaloa, el cártel de Sinaloa, pero en el caso de Américo Villarreal, por ejemplo, interviene el cártel del Noreste y, según estamos viendo, hay operación del cártel Jalisco penetrando en ese estado y en tratos con funcionarios.
En esa historia hay un capítulo fundamental que apunta a Palacio Nacional. Antes de que mataran al rey del huachicol, hubo tiempo para que, de acuerdo con varias fuentes, conociera al presidente Andrés Manuel López Obrador.
La conexión fue este hombre, Jesús Ramírez Cuevas, el poder en las sombras, desde la Coordinación de Comunicación Social y vocero de la presidencia. El mentor religioso de Sergio Carmona recuerda cuando le confesó cómo Jesús Ramírez Cuevas y Mario Delgado lo llevaron a Palacio Nacional: «Había aprendido de Sergio que quien lo lleva a este gran… es algo muy delicado, haber llevado a Sergio a la oficina donde se encuentra la máxima investidura, como es la presidencia de la República, Manuel López Obrador, lo lleva… va de la mano de Mario Delgado, va de la mano de Ramírez Cuevas».
Los periodistas José Luis Montenegro y Ramón Alberto Garza nos dan más información de la tríada Carmona, Ramírez Cuevas y López Obrador. Con este contacto de Jesús Ramírez Cuevas fue que pudo entrar a toda la extensión, a todos los pasillos cercanos de la presidencia de la República durante el gobierno de López Obrador. Y efectivamente termina Jesús Ramírez por llevarlo con el presidente; va a Palacio, va a Palacio.
Tengo entendido que no fue una, que fueron un par de veces. El libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer refiere que documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Carmona, ligado al contrabando de combustible y al financiamiento ilícito de campañas con presuntos nexos con el narcotráfico. Así, Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mario Delgado en la parte política y Jesús Ramírez Cuevas en la parte propagandística lograron, a través de este dinero proveniente de estas líneas ominosas de la economía informal o ilícita, pues lograron colocar cada uno sus objetivos. Jesús Ramírez Cuevas los mensajes orientados a la propaganda para que la gente saliera a votar por el partido Morena y el propio Mario Delgado para hacer una dispersión de recursos en campo y operar a favor de sus candidatos en las entidades que estuvieron en juego en el año 2021. Así operó la red política del huachicol fiscal desde la aduana de Reynosa hasta Palacio Nacional.
Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban; eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede. César Méndez, Azteca Noticias.
Sergio Carmona era un empleado de Pemex en Tamaulipas que se encargaba de gestionar jubilaciones antes de construir el imperio del huachicol. Tuvo alianzas con políticos de varios partidos hasta que le abrieron las puertas del mismísimo Palacio Nacional, como se confirma en el libro de Julio Scherer y Jorge Fernández Menéndez, Ni venganza ni perdón. Sergio Carmona, junto con su hermano Julio, sabían perfectamente a qué políticos apoyar y cuánto dinero les dieron a cambio de continuar con el robo y el contrabando de combustible.
En Estados Unidos comenzaron a investigar el huachicoleo fiscal que venía de México. Carmona y su hermano sabían demasiado. El rey del huachicol fue a cortarse el pelo en San Pedro, en Nuevo León, y ahí lo mataron.
Su hermano inmediato se fue con toda la información de sus nexos con los narcopolíticos morenistas y se entregó en los Estados Unidos. 22 de noviembre de 2021, San Pedro Garza García, Nuevo León. A las cinco de la tarde con 14 minutos, dos sicarios con corte de pelo tipo militar, chamarras oscuras y pantalón de mezclilla llegaron en motocicleta a la entrada de una barbería. Uno esperó con la moto encendida, mientras el otro entró a descargar la pistola sobre Sergio Carmona. Al menos dos impactos de bala en la cabeza. Una ejecución precisa, directa y a corta distancia.
El crimen, del que no quedó rastro alguno, plantea varias preguntas. ¿Por qué eliminar a quien financió con dinero del contrabando de combustible a candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Quién o quiénes mandaron asesinarlo? ¿Y quién o quiénes se beneficiaron con su muerte? Una tesis apunta que Carmona era un peligro para quienes lo protegían políticamente. El periodista Salvador García Soto documentó que, dos semanas antes del crimen, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano, a través de su embajada, información de Sergio Carmona.
Esto al conocer que el FBI lo investigaba por el tráfico de combustible robado y el financiamiento a candidatos de Morena. El expediente contendría declaraciones que el mismo Carmona hizo a los agentes del FBI. Siente que el agua ya le está llegando al cuello y es ahí cuando empieza a buscar ayuda de las autoridades norteamericanas para acogerse a un sistema de testigos protegidos o de criterio de oportunidad.
En algún momento, Sergio le confió a su amigo Eddie Pintor que temía por su vida y que había contactado a la DEA: «Me dijo que la DEA le había pedido que viniera a Estados Unidos. Él no quiso. Él le dijo lo mismo: ‘Ven allá para acá, vengan ustedes’. Y la DEA fue. Entonces, a partir de ahí empieza a cambiar la situación con Sergio. Y después, pues, le ejecutan la última». El gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, la CIA, el FBI, bueno, pues tiene diferente información que puede comprometer a diferentes políticos de todos los partidos. No solamente es el caso de Rubén Rocha Moya y los otros nueve que se incluyen en la acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
También está Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Américo Villarreal en Tamaulipas; Alfonso Durazo en Sonora y otros tantos como Rutilio Escandón.
En Palacio Nacional había preocupación por las revelaciones que Sergio Carmona pudiera hacer a las agencias de los Estados Unidos. El presidente le empieza a preguntar cosas a Carmona y se da cuenta el presidente que Carmona era de muy fácil palabra para sacar lo que estaban haciendo. Y le preocupa diciendo: «¡Uy, chale, a este hombre le rascas al barrito y explota! No nos conviene que siga ahí». A ver, no es el presidente que pide que lo mate; únicamente es el que solicita que lo quiten de ahí. Y hay algunas versiones que sugieren que el propio sistema lo pudo haber eliminado a él.
Fue entonces que de nuevo aparece el hombre de más confianza del presidente, quien llevó a Sergio Carmona a Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas. Apuntes del libro Ni venganza ni perdón refieren que informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona antes de su ejecución. Un dato salta a la vista.
Desde que la DEA solicitó al gobierno mexicano información de Sergio Carmona, sus entrevistas con Jesús Ramírez Cuevas y el crimen pasaron escasos 14 días. Esa secuencia de hechos es una línea de investigación que no se ha agotado del todo. El mismo día que mataron a Sergio, su lujoso departamento de Calderón de la Barca en Polanco y su mansión en San Pedro Garza García fueron allanados.
Se llevaron computadoras, discos y expedientes. Pero no se llevaron todo. Julio Carmona huyó a Estados Unidos con una copia del teléfono celular de su hermano.
Tenía una copia de su dispositivo móvil con esas conversaciones que ellos tuvieron. Es que si en algún momento él era asesinado, o era ultimado o secuestrado, Julio César tenía que hacer algo en específico. Y ese algo en específico era correr hacia Estados Unidos con ese teléfono de prueba y entregarle todas estas evidencias al gobierno de Estados Unidos para poder obtener un beneficio jurídico, que en este caso es el mismo que él estaba buscando: el de testigo protegido.
Evidencias que incluirían mensajes, videos, fotografías, bitácoras de vuelo, llamadas y conversaciones con alcaldes, diputados, senadores y gobernadores morenistas que exhibirían su relación con el huachicol fiscal y el crimen organizado. A Morena le conviene que este caso quede impune. Le conviene que no se sepa cómo ocurrió, quién ordenó este asesinato, porque cuántos secretos no habrá detrás de este personaje, cuántos secretos no habrá que toquen a las altas esferas del poder. José Luis Mora, Azteca Noticias.
Para que el robo y el contrabando de combustibles sigan operando en México, se requiere una red de impunidad que involucra a políticos morenistas. Esa red construida desde el Palacio Nacional la conocen en Estados Unidos, en parte por la información que Julio Carmona les entregó. Como quiera, las agencias de inteligencia de Estados Unidos siguen trabajando en el huachicoleo fiscal.
Hay personas que podrían conocer y tener evidencias de los políticos involucrados en el huachicol. Trascendió que por ello en Tamaulipas quieren estar cerca de Perla McDonald, la viuda del rey del huachicol. Lunes 19 de mayo de 2025, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Entre los comensales del restaurante La Coctelera está Perla McDonald, viuda de Sergio Carmona. La acompañan dos agentes de la Guardia Estatal. La tranquilidad del lugar se interrumpió cuando cuatro gatilleros dispararon desde el exterior del restaurante.
Los agentes repelen el ataque. Los disparos lesionan a los dos agentes y a tres personas más. El blanco del atentado sería Perla McDonald, pero las autoridades de Tamaulipas niegan que ella estuviera en el lugar.
Como haya sido, el propósito fue claro: enviar un mensaje a la mujer que mejor conoce la complicidad financiera de Morena con la estructura criminal del huachicol fiscal. La pregunta es ¿por qué?.
Con la muerte de Sergio Carmona, Perla heredó la estructura de poder que levantó con dinero del tráfico ilegal de combustible: los operadores políticos, los negocios del huachicol y la construcción. Una vez que fallece Sergio Carmona, pues quien toma, digamos, el seguimiento del apoyo a la campaña de Morena es la familia y las empresas que había creado Sergio Carmona.
Era el momento de cobrar los favores financieros a quienes llegaron al poder con cientos de millones de pesos de su esposo. Con ese dinero que financió las campañas que permitieron que Morena se apoderara en 2021 de una inmensa región del territorio, de ese dinero se beneficiaron incontables políticos.
A partir de ese momento, la viuda de su hermano, Perla McDonald, sigue operando en el gobierno de Américo Villarreal porque es con dinero de ellos como llegaron al poder muchas personas de la estructura de Américo Villarreal y muchos alcaldes del estado de Tamaulipas.
En 2021, Morena ganó la mayoría del congreso en Tamaulipas y la gubernatura en 2022 con Américo Villarreal. De acuerdo con el portal Código Magenta, Perla colocó a incondicionales suyos en el primer círculo del gobierno de Tamaulipas. Una de las cosas que hizo Perla McDonald fue muy simple, decir: «A ver, yo no me voy a quedar cruzada de brazos por el acierto de mi marido».
Y fue así como a ella le otorgaron ciertas posiciones como la Subsecretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud. Así llegó Héctor Joel Villegas a la Secretaría de Gobierno, Adriana Lozano a la Secretaría de Finanzas y Olga Sosa a la Secretaría del Trabajo.
Desde ahí habrían operado para que Perla McDonald recuperara el dinero con el que su marido financió las campañas de Morena.
Este video que Código Magenta recuperó de los archivos del teléfono de Sergio Carmona es un botón de muestra. Olga Sosa y Gabriela Jiménez le agradecen sus apoyos: «Hola. Hola, amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por todo el apoyo y la verdad impagable todo lo que haces por nosotros, por la asociación; te agradecemos muchísimo y ojalá la próxima vez por acá también. Bueno, esperamos por allá también. Gracias por toda la ayuda, este fin de semana estuvo bruto».
La asociación a la que refiere Gabriela Jiménez se llama Que Siga la Democracia, organización satélite de Morena que le permite al partido hacerse de dinero sin el escrutinio de la autoridad electoral. A 13 meses del ataque armado en el restaurante La Coctelera de Ciudad Victoria, hay al menos dos tesis que responderían a la pregunta ¿por qué atentar contra la vida de Perla McDonald? Primero, porque tiene los archivos documentales y grabaciones en video de las reuniones y el dinero que Sergio Carmona entregó a políticos de Morena. Y segundo, que buscó colaborar con agencias de Estados Unidos como testigo protegido.
Su muerte, entonces, impediría que esa información terminara por hundir a los políticos que llegaron al poder con dinero del huachicol fiscal. José Luis Mora, Azteca Noticias. Hasta aquí este programa especial, yo soy Javier Alatorre; gracias, muy buenas noches.
