En Monterrey, un hombre de 70 años decidió que el pasado martes no iba a ser un martes más de miedo. Don Juan Tejada, viejo comerciante de barrio, escuchó los gritos de su hijo y el ruido seco de la violencia entrando por la puerta de los abarrotes “Tejada”, en la colonia CROC; del otro lado no había “inseguridad”, había dos hombres armados que ya habían decidido que la vida de su familia valía menos que la caja del día.
Lo que vino después no es una historia de héroes de Marvel, sino de un padre septuagenario al que la vida y el Estado le habían enseñado una lección brutal: cuando llamas al 911, llega tarde; cuando denuncias, archivan; cuando suplicas justicia, te responden con estadísticas.
El Ministerio Público lo detuvo, pero tuvo que dejarlo en libertad al considerar que actuó en legítima defensa ante la presión de vecinos y la opinión pública que lo convirtieron en símbolo del hartazgo frente a la violencia cotidiana.
Así que Don Juan hizo lo que millones sienten y casi nadie se atreve a hacer: tomó un arma, no para jugar al Rambo de colonia, sino para arrancarle a la violencia, a tiros, los segundos que le quedaban a su hijo.
El resultado es un retrato despiadado del país: dos asaltantes muertos, un hijo asesinado, un padre vivo pero atravesado para siempre por una culpa que no le corresponde. La fiscalía lo retuvo unas horas, “para verificar si era legítima defensa”, mientras afuera los vecinos gritaban lo que el discurso oficial nunca se atreve a admitir: que la legalidad que se le exige a Don Juan no se le exige a un sistema que dejó crecer la violencia hasta entrar a su casa.
«La justicia por propia mano de del gatillo de Don Juan, es resultado de los años de omisión, de carpetas congeladas, de patrullas que llegan cuando ya todo terminó, de gobiernos ramplones que presumen índices de paz mientras la gente entierra hijos y limpia sangre del piso de sus negocios.
La respuesta de Don Juan fue violenta, sí, pero antes de ese disparo hubo décadas de violencia institucional: salarios de hambre, calles sin presencia policial efectiva, detenidos que salen antes de que la víctima entierre a los suyos, colonias donde la ley llega en boletín de prensa, no en patrulla. En ese escenario, su reacción no es una excentricidad, es la consecuencia lógica de un Estado que cedió la cancha y dejó al ciudadano solo frente al arma ajena.
Cuando el Ministerio Público decidió liberarlo al reconocer la legítima defensa, no estaba premiando a un vengador anónimo, estaba aceptando —aunque sea por un segundo— que el sistema ya no alcanza para contener el hartazgo. Y aun así, la misma maquinaria que suelta delincuentes reincidentes es la que “evalúaba” si un viejo que vio morir a su hijo merece dormir en su propia cama o en una celda.
La historia de Don Juan no es un caso aislado, es un aviso. Cuando la gente siente que la ley ya no la protege, la legítima defensa deja de ser un concepto jurídico y se vuelve un instinto de supervivencia; la pregunta no es por qué disparó él, sino cuánto falta para que más padres, más madres, más vecinos, se convenzan de que la única respuesta que les dejaron es la más cruda de todas.
Carlos Eugenio Benítez Orta, responsable de la supervisión de verificadores de la Aduana de Matamoros, prófugo de la justicia por el delito de delincuencia organizada, fue deportado a Mexico por la Aduana de Matamoros.
Estados Unidos no solo deportó a un burócrata incómodo:con le regresó a México un viejo conocido del teje y maneje de una aduana señalamientos previos de corrupción en la línea.
Quién es Benítez Orta hoy
Carlos Eugenio Benítez Orta, 46 años, licenciado en Derecho por el ICEST, aparece en el registro oficial de servidores públicos como funcionario de la Aduana de Matamoros adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Ingresó en 2008 al sistema aduanero y fue escalando en puestos clave de notificaciones, resoluciones y procedimientos administrativos en materia aduanera hasta llegar a jefe de supervisión de verificadores, es decir, el hombre que debía vigilar a quienes vigilan.
La deportación “VIP” desde EU
De acuerdo con el gabinete de seguridad, Benítez fue detenido en Estados Unidos y entregado en el Puente Internacional Matamoros, “Puerta México”, donde se le ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada.
Tras el trámite diplomático, la Agencia de Investigación Criminal y la SSPC lo llevaron directo al penal del Altiplano, vitrina favorita del gobierno para exhibir casos de “alto impacto”.
El boletín oficial y el silencio útil
En un comunicado conjunto, Hacienda, la SSPC y la ANAM celebraron la “coordinación binacional” y recordaron que hay una investigación en curso, sin decir con qué grupo criminal estaría vinculado ni cuántos casos o cargamentos pasaron bajo su nariz.
La fórmula es la de siempre: mucho énfasis en la captura, cero detalles sobre la red, protección institucional o cadena de mando que permitió que un funcionario con años de señalamientos siguiera operando en una de las aduanas más calientes del país.
La aduana de Matamoros: coladera oficial
La aduana de Matamoros no es cualquier caseta: controla cruces, garitas y puentes hacia Texas, incluyendo puntos como Lucio Blanco–Los Indios y otras secciones con alto flujo de carga y transmigrantes.
Es un cuello de botella donde se mezcla comercio formal, contrabando, tráfico de drogas, armas, dinero y extorsión institucionalizada, con filas kilométricas cuando el sistema “se cae” y revisiones discrecionales cuando conviene.
De padrón limpio a prácticas sucias
En el padrón oficial, Benítez luce como un servidor impecable: trayectoria continua, formación jurídica, experiencia técnica en PAMA y resolución de procedimientos.
Pero en la práctica, su perfil encaja con la figura clásica del funcionario que se sabe de memoria el manual… para saber exactamente cómo violarlo, dónde apagar el semáforo, a quién dejar pasar y cuándo “hacerse menso” en la línea.
El truco del semáforo y el “hacerse mensos”
En distintos testimonios y denuncias públicas sobre la aduana de Matamoros se ha señalado el uso discrecional del famoso semáforo fiscal: cuando se quería dejar pasar, simplemente no se “activaba” el sistema y el personal fingía que todo estaba en orden.
La lógica ha sido sencilla: si el semáforo no se enciende, no hay revisión aleatoria; y si no hay revisión, el funcionario puede jugar a la ceguera institucional mientras la mercancía o el pasajero “fluye” gracias a la cuota adecuada.
Cultura del “háganse weyes” institucionalizada
La expresión coloquial “se hacían mensos” no es solo una queja ciudadana, es una descripción práctica de cómo operaba el permiso para delinquir desde la ventanilla del Estado.
No activar el semáforo, distraerse convenientemente, hacerse de la vista gorda con ciertas placas o ciertos tráileres es, en la frontera, una forma de co-gobernar con el crimen organizado bajo la coartada de la burocracia.
Una aduana secuestrada por todos
Mientras los usuarios se quejan de filtros militares, dobles revisiones y filas interminables, el sistema aduanero se ha convertido en un terreno donde militares, burócratas, corporaciones y grupos criminales,particularmente del Cartel del Golfo, se disputan quién cobra, a quién dejan pasar y a quién le inventan problemas.
En ese contexto, un jefe de verificadores acusado de delincuencia organizada no es una anomalía: es la pieza que faltaba para completar el retrato de una aduana capturada desde adentro y desde afuera.
El regreso del aduanero incómodo
Que Estados Unidos haya detenido y deportado a Benítez es el tipo de gesto que permite al gobierno mexicano presumir cooperación internacional mientras evita hablar de por qué un personaje con ese nivel de responsabilidad duró tanto en el cargo.
Lo regresaron ya empaquetado con orden de aprehensión, pero la historia real está en los años en que el semáforo se apagaba, las filas se alargaban para unos y se acortaban mágicamente para otros, y el sistema se acomodaba según quién estaba al volante de la garita.
El segundo capítulo de esta “Cuna de lobos” azul en Tamaulipas es básicamente esto: la guerra por el PAN que dejó de ser interna y ya parece serie sobre crimen organizado con logo blanquiazul, con un comun denominador,el enfrentamiento abierto y frontal de Cesar Verastegui Ostos,alias El Truko y su ex-patron el fugitivo federal por delincuencia organizada, Francisco «Pancho» Javier García Cabeza de Vaca,usando como ariete a Omeheira López Reyna y Francisco Garza de Coss.
Puros rudos
En una esquina está la fórmula Gloria Garza–“Truko” Verástegui, vendiéndose como los cirujanos que van a “reconstruir” al PAN mientras cargan en la planilla a un cuadro ligado a una empresa sancionada por Estados Unidos por robo y contrabando de combustible, según la impugnación interna.
En la otra esquina, Omeheira López, esposa de “Paco el de las Pacas”, excorruptor de la prensa estatal y carta de Cabeza de Vaca, tirando piedras de huachicol desde una casa construida con pacas de sospechas propias.
De “renovarse” a devorarse
Ya habíamos descrito el pleito como lo que es: no una renovación, sino un canibalismo entre facciones que comparten padrino, pasado y mañas, solo que ahora se acusan entre ellos de financiarse con gasolina robada.
Omeheira suelta la bomba: habla de “indicios” y “sospechas fundadas” sobre una empresa transportista sancionada por EU, que casualmente cae en el universo del huachicol fronterizo; todos entienden el mensaje aunque los nombres los dejen en clave.
La bomba llamada OFAC
El Universal detalla la parte aburrida pero letal del guion: la impugnación sostiene que Gloria y el Truko mintieron bajo protesta al afirmar que no tenían relaciones con personas que realizan actividades previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El hilo es Grupo Jala Logística S.A. de C.V., cuyo dueño, José Alejandro Llanas Alba, fue integrado originalmente en la planilla y cuya empresa está sancionada por la OFAC, acusada de robo de combustible y contrabando de petróleo en la frontera suroeste de Estados Unidos frontera con Tamaulipas y vinculada con César Morfín Morfin,alias «Primito»,jefe de la facción de los «Metros» del Cartel del Golfo
Alejandro Llanas salio a la luz como cercano de Cabeza de Vaca en mayo de 2016,en el preámbulo de la elección de Tamaulipas ,luego de una grabación telefónica que le hicieron llegar a la periodista Adela Micha.
El AUDIO filtrado era del entonces Senador con licencia Francisco García Cabeza de Vaca, entonces candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas, hablando con Miguel Villarreal Ongay, uno de sus colaboradores y donde Cabeza de Vaca le pidio comunicarse con el entonces diputado, también del PAN, Alejandro Llanas Alba para que le de unos números, al parecer de cuentas, sobre un asunto que ya habían acordado, de unavulgar transa.
El huachicol como pegamento azul
La joya del documento de impugnación es casi literaria: no basta con quitar después al personaje incómodo para fingir que nunca hubo relación, porque la cercanía económica, política o de amistad no desaparece por Photoshop estatutario. Traducido al castellano vulgar: aunque borren al huachicolero del flyer, todos saben quién lo invitó, quién le habló y quién iba a administrar juntos el partido.
Entre narco-gobiernos… y narco-internas
La impugnación remata con una pregunta venenosa: si el PAN de Tamaulipas de verdad está contra los “narco-gobiernos de Morena” o solo cuando el dinero del crimen organizado no les toca a ellos para las campañas internas. Es el clásico moralismo azul: el narco es intolerable… salvo cuando viene con logo correcto, empresa adecuada y contrato de transporte bien facturado.
Todos contra todos… con cola
Omeheira es la carta de un exgobernador prófugo por delincuencia organizada y que el panismo tamaulipeco reciente es un proyecto personal de Cabeza de Vaca, hoy en pleito con el grupo rival; esto no es cruzada ética, es divorcio entre socios de la misma banda.
Del otro lado, la fórmula Gloria–Truko carga con investigaciones, señalamientos y antecedentes que quizá no estén judicializados en México, pero sí asoman cruzando el río, suficiente para mantener viva la sospecha pública.
Con quien jala «JALA»:
“JALA” no jala sola: según OFAC, es pieza de una red logística ligada al CJNG, especializada en mover y encubrir negocio de combustibles y drogas desde Tamaulipas, con dueños ya fichados como operadores de crimen organizado y hasta “terroristas globales”.
Qué es GRUPO JALA LOGÍSTICA
Es una empresa mexicana, GRUPO JALA LOGISTICA, S.A. DE C.V., con domicilio en Río Bravo, Tamaulipas, creada en diciembre de 2020.
Su “giro” formal ante OFAC es transporte y almacenamiento, pero también aparece clasificada en extracción de crudo y gas natural, es decir, está parada justo donde duele: hidrocarburos
OFAC la mete en la lista SDN (Especialmente Designados) bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT (Terroristas Globales Especialmente Designados), con riesgo de sanción secundaria bajo la orden 13224. Eso no es una multa administrativa: es el sello de “estructura económica de un grupo criminal de alto nivel”.]
Con quién jala “JALA”
El 1 de mayo de 2025, OFAC sanciona a los hermanos Álvaro Noé, César (“Primo/Primitito”) y Remigio Morfín Morfín, todos mexicanos, como parte de una red vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A César Morfín lo etiquetan expresamente como ligado al CJNG, con riesgo de sanción bajo el esquema antiterrorista de la 13224
En la misma acción, OFAC mete a GRUPO JALA LOGÍSTICA y a SLA Servicios Logísticos Ambientales como entidades de esa red operada por los Morfín. Es decir, “JALA” es el brazo empresarial/logístico que comparte apellido, giro y geografía con los operadores del CJNG.
Rol funcional de la red
Según el desglose de EFINFO, JALA y SLA son señaladas por EU como parte de una red de narcotráfico y robo de combustible operada por el CJNG, usadas para mover producto, lavar ganancias y contratar con gobiernos e instituciones mexicanas.
Además de fentanilo y drogas, el énfasis de OFAC y de las notas es el “robo de combustible” y contrabando de hidrocarburos, justo donde la ficha de JALA muestra que se dedica a transporte, almacenamiento y extracción.
Traducción: JALA no es un trailero cualquiera, es infraestructura para mezclar rutas, pipas, contratos “limpios” y combustible sucio, con cobertura legal en México pero tóxica para cualquier banco o entidad que toque dólares.
Peso de la designación OFAC
Estar en la SDN List implica que todos los bienes e intereses de JALA bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y cualquier banco o empresa que haga negocios con ella se expone a sanciones secundarias.
Que la etiqueten también bajo la lógica antiterrorista (SDGT, EO 13224) coloca al CJNG y sus empresas en la misma liga jurídica que redes terroristas a efectos financieros: más presión, menos margen para intermediarios “inocentes”.
Así, cualquier político, partido o gobierno que haya contratado, defendido o integrado en su estructura a socios de JALA está jugando en el terreno de “riesgo de sanción”, no de simple mala compañía.
Cómo se conecta con Tamaulipas y la grilla
JALA está asentada en Río Bravo, Tamaulipas; SLA en Reynosa, es decir, pleno corredor de huachicol y contrabando en la frontera chica.
En la prensa mexicana se ha señalado que GRUPO JALA LOGÍSTICA, vinculada a los Morfín, fue proveedora de entidades públicas y, en el caso tamaulipeco, sale mencionada en la guerra interna del PAN por la dirigencia estatal, donde se acusa a una planilla de cobijar a un socio de la empresa sancionada.
En términos políticos, “jalar” con JALA significa: abrirle puertas institucionales a una empresa que Washington ya marcó como engrane del CJNG para drogas y huachicol, con todas las implicaciones penales, financieras y de reputación que eso acarrea dentro y fuera del país.
Cuna de lobos, versión huachicol
Así que en este capítulo dos, el PAN Tamaulipas no elige dirigente: ventila su propio expediente, con OFAC de invitado especial y el huachicol como soundtrack. Cada bando se presenta como “renovador” mientras le recuerda al otro sus amistades huachicoleras, sus empresas sancionadas y sus pactos con el crimen, como si fuera pleito familiar entre cárteles… pero con credencial de militante.
Pero MORENA junto con Américo Villarreal no cantan mal las rancheras, las cantan mejor.
Joaquín Guzmán ya no escribe cartas, escribe boletines de la nostalgia: un capo acostumbrado a hablarle al presidente ahora le dicta oficios a la Corte de Nueva York para que le marquen a Claudia Sheinbaum como si fuera servicio a clientes del narcoestado.
El capo que extraña Los Pinos
El hombre que llenó fosas, pistas clandestinas y portadas, ahora llena expedientes con papel membretado “Pro Se”, como si la autosuficiencia jurídica borrara décadas de balas y sobornos.
Desde el agujero de ADX Florence, donde la ventana es un privilegio teórico, el ex CEO del Cártel de Sinaloa descubrió que su nueva plaza se llama “Corte del Distrito Este de Nueva York” y que el juez Brian Cogan es ahora su único “contacto” realmente estable.
El cliente que reclama al sistema
Van quince cartas: ya no parece un recurso legal, parece la sección de quejas de un consumidor inconforme con el producto “cadena perpetua sin beneficio alguno”.
En cada hoja, “El Chapo” asegura que él no mató, que fue “el gobierno mexicano” y que, pobrecito, solo intentaba proteger a su familia, como si la guerra que desató fuera un legítimo negocio familiar malinterpretado por la DEA.
De Palacio a “Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n”
Lo más delirante no es que pida regresar a México, lo más delirante es que en plena carta formal a la Corte se vea obligado a explicar quién es la presidenta de México, como si estuviera llenando un formulario de Uber Eats: “La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su sede es Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n…”
El capo que durante años presumió tener línea directa con el poder ahora tiene que mandar la dirección completa de Palacio Nacional, código postal incluido, para ver si en Brooklyn le hacen el favor de marcarle a la nueva inquilina.
Diplomacia estilo cártel jubilado
La jugada es casi tierna: si no le contestan los abogados, si lo ignora el juez, a lo mejor la presidenta se compadece del abuelito del narco y pide “humanidad” para regresar el problema a casa.
Detrás del drama personal hay un mensaje político obsceno: un capo internacional todavía cree que la ruta para mejorar su condena pasa por la puerta principal del poder mexicano, como en los viejos tiempos de “usted nada más dígame con quién hablo”.
El silencio que duele más que el encierro
Hasta ahora, ni la Presidencia de México ni los tribunales de Estados Unidos se dignan a darle el gusto del mínimo espectáculo: no hay respuesta oficial, no hay negociación, solo sellos de recibido y un sistema que lo tolera en papel pero lo borra del mapa real.
Para un personaje hecho de corridos, túneles y titulares, el verdadero castigo no es la supermax: es este limbo burocrático donde puede escribir todo lo que quiera… y que nadie, en el poder, tenga ya la necesidad de contestarle.
