«DEMOCRACIA a la CUARTA de…4 TIEMPOS: TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL GASTA 22 MILLONES de PESOS en CONTRATO para TRAGAR como SULTANES»….Magistrados árbitros del voto, emperadores del paladar.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación montó un buffet de privilegios con dinero público: 22 millones de pesos para darle de tragar como virreyes a magistrados y burócratas, mientras predican su hipócrita austeridad republicana desde el estrado.

El tribunal del “pueblo” y su comedero de la realeza

El mismo órgano que decide sobre la “voluntad popular” acaba de firmar un cheque por hasta 22 millones 229 mil pesos para llenar su comedor de boeuf bourguignon, crème brûlée, chorba marroquí, salmón glaseado con miel, ramen y demás delicatessen que no aparecen en ninguna canasta básica.

El contrato va del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026 y se lo dieron a la empresa Representaciones Profesionales Difra S.A. de C.V., con un mínimo de 8.89 millones y un máximo de 22.22 millones, porque la gula institucional siempre necesita un “margen de maniobra”.

Democracia de cuatro tiempos

Mientras media población rasca para completar el kilo de tortilla, en el Tribunal Electoral la democracia se sirve en menú de cuatro tiempos, con rotación que no se repite en 10 semanas, no vaya a ser que sus señorías se aburran de comer lo mismo.

Las bases ordenan: primer tiempo consomé o sopa aguada, segundo sopa seca o pasta, tercero dos guisados con tres guarniciones a elegir, cuarto tiempo dos postres, con café y dos tipos de agua de fruta “con suficiente pulpa” porque la pulpa sí es prioridad de Estado.

Gourmet con cargo al erario

El recetario oficial se llama, sin rubor alguno, “TE-Cocinando, recetas del Tribunal Electoral”, un manual interno de alta cocina financiado por el contribuyente, que ahora ya incluye platillos internacionales porque la glotonería también se globaliza.

Ahí detallan cómo debe quedar el salmón glaseado con miel, la chorba marroquí con cordero suave y aceite de oliva, el pollo rostizado con tequila y mango, el ramen y el nicuatole en cazuela de barro, con instrucciones más precisas que muchas sentencias.

Magistrados: árbitros del voto, emperadores del paladar

El servicio no es solo para la Sala Superior, sino también para las cinco salas regionales en Guadalajara, Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México, porque el abuso presupuestal también tiene cobertura nacional.

En la CDMX el proveedor debe operar en cuatro sedes distintas, incluyendo donde se reúnen los magistrados, asegurando que el boeuf bourguignon nunca llegue frío a quienes “protegen” la legalidad electoral.

Nutrición de lujo, justicia raquítica

Las bases exigen que los menús cumplan “lineamientos nutricionales, de calidad, higiene y balance alimenticio”, estándar que la propia justicia electoral no alcanza ni en independencia ni en legitimidad.

Además de pan blanco, integral y de centeno a libre consumo, se ofrece arroz o pasta con huevo estrellado, plátano macho o aguacate “a gusto”, mientras afuera millones ajustan entre arroz sin huevo o huevo sin arroz.

El cinismo del “para llevar”

Cuando las “servidoras y servidores públicos” no puedan comer en el comedor, pueden pedir una torta en baguette (no bolillo, por favor) de al menos 250 gramos de carne, con frijoles, lechuga y dos rebanadas de queso que cubran toda la pieza, o bien dos sándwiches.

Todo debe ir en empaque “sustentable” y lo que sobre se tira al final del día, incluyendo restos de comida y aceite, porque en el Tribunal Electoral la única miseria que no toleran es la miseria en la mesa.

Austeridad selectiva y glotonería institucional

Mientras se regaña a la población con sermones de honestidad y se predican recortes y sacrificios, el Tribunal Electoral se asegura desayunos y comidas gourmet para miles de servicios al mes, con cargo al mismo presupuesto que dicen defender del “despilfarro”.

La narrativa oficial habla de “lineamientos de calidad” y “planificación cíclica”; en la práctica es la formalización de un privilegio histórico: que la alta burocracia coma como millonaria sin tener que pagar la cuenta.

El verdadero menú: privilegio, impunidad y desprecio

Cada plato descrito en el recetario institucional es un recordatorio de la distancia entre quienes deciden sobre elecciones y quienes hacen cola para conseguir cita en el IMSS o completar el transporte al trabajo.

El menú real del Tribunal Electoral no es francés, griego ni asiático: sus ingredientes son privilegio, impunidad y desprecio por el dinero público; la “democracia” es solo el postre que sirven en conferencias de prensa.

Con informacion: ELUNIVERSAL/

«JUEZA FEDERAL NO QUISO CAMOTE: VINCULAN a PROCESO al TITAN y PERMANECERA PRESO en APODACA»…mientras se nos olvida que liberó tres.

Mientras la Fiscalía General de la República llega a las audiencias como quien improvisa tarea en domingo por la noche, la jueza María de los Ángeles Padrón dejó claro que no todo lo que le ponen enfrente pasa el filtro… aunque tampoco todo se cae.

José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, señalado como operador del Cártel del Noreste en el jugoso negocio del huachicol, fue vinculado a proceso por cuatro delitos federales. Traducción: él sí se queda guardado en el Cereso de Apodaca mientras le arman bien el expediente… o intentan que no se les deshaga.

Pero el detalle sabroso no está en quién se queda, sino en quiénes ya se fueron.

De los cuatro detenidos en los cateos del 9 y 10 de mayo —operativos en Monterrey, San Pedro y Allende que en su momento se vendieron como golpe quirúrgico—, tres ya están en la calle. ¿La razón? Detenciones ilegales. Así, sin anestesia.

La misma jueza que el jueves mandó al bote jurídico el trabajo de la FGR por violaciones procesales, ayer decidió que con “Titán” sí había tela de dónde cortar. O, visto de otro modo: el expediente no estaba tan chueco… o estaba mejor planchado.

Porque si algo dejó ver la audiencia —que tardó seis horas en arrancar y murió cinco minutos después de empezar en términos de ritmo— es que la defensa jugó su carta clásica: siembras, manipulación de evidencia, cateos dudosos. El combo infaltable en casos donde la autoridad llega primero y justifica después.

Pero aquí vino el giro: la jueza no compró ese argumento. Lo desechó. Y con eso bastó para sostener la vinculación.

Eso sí, tampoco le dio todo a la FGR.

En el delito contra la salud, Padrón bajó la intensidad: de narcomenudeo con fines de venta a simple posesión. Es decir, le quitó dientes a una de las acusaciones. Un pequeño recordatorio de que el Ministerio Público suele inflar cargos esperando que algo sobreviva el recorte judicial.

Al final del día, el saldo es incómodo para el discurso oficial: de cuatro capturados en un operativo federal, sólo uno quedó firme.

Tres liberados por fallas básicas.
Uno vinculado… pero con ajustes.

Y una pregunta flotando en el aire: ¿fue un éxito operativo o un desastre procesal maquillado?

Porque cuando la justicia depende más de cómo se integra el expediente que de lo que supuestamente ocurrió en la realidad, el problema ya no es el crimen organizado… sino quién está armando los casos.

Con informacion: ELNORTE/

«CARGÓ con las PRUEBAS por SI le FALLABA la MEMORIA ?: LENGUAS MALAS de GENTE BUENA presumen NARCOGENERAL CRUZÓ a EE.UU con ARSENAL de DOCUMENTOS»…que apuntan también a ex-presidente narco que creyó cumplir la ley era opcional.

Cuando cruzó caminando la garita de Nogales, Sonora, y entró al estado de Arizona para entregarse a las autoridades de Estados Unidos, el general Gerardo Mérida Sánchez no iba totalmente solo. Cargaba consigo una caja que se convertirá en su salvavidas ante la justicia estadounidense y al mismo tiempo en una pesada losa para su exjefe, el gobernador Rubén Rocha Moya, y para otros altísimos mandos de la 4T a los que aluden y afectan los materiales probatorios que el militar en retiro llevó con él al territorio norteamericano.

La caja del general y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloacontiene videos, memorias USB y documentos que planea entregar al Departamento de Justicia para apuntalar su petición de convertirse en “testigo protegido” o “testigo colaborador” en el juicio por narcotráfico y asociación con Los Chapitos, que ya está abierto en la Corte Sur de Nueva York en contra de Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros ocho acusados entre los que está incluido el propio nombre de Mérida Sánchez.

Las pruebas que se fue cargando el general no sólo son en contra de Rocha Moya y sus pactos o acuerdos con los hijos del Chapo. Según información de fuentes cercanas, el militar en retiro también lleva evidencias y documentos sobre cómo fue la orden presidencial fulminante para que el Ejército mexicano soltara a Ovidio Guzmán López, que ya estaba capturado y listo para ser enviado a Estados Unidos, aquel 17 de octubre de 2109 en Culiacán, donde una célula de élite militar lo había logrado detener en una de sus casas de seguridad. 

La detención, que se había realizado por una orden de aprehensión con fines de extradición que había enviado el gobierno estadounidense de Donald Trump, tuvo que ser abortada y Ovidio liberado porque así lo ordenó de manera fulminante la Presidencia de la República, ante la rebelión armada de los grupos del Cártel de Sinaloa que tomaron la capital del estado y amenazaban con asesinar a familiares de militares.

Pero eso no es todo. De acuerdo con las mismas fuentes, el general Mérida Sánchez también llevó consigo en su cruce a Arizona documentos y pruebas de un presunto financiamiento a las campañas presidenciales de Morena en 2018 y en 2024, lo que de comprobarse sería una bomba que impactaría directo hasta Palenque y Palacio Nacional.

La entrega de Mérida Sánchez en Arizona, adonde llegó por su propio pie y sin que ninguna autoridad mexicana lo estuviera vigilando o evitara su salida del país, al igual que la del exsecretario de Finanzas de Rocha Moya, Enrique Díaz Vega, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en Europa, ni fueron obra de la casualidad ni de una decisión repentina o precipitada de los dos acusados. Ambos fueron buscados por agentes de la embajada de Estados Unidos en México desde mediados del mes de abril, justo después de que el Departamento de Justicia mandara al gobierno de la presidenta Sheinbaum la petición de extradición de los 10 políticos sinaloenses.

En el lapso en el que el gobierno mexicano tardó casi 15 días en dar a conocer la solicitud de Estados Unidos para que entregara a Rocha Moya y los otros nueve acusados, Mérida Sánchez y Díaz Vega estuvieron negociando y dialogando con la embajada estadounidense en México y lograron un acuerdo de colaboración a cambio de reconsiderar las acusaciones en su contra. Por eso fue que el mismo día, en situaciones diferentes, los dos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa se entregaron a la justicia de Estados Unidos, como si se tratara de algo espontáneo, aunque ya estaba planeado y previsto que ocurrieran ambas entregas.

Y resulta que los dos mexicanos hoy en poder del Departamento de Justicia serán piezas claves no sólo para terminar de hundir a Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros acusados, sino que incluso, en busca de beneficios para su caso, ambos podrían señalar o acusar a otras autoridades mexicanas y denunciar sus tratos con el Cártel de Sinaloa, como es el caso mencionado del financiamiento a las dos campañas presidenciales de Morena.

El general Mérida Sánchez y Díaz Vega tuvieron acceso a información sobre los acuerdos con los narcos sinaloenses, el primero, y el segundo conoció todo el manejo financiero de Rocha Moya, desde su campaña hasta su gobierno, incluidos los negocios multimillonarios que se atribuyen a los hijos del hoy gobernador escondido y con licencia.

Lo que se viene para Morena y para el gobierno de la doctora Sheinbaum, a partir de estas entregas, es tan fuerte que difícilmente bastarán los discursos soberanistas y patrioteros con los que hasta ahora ha reaccionado la Presidenta de México. Lo que le están cobrando a Sheinbaum y a López Obrador, son todas las burlas, ofensas y diatribas que el expresidente tuvo durante su mandato hacia la DEA y hacia las instituciones estadounidenses.

Hoy la DEA y la CIA se han aliado en esta cruzada contra la narcopolítica de Morena y lo que reclaman, entre otras cosas, es el caso del general Salvador Cienfuegos, que fue regresado por la justicia estadounidense, después de haber sido capturado en Los Ángeles, bajo la condición puntual de que la justicia mexicana lo juzgara, algo que nunca ocurrió del todo y al exsecretario de Defensa, lejos de un juicio, le dieron su inmediata libertad y después hasta homenajes de desagravio le hicieron las autoridades militares y civiles de México.

La segunda factura que está cobrando Estados Unidos al gobierno de la 4T es, precisamente, la liberación ilegal e inconstitucional de Ovidio Guzmán López, con la que el gobierno de Estados Unidos nunca estuvo de acuerdo porque la detención había sido expresamente para cumplir una orden de detención con fines de extradición de la primera administración de Donald Trump.

Siete años se pasaron López Obrador y muchos en la 4T burlándose de Estados Unidos y mofándose de una posible intervención contra los narcopolíticos, mientras celebraban y festinaban la detención, juicio y cadena perpetua contra Genaro García Luna, que fue juzgado y sentenciado en Nueva York, por el mismo juez y con el mismo método y las mismas pruebas legales que en aquel caso festejaron y validaron, y que ahora cuestionan y ponen en duda.

La ofensiva estadounidense contra los narcopolíticos mexicanos subirá de tono y de intensidad en las próximas semanas y, en los hechos, esta es la segunda vez que Estados Unidos juega el papel de “destete” en el sistema presidencialista mexicano. La primera fue con Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, cuando apoyaron al general para sacudirse el Maximato de Calles, y ahora lo hacen para que Claudia Sheinbaum se zafe del yugo de López Obrador.

La diferencia es que el general Cárdenas si aceptó el apoyo de Estados para deshacerse de Calles que terminó exiliado y vigilado en el territorio en la Unión americana, mientras Sheinbaum cada vez se aleja más de aprovechar esta oportunidad y apuesta a hundirse ella junto con su mentor y jefe Máximo. Lo grave es que si se hunden ella y su gobierno también le causarán serios daños al país y a todos los mexicanos. Eso es lo que se niega a entender y atender la presidenta.

Con información: Salvador Garcia Soto/ELUNIVERSAL+/

LO «REMUEVEN en VEZ de METERLO al BOTE: la DEFENSA CAMBIA PROBLEMA de LUGAR y QUITA GENERAL en ZACATECAS ACUSADO de RECIBIR PAGOS del MAYITO FLACO»…si quiere,que se entregue solo.

En el teatro siempre impecable de la disciplina castrense —donde los cambios “no tienen nada que ver” con escándalos—, el General de Brigada Isaac Bravo López fue discretamente movido de la 11 Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas. Todo esto ocurre justo cuando desde Estados Unidos comienzan a asomarse señalamientos por presunta corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado. Coincidencias, dirían en la Defensa.

Bravo López, quien llegó a Zacatecas en febrero de 2025 en plena crisis de violencia —ese laboratorio nacional donde se disputan el territorio el Cártel de Sinaloa y el CJNG—, terminó su gestión envuelto en versiones que lo señalan por supuestamente recibir pagos del grupo de “El Mayito Flaco”, uno de los herederos operativos del imperio sinaloense. Las acusaciones, eso sí, siguen flotando en el cómodo limbo de lo “no oficial”, ese espacio donde todo se sabe pero nada se investiga.

La reacción institucional fue rápida, aunque no precisamente en el terreno judicial. El sábado pasado se ejecutó el clásico reacomodo: Bravo López no fue separado ni investigado públicamente, sino trasladado a la 41 Zona Militar en Puerto Vallarta, Jalisco. Un destino estratégico, sí, pero también históricamente menos incendiario que Zacatecas, donde la guerra abierta deja menos margen para narrativas controladas.

En su lugar quedó el General Brigadier Armando Toscano Yáñez, en una ceremonia pulcra encabezada por el General de División Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la V Región Militar. El mensaje implícito: aquí no pasa nada, todo es rotación rutinaria.

El perfil de Bravo López, por cierto, es el de un militar de manual: licenciado y maestro en Administración Militar, formación en seguridad interior, cursos en Washington en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa —sí, el mismo entorno académico donde se promueve la cooperación contra el crimen transnacional—, experiencia en Estado Mayor y hasta agregado militar en Chile. Un currículum impecable… al menos en papel.

Pero el problema no es el currículum, sino el contexto. Zacatecas no es cualquier plaza: es uno de los epicentros de la violencia en México, donde las estructuras criminales han penetrado instituciones locales y federales durante años. Que un comandante militar salga señalado —aunque sea extraoficialmente— por presuntos vínculos con un cártel no es un chisme más: es una grieta en el discurso de control territorial del Estado.

Y aquí está el punto incómodo: si no hay acusación formal, tampoco hay investigación pública; si no hay investigación, el traslado funciona como válvula de escape; y si todo se resuelve con cambios de adscripción, el sistema se protege a sí mismo… pero no necesariamente a la legalidad.

En otras palabras, la narrativa oficial sigue intacta. La duda, no.

Con informacion: EL NORTE/

A «MI NO ME ASUSTAN la CARCEL,NI la MUERTE ?: RAYMUNDO como JUAN SIN MIEDO le DIO ENTREVISTA a DIARIO ESPAÑOL y se TIRO al PISO»…no incomoda a Los Zetas socios de Americo,pero si acusa fundadamente al Ejército y la Marina.

Raymundo Ramos sale en la nota del diario español, El País ,como “Juan sin miedo”, en un texto que lo pinta más bien como “Juan contra todos”: contra el Ejército, contra la Marina, contra Washington,contra el gallinero político que se hace bolas con su caso, pero «NO CONTRA los ZETAS».

Ramos presume treinta años conviviendo con militares en Tamaulipas y dice que ni la cárcel ni la muerte le asustan, como si la omertá fronteriza se rompiera con una videollamada en Zoom. Está al frente de la única ONG de derechos humanos en Nuevo Laredo, en un estado donde efectivamente abundan los chalecos tácticos pero escasea el Estado de derecho y la gente derecha.

Se ha ganado fama de piedra en el zapato por documentar desapariciones forzadas, ejecuciones y exceso de fuerza de Ejército y Marina, mientras todos los demás miraban para otro lado o para la siguiente nómina. Los militares lo odian, los gobiernos locales le temen, y el estado no se mete ni con el, ni con Los Zetas que copartian de «jefe de facto» al abogado e capos que era, el asesor del gobernador de Morena Americo Villarreal Anaya,porque la realidad putrefacta supera la ficción.

De defensor a “operador del CDN”

El Departamento del Tesoro, vía OFAC, lo señala junto con el ex-asesor del gobernador de ser pieza del entramado de tráfico de fentanilo y lavado de dinero del Cártel de Los Zetas del Cartel del Noreste (CDN),que ha estado ligado al Gobernador de Morena ,Americo Villarreal.

Pero ademas,lo acusan de encabezar una campaña de desinformación haciéndose pasar por activista de derechos humanos. Según esa narrativa, Ramos no acompaña víctimas: administra protesta rentada, denuncia falsa y limpieza de imagen de sicarios caídos, todo bajo la coartada de la defensa de derechos.

Lo congelan en listas negras financieras, como si tuviera un emporio en Miami, pero afirma que no tiene ni cuenta, ni bienes, ni visa desde hace nueve años; OFAC le congela un patrimonio que, según él, sólo existe en la imaginación de los burócratas de Washington. 

Juicio mediático en un México 

Ramos revira que no lo acusa un gran jurado, como al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, sino sólo un comunicado del Tesoro, y que lo suyo son “señalamientos”, no un expediente formal. Se queja de que le armaron un juicio mediático sin pruebas en un “México bárbaro, donde por menos de eso te matan”, pero al mismo tiempo usa el mismo juicio mediático para presentarse como trofeo de la represión binacional.

En paralelo, el día que OFAC lo exhibe, se estrena un documental sobre las desapariciones de 49 personas en Nuevo Laredo, incluido un adolescente estadounidense, en una operación de 2018; calculo perfecto para que todos se pregunten si persiguen al mensajero porque el mensaje ya cruzó la frontera. El guion es redondo: sanción gringa, militares felices, activista demonizado y una larga lista de desaparecidos que siguen desaparecidos en una entidad donde siguen desapareciendo bajo un gobernador desparecido, no,no es trabalenguas.

Ejército, espionaje y guerra de lodo

Las campañas de difamación contra Ramos ,dice ,vienen de años: desde que documentó más de 50 desapariciones atribuidas a la Marina en 2018, lo tundieron en redes exhibiendo datos personales suyos y de su familia para ligarlos a distintos grupos criminales, porque dice en Tamaulipas la presunción de inocencia aplica sólo para el uniforme. 

Él señala directamente al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a mandos navales retirados como operadores de esa guerra sucia, mientras el exmandatario se pasea en Estados Unidos como testigo incómodo que nadie quiere sentar en estrados.

Encima, fue uno de los objetivos del espionaje con Pegasus: una investigación de Animal Político y Proceso documentó que Ejército espió su celular para conseguir información con la que buscaron dice, desprestigiarlo y ligarlo al CDN.

Mientras tanto, dice que en Marina hay una “red de huachicol fiscal” con empresas que hicieron millones evadiendo impuestos en México y Estados Unidos, con marinos y funcionarios de aduanas identificados que curiosamente no han sido boletinados ni por Tesoro ni por Justicia. 

En su propia frase, él sería “un angelito” comparado con esos criminales de cuello blanco , como el ángel al que persiguen porque señala a los demonios con charola.

¿Juan sin miedo ?

Ramos se planta y dice que está listo para comparecer ante cualquier autoridad mexicana, que no se va a esconder y que no piensa suicidarse, por si a alguien se le ocurre adelantar el final de la película, como relató a Carmen Aristegui en otra entrevista.

Reitera que sus denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura y violencia sexual no han sido demostradas falsas, pero con la etiqueta de “colaborador del CDN” pegada en la frente, cada declaración suya llega ya contaminada al tribunal de la opinión pública.

En el fondo, la historia de este “Juan sin miedo” es la de siempre en la frontera: cuando alguien no incomoda a Los Zetas ,pero si demasiado al Ejército y a la Marina. 

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/