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martes, 28 de abril de 2026

«MANDO VERTICAL + OPERACION HORIZONTAL»: «HARFUCH y la MARINA en MODO ILUSO PRESUMEN CAIDA del JARDINERO DESESTABILIZA al C.J.N.G»…importa,pero no en los términos que presumen.


El guion no cambia: 
conferencia, micrófonos, uniformes impecables… y la promesa de que ahora sí, ahora sí, el narcotráfico quedó “seriamente afectado”. Esta vez, el protagonista del espectáculo es Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya captura —según el Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles— representa una “desestabilización significativa” para la organización criminal.

Porque claro, en México cada detención relevante viene acompañada de esa palabra mágica: “significativa”. Una que, curiosamente, nunca se traduce en menos violencia, menos extorsión o menos control territorial.

Mas de dos décadas haciendo lo mismo, sería iluso,esperar resultados distintos.

Según la narrativa oficial, “El Jardinero” no era cualquier pieza:era operador clave en la distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, manejaba estructuras “casi autónomas” y su caída, dicen, pega directo en la cadena de suministro del CJNG. Traducción libre: otro engrane importante que será reemplazado en cuestión de días, horas o minutos, porque el mando es vertical y el infeliciaje horizontal, cayo el bloque de las alturas, la pirámide puede sostenerse sin problemas para la estructura, no asi para los ciudadanos que siempre padecen los reacomodos.

El operativo —nos aseguran— fue impecable: 19 meses de inteligencia, cooperación con agencias estadounidenses y cero disparos. Nos dicen que capo terminó escondido en una tubería bajo la carretera, como si el narco en México no fuera una estructura empresarial compleja, sino un juego de escondidas y…de ajedrez.

Pero el verdadero retrato del personaje no lo da la épica militar, sino la descripción de Omar García Harfuch: “El Jardinero” no solo movía droga, también operaba un sistema de extorsión perfectamente aceitado. Transportistas obligados a reportar rutas, cargas, placas y destinos; empresas pagando cuotas para circular; amenazas como política pública paralela.

Un modelo criminal que no solo recauda dinero, sino que regula economías enteras. Un sistema donde el Estado no desaparece: compite… y pierde.

La estructura descrita por Seguridad suena menos a “delincuencia” y más a administración territorial: cobros sistemáticos, control logístico, vigilancia de rutas y simulación de protección. Es decir, exactamente lo que un gobierno debería hacer, pero en versión criminal y con mayor eficiencia.

Por si faltaba contexto, “El Jardinero” no era improvisado: exjefe de seguridad de “El Mencho”, operador consolidado y, según la OFAC, responsable de laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas. Un perfil de alto nivel que, pese a recompensa de 5 millones de dólares, operó durante años con suficiente margen para construir redes regionales de extorsión.

Y aquí viene la pregunta incómoda que nunca se responde en las conferencias: si este personaje tenía control sobre rutas, empresas, territorios y producción de drogas… ¿dónde estaba el Estado todo ese tiempo?

La detención, celebrada como “golpe importante”, vuelve a exhibir la paradoja de siempre: cada captura confirma el tamaño del problema que supuestamente ya estaba bajo control.

No es que no importe en absoluto; el punto es que no importa en los términos que presume el gobierno.

El CJNG —como otros cárteles modernos— funciona con una mezcla incómoda para el Estado: mando vertical + operación horizontal. Y eso hace que la caída de perfiles como “El Jardinero” sea más reemplazo que ruptura.

Primero, el mando vertical:
Sí existe una cabeza clara (El Mencho) y una línea de autoridad. Eso permite disciplina, identidad y continuidad estratégica. Pero esa verticalidad no implica dependencia operativa de cada mando medio. Es decir, el jefe da línea, pero no ejecuta cada parte del negocio.

Luego, la estructura horizontal:
Las operaciones —extorsión, tráfico, producción, control territorial— están fragmentadas en células semi-autónomas. Cada una:

  • Tiene capacidad logística propia.
  • Genera ingresos independientes.
  • Puede adaptarse rápido sin pedir permiso constante.

Esto significa que cuando cae un operador como “El Jardinero”:

  • La función no desaparece, se redistribuye.
  • La red ya existe, no hay que reconstruirla.
  • Los incentivos siguen intactos (dinero, control, impunidad).

Un ejemplo claro: si él coordinaba extorsiones a transportistas, no necesitas “crear” el sistema otra vez. Ya tienes:

  • Listas de empresas.
  • Rutas controladas.
  • Halcones y cobradores activos.

Solo cambias al administrador.

Además, hay un factor clave que el discurso oficial evita:
la captura confirma que la estructura estaba plenamente operando, no debilitada. Es decir, no es que lo hayan frenado a tiempo, sino que creció lo suficiente como para volverse visible y prioritario.

Y el golpe tampoco es financiero en sentido profundo:

  • Los laboratorios siguen ahí.
  • Las rutas siguen siendo rentables.
  • La demanda en EE.UU. no cambia.

Sin intervención simultánea en flujos de dinero, redes logísticas y protección institucional, quitar a una persona es como cerrar una caja registradora mientras el negocio sigue abierto.

En resumen:
La caída de “El Jardinero” afecta, sí, pero no desestabiliza estructuralmente porque el CJNG no depende de individuos, sino de sistemas replicables. Y esos sistemas —extorsión, producción, distribución— ya están descentralizados.

Aqui el verdadero problema no es quién cae, sino por qué todo sigue funcionando igual después de que cae.

Pero no importa. Mañana habrá otro “objetivo prioritario”, otra “desestabilización significativa” y otro comunicado triunfal. Mientras tanto, las rutas siguen operando, las cuotas siguen cobrándose y el negocio —ese sí— no se detiene porque recordemos,se trata de un solo detenido y cuidado cuando hablan de debilitados.

Con informacion: ELNORTE/

«JUICIO SERÍA LARGO»: «CONTRALMIRANTE HUACHICOLERO ECHA MANO del GARANTISMO ARGENTINO y se OPONE a ser EXTRADITADO»…vale mucho lo que sabe y aqui les interesa mucho…que no lo diga.


La extradición de mexicanos desde Argentina puede prolongarse durante meses cuando se trata de delitos de delincuencia organizada, como en el caso del Contralmirante Fernando Farías Laguna, a diferencia de expedientes de personas acusadas por fraude u otros ilícitos donde el proceso puede resolverse en pocas semanas.

Si alguien en México creia que bastaba con pedir “favor de devolver al prófugo” y listo, la realidad en Argentina funciona con otro manual: uno más lento, más jurídico… y bastante menos complaciente.

La extradición de mexicanos desde Buenos Aires no es trámite exprés cuando el expediente huele a delincuencia organizada. Ahí no hay fast track, ni atajos diplomáticos, ni conferencias mañaneras que aceleren el reloj. Lo que hay es un proceso judicial que puede arrastrarse durante meses —o más bien, un año completo— como ya lo demostró el caso del ex funcionario estrella de Segalmex, Manuel Lozano Jiménez.

Lozano cayó en mayo de 2023 en el aeropuerto de Ezeiza, como caen muchos: confiado, con pasaporte en mano, hasta que el sistema escupe una ficha roja de Interpol y se acabó el viaje. De ahí en adelante, lo que siguió fue un viacrucis legal: casi doce meses para que un juez argentino, Federico Villena, dijera “sí, procede la extradición”. ¿La razón? Porque cuando hay redes financieras, peculado y delincuencia organizada, los argentinos no firman entregas a ciegas: revisan, escuchan a la defensa, analizan y, sobre todo, se toman su tiempo.

Mientras tanto, México también jugó a su propio ritmo: la Fiscalía General de la República tardó casi un año en formalizar la solicitud de extradición. Porque si algo caracteriza a estos casos es la sincronía… pero para la lentitud.

El expediente Lozano no es cualquier cosa: forma parte del festín de Segalmex, donde se pagaron más de 142 millones de pesos por azúcar fantasma. De 7 mil 800 toneladas, llegaron poco más de 3 mil. El resto, como muchos recursos públicos en México, simplemente se evaporó.

Y justo en ese mismo carril —el de los procesos largos, complejos y judicializados— aparece ahora el contralmirante Fernando Farías Laguna. Detenido también en Buenos Aires, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas mexicanas, Farías ya entró al circuito serio: tribunales federales en Comodoro Py, bajo la lupa del juez Julián Ercolini.

Traducción: esto ya no es un trámite administrativo. Es un pleito judicial completo, con audiencias, recursos, defensa activa y revisión minuciosa de cada papel enviado desde México. Y eso, inevitablemente, significa tiempo.

Porque Argentina no extradita por reflejo. Primero verifica que los delitos existan también en su legislación, que el expediente esté bien armado y que se cumplan los tratados internacionales. Y si algo falla, el proceso se atora.

Por si fuera poco, Farías trae equipaje extra: problemas locales por presunto uso de documentos falsos al entrar al país. Otro frente legal que puede meterle más freno al asunto.

Pero el verdadero giro está en la estrategia: Farías ya dijo que no piensa regresar a México. Rechazó allanarse a la extradición y anunció que pedirá asilo político, bajo el argumento clásico de manual: riesgo a su vida e integridad.

El dato no es menor. Cuando un acusado pide asilo, el reloj se vuelve todavía más elástico.

Su abogado, Epigmenio Mendieta, lo dejó claro sin rodeos: no hay intención de cooperar con la entrega. Y aunque la solicitud de asilo debía presentarse de inmediato, ni eso salió a tiempo. La audiencia se pospuso por falta de documentos. Porque sí, incluso la defensa necesita ordenar sus papeles.

Así que el panorama es bastante claro: si alguien en México espera ver a Farías Laguna pronto en un tribunal nacional, más vale que se siente.

En Argentina, la justicia no corre… camina. Y cuando se trata de corrupción, redes criminales y expedientes incómodos, camina todavía más despacio.

Con informacion: ELNORTE/

«INDIGNACIÓN es PARTIDISTA»: «FISCAL de MORENA DETENIDO en 2001 por SERVIR al CDG CONFESÓ en REDES CANAL de COMUNICACION con EE.UU que VIOLA la LEY de SEGURIDAD NACIONAL»…en el articulado legal casi todo es delito para deleite narco.


Imaginemos por un momento —ese ejercicio incómodo que la política mexicana siempre evita— que el escándalo de Chihuahua no tuviera sello panista, sino guinda,es decir Moreno. Que el operativo con “turistas” estadounidenses, la renuncia exprés del fiscal y la narrativa de “nadie me avisó” ocurrieran bajo un gobierno de Morena. No estaríamos hablando en cadena nacional de violaciones a la Ley de Seguridad Nacional .

Pero como el guion lo firma el PAN, el escándalo es mas que accidente burocrático y se asoma la cara de violacion de la ley, no error de comunicación, ni “omisiones” casi domésticas. La tragedia, como siempre, depende del color.

“La investigación no termina con una renuncia”

La Presidenta Claudia Sheinbaum,con esa terquedad selectiva que le caracteriza cuando ve que la paja en el ojo propio es una viga en el ojo ajeno, afirmó que la investigación sobre la presencia de dos agentes de Estados Unidos en operativo en Chihuahua no terminará tras la renuncia del Fiscal estatal.

«Ayer viene una renuncia y pues se tiene que seguir investigando. Tiene que seguir la investigación, no para con una renuncia, tiene que seguirse investigando. Ese es no solamente un pensamiento de la Presidenta, sino que lo trae la Fiscalía General de la República ya como una investigación. Entonces, ya la Fiscalía podrá dar su información respecto a esto.»…Presidenta Claudia Sheinbaum

El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Traducción hipotética en clave morenista: si esto hubiese ocurrido bajo un gobierno de Morena, ni siquiera el fiscal habría renunciado, tendríamos a la presidenta defendiendo el punto sin necesidad de maniobras de contención: sin cortar una cabeza para salvar al cuerpo. 

“La Fiscalía ya trae la investigación”
Aquí es donde el sarcasmo se escribe solo. Si Morena fuera la implicada, la Fiscalía “ya trayendo la investigación” sería sinónimo de carpetazo en cámara lenta, de autonomía ficticia, de fiscalía domesticada y de expedientes diseñados para morir antes de judicializarse, es y ha sido el sello de la casa.

Un botón de muestra

En Tamaulipas,bajo el gobierno de Americo Villarreal ,podemos citar el caso del ahora Fiscal General Jesús Eduardo Govea ,como “ejemplo claro” de que pasa cuando eres de la misma camada.

Con un solo mensaje en redes el 26 de Septiembre de 2025 del propio Fiscal, y atendiendo la literalidad de la Ley de Seguridad Nacional , se configura una zona de riesgo legal donde es perfectamente defendible de nuestra parte, afirmar que su conducta encaja en una hipótesis de posible violación u omisión frente a la Ley de Seguridad Nacional.

Qué exige exactamente la Ley

De la reforma de 18 de diciembre de 2020 al Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional se desprenden tres puntos letales para cualquier fiscal que se “reúna” alegremente con gringos y luego lo presuma en redes:

  • Artículo 69: los agentes extranjeros solo pueden estar en México para intercambio de información dentro de convenios y programas formales, con acreditación, circunscripción territorial y aval de SRE, SSPC, SEDENA y Marina.
  • Artículo 70:
    • Todo servidor público, incluidos los de entidades federativas, debe apegarse a esta Ley y a los lineamientos del Consejo; la inobservancia puede ser responsabilidad administrativa o penal.
    • Cualquier reunión, intercambio de información, llamadas o comunicaciones con agentes extranjeros debe:
      • Ser autorizada previamente por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
      • Tener presente a un representante de la SRE.
      • Reportarse por escrito a SRE y SSPC en los tres días siguientes.
  • El conjunto de artículos 71 a 74 refuerza que la supervisión es permanente, que no hay inmunidad y que cualquier desvío de la ruta formal puede generar responsabilidad tanto para los agentes extranjeros como para los funcionarios mexicanos que cooperen fuera del cauce.

Traducción política: la ley está escrita justo para que cualquier funcionario que se brinque los conductos federales quede colgado de la brocha.

Qué hizo Govea

Govea, como fiscal anticorrupción del gobierno de Américo, acudió a una reunión de trabajo en la Embajada de Estados Unidos en CDMX, convocada por personal del FBI, con fiscales de la CONAFA.

Él mismo enfatiza la colaboración y la existencia de canales de comunicación directos con autoridades de EE.UU que a decir de la Ley de Seguridad Nacional violan la formalidad y situa su conducta en zona de riesgo legal” por las adiciones de 2020, al grado de afirmar que “debería ir a la cárcel otra vez”, pues ya estuvo 7 meses en penal de alta seguridad en 2001, si se aplicara la ley con rigor.

El punto clave: el propio Govea desde sus redes reconoce la reunión convocada por FBI en embajada, en el ejercicio de su cargo, y fuera de cualquier referencia visible como advierte la LSN: autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, presencia de SRE en la reunión, o envío del informe en tres días a SRE y SSPC.

Eso abre la puerta para plantear, al menos, tres posibles violaciones:

  • Inobservancia del artículo 70 (no seguir las normas y parámetros, sin acreditar el paso por el Grupo de Alto Nivel, ni la presencia de SRE, ni el informe a SRE/SSPC).
  • Posible responsabilidad administrativa por esa omisión, derivada directamente de la norma (“su inobservancia será causa de responsabilidad administrativa o penal”).
  • Posible configuración de responsabilidad penal si se acreditara que la interacción dio lugar a gestiones o acuerdos que rebasan el marco formal de convenios y supervisión previsto por los artículos 71 a 74.

Como se adviérte,la ley castiga cualquier conducta,incluso loable, pues su articulado adicionado en 2020 tenia el propósito de cerrarle al puerta a EE.UU,cuando ya estaban abiertas de par en par las del narco.

La ley es la ley:

Bajo el Título Séptimo de la Ley de Seguridad Nacional, cualquier rebanada de esa escena exige ruta federal: autorización previa del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, presencia de la SRE en la reunión y reporte por escrito a SRE y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en los tres días siguientes.

Govea no ha mostrado un solo papel que acredite que cumplió esos requisitos, y en sus propios mensajes se jacta del canal directo con autoridades estadounidenses. De acuerdo con el artículo 70, esa inobservancia, por sí sola, ya es causa de responsabilidad administrativa o penal.

Si la ley de AMLO se aplicara con el mismo celo con que se invoca la “soberanía” en los discursos mañaneros, el fiscal morenista estaría desfilando otra vez por un proceso penal, no dando entrevistas sobre su cruzada anticorrupción. La ironía es brutal: la coartada de soberanía que se diseñó para blindar al arreglo narco-político convierte en sospechoso, por escrito, al funcionario que se atreve a cooperar en serio con Estados Unidos sin pedirle permiso al altar burocrático.

El contraste político es demoledor: al PAN se le da trato de “escándalo por soberanía”, pero el morenista que hace algo que también incomoda al articulado legal, queda protegido por silencio y por la misma norma que lo podría reventar,si se aplica literal y a rajatabla.

La pregunta que queda no es si hubo irregularidades —todo indica que sí—, sino si alguna vez veremos el mismo estándar aplicado sin importar el color del gobierno.

Con informacion: ELNORTE/ LEY SEGURIDAD NACIONAL/ @REDES/

EL "ESLABON MAS DEBIL": "MAGENTA PRESUME HALLAZGOS que PRESUMEN EMBRONCADO al TESTAFERRO del ANDY"...en EE.UU,no en estamos hundidos.


El cerco al escándalo del huachicol fiscal se está cerrando. En México y en Estados Unidos. Cateos a corporaciones texanas, presuntamente involucradas en el trasiego ilícito de combustibles, sumadas a la captura en Argentina del Contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de participar en la red que articuló la importación ilícita de gasolinas y diésel durante el gobierno de la Cuarta Transformación, están acelerando los desenlaces.

Y en el centro de esas investigaciones aparece hoy el nombre de Jorge Amílcar Olán, el principal “amigo fachada” en los negocios de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. A quien Andy le dice de cariño “Mi George”. Amílcar Olán es, por decir lo menos, el eslabón más débil o el hilo más delgado que pronto se romperá para exhibir la red de corrupción más grande en la historia moderna de México, la del llamado Grupo Tabasco. Los que mintieron, robaron y traicionaron.

Amílcar Olán, el de las grabaciones de “El Clan” exhibidas por el sitio Latinus y por Carlos Loret, vuelve hoy al primer plano al convertirse en el centro de las  investigaciones del gobierno de los Estados Unidos, que se vinculan con la red de corrupción de la familia presidencial que gobernó a México de 2018 a 2024, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que continúa su ruta de ilegalidades y enriquecimiento a costa del Erario, en el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los nuevos hallazgos en torno a Amílcar Olán tendrían su epicentro en la corporación Ikon Midstream, que el pasado 16 de abril fue cateada en sus cuarteles de Houston, en Texas, bajo sospecha de que era la facilitadora de la exportación a México de gasolinas y diésel, que ingresaban como aceites para evadir impuestos, en la trama que conocida como “huachicol fiscal”. Los permisos falsificados eran otorgados por una amplia red de complicidades dentro de Pemex, operada por Andy López Beltrán y sus incondicionales Daniel Asaf y Marcos Herrería.

La enorme diferencia es que esta investigación -que incluyó la requisa de decenas de computadoras y algunos servidores de la corporación texana- es operada por autoridades norteamericanas que rastrean los contratos criminales para traficar con energéticos hacia México.

De acuerdo a informes de inteligencia norteamericanos, Amílcar Olán, a través de algunas de sus empresas fachada, sería uno de los usuarios de esos servicios de Ikon Midstream, la misma corporación que rentó el buque Torm Agnes para transportar “huachicol fiscal” con destino al puerto de Ensenada, en Baja California, en un operativo en el que fueron involucrados el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el Contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos del ex Secretario de Marina, Rafael Ojeda. Fernando -quien estaba prófugo- ya fue capturado en Argentina. Los Estados Unidos están reclamando su extradición para que aporte los detalles de los operativos en los que habría participado la dupla López Beltrán-Olán.

Por ahora, las indagatorias con intercambio de información entre las centrales de inteligencia norteamericanas y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana arrojan que Amílcar Olan controla decenas de empresas fachada en las que participan su esposa Brenda Cepeda, su padre Jorge Luis Olán Rodríguez y otros familiares prestanombres. Entre esas empresas figuran Triturados Basálticos del Sur, Energy Offshore, Poyago, Diagnóstico Biomolecular, Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis y Tu Marca, propietaria del restaurante King Cole Bar, en el hotel St. Regis de la Ciudad de México.

Una de las más prominentes empresas de la red de Amílcar Olan es Romedic S.A. de C.V. cuyo representante legal es Jaime Augusto Priego Rodríguez, hermano del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Arturo Enrique Priego. Romedic es una de las empresas favoritas para la adquisición de medicamentos en entidades como el Instituto Mexicano del Seguro Social y una decena de gobiernos morenistas que le compran directamente esas medicinas a la empresa del amigo de Andy López Beltrán.

De acuerdo a los reportes de inteligencia norteamericanos, la red de Amílcar Olán incluye facturaras como Grupo Watashi S.A. de C.V., así como Licksax S.A. de C.V., protegidas ambas desde el SAT en donde despacha Antonio Martínez Dagnino, otro muy cercano amigo del clan de Andy López Beltrán.

En las indagatorias se asientan compras de inmuebles a través de empresas como Pyramid Desarrollos Inmobiliarios, además de que se rastrean transferencias a Estados Ubidos, Reino Unido y Suiza, en lo que se presume existe una red de lavado de dinero de los negocios de Amílcar Olán.

Los reportes cotejados entre los servicios de inteligencia norteamericanos y la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana dejan en claro la amplia red de familiares, políticos morenistas, personajes ligados al huachicol fiscal, inmobiliarias y empresas financieras que blanquean los dineros de este clan, que hoy está bajo los reflectores de los Estados Unidos.

Mañana conocerán los detalles de esas empresas, de esos personajes y de innumerables transacciones, ligadas todas a Jorge Amílcar Olán, alias “Mi George”, el más cercano a Andy López Beltrán.

Con informacion: CODIGO MAGENTA/

LA «MISTERIOSA CARTA»: «CONTRALMIRANTE FUE EJECUTADO en MEDIO de NADA MISTERIOSO EMBARRADERO de UNIFORMES MILITARES»…para entender ese contrato con la muerte,ni siquiera hay que leer letras chiquitas.


El 14 de junio de 2024 el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar acudió a las oficinas del entonces secretario de MarinaRafael Ojeda Durán, para denunciar una red de tráfico de huachicol fiscal que operaba desde las aduanas marítimas e involucraba a altos mandos de la institución. 

Aristegui Noticias dio a conocer un audio en el que se registraron conversaciones ocurridas durante el encuentro. Guerrero Alcántar le entregó al secretario los nombres de los mandos involucrados en la red, entre los que destacaban los del capitán Miguel Ángel Solano Ruiz y el capitán Climaco Aldape Utrera, quienes decían actuar a nombre de los dos sobrinos de Ojeda: el contralmirante Fernando Farías Laguna y el almirante Manuel Farías Laguna, a quienes el gobierno mexicano ha ubicado como cabezas de la organización que saqueó a la nación más de 600 mil millones de pesos. 

En la grabación, donde aparecen las voces de dos personajes que no han sido identificados, pero que fuentes de la Marina atribuyen a las del jefe de la unidad de Inteligencia Naval y del oficial mayor de la institución, el secretario Ojeda propuso dos caminos: 

“O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esa bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”. 

En esa reunión, el secretario de Marina ordenó al contralmirante Guerrero Alcántar que pusiera en un informe todo lo que sabía de la red de corrupción y tráfico de huachicol fiscal y entregara un organigrama con todos los mandos involucrados. 

Conviene repetir esta historia. Guerrero Alcántar se reunió más tarde con el nuevo secretario de Marina, Raymundo Morales, y luego pidió licencia (ocupaba la subinspección administrativa de la Región Naval de Puerto Chiapas) para pasar unos días en Manzanillo. 

En su último día de permiso, el 8 de noviembre de 2024, fue emboscado y asesinado por dos motociclistas. Su asesinato permanece impune. 

Ante el secretario Ojeda había admitido que recibió dinero por parte de la red criminal, y que recibía instrucciones del capitán Solano. Un testigo protegido bajo el nombre de “Santo” entregó a las autoridades capturas de pantalla en las que Solano informaba que en la red había “gente importante de altos niveles”, que “tenía el apoyo de Los Primos (los sobrinos del almirante Ojeda)” y “de gente de alto nivel que no se imagina”. Solano decía que “ya a nivel central” se tenía conocimiento de todo, y que había “mucha gente metida en esto”. 

Tras el asesinato de Guerrero Alcántar, su remplazo en la Región Naval de Puerto Chiapas reveló que en la oficina del contralmirante había encontrado una carta y un diagrama. Eran, presumiblemente, la carta y el diagrama que el almirante Ojeda le había pedido elaborar. 

La carta, manuscrita y que forma parte de la carpeta de investigación 325/2025, está fechada el 14 de junio de 2024. Consta de un total de 83 puntos y aborda con mayor profusión de detalles lo que está contenido en el audio que dio a conocer el portal Aristegui Noticias. 

Relata los encuentros del contralmirante con Miguel Ángel Solano Ruiz y otros mandos que formaron parte de la red. 

Pero llaman la atención varios puntos. 

En uno de ellos (marcado con el número 19), Guerrero Alcántar sostiene que el capitán Solano ofreció apoyo al almirante Fernando Farías Laguna “para de alguna manera administrar y supervisar las Aduanas Marítimas” y apunta que este no aceptó la propuesta e incluso bloqueó “cualquier tipo de comunicación” con Solano y otro mando que se le había acercado: Rafael Sánchez Hernández. 

En otros dos puntos (14 y 15), Guerrero dice que el capitán Climaco aceptó “trabajar” con el capitán Solano, alegando que había obtenido autorización del contralmirante Manuel Roberto Farías Laguna para hacerlo. Pero en una nota al margen se apunta que “el suscrito” no tuvo nunca evidencia de que Farías Laguna hubiera otorgado esa autorización y que todo se llevó “únicamente con la palabra del capitán Climaco”. 

En diferentes anotaciones, Guerrero Alcántar afirma que no presenció nunca la entrega de pagos a los hermanos Farías, que los capitanes Solano y Climaco impidieron que tuviera cualquier acceso a estos, y que cuando logró reunirse con Fernando Farías este negó que dichos mandos “estuvieran realizando acciones bajo su autorización”. 

Sostiene que estuvo presente el día en que Fernando Farías Laguna encaró al capitán Solano y que este mintió “en presencia del suscrito” diciendo: “No trabajo en nada de las Aduanas”. 

Escribió en su carta el contralmirante Guerrero que Manuel Roberto Farías Laguna cuestionó a su vez al capitán Climaco, y que este negó tener vínculos con Solano y haber “metido mano” en las designaciones en la Agencia Nacional de Aduanas de México. 

La carta está llena de notas y anotaciones en las que se niega que los Farías estuvieran detrás de Solano y Climaco. “Se concluye que jamás el capitán Climaco tuvo el apoyo o autorización por parte del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna o del contralmirante Fernando Farías Laguna para que se apoyara al capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz”, termina la carta. 

El documento coincide con los puntos que Guerrero Alcantar expuso en la conversación que, según el audio de Aristegui, sostuvo con el secretario Rafael Ojeda. 

¿Por qué querría exculparlos? 

La defensa de Fernando Farías Laguna afirma que tiene en su poder un conjunto de capturas de pantalla que prueban que el almirante denunció ante su tío la existencia de la red de tráfico y le advirtió que “querían” involucrarlos. 

Son demasiados los puntos oscuros. Lo que queda claro es la operación de encubrimiento a través de la cual varios de los personajes inmiscuidos en la red fueron asesinados. Una operación tendiente a proteger a los verdaderos jefes del desfalco millonario.

Con informacion: ELUNIVERSAL+/HECTOR DE MAULEON/