Finalmente, y contra todo pronóstico optimista de Palacio Nacional, el Tren Suburbano que conecta la CDMX con el AIFA fue inaugurado. Sí, ese mismo que debía estar listo en 2023, según la palabra presidencial de Andrés Manuel López Obrador, pero que terminó llegando con dos años de retraso y una factura que superó los 25 mil millones de pesos. Porque en la 4T, las promesas no se rompen… solo se posponen.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en un ejercicio de honestidad cuidadosamente dosificada, reconoció que hubo “problemas” en la construcción. Traducción: conflictos sociales, negociaciones atoradas y, en términos más claros, la incapacidad de conciliar obras faraónicas con las comunidades que terminan pagándolas en territorio y desgaste. Pero no fueron “problemas”, aclaró, sino “acuerdos con los pueblos”. Un eufemismo elegante para lo que en cualquier otra administración sería crisis de gestión.
Aun así, rodeada de gobernadores, secretarios, militares y todo el aparato institucional listo para la foto, Sheinbaum declaró sin rubor que con esta obra “se cumple con el pueblo de México”. Porque en el manual político, cumplir no implica hacerlo a tiempo ni dentro del presupuesto, sino eventualmente cortar el listón.
Y como si se tratara de una operación militar —porque últimamente todo lo es—, la presidenta remató con un solemne “misión cumplida”, citando a las Fuerzas Armadas, esas mismas que hoy no solo construyen aeropuertos y trenes, sino que también se han convertido en el brazo ejecutor de la infraestructura nacional pletórica de corrupción.
El recorrido inaugural, de Buenavista al AIFA, pretende vender la idea de una red ferroviaria en expansión que conectará eventualmente con Pachuca, Querétaro y hasta Nuevo León. Por ahora, lo concreto es un trayecto de 41 kilómetros que promete hacerse en una hora… siempre y cuando la realidad no decida intervenir.
El costo del viaje será de 45 pesos, con trenes cada 30 minutos —aunque prometen reducirlos a 12, como quien promete bajar la inflación— y una capacidad de 719 pasajeros por vagón. Todo operado con la Tarjeta de Movilidad Integrada, porque modernidad no falta… aunque la planeación haya llegado tarde.
Eso sí, no faltó el toque simbólico: la propuesta de nombrar la última estación en honor a Clara Kraus, esposa de Felipe Ángeles, en un intento por mezclar infraestructura, memoria histórica y narrativa oficial en una sola parada.
Mientras tanto, el gobierno presume que 82 mil pasajeros diarios usarán esta vía. Una cifra optimista para un aeropuerto que, hasta ahora, ha tenido más discursos que vuelos.
Así, entre retrasos, sobrecostos y discursos triunfalistas, el Tren Suburbano al AIFA se suma a la colección de obras emblemáticas del sexenio: esas que siempre llegan, pero nunca como se prometieron.
La hoy Fiscal de la Republica,Ernestina Godoy, escribe hoy para El Universal ,su «Plan Estratégico Parte II», donde nos comparte otra vez, como lo han hecho las fiscalias de anteriores gobiernos, otro diagnóstico impecable que, como siempre, han naufragado al momento de convertirse en resultados.
Durante años —nos dice— el Estado mexicano respondió al crimen de manera fragmentada. Traducción: cada quien por su lado, nadie rinde cuentas y la impunidad florece. Pero ahora sí, prometen, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 viene a corregir décadas de simulación. Porque, claro, nunca antes se había intentado “fortalecer capacidades institucionales”. Nunca.
La pieza central de esta nueva epifanía burocrática es el flamante Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia, que suena tan sofisticado como «Inteligencia contra la delincuencia», creación de Genaro Garcia Luna durante el sexenio de Felipe Calderon 2006-2012.
Ciencia, tecnología y análisis estratégico.
El objetivo declarado es dejar de acumular expedientes inútiles y empezar a construir casos sólidos. El implícito: admitir que, hasta hoy, el sistema se dedicaba precisamente a lo contrario.
Porque si algo sobra en México no son delitos sin investigar, sino carpetas mal armadas que se caen en tribunales. Pero ahora sí —otra vez— habrá rigor técnico, pruebas sólidas y sentencias firmes. La promesa es la misma de siempre; el rezago estructural, también.
Luego viene la modernización de la Agencia de Investigación Criminal, ese ente que en el papel coordina policías, peritos y analistas, pero que en la práctica suele operar como archipiélago de oficinas desconectadas.
El plan promete integración, tecnología y “productos de inteligencia táctica”. En la realidad, el desafío sigue siendo el de siempre: que los datos existan, que sean confiables y que alguien los use antes de que el expediente prescriba.
El documento también apuesta por fortalecer las 32 Fiscalías Federales, ahora convertidas en nodos territoriales de coordinación. La idea suena lógica: el crimen no es igual en Sonora que en Chiapas. El problema es que esa obviedad lleva años diagnosticada, mientras la presencia del Estado sigue siendo desigual, intermitente o francamente inexistente en amplias zonas del país. Reubicar oficinas y desplegar personal en 61 municipios prioritarios suena bien… hasta que se topa con presupuestos limitados, corrupción local y captura criminal.
En materia de feminicidio, el discurso vuelve a alinearse con la corrección política: perspectiva de género, evitar la revictimización, fortalecer capacidades técnicas. Todo necesario. Todo repetido. Porque aunque la Federación “acompañe”, la realidad es que la mayoría de los casos se pierden en fiscalías locales rebasadas, donde la impunidad sigue siendo la regla, no la excepción.
Finalmente, aparece el comodín institucional: el Servicio Profesional de Carrera, esa promesa eterna de meritocracia en un sistema donde históricamente han pesado más las lealtades que las capacidades. La narrativa insiste: sin personal preparado no hay transformación. La práctica recuerda que profesionalizar implica depurar, y depurar implica costos políticos que rara vez se asumen.
El cierre es impecable en su retórica: una Fiscalía más sólida, más profesional, más inteligente. Un Estado que fortalece sus capacidades para que la justicia deje de ser aspiración. El problema es que México ya acumula planes, reformas y rediseños institucionales suficientes como para escribir una enciclopedia del “ahora sí”.
La distancia entre diagnóstico y realidad no está en el papel. Está en la ejecución. Y ahí es donde, históricamente, estos planes siempre han fallado con puntualidad quirúrgica.
Que decia Garcia Luna y FCH
Slogan y discurso oficial: “Inteligencia contra la delincuencia”
Durante el sexenio de Felipe Calderón y Genaro García Luna, igual que con Shienbaum y Garcia Harfuch,se se presumía la “inteligencia” como eje de la estrategia contra la delincuencia organizada.
1. Slogan y uso en discursos oficiales
Durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, impulsó el lema “Inteligencia contra la delincuencia” como parte central de la estrategia de seguridad. El objetivo era diferenciarse de operativos meramente reactivos y destacar el uso de tecnología, análisis y coordinación interinstitucional.(…algun parecido ?)
Ejemplo de uso en discurso oficial:
“La estrategia de seguridad del gobierno federal se basa en la inteligencia contra la delincuencia, utilizando tecnología de punta y análisis de información para anticipar y neutralizar las acciones del crimen organizado.” — Felipe Calderón, 2008, presentación del C4 en la Ciudad de México.
2. Material visual y campañas
Imágenes de conferencias de prensa: García Luna y Calderón frecuentemente aparecían juntos en eventos donde presentaban centros de mando, mapas digitales, pantallas de monitoreo y equipos de inteligencia policial.
Fotografías oficiales: Se difundieron imágenes de los Centros de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4 y C5), con el logo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y el slogan “Inteligencia contra la delincuencia”.
Videos institucionales: En spots televisivos y redes sociales, se mostraban operativos coordinados, uso de tecnología, y frases como:
“La inteligencia es nuestra mejor arma contra el crimen.”
3. Textos periodísticos y comunicados
El Universal, 2008:
“García Luna presenta el nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia contra la delincuencia, con énfasis en la coordinación de información y la tecnología de punta.”
Excélsior, 2009: “El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, destacó que la inteligencia policial es el eje de la lucha contra el narcotráfico.”
4. Referencias documentales
Informe de Gobierno 2008:
“La Secretaría de Seguridad Pública Federal ha fortalecido sus capacidades de inteligencia contra la delincuencia, desarrollando sistemas de información y análisis criminal.”
Libro “El enemigo en casa” de Anabel Hernández: Incluye referencias directas a la obsesión de García Luna por la tecnología y la inteligencia como herramientas clave del combate al crimen.
El slogan “Inteligencia contra la delincuencia” fue una de las banderas más visibles del sexenio de Calderón y García Luna, utilizado en discursos, campañas institucionales, y material gráfico. La promesa era que la tecnología y el análisis de información cambiarían el rumbo de la lucha contra el crimen organizado, aunque la realidad terminó mostrando limitaciones y contradicciones de esa estrategia, que vemos otra vez.
El secreto de la vida, decía Groucho Marx, es la honestidad y el juego limpio; si puedes simularlo, lo has conseguido. En Tamaulipas, donde la simulación es arte de Estado, la frase pega como anillo al dedo a la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado , Tania Contreras: la misma que hoy se viste de “cero impunidad” y que ayer caminó de la mano de estructuras de crimen organizado y corrupción sin que la ley se le atravesara en el camino.
De conejera jurídica «manchada a magistrada limpia”
Tania Contreras no nació juzgadora, nació como ex conejera jurídica del gobierno estatal: aquella que se mueve en el entorno de alcaldes y operadores que se han visto enredados con el crimen organizado. Desde allí, guió un Poder Ejecutivo que miró con indulgencia cómo su primo hermano, el ex alcalde de Hidalgo, alentaba la liberación de un líder de la Columna Armada Pedro J. Méndez, un grupo paramilitar vinculado al Cártel del Golfo y acusado de delitos de terrorismo.
Con esa hoja de vida, la hoy magistrada presidenta del STJE se lanza a la narrativa de “autoridad moral”: castiga a cuatro servidores públicos por presuntas irregularidades, y repite que la institución marcha bajo la bandera de “cero impunidad” y “combate a la corrupción”. Como si limpiar la mesa sucia de abajo fuera suficiente para ocultar que, por encima, sigue el mismo olor a complicidad tolerada.
La familia, el crimen y la “buena conducta”
Más allá de los discursos, lo que sigue persiguiendo a Tania Contreras es el mapa de vínculos que no se atreve a negar:primo hermano ligado a una columna armada ligada a liderazgo regional del CDG, cuñado acusado como epicentro de una red de huachicol y corrupción en la Agencia Nacional de Aduanas.
La Defensa Nacional la señaló como eje de una red de contrabando de hidrocarburos; el oficio iba firmado por el general Luis Cresencio Sandoval, ex-Secretario de la Defensa Nacional,no por un redactor de prensa.
Mientras tanto, la magistrada presidenta da conferencias asegurando que la máxim a preocupación de la gente es “cero impunidades” y que el Poder Judicial se ha vuelto transparente, accesible y cuantificable. Es un acto de ironía mayúscula: ella, que compartió espacio político con quienes se hicieron cómplices y no solo cómplices pasivos de grupos armados, hoy se vende como la correctora de los malos de abajo.
La hipocresía de alto rango
Groucho, con su desparpajo, diría que el truco está en fingir la virtud sin tenerla. Y en Tamaulipas, eso se ha convertido en receta oficial para llegar a gobernar: mostrarse humanista y salvadora moral, mientras el pasado la alcanza como la operadora de un gobernador ligado antes,durante y despues,al crimen organizado que fue incluso indagado por el ejercito que entonces actuaban mas como militantes de Morena,que como militares.
Si de verdad hubiera juego limpio, la magistrada presidenta tendría que explicar por qué, cuando ostentaba la máxima figura jurídica del Ejecutivo, no levantó ni una sola denuncia contra la Columna Armada Pedro J. Méndez, ni contra el pacto que esa columna sostenía con el círculo político que la encumbró. Y si de verdad hubiera honestidad, la prensa crítica no sería su objetivo, sino el propio espejo que le devuelve el rostro de una servidora que se hizo grande en el sistema que hoy promete purgar.
¿Gobernadora de qué?
Tania Contreras quiere ser gobernadora de Tamaulipas, y para ello necesita que la ciudadanía olvide que su ascenso corre emparejado con el relato de familiares y cuñados que se movieron en el corazón de la corrupción y el crimen organizado.
Como proyecto «imposible» del Gobernador manchado,Tania quiere que el elector vea solo las fotos de “direcciones de atención ciudadana”, las cifras de “cuatro servidores removidos” y el discurso de “tolerancia cero”. Pero si el secreto de la vida es la honestidad… a Tamaulipas solo le queda elegir si compra la actuación o revisa el pasados no quiere volver a equivocarse eligiendo gente tan diferente que se parece tanto ,solo diferenciados por el nivel de sinverguenzas.
El nuevo mantra diplomático ya no se pronuncia en voz baja:Washington dejó de fingir cortesía y empezó a hablar en clave judicial. Lo que el embajador Ronald Johnson soltó en Los Mochis,Sinaloa —en apariencia un discurso más sobre inversión— fue, en realidad, una advertencia con destinatarios concretos: la fiesta de la impunidad para ciertos funcionarios mexicanos podría estar entrando en fase de auditoría externa.
El reportaje de Los Angeles Timesno es menor. Habla de algo más que cancelaciones de visa —ese castigo administrativo que en los hechos funciona como semáforo rojo para la clase política mexicana— y apunta hacia un terreno mucho más incómodo: posibles acusaciones en cortes federales estadounidenses contra políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. Es decir, el salto de la sanción diplomática a la judicialización transnacional.
Y aquí es donde el asunto deja de ser anecdótico y se vuelve estructural.
Porque si bien ya se ha documentado la revocación de visas a figuras como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila o Americo Villarreal de Tamaulipas, ya existen señalamientos de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría enfrentado una medida similar desde el año pasado —aunque sin confirmación oficial pública detallada como suele ocurrir en esta medidas—, pero el mensaje que se construye desde Washington no parece selectivo, sino sistémico.
La escena en Los Mochis lo ilustra bien: una inversión estadounidense de 3.3 mil millones de dólares (Mexinol) que debía simbolizar confianza bilateral terminó marcada por protestas locales y la ausencia del gobernador. Mientras tanto, el embajador estadounidense se replegaba con empresarios, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿confianza para invertir en qué entorno exactamente?
Johnson lo dijo sin rodeos, aunque con lenguaje diplomático: sin integridad no hay inversión. Traducido al español político: donde hay sospecha de colusión, el dinero empieza a huir.
La lista incómoda (y lo que no se dice en voz alta)
El punto más delicado no está en los nombres ya ventilados, sino en los que empiezan a circular en voz baja. Diversas versiones —aun no confirmadas oficialmente— han mencionado que el radar estadounidense no se limitaría a Sinaloa , Baja California, Tamaulipas o Michoacan, y que otros perfiles relevantes dentro de Morena también estarían bajo escrutinio.
Pero entre esos nombres nunca falta la mención fundada del gobernador aliado del crimen organizado en Tamaulipas, el ex-priista ahora Morenista, Américo Villarreal ,de quien ya se ha dicho existen acusaciones formales en Estados Unidos que tan solo esperan el momento coyuntural oportuno al que ya le antecedió la cancelación de la visa.
Tamaulipas muy y gracias a sus malos oficios ,permisivos y tóxicos, ya es subcampeón nacional de las desapariciones y sigue siendo un nodo crítico en la geopolítica del narcotráfico, y cualquier figura en este tablero está, por definición, bajo observación.
Y eso es justo lo que inquieta: no se trata de culpabilidades probadas, sino de la percepción de riesgo que Washington está dispuesto a procesar unilateralmente.
De la narrativa anticorrupción al expediente penal
El golpe político es doble. Morena, que construyó su legitimidad sobre la promesa de erradicar la corrupción, enfrenta ahora un escrutinio externo que no distingue entre discurso y realidad operativa.
Porque lo que sugiere Los Angeles Times no es una campaña simbólica, sino una estrategia con dientes:
Cancelación de visas como filtro inicial
Identificación de redes políticas sospechosas
Posibles acusaciones en tribunales de EE.UU.
Uso del marco del T-MEC como presión indirecta
Esto último es clave. El tratado comercial ya no es solo un instrumento económico, sino un mecanismo de disciplina política. Si la corrupción afecta la certidumbre jurídica, entonces deja de ser un asunto interno.
Soberanía vs. expediente abierto
El problema de fondo no es jurídico, sino político: ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos en la persecución de funcionarios mexicanos sin convertir la cooperación en intervención?
Y eso es justo lo que parece estar ocurriendo.
Lo que viene no será una lista oficial ni una conferencia mañanera con nombres. Será más sutil: filtraciones, restricciones, investigaciones silenciosas y, eventualmente, casos judiciales que aparecerán no en Palacio Nacional, sino en cortes del otro lado de la frontera.
El mensaje ya fue entregado. Ahora falta ver quiénes entienden que no era retórico y que el reloj del apocalipsis moreno que convirtió un partido en una organización criminal con tintes de colaboradora del terrrismo, esta en marcha.
En el ocaso del sexenio de Andrés Manuel López Obrador —cuando el reloj político ya marcaba la cuenta regresiva— el Gobierno decidió repartir 20 permisos para operar casinos a Operadora Clíe, una empresa que no llega precisamente con las manos limpias, sino con vínculos directos a casas de apuestas asociadas a la familia de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad de Tabasco, hoy señalado por asociación delictiva, secuestro y extorsión. Nada mal para cerrar administración.
La historia se pone más interesante —y más turbia— gracias a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encontró que Nabor Castrejón, socio mayoritario de Operadora Clíe, no era ningún improvisado en este ecosistema: antes de recibir los nuevos permisos, ya compartía licencia oficial con las casas de apuestas de la familia Bermúdez.
El documento en cuestión, el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, funcionó como llave maestra. Con él, Nabor operaba el casino Epic en Michoacán. Pero no solo eso: bajo ese mismo paraguas legal también corrían los sitios en línea CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste. Y aquí aparece otro nombre clave: Humberto Bermúdez Requena, hermano del ex titular de Seguridad de Tabasco, figura como socio de esa empresa. Como cereza del pastel, la constitución de esa compañía fue atestiguada nada menos que por el hoy senador morenista Adán Augusto López.
La red no termina ahí. La empresa Diamante Casino también operaba con ese mismo permiso, y apenas la semana pasada la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le aplicó sanciones por sus nexos con el Cártel del Noreste. Es decir, el mismo documento administrativo que circulaba entre socios, plataformas y casinos ahora aparece vinculado a estructuras señaladas por crimen organizado a nivel internacional.
A pesar de este contexto, la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob) autorizó el 1 de febrero de 2024 —ocho meses antes de que concluyera el gobierno de AMLO— la instalación y apertura de 20 centros de apuestas para Operadora Clíe. Todo, según la versión oficial, en cumplimiento de resoluciones derivadas de un juicio contencioso administrativo.
Para esas fechas, la Segob estaba encabezada por Luisa María Alcalde, entonces dirigente morenista en salida y hoy encaminada a convertirse en Consejera Jurídica de la Presidencia. Es decir, la firma política de esos permisos no es un dato menor.
Los 20 permisos otorgados tienen una vigencia de 15 años, lo que garantiza operación hasta 2039. Un negocio de largo aliento, blindado desde el papel.
El argumento legal para justificar la entrega fue el cumplimiento de la sentencia de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la que nunca se inconromaron, dentro del juicio 1681/19-17-08-5. Todo en regla… al menos en la narrativa jurídica.
Las autorizaciones fueron firmadas por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, abogado cercano a Luisa María Alcalde durante los últimos seis años, lo que termina de cerrar el círculo entre decisiones administrativas, relaciones políticas y beneficiarios.
