A cinco meses de destaparse el mayor escandalo de corrupcion con apellidos navales en el sexenio de Claudia Sheinbaum, con el desmantelamiento a medias de una red de contrabando de combustible en las aduanas de México, los marinos de alto rango Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna que supuestamente comandaban la trama siguen cobrando parte de su sueldo como militares y la defensa de los dos hermanos pide, ante la polémica por el salario, que se respete la presunción de inocencia y concede que se han planteado solicitar que la justicia militar asuma el caso.
De acuerdo con el diario español,El Pais, a principios de esta semana, el portal LatinUS publicó que los hermanos Farías Laguna siguen activos en el cuerpo uniformado y recibiendo sus pagos como vicealmirante y contraalmirante, pese a la orden de aprehensión contra ellos por encabezar una red de contrabando desde la Secretaría de Marina. “Nuestra postura es que se respete la presunción de inocencia y sus derechos laborales”, dijo via telefonica Epigmenio Mendieta, abogado de ambos: “Darles de baja de la milicia permanente requiere de una serie de formalidades que se deben cumplir”. De acuerdo con Mendieta, hay un proceso de baja contra ambos, pero existen pasos legales y posibilidad de amparos y recursos. “Antes de separarlos de sus derechos, hay que desahogar todo el proceso”, asegura.
Que significa esto en español llano:
La petición de mandar el caso Farías Laguna al fuero militar no es una defensa técnica ingeniosa: es un intento de regresar el expediente al búnker donde históricamente los delitos castrenses se archivan bajo la figura “honor del Ejército” y no bajo la palabra “corrupción”.
La jugada del fuero
El abogado se agarra de una premisa impecable en abstracto: si el delito se comete “dentro de la Marina”, que juzgue la justicia militar.
El problema es que aquí no hablamos de una riña en un cuartel, sino de una supuesta red de contrabando de combustible que involucra aduanas, empresas privadas y una trama de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, es decir, un típico delito de corrupción que afecta al erario y al interés público, no a la “disciplina” de tropa.
- La propia acusación de la FGR habla de marinos, funcionarios y empresarios coludidos para mover millones de litros de gasolina, usando influencias internas para colocar cuadros en aduanas.
- Eso suena más a esquema mafioso de cuello militar que a falta disciplinaria que deba dirimirse en un tribunal castrense, donde el juez y el acusado visten el mismo uniforme.
Presunción de inocencia… versión blindaje naval
La defensa se envuelve en la bandera de la presunción de inocencia para justificar que los hermanos sigan cobrando como vicealmirante y contraalmirante, pese a órdenes de aprehensión y a un caso que el propio Gobierno vendió como “mayor golpe a la corrupción” del sexenio de Sheinbaum.
La lógica es perversa pero conocida: derechos laborales intactos, salario corriendo y, de ser posible, que el juicio pase a un fuero donde la opacidad es norma, no excepción.
- El abogado subraya que darlos de baja exige formalidades, amparos y recursos, y que primero hay que “desahogar todo el proceso”.
- Lo que no dice es que, en un país con justicia ordinaria ya de por sí cooptada, empujar el caso a la jurisdicción militar multiplica las posibilidades de controles internos, reserva de información y eventualmente una absolución silenciosa o un castigo simbólico.
Militarización: del mito de pureza al negocio
El sexenio de López Obrador se sostuvo en el mito de la incorruptibilidad castrense para entregar a las fuerzas armadas aduanas, megaproyectos y todo lo que oliera a “seguridad estratégica”.
La informacion de EL PAIS , solo confirma el desenlace lógico: si conviertes a la Marina y el ejercito en operador de aduanas y negocios públicos, también la conviertes en sujeto de las mismas tentaciones criminales que antes se atribuían en exclusiva a civiles.
- El caso Farías Laguna, sobrinos políticos del secretario de Marina de ese sexenio, muestra la espiral clásica: poder administrativo, redes de confianza internas, designaciones a modo y, presuntamente, una red de contrabando que amerita penas de 20 a 40 años de prisión por delincuencia organizada en hidrocarburos.
- Pedir que esa trama regrese a la justicia militar es, de facto, reclamar que la corporación se investigue a sí misma en un esquema donde la lealtad corporativa pesa más que el interés público.
¿Qué futuro tiene la justicia militar en un caso así?
En términos de justicia, el futuro es sombrío; en términos de control político, es muy prometedor para quienes quieren que el escándalo se desinfle.
Si el mensaje del Gobierno fue que este era “el mayor golpe a la corrupción”, mandar el caso al fuero militar sería la manera perfecta de convertir un caso emblemático en expediente clasificado.
- La justicia militar fue diseñada para temas de disciplina, no para desmantelar redes complejas de corrupción con actores civiles y empresariales en las aduanas.
- Convertirla en tribunal de mega-casos de huachicol fiscal consolida la militarización de la seguridad y, peor aún, de la corrupción: todo se vuelve “asunto interno” bajo jurisdicción de generales y almirantes.
Militarización de la seguridad: el monstruo se come al creador
La defensa de los Farías Laguna está exhibiendo, sin querer, la consecuencia última de haber entregado aduanas, obras y seguridad a las fuerzas armadas: cuando el escándalo revienta, los acusados alegan que todo ocurrió “dentro” de la institución y, por tanto, debe juzgarse en casa.
Lo que se presentó como receta contra la corrupción civil termina en la posibilidad de un circuito cerrado donde los marinos controlan el negocio, la escena del crimen y el tribunal que decide si son culpables.
- Esta petición no solo busca salvar a dos marinos de alto rango; busca consolidar la idea de que, una vez que la seguridad y los negocios públicos se militarizan, también la rendición de cuentas debe ponerse en manos de la jerarquía castrense.
- Si eso prospera, el futuro no es la justicia militar: es la impunidad militarizada, donde el huachicol fiscal no es delito grave contra la nación, sino un pequeño “asunto interno” entre camaradas de uniforme.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARLOS CARABAÑA/
