Cuando se encontraba afuera de un restaurante de mariscos, en Guadalupe, un hombre que traía fajada en la cintura una pistola, fue asesinado a balazos por otro mas rápido, mientras que su acompañante resultó herido.
La ejecución en la que participaron al menos dos empistolados, fue reportada ayer minutos antes de las 19:00 horas, afuera del restaurante Puerto Guamúchil, ubicado en Avenida De la Pilastra y Avenida del Torreón, en la Colonia Villa de San Miguel.
Este tipo de hechos cotidianos, marcados por ejecuciones a plena luz del día y en lugares públicos, subraya la comparación con el “Viejo Oeste”, donde la ley y el orden parecían ser secundarios frente a la violencia desenfrenada.
Contexto de violencia en Nuevo León
Según datos recientes, los homicidios en Nuevo León alcanzaron un pico de 1,944 casos en 2023, lo que evidencia el incremento sostenido de la violencia en esta entidad gobernada de facto por la agenda del crimen organizado.
Aunque se han implementado operativos conjuntos entre fuerzas estatales,federales y militares como el “fantoche e inutil” Operativo Muralla lanzado en noviembre de 2024, los resultados han sido limitados frente al poder y alcance de los grupos del crimen organizado, que los hacen bailar al son que les tocan.
Impunidad y crimen organizado
La impunidad es un factor clave que perpetúa esta violencia. En México, la mayoría de los homicidios no se investigan adecuadamente ni se resuelven, dejando a las víctimas y sus familias sin justicia.
Comparación con el Viejo Oeste
La referencia al “Viejo Oeste” no es exagerada. Escenarios como el asesinato de Ismael Rojas en Guadalupe evocan una realidad donde las armas y la violencia son omnipresentes. La diferencia radica en que, mientras en el Viejo Oeste estas dinámicas formaban parte de un contexto histórico limitado, en México actual son producto de estructuras criminales sofisticadas que operan con altos niveles de impunidad transexenalmente.
En conclusión, la situación en Nuevo León y otros estados mexicanos no solo refleja una crisis de seguridad pública sino también un desafío estructural para el sistema de justicia. La comparación con el Viejo Oeste resalta cómo la violencia cotidiana ha rebasado cualquier expectativa histórica o cultural.
Al interior de su oficina en el centro de Tuxpan, Veracruz, Rubén Cruz Sagastume, líder agrario y ganadero de la región, fue asesinado por sujetos armados.
El enésimo hecho sangriento, solo uno mas de cientos impunes,ocurrio el pasado viernes 11 de abril en su oficina, ubicada en la sede de la Asociación Ganadera Local Ejidal de Tuxpan, Veracruz. El ataque ocurrió aproximadamente a las 16:30 horas en la calle Niño Artillero, a pocos metros del cuartel de la 19/a Zona Militar, un área céntrica y concurrida de la ciudad.
Detalles del ataque
Según los primeros reportes, dos hombres armados ingresaron al edificio y dispararon repetidamente contra Cruz Sagastume, quien murió en el lugar debido a los impactos de bala. Testigos relataron que los atacantes huyeron con rumbo desconocido tras cometer el crimen. En el lugar se encontraron casquillos calibre .32 mm, que fueron incorporados como evidencia en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
Reacción inmediata
El asesinato desató una movilización masiva de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno. Elementos de la Policía Municipal, Policía Naval y el Ejército Mexicano establecieron un cerco en la zona y activaron el “Código Rojo”, un protocolo implementado en casos de violencia extrema. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado detenciones relacionadas con el caso.
Perfil del líder agrario
Rubén Cruz Sagastume era una figura destacada en el ámbito agrario del norte de Veracruz. Fue miembro fundador del Comité Regional Campesino de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Álamo y líder de la Liga Roja. Además, ocupó cargos públicos como síndico municipal de Tuxpan entre 1985 y 1988. Su trayectoria incluyó una defensa activa por los derechos campesinos y proyectos para mejorar las condiciones rurales, como la construcción del camino hacia Tumilco.
En diciembre de 2024, fue reconocido por la Universidad de Xalapa, junto con otras organizaciones campesinas, por su liderazgo y contribuciones al sector agrario.
Contexto y reacciones
Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a Tuxpan recientemente. Diversas organizaciones campesinas y figuras políticas locales han expresado su indignación y exigido justicia. Héctor Yunes Landa, diputado local del PRI, denunció públicamente el deterioro de la seguridad en la región y recordó que Cruz Sagastume había mencionado previamente su preocupación por los homicidios constantes en el municipio.
La FGE continúa investigando posibles móviles del crimen, incluyendo conflictos relacionados con su activismo agrario o disputas ejidales. También se ha señalado que Cruz Sagastume enfrentaba denuncias previas por allanamiento, despojo y amenazas.
Impacto regional
El asesinato ha generado consternación entre los habitantes de Tuxpan y sectores rurales del norte de Veracruz. Este municipio portuario ha sido identificado como un punto estratégico para grupos criminales que operan en la región, lo que ha incrementado los niveles de violencia en los últimos años.
Familiares y organizaciones campesinas han convocado a marchas pacíficas para honrar su memoria y exigir justicia por este crimen que refleja los riesgos constantes enfrentados por líderes sociales en México.
Muy y pese han que han sido por demas elocuentes las imagenes que dan cuenta de los daños provocados por recientes inundaciones en Reynosa, en Tamaulipas, donde el panorama sigue siendo desolador: más de 30,000 viviendas afectadas, 87 colonias inundadas y miles de damnificados, la ayuda del gobierno estatal y federal no ha sido del tamaño de la devastación.
Aunque las autoridades de todos niveles han desplegado esfuerzos para atender la emergencia, las medidas adoptadas han sido mas para tomarse fotos y han generado críticas debido a su alcance limitado bajo percepción de selectividad en la distribución de apoyos, unas colonias si y otras NO.
Acciones gubernamentales
El gobernador Américo Villarreal Anaya multiseñalado no solo por su vocación de aliado del narco o su mal desempeño cuando se le compara a nivel nacional, encabezó junto con su esposa la presidenta del DIF Estatal, María de Villarreal, algunas jornadas de entrega de apoyos en colonias como Juan Escutia y Ernesto Zedillo,donde algunos damnificados recibieron despensas, kits de limpieza y colchones.
Además ya se anunció la entrega de tarjetas con 8 mil pesos para labores de limpieza y enseres domésticos como refrigeradores, estufas y camas, claramente insuficiente, pero ademas no a todos los perjudicados.
La presidenta Claudia Sheinbaum que estuvo de visita en Reynosa este fin de semana,les prometió a ciudadanos ,porque el “prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila” ,medidas preventivas para evitar futuras inundaciones y aseguró que los apoyos económicos y materiales serán distribuidos casa por casa ,mediante censos realizados previamente. Sin embargo, los afectados denunciaron que los apoyos no llegaran a todos los damnificados, porquedolosamente una mayoría no fue censada,fue ignorada.
Un vecino de esta ciudad fronteriza aseguró que sí han recibido “un apoyo” e incluso ya fueron censados por la Secretaría del Bienestar, pero “mucho apoyo”, como despensas, lo han dado las iglesias.
“Muy pronto va a llegar”, respondían las autoridades estatales cuando se les preguntaban cuándo llegará la ayuda para los damnificados….ELUNIVERSAL.
Críticas y limitaciones
A pesar de los esfuerzos locales,estatales y federales, solo un tercio de los damnificados recibirán apoyo directo, lo que ha generado reclamos sobre el sesgo en la distribución. Las autoridades justifican esta situación señalando que los recursos se entregarán únicamente a las viviendas censadas, dejando fuera a quienes no fueron registrados inicialmente, lo que en español llano significa que el gobierno dolosamente no censó a todo para minimizar al mínimo su mínima ayuda.
Además, aunque los trabajos incluyen limpieza y rehabilitación de infraestructura hidráulica en zonas críticas como la laguna “La Escondida”, muchos damnificados consideran insuficientes las acciones ante la magnitud del desastre. La señora “María Elena”,citada por EL UNIVERSAL expresó gratitud por los apoyos recibidos pero reconoció que el proceso de recuperación es lento.
Un futuro bastante incierto
Los daños materiales son significativos: negocios con pérdida total, viviendas inhabitables y comunidades enteras primero sumergidas en el agua y ahora en incertidumbre.
Las inundaciones también evidenciaron problemas estructurales en el drenaje urbano y manejo del agua. Aunque se anunció un proyecto integral para rehabilitar la infraestructura en Reynosa y otros municipios fronterizos, su implementación será clave para evitar o al menos minimizar nuevas tragedias.
En resumen, mientras las autoridades locales y federales intentan responder a la emergencia con recursos limitados, medidas focalizadas muy probablemente sesgadas al amparo de la “tirria politica”, persiste una realidad lastimosa: miles de familias aun siguen esperando el apoyo integral para recuperar sus vidas tras el desastre, una ayuda que deberán exigir sea pareja al gobierno federal, pues no es ningun favor.
La Fiscalía General de la República (FGR),dice ,aunque no solo porque lo diga significa que sea cierto, que investiga por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles a la naviera Marinsa de México,misma que esta vinculada en sociedad con la prima del ex-presidente Andres Manuel López Obrador,por lo que es de suponerse que la FGR y la encargada del despacho de la presidencia,Claudia Sheinbaum,se van a topar con pared.
Un dictamen contable de peritos de la FGR detectó que, del 2019 al 2022, la naviera recibió depósitos de más de 22 mil millones de pesos: 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares -10 mil 705 millones de pesos-, que no tienen documentado un origen lícito.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda nacional”, dice el dictamen de la FGR, “que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022, ascienden a la cantidad de 12 mil 685 millones 759 mil 944.99 pesos.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda extranjera (dólares americanos), que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita”, añade, “ascienden a la cantidad de 512 millones 352 mil dólares con 45 centavos”.
Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países, siendo su principal accionista José Luis Zavala Solís.
La prima “feli_pilla”
Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países.
Su principal accionista es José Luis Zavala Solís, hijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza.
En 2019, la contratista de Pemex se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima del ex Presidente AMLO, y ganaron un contrato trianual de 231 millones de pesos con Pemex para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.
Tras darse a conocer la relación, en diciembre de 2020, la petrolera rescindió ese y otros contratos en los que la prima del ex Presidente había participado, ya que su nombre no fue reportado como “dato sensible” al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.
Zavala Solís también tiene relación con las hermanas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas del ex Presidente, en la compañía Servicios y Alimentos Bistro S.A. de C.V., actualmente subsidiaria de Grupo Cemza, según Mexicanos contra la Corrupción.
Con las hermanas fue socio de 2005 a 2022.
En diciembre de 2022, la FGR inició una carpeta de investigación por lavado de dinero contra Zavala Solís, Grupo Cemza y Marinsa.
Como secuela, a principios de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Zavala, así como de otras empresas de Grupo Cemza, entre ellas Marinsa. Todos promovieron amparos con los que lograron descongelar el dinero.
Se trata de Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Enermar Servicios Marinos del Sureste, Júpiter Suministros y Servicios, Reparaciones Navales Zavala y Prestadora de Servicios Corporativos (Presco).
En esa primera indagatoria, la UIF verificó los movimientos financieros de los denunciados y concluyó que todos tenían operaciones inusuales, no relacionadas, relevantes, operaciones con dólares en efectivo, trasferencias internaciones y avisos de actividades vulnerables.
De Marinsa, señaló que celebró seis contratos de crédito simple, de los cuales cinco fueron a un solo pago y se liquidaron entre 2019 y 2020.
El 24 de septiembre de 2019, hizo 10 pagos por transferencia bancaria por un total de 179 millones 202 mil 964.02 de pesos.
“Se le investiga por la probable evasión de impuestos. SAT promovió el expediente 35/2020, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el reporte.
En el caso de Cemza, la denuncia refiere que Zavala Solís era en ese momento el tenedor del 10 por ciento de las acciones y presidente del Consejo de Administración.
Menciona que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue beneficiado con contratos otorgados por Pemex para operar en Ciudad del Carmen, y señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.
“Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el documento.
En cuanto a Zavala Solís, este reporte entregado a la FGR dice que es una persona “de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones”, porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.
También señala que dispone de recursos a favor de Inmobiliaria Martel, sin conocer su propósito, y que está relacionado con Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, y la ex diputada local panista Lourdes de los Ángeles Solís Sierra, con esta última a través de la empresa Marinsa.
En 2023, a pesar del fallo de la UIF, Pemex adjudicó sin licitar dos contratos por más de 160 millones de pesos a las navieras Marinsa y Enermar, filiales de Grupo Cemza.
Los contratos fueron adjudicados el 6 de junio, con vigencia al cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos mini abastecedores.
El 28 de marzo de ese año, el área jurídica de Pemex prohibió celebrar contratos con Marinsa, por incumplir el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos.
Sin embargo, la empresa regularizó la situación y el 20 de abril siguiente quedó sin efecto el impedimento.
El 24 de febrero de 2023, José Luis Zavala Solís promovió un amparo a título personal, ante el bloqueo de sus cuentas, inversiones y tarjetas de crédito en BBVA, Citibanamex, Banco del Bajío y la Unión de Crédito Mixta del Carmen, mientras que a su hermano José Antonio le inmovilizaron cuentas en Ve por Mas y BBVA. Empleados de uno de los bancos le confirmaron que fue por orden de la UIF.
En el amparo de Enermar, la Jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga concedió el 24 de abril de 2023 una suspensión definitiva para permitirle acceso a sus cuentas, pero el 4 de mayo de ese año, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que no podía acatar esa orden, porque el representante de la empresa había sido incluido en la lista de personas bloqueadas, para cumplir obligaciones internacionales de México contra el lavado de dinero.
El 23 de mayo, la Jueza declaró fundado un incidente de incumplimiento a la suspensión promovido por Enermar y reiteró su orden a los bancos HSBC y Monex, que finalmente desbloquearon las cuentas la semana pasada. La UIF impugnó esta suspensión, pero su recurso fue desechado el 7 de junio por el Primer Tribunal Colegiado Administrativo.
Eficiencia de la FGR y posibilidades de castigo
La eficiencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en México ha sido cuestionada debido a su bajo desempeño en la resolución de casos y la alta tasa de impunidad. A continuación, se analizan las cifras clave y su impacto en las posibilidades de castigo en casos como el de Felipa Obrador y Marinsa.
Cifras de eficiencia de la FGR
Judicialización y sentencias condenatorias:
Entre 2023 y 2024, la FGR inició 95,813 casos, pero solo logró judicializar 26,748 (28% del total).
De los casos judicializados, únicamente se obtuvieron 8,344 sentencias condenatorias, lo que representa una efectividad del 31%.
En términos generales, la efectividad entre casos iniciados y sentencias condenatorias fue apenas del 9%, evidenciando un alto nivel de impunidad.
Impunidad directa:
La tasa de impunidad directa en el mismo periodo alcanzó el 91.29%, lo que significa que más del 90% de los casos iniciados no derivaron en sanciones efectivas.
Rezago acumulado:
En 2023, existían más de dos millones 654 mil carpetas de investigación pendientes en la FGR y las fiscalías locales.
A pesar de una ligera mejora en el rezago (reducción del 5% entre 2019 y 2022), siete de cada diez casos permanecieron sin resolver durante ese periodo
No ejercicio de acción penal:
Entre 2019 y 2022, el 62.1% de los procedimientos fueron resueltos mediante el no ejercicio de la acción penal, lo que refleja una tendencia a evitar la judicialización.
Impacto en las posibilidades de castigo
Dadas estas cifras, las posibilidades de que se sancionen efectivamente los responsables en casos como el de Felipa Obrador y Marinsa son limitadas por los siguientes factores:
Alta tasa de impunidad: Con más del 90% de los casos sin resolución efectiva, es poco probable que este caso avance rápidamente hacia una sentencia condenatoria.
Rezago estructural: La acumulación masiva de carpetas pendientes limita la capacidad operativa para procesar investigaciones complejas como las relacionadas con lavado de dinero.
Tendencia a evitar judicialización: La preferencia por resolver casos mediante mecanismos alternativos o el archivo temporal reduce las probabilidades de llevar a juicio a los implicados.
Presión política: La cercanía entre algunos actores involucrados y figuras políticas podría influir negativamente en la imparcialidad del proceso.
Conclusión
Aunque existen mecanismos legales para sancionar delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero, las cifras reflejan una realidad preocupante: la FGR enfrenta no solo limitaciones políticas,tambien operativas y estructurales que dificultan el acceso a la justicia. Sin reformas profundas para mejorar su eficiencia y reducir la impunidad, las posibilidades reales de castigo en este caso son mas que bajas, casi nulas.
La voz del hombre recio, alto y de barba canosa se quebró y lloró como un niño: “Yo sé licenciada Rosa Icela que usted y la presidenta van a cambiar esta historia y nos van a ayudar para que regresen a nuestras casas nuestros tesoros (sollozos). Y aunque sea un huesito para tenerlo y saber que están ahí, porque un hombre y una mujer están cansados, sus padres, de esto que estamos viviendo. Y que nuestros niños, nuestros hijos van a regresar. Un huesito aunque sea que nos den, para darles cristiana sepultura. Es lo único que pedimos si ya no están aquí”.
Gustavo Hernández, de Escobedo, Nuevo León, pedía entre lágrimas y sollozos, con el corazón destrozado de tanto buscar a su hijoAbraham Zeydi Hernández del Raso, que la secretaria de Gobernación le ayudara a encontrar “aunque sea un huesito” de su hijo que desapareció el 14 de abril de 2024 en la Colonia Hacienda Anáhuac de la Zona Metropolitana de Monterrey. Con 33 años de edad, Abraham salió de su casa aquel día y, como a más de 127 mil mexicanos, cuyo promedio de edad alcanza apenas los 24 años, no se le volvió a ver, como si se lo hubiera tragado la tierra, aunque más bien se lo tragó la delincuencia y la indolencia e incapacidad de las autoridades.
Desde entonces Gustavo Hernández, como las madres, padres, hermanos y demás familiares de esos 127 mil desaparecidos, lo busca con la esperanza de hallarlo, vivo, muerto, enterrado o convertido en sicario, pero encontrarlo. “Aunque sea un huesito que nos den”, decía el hombre que se ve encanecido y consumido por la pena y el dolor que se siente por no saber el paradero de un hijo o un familiar. “Es como tener un hueco en el alma, un agujero en el corazón que no se llena con nada, por más que llores, maldigas y reclames, ese dolor no se va, cala, duele y hace que la vida se vea injusta, dolorosa”, me dijo en una ocasión una madre buscadora que entrevisté para la radio.
Cualquier lector que sea padre, que tenga un hijo o una hija, entenderá y le dolerá la voz quebrada, suplicante y desesperada de Don Gustavo. Comprenderá por qué ese padre, que el jueves pasado acudió junto con muchos otros buscadores como él a reunirse con la secretaria de Gobernación en el edifico de la Expo Reforma en la CDMX, se quebró y lloró como un niño por su niño de 33 años que no volvió más a casa. La imagen de ese hombrón que se desmoronaba mientras dejaba salir todo su dolor y su frustración de un año acumulada, frente a la funcionaria del gobierno federal, es apenas un testimonio de los cientos de miles que se escuchan en este México que aún no dimensiona ni comprende el dolor de los desaparecidos.
Era la tercera mesa de diálogo que sostenía la titular de la Segob con más de 170 personas, todas ellas madres, padres, hermanos, tíos de los desaparecidos, que representaban a 26 colectivos de toda la República que acudieron al encuentro donde, por primera vez fueron escuchados en 6 años, después de la ignominia y la indolencia del expresidente López Obrador, que prometió en campaña atender a las madres buscadoras, pero una vez en el poder las ignoró, las atacó y hasta las acusó de complotar en su contra.
Como el de Gustavo hubo muchos otros testimonios, algunos entre llanto, otros con enojo e indignación, otros más casi en todo de súplica, pero todos pidiéndole a la representante del gobierno de Claudia Sheinbaum, que una vez que los han reconocido, que los visibilizaron y los escucharon, como nunca antes hizo ningún gobierno reciente, ahora los ayuden a encontrar a sus hijos.
A todos los padres y madres buscadoras se les nota el dolor en el rostro y en el alma; todos conservan viva la esperanza, como una llama que se niega a apagarse, de encontrarlas y encontrarlos con vida, pero al mismo tiempo la mayoría sabe que después de 1 año, tres, cinco o diez años de estar buscando descorazonados a ese hijo, hija, madre o padre, muy probablemente ya estén sin vida; aún así, todos y cada uno de las buscadoras y buscadores quieren encontrarlos, un cuerpo, un indicio, un huesito, algo que les dé la posibilidad de confirmar que sus “tesoros”, como los llamó Gustavo, ya descansan en paz, porque sólo así tal vez ellos empiecen a descansar de ese dolor, mezcla de rabia, de ausencia y de recuerdo, que les muerde el alma y les roba el aliento.
Tuvieron que pasar casi 6 meses de la administración Sheinbaum, para que la doctora, que también es madre, se decidiera a romper con el cerco de silencio, desprecio e indolencia que les habían impuesto a las madres y padres buscadores en el pasado sexenio. No está claro si la Presidenta finalmente se dolió del dolor de las víctimas o si fue el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, con sus crematorios y sus tenis y ropa juvenil abandonada, lo que causó el milagro. Pero lo que es un hecho, es que por primera vez un gobierno escucha el llanto, a veces sonoro y estridente, a veces suave y desesperanzado o en ocasiones que nos parte el alma al suplicar como lo hizo Gustavo Hernández.
México es un país herido, un país dolido y fracturado por la violencia narca que dura ya 19 años ininterrumpidos. Un país cuyo suelo ya no solo guarda los “veneros de petróleo al diablo” que poetizó López Velarde, sino que ahora también guarda y esconde en su subsuelo miles, cientos de miles de cuerpos de hombres, mujeres, niños, adultos, que murieron asesinados, torturados, desmembrados a manos de criminales crueles, de monstruos que a los que no quemaron, descuartizaron o disolvieron en ácido, los enterraron en fosas clandestinas que hoy pueblan por miles el territorio mexicano.
El dolor de don Gustavo y su llanto para pedir “aunque sea un huesito” de su hijo Abraham, para poder darle cristiana sepultura, es o debiera ser el dolor de todo México. No sólo de sus gobernantes, que ignoraron, negaron u ocultaron las desapariciones y de ese modo se volvieron cómplices por “aquiescencia” al no haber impedido que criminales inhumanos y policías o militares corruptos secuestraran, reclutaran o asesinaran a la juventud de este país; también ese dolor y ese llanto de un padre que se clava en el pecho de quien lo escuche, debe ser de todos nosotros, que también hemos guardado silencio, que hemos preferido voltear para otro lado o los que de plano juzgan y estigmatizan a los muertos y desaparecidos del narco con un “por algo se lo llevaron, seguro andaba en malos pasos”.
Llegó el momento de actuar y de empatizar con las buscadoras y buscadores, de exigir que se les escuche y se les ayude a encontrar a sus hijos o familiares. No esperemos a que nos toque a cualquiera de nosotros sentir ese dolor que parte el alma, la vida y el corazón, por la desaparición de un hijo o hija. Paremos ya esta tragedia nacional que nos exhibe como una nación bárbara, violenta e insensible.
Si ya empezó el gobierno y si la Presidenta ha decidido actuar y escuchar, como no lo hizo ninguno de sus antecesores –aun cuando cuestionen y descalifiquen al Comité de la ONU–, es momento de que nos sumemos todos y les demos voz a todo aquel que llora y busca a un familiar desaparecido.
Es la hora de los desaparecidos y aunque siga en vilo y sin respuesta aquella pregunta del gran Rubén Blades de los años 80, y aún no sepamos “a dónde van los desaparecidos”, es momento de enfrentarlo, poner la cara y sentir, como si fuera nuestro, el dolor de Gustavo, de Ceci, de Tranquilina, de Sofía, de Lorenza, de Luz Alejandra, de Mercedes, de cualquier madre, padre, hermano o cualquier familiar que hoy llore por la ausencia de un desaparecido. Hagámoslo por sus hijos y por los nuestros, porque nadie en este país tenga que sentir ese dolor que atraviesa, desgarra y roba la esperanza.
