La Fiscalía General de la República (FGR),dice ,aunque no solo porque lo diga significa que sea cierto, que investiga por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles a la naviera Marinsa de México,misma que esta vinculada en sociedad con la prima del ex-presidente Andres Manuel López Obrador,por lo que es de suponerse que la FGR y la encargada del despacho de la presidencia,Claudia Sheinbaum,se van a topar con pared.
Un dictamen contable de peritos de la FGR detectó que, del 2019 al 2022, la naviera recibió depósitos de más de 22 mil millones de pesos: 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares -10 mil 705 millones de pesos-, que no tienen documentado un origen lícito.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda nacional”, dice el dictamen de la FGR, “que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita, respecto de los estados de cuenta bancarios de la persona jurídica Marinsa de México, S.A. de C.V., en el periodo comprendido del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2022, ascienden a la cantidad de 12 mil 685 millones 759 mil 944.99 pesos.
“La cuantificación total de los depósitos en moneda extranjera (dólares americanos), que no han sido ni identificados ni aclarados y que no cuentan con la documentación contable soporte que permita identificar que los recursos depositados son de procedencia lícita”, añade, “ascienden a la cantidad de 512 millones 352 mil dólares con 45 centavos”.
Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países, siendo su principal accionista José Luis Zavala Solís.
La prima “feli_pilla”
Subsidiaria de Grupo Cemza, Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países.
Su principal accionista es José Luis Zavala Solís, hijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza.
En 2019, la contratista de Pemex se asoció con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador Olán, prima del ex Presidente AMLO, y ganaron un contrato trianual de 231 millones de pesos con Pemex para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.
Tras darse a conocer la relación, en diciembre de 2020, la petrolera rescindió ese y otros contratos en los que la prima del ex Presidente había participado, ya que su nombre no fue reportado como “dato sensible” al superior jerárquico de los servidores públicos que participaron en el proceso.
Zavala Solís también tiene relación con las hermanas Adriana e Isabel Obrador Garrido Cuesta, sobrinas del ex Presidente, en la compañía Servicios y Alimentos Bistro S.A. de C.V., actualmente subsidiaria de Grupo Cemza, según Mexicanos contra la Corrupción.
Con las hermanas fue socio de 2005 a 2022.
En diciembre de 2022, la FGR inició una carpeta de investigación por lavado de dinero contra Zavala Solís, Grupo Cemza y Marinsa.
Como secuela, a principios de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Zavala, así como de otras empresas de Grupo Cemza, entre ellas Marinsa. Todos promovieron amparos con los que lograron descongelar el dinero.
Se trata de Maren Marine Energy, Marinsa Turismo, Enermar Servicios Marinos del Sureste, Júpiter Suministros y Servicios, Reparaciones Navales Zavala y Prestadora de Servicios Corporativos (Presco).
En esa primera indagatoria, la UIF verificó los movimientos financieros de los denunciados y concluyó que todos tenían operaciones inusuales, no relacionadas, relevantes, operaciones con dólares en efectivo, trasferencias internaciones y avisos de actividades vulnerables.
De Marinsa, señaló que celebró seis contratos de crédito simple, de los cuales cinco fueron a un solo pago y se liquidaron entre 2019 y 2020.
El 24 de septiembre de 2019, hizo 10 pagos por transferencia bancaria por un total de 179 millones 202 mil 964.02 de pesos.
“Se le investiga por la probable evasión de impuestos. SAT promovió el expediente 35/2020, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el reporte.
En el caso de Cemza, la denuncia refiere que Zavala Solís era en ese momento el tenedor del 10 por ciento de las acciones y presidente del Consejo de Administración.
Menciona que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue beneficiado con contratos otorgados por Pemex para operar en Ciudad del Carmen, y señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.
“Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el documento.
En cuanto a Zavala Solís, este reporte entregado a la FGR dice que es una persona “de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones”, porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.
También señala que dispone de recursos a favor de Inmobiliaria Martel, sin conocer su propósito, y que está relacionado con Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, y la ex diputada local panista Lourdes de los Ángeles Solís Sierra, con esta última a través de la empresa Marinsa.
En 2023, a pesar del fallo de la UIF, Pemex adjudicó sin licitar dos contratos por más de 160 millones de pesos a las navieras Marinsa y Enermar, filiales de Grupo Cemza.
Los contratos fueron adjudicados el 6 de junio, con vigencia al cierre de 2024, para transportar materiales y equipos en la Sonda de Campeche en dos mini abastecedores.
El 28 de marzo de ese año, el área jurídica de Pemex prohibió celebrar contratos con Marinsa, por incumplir el pago de penas derivadas de la rescisión de contratos.
Sin embargo, la empresa regularizó la situación y el 20 de abril siguiente quedó sin efecto el impedimento.
El 24 de febrero de 2023, José Luis Zavala Solís promovió un amparo a título personal, ante el bloqueo de sus cuentas, inversiones y tarjetas de crédito en BBVA, Citibanamex, Banco del Bajío y la Unión de Crédito Mixta del Carmen, mientras que a su hermano José Antonio le inmovilizaron cuentas en Ve por Mas y BBVA. Empleados de uno de los bancos le confirmaron que fue por orden de la UIF.
En el amparo de Enermar, la Jueza federal Sandra de Jesús Zúñiga concedió el 24 de abril de 2023 una suspensión definitiva para permitirle acceso a sus cuentas, pero el 4 de mayo de ese año, el entonces titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que no podía acatar esa orden, porque el representante de la empresa había sido incluido en la lista de personas bloqueadas, para cumplir obligaciones internacionales de México contra el lavado de dinero.
El 23 de mayo, la Jueza declaró fundado un incidente de incumplimiento a la suspensión promovido por Enermar y reiteró su orden a los bancos HSBC y Monex, que finalmente desbloquearon las cuentas la semana pasada. La UIF impugnó esta suspensión, pero su recurso fue desechado el 7 de junio por el Primer Tribunal Colegiado Administrativo.
Eficiencia de la FGR y posibilidades de castigo
La eficiencia de la Fiscalía General de la República (FGR) en México ha sido cuestionada debido a su bajo desempeño en la resolución de casos y la alta tasa de impunidad. A continuación, se analizan las cifras clave y su impacto en las posibilidades de castigo en casos como el de Felipa Obrador y Marinsa.
Cifras de eficiencia de la FGR
- Judicialización y sentencias condenatorias:
- Entre 2023 y 2024, la FGR inició 95,813 casos, pero solo logró judicializar 26,748 (28% del total).
- De los casos judicializados, únicamente se obtuvieron 8,344 sentencias condenatorias, lo que representa una efectividad del 31%.
- En términos generales, la efectividad entre casos iniciados y sentencias condenatorias fue apenas del 9%, evidenciando un alto nivel de impunidad.
- Impunidad directa:
- La tasa de impunidad directa en el mismo periodo alcanzó el 91.29%, lo que significa que más del 90% de los casos iniciados no derivaron en sanciones efectivas.
- Rezago acumulado:
- En 2023, existían más de dos millones 654 mil carpetas de investigación pendientes en la FGR y las fiscalías locales.
- A pesar de una ligera mejora en el rezago (reducción del 5% entre 2019 y 2022), siete de cada diez casos permanecieron sin resolver durante ese periodo
- No ejercicio de acción penal:
- Entre 2019 y 2022, el 62.1% de los procedimientos fueron resueltos mediante el no ejercicio de la acción penal, lo que refleja una tendencia a evitar la judicialización.
Impacto en las posibilidades de castigo
Dadas estas cifras, las posibilidades de que se sancionen efectivamente los responsables en casos como el de Felipa Obrador y Marinsa son limitadas por los siguientes factores:
- Alta tasa de impunidad: Con más del 90% de los casos sin resolución efectiva, es poco probable que este caso avance rápidamente hacia una sentencia condenatoria.
- Rezago estructural: La acumulación masiva de carpetas pendientes limita la capacidad operativa para procesar investigaciones complejas como las relacionadas con lavado de dinero.
- Tendencia a evitar judicialización: La preferencia por resolver casos mediante mecanismos alternativos o el archivo temporal reduce las probabilidades de llevar a juicio a los implicados.
- Presión política: La cercanía entre algunos actores involucrados y figuras políticas podría influir negativamente en la imparcialidad del proceso.
Conclusión
Aunque existen mecanismos legales para sancionar delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero, las cifras reflejan una realidad preocupante: la FGR enfrenta no solo limitaciones políticas,tambien operativas y estructurales que dificultan el acceso a la justicia. Sin reformas profundas para mejorar su eficiencia y reducir la impunidad, las posibilidades reales de castigo en este caso son mas que bajas, casi nulas.
Hace unos años andaban en huaraches, olían a sudor, leña y miados y resulta que ahora son acaudalados millonarios y accionistas de grandes empresas.
ResponderBorrarNadie se dió cuenta 😃😃